PGN - Documento 201607091828503

ACCIÓN DE NULIDAD-Contra decreto del Presidente de la República al presuntamente vulnerar el procedimiento para liquidar banco estatal COMPETENCIA Y FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICARespecto a supresión y disolución de entidades u organismos administrativos DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES -Proceso de liquidación de banco estatal Las normas anteriores se encuentran en consonancia al establecer que el régimen aplicable a la liquidación del Banco del Estado en este caso, será, en primer lugar, el se fije en el acto administrativo que ordene la disolución, supresión o liquidación. Por ello, como lo afirma el apoderado del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras « […] el Decreto Ley 254 de 2000 no señala un régimen legal que deba aplicarse “en bloque” y sin alternativas ni matices a todas las liquidaciones de las entidades públicas del orden nacional, como pretende el actor. El Decreto tuvo en cuenta que la naturaleza y las circunstancias específicas de cada entidad en liquidación ameritan la escogencia de los regímenes que mejor se acomoden a ellas […] ». DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES-Proceso de liquidación de banco del Estado y régimen aplicable/DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES-Etapas del proceso liquidatorio DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES-Marco normativo especial y supletorio Al respecto debe indicarse que las normas del Decreto 2211 de 2004 no son normas extrañas a la liquidación y disolución de entidades públicas del orden nacional, pues el demandante olvida que el Banco del Estado es, además de una sociedad de economía mixta, un establecimiento de crédito. El Decreto 2211 de 2004 fue expedido por virtud

de las facultades previstas en los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999, que le entregó al Presidente de la República la potestad de «señalar la forma como se desarrollará el proceso de toma de posesión, y en particular la forma como se procederá a liquidar los activos de la entidad, a realizar los actos necesarios para colocarla en condiciones de desarrollar su objeto social o a realizar los actos necesarios para obtener mejores condiciones para el pago total o parcial de las acreencias de los ahorradores, depositantes e inversionistas; la forma y oportunidad en la cual se deben presentar los créditos o reclamaciones; las sumas que se pueden cancelar como gastos de administración; la forma como se reconocerán y pagarán los créditos, se decidirán las objeciones, se restituirán los bienes que no deban formar parte de la masa, y en general, los actos que en desarrollo de la toma de posesión se pueden o se deben realizar.» DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES-Régimen propio de liquidación Esta norma también puede hacer parte del régimen legal del Banco del Estado puesto que el mismo Decreto Ley 254 de 2000, en el parágrafo del artículo 1°, indica que «PARÁGRAFO. Aquellas entidades del Estado que por su naturaleza tengan un régimen propio de liquidación, contenido en normas especiales, incluyendo las sociedades continuarán rigiéndose por ellas», y las entidades financieras, como lo es el Banco del Estado, tienen previsto un régimen especial de liquidación. El Gobierno

Nacional, entonces, al conformar el régimen de la liquidación de Banco del Estado, en aplicación del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, contempló tanto normas del régimen aplicable a las entidades públicas como a las que constituyen el régimen aplicable a las entidades financieras, categorías que comparte el Banco del Estado, de acuerdo a las condiciones propias de la entidad. CARGA DE LA PRUEBA-Deber del demandante de desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo cuestionado

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

Bogotá D.C., 29 de julio de 2014. Alegato No. 131

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Ref.: Expediente No 110010324000 2007

00131 00 Expediente No 110010324000 2007 00338 00

Actor: Ramón Elías Ayala Rivera

Francisco José Vergara Carulla

Demandado: La Nación – Ministerio de Hacienda

y Crédito Público Acción: Nulidad Procede esta Procuraduría Delegada1 a emitir concepto de fondo en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales. ANTECEDENTES 1.- La demanda El ciudadano Ramón Elías Ayala Rivera (Exp 2007-00131), actuando a través de apoderado judicial, y el ciudadano Francisco José Vergara Carulla (Exp 2007-00338), en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, presentaron demanda ante la jurisdicción de lo

contencioso administrativo, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de los incisos primero y segundo y los literales a) y b) del artículo 4° del Decreto 2525 de julio 21 de 2005, expedido por el Gobierno Nacional por considerar transgredidos los artículos 1°, 2°, 5°, 18°, 28°, 31°, 37°, 38°, 39°, 40°, 41° y 43° del Decreto Ley 254 de 2000. Teniendo en cuenta que mediante auto de 1° de junio de 2010, se ordenó la acumulación del proceso número 2007 – 0338 al proceso radicado bajo el número 2007 – 00131, nos permitimos transcribir los apartes más importantes de los argumentos expuestos en el expediente número 2007 – 00131, en la siguiente forma: 1 De conformidad con la competencia delegada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución 194 de junio 8 de 2011, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa tiene funciones de intervención ante la Sección Primera y ante la Sala Plena del Consejo de Estado. 1.1.- […] Al expedir el Decreto 2525 de 2005, el señor Presidente de la República hizo uso constitucional de la facultad conferida por el numeral 15 del artículo 189 de la Carta, al disponer la liquidación del Banco del Estado S.A., en tanto entidad pública del orden nacional. Pero, de una manera paradójica, aparentando respetar el cuerpo normativo creado por la ley, hizo caso omiso de él, como lo demuestro enseguida […] 1.2.- […] En efecto, el artículo 4° del Decreto 2525 del año 2005, se ocupo de

fijar el “Régimen legal aplicable” a la Liquidación del Banco del Estado S.A. Haberlo hecho, de suyo fue ilegal, porque es la ley, el Decreto 254 del 2000, la que cumple esa tarea. Lo paradójica de la decisión es que el Gobierno Nacional, al ejercer una función que el Legislador reservó a la ley, reprodujo numerosas disposiciones de la ley violada. Si la intromisión del Ejecutivo se hubiera limitado a reproducir la totalidad de la ley que abusivamente desplazó, se hubiera tratado de una irregularidad inane. Pero no. Se trató precisa e injustificadamente de aniquilar las reglas incorporadas en la ley que incomodaban al Gobierno […] Dentro de este contexto, roto ya el principio legal de que el “Régimen Legal Aplicable” es el establecido por el Decreto Ley 254 de 2000, el Gobierno Nacional arrasó con todo el cuerpo normativo legal, así: […] 1° Excluyendo reglas incorporadas en la ley. […] 2°: Incluyendo otras disposiciones que no tienen justificación legal de obrar en esta liquidación. […] 3° Extralimitando sus funciones mediante la creación de otras reglas procedimentales ad-hoc […] 1.3.- […] Desarrollo las acusaciones de la siguiente forma: […] 1.- Exclusión de reglas incorporadas en la ley. […] El artículo 4° del decreto 2525 de 2005, acusado, ordena expresamente que la liquidación del Banco del Estado S.A. se someta a algunas de las reglas fijadas por el Decreto Ley 254 del 2000, pero excluye tácitamente, al no mencionarlas, las siguientes reglas del mismo decreto: […] El segundo inciso del artículo 1°; los artículo 5°, 18°, 28°, 31°,

numeral 3 del 32; primero, segundo y tercer incisos del artículo 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43. […] Es evidente que la arbitraria exclusión de reglas procesales, sin que medie autorización constitucional o al menos legal para ello, constituye violación de las normas excluidas por falta de su aplicación obligatoria […] 1.4.- […] 2.- Inclusión de reglas sin justificación ni orden legal.- […] El artículo 4° del decreto 2525 de 2005, acusado, ordena expresamente que la liquidación del Banco del Estado S.A. se someta a reglas fijadas por el Gobierno Nacional en asuntos extraños a la liquidación y disolución de entidades públicas del orden nacional […] En efecto, el artículo acusado ordena la inclusión en el cuerpo normativo de la liquidación del Banco del Estado, de la totalidad del texto del Decreto 2211 del 2004 en tanto es designado como norma supletoria y específicamente, de los siguientes apartes: el numeral 3 del artículo 2°; el artículo 23 excepto su cuarto inciso y su literal d); primer inciso del artículo 24; artículo 25; numeral 1 del artículo 26; artículos 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38 y 40; primer y segundo incisos del artículo 41; artículos 42, 43, 45, 50, 52, salvo la referencia que se hace a la desvalorización monetaria; 53, 55, 57, excepto su inciso final, 61 y 62 […] La modificación de un cuerpo normativo de jerarquía legal, mediante la inclusión de normas de inferior jerarquía, viola directamente

el inciso 2° del artículo 1° que limita al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y al Código de Comercio la posibilidad de servir como normas supletorias. Además, esa inclusión de normas extrañas, no ya como normas supletorias sino como principales, viola directamente el propio cuerpo normativo en cuanto lo contradice. Y si no lo contradice, lo viola indirectamente al establecer reglas que el legislador no pudo incluir porque no existían […] 2.- Contestación de la demanda por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública En la oportunidad procesal correspondiente, mediante apoderado judicial, el Departamento Administrativo de la Función Pública contestó la demanda, en la cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con base en los siguientes argumentos: 2.1.- […] 3. ARGUMENTOS DE LA DEFENSA […] 3.1. Facultades Constitucionales del Ejecutivo para Suprimir Entidades Públicas: […] El presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa de conformidad con el artículo 189 numeral 15 constitucional puede suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley […] El Decreto Ley 254 de 2000 fue modificado por la Ley 1105 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.481 de 13 de diciembre de 2006, “Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones” […] 2.2.- […] Obsérvese que el Gobierno Nacional se encontraba constitucional y

legalmente habilitado para dictar el Decreto 2525 de 2005, parcialmente acusado, que se encuentra ajustado con rigor a nuestro sistema normativo, lo cual se infiere de la simple lectura del acto administrativo censurado, que fue dictado en ejercicio de las facultades consignadas en el artículo 189-15 superior y en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 […] De otra parte, conviene advertir que los artículos 1°, 5°, 8°, 28°, 31°, 32°, 35° y 42° del Decreto-ley 254 de 2000, aducidos como vulnerados por el actor, fueron modificados por los artículos 1°, 5°, 9°, 15°, 17°, 18°, 19° y 21° de la Ley 1105 de 2006, respectivamente 2.3.- […] Finalmente, conviene señalar que el hecho de que el Decreto 2525 de 2005 no haya expresa referencia de algunos preceptos del Decreto – ley 254 de 2000, parcialmente modificado por la Ley 1105 de 2006, no tiene ni puede tener la identidad de generar la nulidad del primero, por la sencilla disposiciones de superior jerarquía como son las previstas en decretos-leyes y leyes de la República, menos aún cuando éstas y aquellas regulan eventualmente la misma materia (principio piramidal kelseniano) […] 3.- Contestación de la demanda por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público En la oportunidad procesal correspondiente, mediante apoderado judicial, el Departamento Administrativo de la Función Pública contestó la demanda, en la cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con base en los siguientes

argumentos: 3.1.- […] 3. Caso concreto: […] En este evento, en un argumento confuso, el actor manifiesta que el Gobierno Nacional se extralimitó en sus funciones, por cuanto el artículo 4° del Decreto 2525 de 2005, cuya nulidad se pretende, ordena expresamente que la liquidación del Banco del Estado, se someta a algunas normas del Decreto Ley 254 de 2000, excluyendo así, tácitamente las que no se encuentran mencionadas, es especial el artículo 1°, 5°, 18°, 28°, 31°, 32 num. 3, 35 incisos 1°, 2° y 3°, 36°, 37°, 38°, 39°, 40°, 41°, 42° y 43°. Razón por la cual considera que se configuró una vulneración arbitraria, contra las normas procesales excluidas, por no mediar autorización constitucional para ello […] 3.2.- […] Frente a este argumento es importante precisar que el actor incurre en un grave error al afirmar que en el presente evento, la intención del ejecutivo al expedir la reglamentación fue excluir la aplicación de las normas que anteriormente se indicaron, toda vez que, si bien el Decreto establece en el inciso 10 del artículo 4°, cuales serán las normas aplicables, lo cierto es que, dicha circunstancia no implica que las demás normas concordantes y relacionadas con el tema objeto de regulación no puedan ser aplicadas, máxime, teniendo en cuenta que el Parágrafo 2° del artículo 4°, establece de manera clara y precisa la aplicación del Decreto Ley 254 de 2000, en caso de

contradicción entre las normas. Razón por la cual se considera que la demanda no desarrolla el concepto de la violación […] 3.3.- […] Ahora bien, si se examinan las normas del Decreto 254 de 2000 que según el actor debieron aplicarse, se encuentra que las mismas corresponden a normas espacialísimas (sic) del proceso de liquidación de entidades financieras y al carácter del Banco del Estado S.A. en liquidación en su calidad de entidad nacionalizada y adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es así como, tal y como se indica en el Parágrafo 3° del Artículo 4° que “Pagado el pasivo externo del Banco del Estado S.A. en Liquidación y constituidas las provisiones requeridas el remanente de los activos sociales pasará a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público” […] Por otra parte, en el caso de entidades financieras nacionalizadas, de acuerdo con el Artículo 313 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Nación garantiza los recursos necesarios suficientes para atender todas las obligaciones adquiridas con accionistas o terceros de buena fe […] 3.4.- […] Así mismo, el artículo 11 del Decreto 2525 ordena al Gerente liquidador realizar la conmutación pensional según los mecanismos previstos en el Decreto 1260 de 2000, previa aprobación del cálculo actuarial por parte del Ministerio de Hacienda, Dirección General del Presupuesto Público Nacional y con el concepto previo de la Dirección General de Regulación de la Seguridad Social de ese Ministerio. Para el efecto, en el artículo 12 se establece que los activos del Banco destinados al pago de los pasivos pensionales conservarán

tal destino y no formarán parte de la masa de la liquidación y tales pasivos, así como los laborales, deberán pagarse preferencialmente. Finalmente, se establece la obligación del fondo de asumir la parte no cubierta de las obligaciones pensionales, una vez se agoten los recursos del Banco. […] 3.5.- […] De otra parte, el actor considera que el Decreto 2525 de 2005 incluye normas sin justificación sin justificación ni orden legal, al considerar que el artículo 4° acusado ordena la inclusión de la totalidad del texto del Decreto 2211 de 2004 en tanto “que es designado como norma supletoria”. Según su argumento, la modificación del cuerpo normativo de jerarquía legal, vulnera directamente el inciso 2° del Artículo 1° (no se señala la norma) que limita al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y al Código de Comercio la posibilidad de aplicarse como normas supletorias. […] Es importante precisar que de una parte, el actor no señala la norma que se considera vulnerada y de otra parte, de la lectura del Decreto 2525 de 2005, se desprende que contrario a lo afirmado en la demanda, su artículo 4° no remite la “totalidad del Decreto 2211 de 2004 en tanto que es designado como norma supletiva”, tal y como lo señala el actor expresamente. Toda vez que, el parágrafo segundo de dicho artículo establece la prevalencia de las normas del Decreto 254 de 2000 cuando exista contradicción entre sus disposiciones y las del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Decreto 2211 de 2004 […]

3.6.- […] Debe aclararse que el Decreto 2525 de 2005, si tiene en cuenta el contenido del inciso segundo del artículo 1° del Decreto 254 de 2000, que incorpora normas especiales de las entidades financieras como aplicables a la liquidación de Banco del Estado S.A. en liquidación en los aspectos en que su naturaleza de entidad nacionalizada, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sometida al seguimiento del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y por último, en su calidad de entidad financiera que aún conservaba ciertos negocios que debían liquidarse como tales […] 3.7.- […] 4. Conclusión […] En defensa de la legalidad de las normas acusadas, la Ley 489 de 1998, en el parágrafo 1° del artículo 52, señala que el Presidente de la República tiene la facultad de disponer cuál es el régimen legal aplicable, mediante el acto que ordena la disolución y liquidación de una entidad […] El Decreto Ley 254 de 2000, al establecer al régimen legal aplicable a las entidades públicas del orden nacional, no suprime tal facultad, pues únicamente precisa los límites en los que, en adelante, el Presidente de la República, debe establecer el régimen legal aplicable a una entidad particular, pues a partir de la expedición de dicho decreto sólo puede escoger entre las varias normas que el decreto permite y fijar en qué orden serán aplicables […] El Decreto Ley 254 de 2000 no señala un régimen legal que deba aplicarse “en bloque” a todas las liquidaciones de las entidades públicas del orden nacional. El Decreto tuvo en

cuenta que la naturaleza y las circunstancias específicas de cada entidad en liquidación ameritan la escogencia de los regímenes que mejor se acomoden a ellas; lo contrario habría sido opuesto a los criterios de eficiencia y economía que impone la Constitución a todas las actividades de los administradores públicos. Lo importante para efectos de garantizar la seguridad jurídica, es que las normas pertinentes sea indefinidas y conocidas desde el inicio y que la selección que efectúe el Presidente tenga lugar dentro de un marco legal preestablecido […] El decreto, entonces, confiere discrecionalidad para que cada liquidación procede según reglas adecuadas a la naturaleza y circunstancia de cada entidad que se liquida, pero sin arbitrariedad. En concordancia con el Parágrafo 1° del Artículo 52 de la Ley 489 de 1998, el Presidente conserva la facultad de señalar el régimen legal aplicable, pero lo debe hacer dentro del marco del Decreto Ley 254 de 2000, teniendo la facultad de determinar cuáles de sus disposiciones se aplican a una liquidación en concreto y cuáles no. […] 4.- Contestación de la demanda por parte del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras En la oportunidad procesal correspondiente, mediante apoderado judicial, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras contestó la demanda, en la cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con base en los siguientes argumentos: 4.1.- […] III. DEFENSAS RESPECTO DE LOS CARGOS DE LA DEMANDA […]

1. Explicación del cargo del demandante […] Los argumentos expuestos en el escrito de demanda no permiten determinar con claridad cuál o cuáles son los

cargos con fundamento en los cuales se pide la anulación, ni como ellos se configuran, y por ello se requiere esfuerzo para comprender los reproches que el actor hace a la legalidad del artículo 4° del Decreto 2525 de 2005, sin que, al final, exista certidumbre acerca de que la interpretación razonable a la que puede llegar el intérprete coincida, en verdad, con el propósito del actor. 4.2.- […] Aunque en algunos apartes de su demanda el actor se refiere a “omisiones y extralimitación de funciones” del Presidente de la República al dictar el régimen legal de liquidación del Banco del Estado, el actor no explica propiamente cómo ellas se configuran, y más bien desarrolla su cargo como uno de violación de norma superior por parte del artículo 4° del Decreto 2525 de 2005, indicando como normas violadas varios artículos del Decreto 254 de 2000 […] Y así, aunque en el capítulo de la demanda denominada “LEYES VIOLADAS” se enumeran varios artículos del Decreto 254 de 2000, el actor no desarrolla las razones por las cuales dichos artículos han sido vulnerados por el artículo 4° del Decreto 2525 de 2005 […] Todo lo que el actor hace en su demanda es afirmar que, luego de la expedición del Decreto 254 de 2000 existe un “principio” y es que es éste el que ha sido vulnerado […] En efecto, según el demandante, una vez expedido el Decreto 254 de 2000 existe un “principio” según el cual el régimen legal que debe aplicarse en bloque a todas las entidades públicas del orden nacional es el de ese decreto. Como explico más

adelante, no obstante la importancia que tiene ese supuesto en el argumento del actor, éste no se toma la molestia de explicar con fundamento en qué normas o argumentos determina la existencia de ese “principio” o sus alcances; simplemente parte de ese supuesto, y confía en que el Consejo de Estado lo comparte, sin explicar porqué. […] 4.3.- […] 1.1. El verdadero supuesto del actor […] El actor fundamenta su demanda en la supuesta ruptura del “principio” según el cual para la liquidación del Banco del Estado “… el Régimen Legal Aplicable” (sic) es el establecido por el Decreto Ley 254 de 2000 …”. Sin distinciones ni detalles. […] 1.2. La pretendida violación del supuesto “principio”. […] Luego de sentado el “principio” al que acabo de referirme, el actor, en el acápite de la demanda “CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN”, explica muy brevemente las tres formas en que los incisos primero y segundo del artículo 4° del Decreto 2525 de 2005 violan dicho “principio”. […] En primer lugar, el actor sostiene que del régimen de liquidación del Banco del Estado se excluyeron, sin que exista justificación legal para ello, normas que son de aplicación obligatoria. Según el actor, el artículo 4° del Decreto 2525 de 2005, al no mencionar algunos de los artículos del Decreto 254 de 2000 los excluye tácticamente del régimen de liquidación del Banco del Estado. El actor explica que la exclusión “arbitraria” de reglas procesales, sin que medie autorización constitucional o legal para ello, viola las normas excluidas por falta de aplicación […] En segundo lugar, el actor estima que en el

régimen de liquidación del Banco del Estado se incluyeron normas que legalmente no deberían hacer parte de él. En este punto, el actor reprocha que el artículo 4° del Decreto 2525 de 2005 ordene expresamente que la liquidación del Banco del Estado se someta a lo que el actor denomina “reglas fijadas por el Gobierno Nacional en asuntos extraños a la disolución y liquidación de entidades públicas del orden nacional”. […] Según el actor, el artículo acusado ordena incluir en el régimen de la liquidación la totalidad del Decreto 2211 de 2004 “en tanto es designado como norma supletoria”, y ello viola directamente el inciso 2° del artículo 1° del Decreto 254 de 2000 que, según el afirma, no admite como normas supletorias sino el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Código de Comercio […] Respecto de estos dos últimos estatutos, el actor sostiene que el Decreto 2525 de 2005 las incluye como normas principales – no supletorias – y que por ello los apartes acusados violan el Decreto 254 de 2000. Sin embargo, en la pretensión segunda, literal c), el actor contradice el reproche que él mismo hace respecto del Código de Comercio, pues en ella sostiene que pide su anulación “En cuanto omite ordenar que el Código de Comercio forme parte del cuerpo normativo de la Liquidación del Banco del Estado…” […] Por último, el actor censura el hecho de que, según él, en el Decreto 2525 de 2005, el Gobierno Nacional extralimitaría sus funciones creando “otras reglas de procedimentales ad-hoc”. Sin embargo, el actor no desarrolla esta acusación, y que omite por completo

referirse a ella después de haberla enunciado, y no explica cuáles son las supuestas reglas procedimentales ad-hoc a las que se refiere, y mucho menos explica sobre la supuesta extralimitación de funciones y como ella se concreta. […] 4.4.- […] 2. No exista el “principio” en el que el actor fundamenta su demanda: el Decreto 254 de 2000 no deroga la facultad otorgada al Presidente en el parágrafo 1° del artículo 52 de la ley 489 de 1998 […] El actor parte del supuesto de que el régimen legal aplicable a la liquidación del Banco del Estado es el Decreto 254 de 2000 – el cual debe aplicarse en bloque, sin matices ni alternativas. Tal argumento implica que cuando se expidió el Decreto-Ley 254 de 2000 – que según él “unifica” el régimen de liquidaciones - habría desaparecido la facultad del Presidente de la República para determinar el régimen legal aplicable a la liquidación de una entidad pública […] Pero basta leer el texto del Decreto 254 de 2000, para comprobar que el actor no tiene razón, y que las facultades del Presidente a las que se refiere el parágrafo 1° del artículo 489 de 1998 continúan vigentes. […]Como se desprende claramente del parágrafo transcrito, la necesidad de definir el régimen legal aplicable a la liquidación es una de las situaciones sobre las que el Presidente de la República debe disponer en el acto en que orden la supresión, disolución y liquidación de una entidad. La remisión expresa que hace el inciso primero del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, y en particular la referencia que hace a que

el acto que ordene la supresión o liquidación de la entidad dispondrá sobre las “situaciones” a las que se refiere dicho parágrafo, no deja duda de que el Decreto 254 de 2000 no ha derogado tal facultad, y que el Presidente debe disponer sobre esa situación. Aunque, por supuesto, una vez se expide el Decreto 254 de 2000 dicha facultad tiene un nuevo alcance […] 4.5.- […] 3. El Decreto 254 de 2000 confiere al Presidente discrecionalidad para conseguir que cada liquidación proceda según reglas adecuadas a la naturaleza y circunstancias de la entidad que se liquida […] La remisión expresa que hace el artículo 2° del Decreto 254 de 2000 a la facultad que aparece en el parágrafo primero del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 implica que el Decreto 254 de 2000, al establecer el régimen legal aplicable a las entidades públicas del orden nacional, no suprime tal facultad, sino que precisa los límites dentro de los cuales debe ejercerse para cada entidad particular, pues a partir de la expedición de dicho decreto debe moverse en el ámbito de las varias normas que él contempla, y fijar en qué orden serán aplicables […] Es decir, el Decreto Ley 254 de 2000 no señala un régimen legal que deba aplicarse “en bloque” y sin alternativas ni matices a todas las liquidaciones de las entidades públicas del orden nacional, como pretende el actor. El Decreto tuvo en cuenta que la naturaleza y las circunstancias específicas de cada entidad en liquidación ameritan la escogencia de los regímenes que mejor se acomoden a ellas; lo

contrario habría sido opuesto a los criterios de eficiencia y economía que impone la Constitución a todas las actividades de los administradores públicos […] 4.6.- […] El régimen legal dispuesto para la liquidación del Banco del Estado es armónico con el Decreto 254 de 2000. […] En el primer inciso del artículo 4° del Decreto 2525 de 2005, acusado por el demandante, se dispone que el régimen legal de la liquidación del Banco es el dispuesto en eses decreto, “… para lo cual serán aplicables, las disposiciones del Decreto 254 de 2000: …” y a continuación se enumeran la mayoría de los artículos del Decreto 254 de 2000. El hecho de que en dicho artículo no se hubiere incluido algunos artículos del Decreto 254 de 2000 tiene sustento en la facultad presidencial – vigente como expliqué – de fijar el régimen de la liquidación y por ello ese hecho no puede configurar ilegalidad alguna. […] Respecto del otro aparte demandado por el actor, el segundo inciso del artículo 4°, incluidos sus literales a) y b), el actor sostiene que en él se ordena expresamente que la liquidación del Banco del Estado se someta a “reglas fijadas por el Gobierno Nacional en asuntos extraños a la disolución y liquidación de entidades públicas del orden nacional” al ordenar incluir en el régimen de la liquidación la totalidad del Decreto 2211 de 2004 “en tanto es designado como norma supletoria” […] Según el actor, al incluirse el Decreto 2211 de 2004, se viola directamente el inciso 2° del artículo 1° del 254, que según sostiene el actor, limita al Estatuto Orgánico del Sistema

Financiero y al Código de Comercio la posibilidad de servir como normas supletorias […] Sin embargo, ello no es cierto, pues las normas del Decreto 2211 de 2004 no son extrañas al ámbito de los estatutos sobre liquidación que contempla el Decreto 254 de 2000, sino que son desarrollo preciso de ellas, expedidas por virtud de un mandato expreso del EOSF; ni pueden ser extrañas al régimen de liquidación del Banco del Estado, teniendo en cuenta su calidad de institución financiera […] 4.7.- […] 5. Según el artículo 4° del decreto 2525 de 2005, el Decreto 254 de 2000 es norma de aplicación preferente en la liquidación del Banco del Estado. […] Aunque el actor sostiene a lo largo de su demanda que el