PGN - Documento 201607091828570

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Omisión del Estado para realizar arreglos que generaron derrumbe de un terreno CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Definición/CADUCIDAD DE LA ACCIÓNAplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado La caducidad de la acción es el fenómeno procesal en virtud del cual el administrado pierde la posibilidad de demandar un acto administrativo o reclamar en la vía jurisdiccional las consecuencias jurídicas de un hecho, una omisión o una operación administrativa, fenómeno que se da por la concurrencia de dos supuestos: el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción, establecido en nuestro ordenamiento jurídico por razones de seguridad jurídica e interés general. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Suspensión como excepción desde la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial según regulación legal CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Suspensión del término según jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Término de caducidad según regulación legal El Código Contencioso Administrativo estableció diferentes plazos para demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dependiendo de la acción de la que se tratara. Así, dicho Código, en el numeral 8º del artículo 136, estableció que la acción de reparación directa caducaría al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Inicio del término según jurisprudencia del

Consejo de Estado CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Cómputo del término según jurisprudencia del Consejo de Estado/CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Inicio del término Entonces, el término de caducidad de la acción de reparación directa empieza a correr desde el día siguiente al de la ocurrencia del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación del inmueble, salvo los eventos en los que el daño se manifiesta con posterioridad, en los que dicho plazo debe contarse desde que el afectado tuvo conocimiento del mismo. Y en los casos en que el daño se prolongue en el tiempo, el cómputo del término en mención no se posterga de manera indefinida hasta que se concrete por completo, sino que comienza a contarse a partir del día Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 080012331000200602352 01 (45200) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-144894 siguiente al suceso que lo genera o desde la fecha en que la persona haya tenido conocimiento del daño. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 2 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 080012331000200602352 01 (45200) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-144894 Bogotá D.C., 7 de mayo de 2013 Doctor

DANILO ROJAS BETANCOURTH

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 13-74

Acción de Reparación Directa Radicado: 080012331000200602352 01 (45200)

Actor: Ana Sofía De la Cruz Jiménez

Demandado: Municipio de Luruaco Honorable Señor Consejero: En la oportunidad procesal correspondiente, esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia de primera instancia, con fundamento en los argumentos que se expondrán.

ANTECEDENTES 1-. Demanda La señora ANA SOFÍA DE LA CRUZ JIMÉNEZ, en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitó al Tribunal Administrativo del Atlántico declarar responsable al MUNICIPIO DE LURUACO “por un hecho y omisión de realizar arreglos tendientes a evitar el derrumbe o desplome de la manga municipal” y del terreno de la finca de su propiedad; y condenar a dicho ente territorial a pagar e indemnizar los perjuicios de orden material, actuales y futuros, que le fueron ocasionados por dicho Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 3 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 080012331000200602352 01 (45200) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-144894 derrumbe y por el paso constante de los campesinos que a diario

transitan por el mencionado predio, así como al pago de los intereses comerciales que se causen dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que los liquide, y a los moratorios con posterioridad a dicho lapso. 2-. Contestación de la demanda La entidad demandada no contestó la demanda. 3-. Sentencia El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 30 de marzo de 2012, declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, y en consecuencia se declaró inhibido para pronunciarse en torno a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las consideraciones que se citan en seguida: “Descendiendo al caso que nos ocupa, encuentra la Sala que la parte demandante consignó en la demanda que “en la temporada invernal del año 2003 el arroyo llamado Pozo Ronco tuvo un desbordamiento el cual produjo la pérdida del cauce del mismo y trajo como consecuencia el desplome del camino que de la carretera la Cordialidad conduce al corregimiento de Santa Cruz Municipio de Luruaco Atlántico llevándose consigo parte del terreno de la finca de mi propiedad…” (fl. 1), indicando que a causa de ello los campesinos empezaron a transitar por una parte del predio de su propiedad. En la petición presentada el 11 de junio del 2004 ante la Alcaldía del Municipio de Luruaco, la demandante también informa que el desbordamiento del arroyo Pozo Ronco ocasionó el desplome de una parte del predio de su propiedad, señalando que tuvo ocurrencia en la temporada invernal del 2003 (fl. 8), lo cual

igualmente reitera en las peticiones presentadas en día 10 de junio del 2005 ante la Personería Municipal de Luruaco y la Alcaldía Municipal de tal localidad (Fls. 9-11). (…) De las pruebas anteriormente relacionadas, no cabe duda que el demandante en este proceso, conocía desde el año 2003 de la existencia del daño cuya indemnización se reclama en esta ocasión. En esa dirección, el término para presentar la acción de reparación directa era de dos años por mandato del artículo 136 del C.C.A., Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 4 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 080012331000200602352 01 (45200) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-144894 según la línea argumentativa de párrafos que anteceden, la cual empezó a contabilizarse a partir del 2003 cuando una porción de tierra del predio de propiedad de la demandante se desplomó a causa de la creciente del arroyo “Pozo Ronco”, lo cual trajo como inmediata consecuencia que campesinos debieran transitar por tal propiedad; es decir, que el término de caducidad de la acción, aun cuando los hechos se hubieren verificado a finales de diciembre del año 2003, culminaría en el año 2005, pero observando que la demanda fue presentada el 8 de noviembre del año 2006 (fl. 7), se puede concluir que para ese momento el término de caducidad de la acción de reparación directa había finiquitado.”

4-. Recurso La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando se revoque y se acceda a las súplicas de la demanda, con base en los siguientes argumentos: “El magistrado ponente manifiesta “que las acciones de reparación directa caducan al cabo de dos años contados a partir del hecho, omisión, operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”. Al respecto debo manifestar que la administración municipal para el día 25 de enero de 2006 suscribió un acta de compromiso mediante la cual manifiesta y acepta que durante varias ocasiones había requerido a la administración municipal que se realizaran los trabajos tendientes a que se rectificara el cauce del arroyo pozo ronco y se construyera un talud con altura máxima de 5 metros y de longitud 135 metros para que se protegiera el lado de mi propiedad la cual hasta la fecha sea (sic) visto gravemente afectada, porque dicho trabajo no solucionó la problemática. Con base en lo expuesto anteriormente me da la impresión que el honorable magistrado de descongestión está tomando como elementos probatorios solamente los testimonios mediante los cuales se confirman los hechos acaecidos y los dos derechos de petición interpuestos para los años 2004 y 2005, al respecto debo aclarar que con la no respuesta de estos derechos de petición se configuró el silencio administrativo negativo debido a que la administración municipal, nunca se pronunció con referencia a los hechos que son materia de esta demanda, además para que se configure el silencio administrativo negativo debe transcurrir un tiempo perentorio de tres meses, en los cuales la administración no

responda y aquí se suspenden los términos para que caduque determinada acción; por lo tanto como probado está en el proceso de referencia, fueron dos derechos de petición que interpuso mediante los cuales se configuró el silencio administrativo negativo, considero que computados los términos de esto para que opere la suspensión a la que se refiere el Honorable Magistrado serían seis meses, a favor de la parte actora. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 5 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 080012331000200602352 01 (45200) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-144894 Así mismo considero que el Magistrado debió percatarse de el acta de compromiso suscrita el 25 de enero del 2006 y el término que debí esperara para que se realizaran los trabajos y no ignorar esto debido a que esta se constituye en la prueba principal o prueba reina de esta demanda, puesto que en ella la administración se compromete en realizar los trabajos mismos que no solucionaron la problemática y que se constituye en una omisión por parte de la entidad municipal, así mismo estos terminaron para finales del mes de agosto del año 2006, siendo así considero que el término para que caduque la acción de reparación directa, no se encuentra vencido y la actora se encuentra dentro del término para promover dicha acción. No tiene presentación desde ningún punto de vista jurídico que el honorable magistrado haya ignorado por completo el acta de compromiso antes mencionada y mediante la cual la administración municipal asume su falla del servicio y conviene con la actora

realizar los trabajos correspondientes para que mi propiedad no se viera afectada y no siguiera sufriendo los estragos ocasionados por el arroyo, ya que la administración es consiente de los daños antijurídicos ocasionados, los cuales yo no tengo el deber jurídico de soportarlos. (…) Partiendo de esta base considero que los términos para solicitar la reparación directa no se encontraban vencidos puesto a que el acta de compromiso se suscribió el 25 de enero de 2006, en la cual se compromete la administración en iniciar los trabajos a partir del día 15 de febrero del 2006 aproximadamente tendientes a que no siguiera viéndome afectada pro la problemática antes descrita, mas sin embargo en la citada acta no se estipula término para la finalización de dichos trabajos los cuales se terminaron de realizar para el mes de agosto del 2006 y la demanda fue presentada para el 8 de Noviembre de 2006; conforme a lo expuesto puedo manifestar que los términos para interponer la acción de reparación directa no están caducos, como lo expresa el honorable magistrado de descongestión.” CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMAS JURÍDICOS  ¿Existe caducidad de la acción impetrada para reclamar la indemnización del daño que, afirma la demandante, le fue ocasionado por el MUNICIPIO DE LURUACO por no haber realizado los arreglos tendientes a evitar el derrumbe de la manga municipal y de un terreno de la finca de su propiedad? Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 6 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

080012331000200602352 01 (45200) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-144894  ¿En el evento de no haberse presentado el fenómeno de la caducidad de la acción, se configura en el caso concreto la responsabilidad administrativa del ente demandado por el daño alegado por la parte actora? ANÁLISIS JURÍDICO  Caducidad de la acción La caducidad de la acción es el fenómeno procesal en virtud del cual el administrado pierde la posibilidad de demandar un acto administrativo o reclamar en la vía jurisdiccional las consecuencias jurídicas de un hecho, una omisión o una operación administrativa, fenómeno que se da por la concurrencia de dos supuestos: el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción, establecido en nuestro ordenamiento jurídico por razones de seguridad jurídica e interés general1. Tal fenómeno jurídico ha sido explicado por el Consejo de Estado, de la siguiente manera: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador colombiano instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales, no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley, y de no hacerlo en tiempo perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. El fenómeno de la caducidad busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso. Por esta razón, la efectividad del derecho sustancial que se busca con su ejercicio puede verse afectada. La doctrina ha desarrollado las

características propias de esta figura para intentar delimitarla y diferenciarla con la prescripción extintiva de corto plazo. La caducidad, a diferencia de la prescripción, no admite suspensión salvo la excepción consignada con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, consagrada en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.”2 1 JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE, Derecho Procesal Administrativo, Edit. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., 7ª edición, 2010, pág. 111. 2 Auto proferido el 21 de mayo de 2008. Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO.

Radicación número: 05001-23-31-000-2007-00623-01(34781).

Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 7 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 080012331000200602352 01 (45200) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-144894 El Código Contencioso Administrativo estableció diferentes plazos para demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dependiendo de la acción de la que se tratara. Así, dicho Código, en el numeral 8º del artículo 136, estableció que la acción de reparación directa caducaría al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho,

omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Con fundamento en esa disposición, el Consejo de Estado, respecto del inicio del término de caducidad de la acción de reparación directa, en el auto proferido el 28 de septiembre de 2006, expresó: “Se tiene entonces que el inicio del término para intentar la acción coincide con el de la ejecución del hecho, omisión u operación administrativa, ocupación temporal o permanente del inmueble y sólo en eventos muy especiales, como aquellos en los cuales la producción o manifestación del daño no coincide con el acaecimiento de la actuación que les da origen, la Sala ha considerado que el término para accionar no debe empezar a contarse desde cuando se produjo la actuación causante del daño sino desde que el afectado tuvo conocimiento del mismo.”3 Además, la misma Corporación se refirió al cómputo del término de caducidad en los eventos en que el daño se prolonga en el tiempo, en los siguientes términos: “En ese contexto, la Sala ha señalado, en reiteradas ocasiones, que el término de caducidad de la acción de reparación directa debe computarse a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo ocurrencia el hecho, la omisión o la operación administrativa fuente o causa del perjuicio. De otro lado, es posible que, en específicas ocasiones, el daño se prolongue en el tiempo, con posterioridad al momento de acaecimiento de los hechos dañosos que sirven de fundamento de la acción, sin embargo, lo cierto es que ello no puede

significar que el término de caducidad se postergue de manera indefinida, por cuanto la norma no consagra dicho supuesto. Es 3 Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Radicación número: 44001-23-31000-2005-00695-01(32628). Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 8 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 080012331000200602352 01 (45200) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-144894 decir, la disposición no establece que el cómputo de la caducidad empieza a correr en el momento en que el daño se concreta por completo, sino que por el contrario determina que el mismo debe empezar a partir del día siguiente al hecho que le sirve de basamento a la pretensión, esto es, la fecha en que acaece el suceso o fenómeno que genera el daño, de no ser así se confundiría a aquél con las secuelas o efectos del mismo. Cosa distinta es que la parte demandante sólo haya tenido conocimiento del daño tiempo después de la ocurrencia del hecho, omisión u operación, pues en tales eventos, en aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal (artículo 228 C.P.), el conteo debe iniciarse a partir de la fecha en que la persona -o personastuvieron conocimiento del daño; una interpretación contraria supondría cercenar el mencionado derecho fundamental, así como el derecho de acción, y el supuesto lógico de que lo que no se

conoce sólo existe para el sujeto cuando lo advierte o se pone de manifiesto.”4 Entonces, el término de caducidad de la acción de reparación directa empieza a correr desde el día siguiente al de la ocurrencia del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación del inmueble, salvo los eventos en los que el daño se manifiesta con posterioridad, en los que dicho plazo debe contarse desde que el afectado tuvo conocimiento del mismo. Y en los casos en que el daño se prolongue en el tiempo, el cómputo del término en mención no se posterga de manera indefinida hasta que se concrete por completo, sino que comienza a contarse a partir del día siguiente al suceso que lo genera o desde la fecha en que la persona haya tenido conocimiento del daño. En el caso bajo estudio, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la caducidad de la acción por considerar que el plazo establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo empezó a correr desde el año 2003, cuando ocurrió el derrumbe de una porción de tierra del predio de propiedad del demandante, por lo que a la fecha de la presentación de la demanda, esto es al 8 de noviembre de 2006, dicho término ya había vencido. 4 Sentencia dictada el 24 de marzo de 2011. Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO.

Radicación número: 05001-23-24-000-1996-02181-01(20836).

Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 9 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

080012331000200602352 01 (45200) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-144894 Observa esta Delegada del Ministerio Público que le asistió razón al Tribunal de primera instancia al declarar de oficio la caducidad de la acción, por las razones que se exponen a continuación. La parte actora solicitó la declaratoria de la responsabilidad del MUNICIPIO DE LURUACO por no haber realizado los arreglos tendientes a evitar el derrumbe de la manga municipal y de un terreno de la finca de su propiedad, hecho que además generó el paso constante de los campesinos por su predio, ocasionándole perjuicios porque en el mencionado terreno tenía animales de pastoreo, actividad que no pudo continuar desarrollando. En primer término, es importante anotar que de acuerdo a los supuestos fácticos narrados en la demanda, el hecho generador del daño que se alega fue el derrumbe mencionado en el párrafo anterior, ocurrido en la temporada invernal del año 2003 en el Municipio de Luruaco, Atlántico. Por tal razón, para efectos de determinar si en el caso concreto operó el fenómeno de la caducidad de la acción se debe establecer en primera medida la fecha de ocurrencia de dicho derrumbe, teniendo en cuenta que, como se indicó en el análisis jurídico, el término de caducidad de la acción de reparación directa comienza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ocurrencia del hecho, aunque el daño se prolongue en el tiempo, salvo los eventos en los que éste se manifiesta

con posterioridad, en los que tal término debe contarse desde que el afectado lo conoció. Aunque ni en la demanda ni en su corrección se indicó la fecha exacta de ocurrencia de los hechos generadores del daño, en el acápite dedicado a la estimación de la cuantía la parte actora mencionó que los mismos sucedieron en el mes de junio de 2003 (Fls. 4 y 20). Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 10 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 080012331000200602352 01 (45200) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-144894 De otro lado, en los derechos de petición presentados por la señora ANA SOFÍA DE LA CRUZ ante la Alcaldía Municipal de Luruaco, los días 11 de junio de 2004 y 10 de junio de 2005, así como en la solicitud radicada en esta última fecha ante el Personero del mismo Municipio (Fls. 8 a 11), la hoy demandante mencionó que los hechos del derrumbe ocurrieron en la temporada invernal del año 2003. Así mismo, el testigo ELIAS HANNA REZK JUAN manifestó que en la ola invernal del año 2003, el arroyo “Ronco” había dañado el camino y parte del terreno de la finca “Cielo Roto” de propiedad de la señora ANA SOFÍA DE LA CRUZ (Fls. 34 y 35); mientras que el testigo MARIO HERRERA JIMÉNEZ expresó que tales hechos ocurrieron “en el 2002

hasta el 2003, porque en el año 2002 se desbordó el arroyo y se terminó de caer el camino en el año 2003” (Fls. 36 y 37); y por su parte, el testigo LUIS DOMINGO BARRAZA JIMÉNEZ, quien se desempeñaba como Secretario de Planeación de LURUACO para la época de los hechos, también mencionó que los mismos habían sucedido durante la ola invernal del año 2003 (Fls. 91 y 92). Se observa entonces que ni de la demanda ni del material probatorio obrante en el expediente se puede deducir la fecha exacta en que ocurrieron los hechos que generaron el daño alegado por la parte actora. Sin embargo, ésta, en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, indicó: “Es probado que desde los días posteriores al acaecimiento del hecho tuve conocimiento de los daños ocasionados, lo cual desde el mismo instante de ocurridos me dirigí a la alcaldía municipal de Luruaco atlántico y expuse la problemática al Doctor ISAAC VASQUEZ GRAU quien en ese momento ostentaba la calidad de alcalde municipal y al señor Luis Domingo Barraza secretario de planeación municipal y se convino realizar una visita al lugar de los hechos, y en la cual no se suscribió ningún acuerdo por escrito, todo fue verbal; hago saber que los hechos materia de esta demanda sucedieron para el día 06 de diciembre de 2003, el mismo día que se desplomó el puente ubicado en la carretera la cordialidad a la altura del corregimiento los Péndales jurisdicción

del municipio de Luruaco, por donde pasa el mismo arroyo “Pozo Ronco” mismo que fue el causante de el daño en mi propiedad, lo Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 11 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 080012331000200602352 01 (45200) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-144894 cual se constituyó un hecho notorio y de gran importancia para esa época, debido a que fue titular de los Diarios mas importantes de nuestra región caribe, es substancial hacer referencia de este toda vez para que evidencien la magnitud de los hechos materia de esta demanda.” Teniendo en cuenta lo anterior, concluye esta Delegada que la acción de reparación directa incoada en el asunto bajo estudio ya había caducado a la fecha de la presentación de la demanda, toda vez que de ésta y del material probatorio se deduce que los hechos sucedieron en el mes de junio de 2003, por lo que al 8 de noviembre de 2006, ya había vencido el término previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, por haber transcurrido más de 3 años contados a partir del primer día del mes de julio de 2003, si se entendiera que el derrumbe del terreno de propiedad de la demandante ocurrió el último día del mes de junio de ese año. Además, se llegaría a la misma conclusión si se tomara como fecha de ocurrencia de los hechos generadores del daño el 6 de diciembre de 2003, en atención a lo mencionado por la demandante en el recurso de

apelación, puesto que bajo este supuesto, la acción debía instaurarse a más tardar el 7 de diciembre de 2005. Por último, es necesario decir que no son de recibo los argumentos de la parte actora consistentes en que los términos de caducidad de la acción se suspendieron durante el plazo de configuración del silencio administrativo negativo con respecto a los derechos de petición radicados ante la Alcaldía de LURUACO en los años 2004 y 2005, pues como se indicó en el análisis jurídico, la caducidad no admite suspensión, con excepción de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, conforme al cual la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho suspende dicho término. Lo anterior, teniendo en cuenta además que en el caso que nos ocupa, el hecho generador del daño fue el derrumbe ocurrido como consecuencia del desbordamiento del Arroyo “Pozo Ronco”, no los actos fictos Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 12 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 080012331000200602352 01 (45200) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-144894 producto del silencio negativo que, afirma la demandante, se generaron ante la ausencia de los mencionados derechos de petición. Y tampoco le asiste razón a la demandante cuando alega que el Tribunal de primera instancia debió tener en cuenta el acta de compromiso suscrita el 25 de enero de 2006 y el término que debió

esperar la señora ANA SOFÍA DE LA CRUZ JIMÉNEZ para la realización de los trabajos acordados en la misma, pues si bien en dicho documento se pactó por la afectada, el Alcalde Municipal, el Asesor Jurídico, el Coordinador de Infraestructura y Proyectos y el Personero de Luruaco la realización de unas obras consistentes en la rectificación del arroyo para recuperar su anterior cause y la construcción de un talud para proteger la propiedad de la actora, el término de caducidad de la acción estaba corriendo desde el día siguiente al derrumbe del terreno, aunque el daño se prolongara en el tiempo, sin que pueda entenderse que dicho plazo quedaba suspendido durante el tiempo que duraran tales labores. CONCEPTO De lo anteriormente expuesto se concluye que las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar, ya que como se dejó consignado en precedencia, la misma fue instaurada por fuera del término de caducidad establecido en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. En los anteriores términos, esta Procuraduría Delegada deja a consideración de la Honorable Sala de Decisión el presente concepto, mediante el cual solicita confirmar la sentencia de primera instancia y declarar la ocurrencia del fenómeno de la caducidad de la acción. Del señor Consejero, Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 13 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 080012331000200602352 01 (45200)

5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-144894 ISNARDO JAIMES JAIMES Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 14 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 080012331000200602352 01 (45200) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2013-144894