PGN - Documento 201607091828424

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Falla del servicio que dio lugar a la muerte violenta de un ciudadano RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por acción o por omisión El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. RESPONSABILIDAD GENERAL DEL ESTADO-Elementos/DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa como elemento tradicional de la responsabilidad/IMPUTACIÓN-Definición Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Aplicación de los elementos estructuradores en que descansa la culpa A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del

Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD-Regulación Constitucional CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Elementos que la Estructuran según jurisprudencia del Consejo de Estado Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 230012331000200800186 01 (47394) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-325042 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Probar no solo existencia del daño sino la falla por acción u omisión Atendiendo a la citada jurisprudencia, con el fin de estructurar la responsabilidad del Estado por falla del servicio, se debe probar no sólo la existencia de un daño, sino también una falla por acción o por omisión que pueda ser atribuible a la administración y, adicionalmente, que exista un nexo de causalidad entre tal acción u

omisión de los agentes estatales y el daño propiamente dicho. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 2 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 230012331000200800186 01 (47394) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-325042 Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2013 Doctor

RAMIRO PAZOS GUERRERO

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 13-182

Acción de Reparación Directa Radicado: 230012331000200800186 01 (47394)

Actor: Adriana Molina Quiroz

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía

Nacional Honorable Señor Consejero: En la oportunidad procesal correspondiente, esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia, con fundamento en los argumentos que se expondrán. ANTECEDENTES 1-. Demanda La señora ADRIANA MARÍA MOLINA QUIROZ, en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad CRISTIAN ZAPATA MOLINA, VICTORIA ZAPATA MOLINA y KEREM MOLINA QUIROZ, por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, solicitó al Tribunal Administrativo de Córdoba declarar

administrativamente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 3 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 230012331000200800186 01 (47394) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-325042 DEFENSA – POLICÍA NACIONAL por los daños y perjuicios causados con la falla del servicio que dio lugar a la muerte violenta del señor OSCAR ALONSO ZAPATA GUERRA, causada por un grupo al margen de la ley el día 24 de junio de 2006. En consecuencia de tal declaración, solicitó condenar a la demandada a pagarle a ella y a sus hijos los perjuicios morales y materiales ocasionados con el fallecimiento de su ser querido. 2-. Contestación de la demanda La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma y proponiendo como excepción el hecho de un tercero, en los siguientes términos: “Solicito que se despachen negativamente las pretensiones de la demanda, en razón de que todas estas constituyen meras apreciaciones subjetivas de la parte actora, además considero que no se estructuran en el sub-judice los presupuestos para responsabilizar Administrativamente a la entidad que represento ya que la actuación que dio origen al perjuicio cuyo resarcimiento se reclama no es Administrativa ni vincula mucho menos el proceder de la Administración. (…) HECHO DE UN TERCERO.- Si bien el hecho se causó fue por

terceras personas que no pertenecen a la Policía Nacional. Cabe destacar que como se señala en los hechos de la demanda la hoy víctima OSCAR ALFONSO ZAPATA GUERRA acudió al llamado de unos supuestos amigos con el fin de tratar temas concernientes a su negocio de comercio y venta de combustible. En dicho lugar fue ultimado por sus supuestos amigos en hechos que son materia de investigación penal, ajenos a cualquier tipo de actuación administrativa por parte del ente que represento, luego del material aportado en la demanda, se infiere claramente que el mencionado señor ZAPATA GUERRA conocía plenamente a sus victimarios y no informó a la policía de necesitar algún tipo de acompañamiento o seguridad para dicho desplazamiento.” 3-. Sentencia Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 4 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 230012331000200800186 01 (47394) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-325042 El Tribunal Administrativo de Córdoba declaró responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL por la muerte de OSCAR ALONSO ZAPATA GUERRA, ocurrida el 24 de junio de 2006; la condenó a pagar a los demandantes los perjuicios morales y el lucro cesante sufridos con el fallecimiento de su compañero permanente y padre; y negó las demás pretensiones de la demanda, con fundamento en las consideraciones que se citan enseguida:

“1.- Se encuentra acreditado plenamente que el señor Oscar Alonso Zapata Guerra, fue asesinado por desconocidos en hechos ocurridos el 24 de junio de 2006, en el Municipio de Tierralta – Departamento de Córdoba, como consecuencia de heridas por arma de fuego. (…) 2.4. Ahora, en ese contexto es claro que el Estado incumplió el deber de protección y cuidado especial, requerido para el señor Zapata Guerra, desde cuando éste les comunicó el peligro que corría y las amenazas recibidas contra su integridad física y la de su familia y bienes por parte de grupos armados al margen de la ley, que resultaban afectados con el programa adelantado en esa zona del sur de Tierralta. Máxime cuando era conocida en la zona de Puerto Frasquillo, la actividad que cumplía y que lo convertía en colaborador del programa de erradicación de cultivos ilícitos; por tanto, a partir de esa circunstancia puede considerarse que el Estado debió asumir la posición de garante de la integridad del ciudadano. (…) (…) 3.- Así las cosas, de acuerdo con las pruebas, su valoración integral y las circunstancias antecedentes de notoriedad de la situación de orden público en la zona, es evidente que procede la imputación del daño a la conducta omisiva de la Policía Nacional, toda vez que según la actuación del occiso para con el programa de erradicación adelantado y la situación conocida de violencia por las actividades del narcotráfico, en esa zona de TierraltaCórdoba, había adquirido posición de garante respecto de la protección de la vida e integridad del señor Oscar Alonso Zapata

Guerra. Y máxime si operaban en la zona grupos al margen de la ley en conflicto por el mismo narcotráfico y como está probado, ésta persona en la práctica hacía parte del programa de erradicación del Gobierno Nacional, más aún, que había solicitado protección a través del Comandante de Puerto Frasquillo. Además, la situación de violencia generalizada en el Municipio de Tierralta era conocida por las autoridades municipales, departamentales, y nacionales como el Ministerio de Defensa y la misma Presidencia de la República, y como en efecto, ésta última le había manifestado al occiso en su Oficio de respuesta, que dio traslado de su solicitud a la Ayudantía General del Comando del Ejército Nacional, para su consideración Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 5 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 230012331000200800186 01 (47394) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-325042 y fines pertinentes, sin que se brindara la protección y seguridad requerida.” 4-. Recurso La parte demandada presentó recurso de apelación, en el que solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y se nieguen las súplicas de la demanda, con base en los siguientes motivos de defensa: “No se acredita en el acervo probatorio existente ni en el proceso los elementos o requisitos que estructuran la falta o falla del servicio endilgada a la Policía Nacional, no logra este demostrar ni siquiera uno de los elementos establecidos por el Consejo de Estado para declarar la falla del servicio o responsabilidad de la

Administración ni vincula mucho menos el proceder de la Administración. (…) Cabe anotar que del estudio de las pruebas aportadas al proceso encontramos que no existen ningún tipo de antecedente que señale que la Policía Nacional, tuvo algún tipo de responsabilidad en la muerte del señor OSCAR ALONSO ZAPATA GUERRA, lo anterior no fueron (sic) más que producto de terceras personas ajenas a la institución Policía Nacional, los cuales, no participaron ni por acción, ni mucho menos por omisión, como es conocido y se logró probar en el proceso el señor ZAPATA GUERRA acudió al llamado de unos supuestos amigos para tratar temas concernientes a su negocio y venta de combustible, en dicho lugar fue ultimado, en hechos que son materia de investigación penal, por tanto esta defensa judicial sigue infiriendo que la víctima conocía a sus victimarios y no informó a la POLICÍA NACIONAL ni al EJÉRCITO NACIONAL acantonado también en la zona, con respecto a la necesidad de acompañamiento o seguridad para el desplazamiento, con miras a cumplir dicha cita de negocios. (…) si mi defendida la Policía Nacional incurrió en una OMISIÓN, me permito con todo respeto recordarle que en la zona se encuentra acantonado también el Ejército Nacional de Colombia y que como usted mismo lo manifiesta en la parte considerativa dentro del acervo probatorio que mediante Oficio de fecha 15 de julio de 2004 y 27 de julio de 2005, suscrito por el señor Oscar Alonso Zapata Guerra y varios comerciantes de Puerto Frasquillos, dirigidos simultáneamente a la Defensora del Pueblo, Alcalde Municipal de Tierralta, Ministro de Defensa,

Gobernador del Departamento de Córdoba, Comandante (€) del Puerto de Frasquillo y Comandante de las Fuerzas Militares del Departamento de Córdoba, con constancias de recibidos, en los cuarteles solicitan a estas autoridades protección por sentirse amenazados en su integridad física, la de su familias y sus bienes, con ocasión de la alteración del orden público en el Municipio ante la incursión de grupos armados al margen de la Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 6 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 230012331000200800186 01 (47394) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-325042 ley (…); el interrogante señor Magistrado es, será una OMISIÓN única y exclusiva de mi defendida La Policía Nacional, cuando usted mismo lo afirma y en probanzas está que otras entidades estatales tuvieron conocimiento de este mismo requerimiento. En el caso que nos ocupa, y según testimonio del señor Camilo Andrés Sánchez Lozano, Asesor del Programa contra Cultivos ilícitos de Acción Social – Presidencia de la República, quien para la época de los hechos era Coordinador del Programa de Erradicación de Córdoba, manifestó que conoció a la demandante en el año 2006 siendo esposa del señor Oscar Zapata; que conoció a dicho señor por logística del programa de erradicación, pues requerían de quien les vendiera combustible y les prestara el servicio de transporte en la represa de Urra, desde Puerto

Frasquillo hasta el sector llamado Crucito. Que el señor Zapata no estaba vinculado por contrato ni por prestación de servicios con el programa, lo que nos indica que no existe ningún nexo de esta persona con la administración; no comparto su apreciación señor Magistrado con respecto a que el señor OSCAR ZAPATA estaba colaborando y cumpliendo con un deber ciudadano mi pregunta es ¿será que este hubiera prestado el servicio de no existir un pago por éste? Recordemos que a este se le cancelaba por la prestación de dicho servicio, con respectos (sic) a los riesgos que se corren en estas zonas son situaciones de conocimiento de las personas que allí residen, entonces no podemos decir que el señor OSCAR ZAPATA, desconocía estos riesgos, los cuales a A (sic) motu proprio decidió aceptar y soportar. (…) Finalmente, en el peor de los males en que el fallo se llegue a confirmar respecto a la Responsabilidad de la entidad demandada; pido se examine con la lupa de la justicia el monto de los perjuicios materiales y morales por lo que se colige en el caso que nos asiste una excesiva condena por concepto de perjuicios morales y materiales que le corresponde pagar a la entidad demandada a favor de los demandantes. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO  ¿Se configura la responsabilidad del Estado en el caso concreto, en el que la parte demandante busca la reparación de los perjuicios causados con la muerte violenta del señor OSCAR ALONSO ZAPATA GUERRA ocurrida el 24 de junio de 2006?

ANÁLISIS JURÍDICO Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 7 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 230012331000200800186 01 (47394) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-325042 El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de

aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 8 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 230012331000200800186 01 (47394) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-325042 Sin perder de vista la cláusula general de responsabilidad contenida en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, la evolución jurisprudencial del Consejo de Estado ha determinado unos títulos de imputación como es el de la falla del servicio, respecto del cual, ha expresado lo siguiente: “La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que

es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. (…) la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía.1” La misma Corporación, en cuanto a los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado por la falla del servicio, ha dicho: “Así las cosas, no debe perderse de vista que para la prosperidad de la acción de grupo y, por ende, para que el sentenciador pueda ordenar la reparación pretendida, deben estar acreditados con las pruebas que obran en el proceso los elementos que estructuran la responsabilidad extracontractual por falla del servicio a saber: i) la existencia de un daño, lesión o menoscabo de tipo patrimonial o moral, cierto y determinado, que afecta de forma individual a una pluralidad de sujetos; ii) la conducta activa u omisiva de la autoridad que lo infiere; y iii) la relación de causalidad entre ésta y aquél, es decir, que el daño se originó como

consecuencia directa de la actuación atribuida a la 1 Sentencia proferida el 7 de abril de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Radicado No. 52001-23-31-000-1999-00518 – 01 (20750). Actor: Alicia Margoth Montilla y otros. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 9 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 230012331000200800186 01 (47394) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-325042 administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. 2 Por lo demás, como criterio de identificación para la determinación de la falla del servicio, en forma constante la jurisprudencia ha dicho que, por regla general, “…las obligaciones a cargo de la administración (…) deben ser determinadas, especificadas, por las leyes o los reglamentos que se expidan para precisar las funciones que a cada organismo administrativo haya de ejecutar…”3(…)”4 Atendiendo a la citada jurisprudencia, con el fin de estructurar la responsabilidad del Estado por falla del servicio, se debe probar no sólo la existencia de un daño, sino también una falla por acción o por omisión que pueda ser atribuible a la administración y, adicionalmente, que exista un nexo de causalidad entre tal acción u omisión de los agentes estatales y el daño propiamente dicho. En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo también se ha pronunciado

señalando los requisitos para su configuración, así: “A propósito de la responsabilidad del Estado por omisión, son procedentes estas breves consideraciones. El inciso segundo del artículo 2 de la Constitución establece que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Por su parte, el artículo 6 ibídem establece que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el mandato constitucional, la razón de ser de las 2 La responsabilidad patrimonial por falla del servicio, como se ha manifestado por la Corporación de tiempo atrás, se configura por los siguientes elementos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración; “b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano;“c) Un daño que, implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc.; “d) Una relación de causalidad entre la falta o falla

de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de octubre de 1976, C.P. Jorge Valencia Arango. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de octubre de 1976, C.P. Jorge Valencia Arango.. 4 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION

TERCERA - Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO - Bogotá D.C., dieciséis de abril (16) de dos mil siete (2007) - Radicación número: 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG).

Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 10 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 230012331000200800186 01 (47394) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-325042 autoridades públicas es la defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Omitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continúa pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las demás autoridades públicas y particulares sea una realidad y

no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos. En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, ha considerado la Sala que para la prosperidad de la demanda es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño. Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión.”5 (Subrayado fuera de texto) Además, el Consejo de Estado ha indicado que para que se configure la responsabilidad del estado por la omisión del deber de protección, se requiere previo requerimiento a la autoridad: “Las autoridades públicas tenían la posibilidad de interrumpir el proceso causal, porque tuvieron conocimiento previo de que el hecho se iba a producir. Ante esas informaciones en las que claramente se anunciaba y preparaba la incursión paramilitar en el área del Catatumbo, con el fin de disputar con la guerrilla el

dominio sobre la zona, las autoridades militares y de policía no tomaron ninguna medida eficaz tendiente a impedir que se produjera el enfrentamiento armado, con el consecuente riesgo que ese hecho representaba para sus habitantes. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, para que pueda considerarse que el Estado es responsable por omisión, en los eventos en los cuales se le imputa el daño por falta de protección, se requiere previo requerimiento a la autoridad, pero en relación a ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de las 5 Consejo de Estado. Sentencia del 26 de enero de 2006. Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Radicación número: 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG)B. Actor: JESUS EMEL JAIME VACCA Y OTROS. Demandado: NACION-MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 11 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 230012331000200800186 01 (47394) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-325042 circunstancias particulares del caso. Es más, ni siquiera se precisa de un requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida por dicha autoridad. Las actuaciones adelantadas por la Nación no sólo no mostraron ninguna eficacia para impedir o confrontar la incursión paramilitar en la región, sino que tampoco la mostraron para confrontarla e impedir el desplazamiento de los pobladores. Lo que se evidencia de las

pruebas que obran en el expediente fue que se dejó a cargo de los miembros del Ejército y la Policía que operaban en la región la responsabilidad para confrontar un ataque de proporciones tan considerables.”6 CASO CONCRETO La parte actora solicita la indemnización de los perjuicios causados con la muerte del señor OSCAR ALONSO ZAPATA GUERRA, argumentando que fue asesinado por un grupo al margen de la ley por prestar sus servicios de transporte de pasajeros y suministro de combustible al programa de erradicación de cultivos ilícitos de la Presidencia de la República en Puerto Frasquillo, Córdoba. Alegó que a raíz de las frecuentes amenazas que había recibido por parte del grupo de “los traquetos”, solicitó protección a la Presidencia de la República, a la Gobernación de Córdoba, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior, al Comandante Encargado de Puerto Frasquillo, a la Alcaldía del Municipio de Tierralta y al Comandante de las Fuerzas Militares del Departamento de Córdoba, recibiendo respuesta únicamente de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República, en el sentido de que había trasladado su petición a la Ayudantía del Comando del Ejército Nacional para su consideración. En relación con los hechos de la demanda, se encuentra acreditado en el expediente que el señor OSCAR ALONSO ZAPATA GUERRA era propietario de la estación de servicio de gasolina “El Sol Naciente” ubicada en Frasquillo, vía a Urra, en el Municipio de Tierralta, con matrícula mercantil del 6 de agosto de 2001, renovada por última vez

el 20 de febrero de 2006. Lo anterior, según el Certificado expedido el 6 Ibídem. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 230012331000200800186 01 (47394) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-325042 2 de mayo de 2007 por la Cámara de Comercio de Montería, (C.1. Fls. 24 y 25). Además, con el testimonio del señor CAMILO ANDRÉS SÁNCHEZ LOZANO, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Coordinador del programa de erradicación de cultivos ilícitos de la Presidencia de la República, se probó que OSCAR ALONSO ZAPATA GUERRA le vendió gasolina y le prestó el servicio de transporte a dicho programa, sin que existiera ningún contrato o vinculación directa con la entidad en mención, en varias oportunidades, entre el mes de abril de 2006 y el 24 de junio del mismo año (C.1. Fls. 359 a 361). En efecto, dicho testigo manifestó que para el mes de abril de 2006 se requería el transporte de las personas que trabajaban en la erradicación de los cultivos ilícitos, de Puerto Frasquillo a Puerto Crucito; que a través de funcionarios del Ejército conoció al señor ZAPATA GUERRA; que éste les vendió gasolina para plantas eléctricas y algunas lan