PGN - Documento 201607091829113

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por fallo contra exfuncionarios de la Registraduría por haber desvinculado funcionaria en estado de embarazo ACCIÓN DE REPETICIÓN-Es autónoma, de carácter patrimonial y resarcitoria De conformidad con lo expuesto la acción de repetición es autónoma, de carácter eminentemente patrimonial y resarcitoria, su ejercicio tiene como finalidad la persecución del patrimonio del funcionario o exfuncionario que con su actuación dolosa o gravemente culposa dio lugar a la condena en contra de la administración. COPIAS SIMPLES-Deben ser valoradas/COPIAS SIMPLES-Jurisprudencia del Consejo de Estado Sobre la autenticidad de las copias, considerando la evolución de la jurisprudencia y principios constitucionales se considera viable que las copias simples sean valoradas. PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN-Existe de una condena contra la administración, el pago de ésta y sea como consecuencia de una conducta dolosa de un agente del Estado/PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓNJurisprudencia de la Corte Constitucional Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: la existencia de una condena en contra de la administración, el pago de la misma por la entidad pública, y que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, lo que implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño o acto que llevó a la afectación del erario por la citada condena. Es fundamental precisar que el término de dos años que prevé la ley para incoar la

acción de repetición se contabiliza desde el último pago, pero como la entidad pública cuenta con un término máximo de 18 meses para efectuarlo, si el último pago se realiza después de que venza la oportunidad para pagar, para el respectivo conteo, se tendrá como fecha el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del C.C.A., conforme a la precisión hecha por la Corte Constitucional mediante sentencia C-832 de agosto 8 de 2001 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-El término de dos años, se contabiliza desde el último pago /CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Jurisprudencia de la Corte Constitucional Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 2 Expediente 45721 Es fundamental precisar que el término de dos años que prevé la ley para incoar la acción de repetición se contabiliza desde el último pago, pero como la entidad pública cuenta con un término máximo de 18 meses para efectuarlo, si el último pago se realiza después de que venza la oportunidad para pagar, para el respectivo conteo, se tendrá como fecha el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del C.C.A., conforme a la precisión hecha por la Corte Constitucional mediante sentencia C-832 de agosto 8 de 2001. Se allegó copia de la sentencia con su respectiva constancia de ejecutoria, quedando claro que la condena en contra de la administración quedó ejecutoriada el día 2 de

Junio de 2006. CONDENA A ENTIDAD PÚBLICA-Se allegó al proceso de la sentencia mediante la cual se condenó a la administración Se allegó al proceso copia de la sentencia del 30 de Junio de 2005 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del proceso de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por la perjudicada, condenó al ente público a indemnizar los perjuicios causados a la entonces demandante, imponiéndole al ente público la obligación de pagar los sueldos y prestaciones sociales derivadas de su relación laboral, correspondientes al cargo que venía desempeñando, junto con los incrementos legales, desde cuando se produjo su retiro hasta cuando efectivamente fuera reintegrada a su empleo. SERVIDOR PÚBLICO-El medio probatorio para comprobar dicha calidad es con la copia del nombramiento y acta de posesión El medio probatorio idóneo para comprobar la calidad de servidor público y el ejercicio de funciones es con las respectivas constancias (certificaciones) o copias autenticas del nombramiento y del acta de posesión. PAGO-Se acredita con el comprobante de egreso/PAGO-Jurisprudencia del Consejo de Estado Para acreditar el pago se allegó al proceso copia del comprobante de egreso. ELEMENTO SUBJETIVO-Con dolo o culpa grave Estima el Ministerio Público que el detrimento patrimonial del Estado es imputable a la conducta gravemente culposa de los demandados, pues acorde con la Ley 678 de 2001, los Exdelegados como agentes del Estado actuaron bajo una conducta gravemente culposa porque el daño fue consecuencia de una infracción directa de la

Constitución Política de Colombia y de la Ley, por tanto hubo una Violación manifiesta e inexcusable de la norma de Derecho. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 www.procuraduria.gov.co 3 Expediente 45721 El Ministerio Público estima que la presunción legal comentada antes de haber sido desvirtuada se da por reafirmada toda vez que los demandados no sólo conocieron de manera concomitante el estado de embarazo de la señora Pardo Peñaloza y pese a ello mantuvieron el acto de retiro, pese a tener la oportunidad de reversar el acto que se preveía como contrario a la constitución y la ley. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 www.procuraduria.gov.co 4 Expediente 45721

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 065-2013

Bogotá D. C., 12 de marzo de 2013 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Doctora: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

Ref: Proceso 45721 (850012331000200800034-01)

Acción Repetición

Actor: Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil

Demandado: José Domingo Toledo Ruiz - Luis Felipe Álvarez Cárdenas El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1.- La Registraduría Nacional del Estado Civil demandó a los señores José Domingo Toledo Ruiz y Luis Felipe Álvarez Cárdenas, (Ex Delegados del Registrador Nacional para la Circunscripción de Casanare), para que se les condene a pagar la suma de $35’264.500 que la demandante debió cancelar conforme a la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Casanare mediante sentencia del 30 de Junio de 2005, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por la señora Martha Milady Prado Peñaloza, quien fue desvinculada de la Registraduría Nacional del Estado Civil pese a su estado de embarazo (Cfr. fls. 7 a 26 C.1).

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 www.procuraduria.gov.co 5 Expediente 45721 1.2. Los demandados se opusieron a las pretensiones. Alegan que obraron en cumplimiento de órdenes superiores emitidas dentro de proceso de restructuración, sin que se haya incurrido siquiera en culpa levísima. Que no se defendió de manera adecuada la entidad pública y que desconocían el estado de embarazo de la señora Martha Milady Prado Peñaloz. Propusieron la excepción de caducidad, pues conforme al artículo 8° de la Ley

678 del 2001 para el ejercicio de la acción de repetición hay un plazo de 6 meses contados a partir del pago total o parcial de la última cuota cancelada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la que tenía la facultad para ejercitar la acción hasta el 29 de Marzo de 2007 (Cfr. fls. 182 a 190 C.6). 1.3. El a quo denegó la excepción de caducidad y las pretensiones. Concluyó que en el caso no se dan los presupuestos contemplados en la Ley 678 del 2001 para presumir el dolo ni la culpa grave, pues la comunicación realizada por la Señora Martha Milady Prado Peñaloza no fue oportuna ni simultánea ya que los Funcionarios que profirieron el acto administrativo de desvinculación no tenían conocimiento del estado de embarazo de la citada funcionaria y por consiguiente no podían proteger una condición desconocida (Cfr. fls. 242 a 253 C.6). 1.4. Apeló la demandante. Alega que en la sentencia se desestiman los elementos centrales que dieron origen a la condena en contra del Estado, con lo que se enerva el fin de la acción de repetición. Indica que los demandados señores José Domingo Toledo Ruiz y Luis Felipe Álvarez Cárdenas afectaron gravemente el patrimonio de la Nación, la que debió indemnizar económicamente a la Señora Martha Milady Prado Peñaloza como consecuencia de la expedición irregular del acto administrativo que fue objeto de la declaratoria de nulidad; por el desconocimiento, falta de ponderación y aplicación de principios constitucionales y legales, daños ocasionados a la

Señora Martha Milady Prado Peñaloza que están causalmente relacionados con la expedición de la Resolución número 089 del 4 de Julio de 2012; daño que debe ser resarcido por la conducta gravemente culposa de aquellos (Cfr. fls. 257 a 264 C.6). Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 www.procuraduria.gov.co 6 Expediente 45721

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO El debate se enmarca en determinar si se encuentran acreditados los supuestos sustanciales para la prosperidad de la Acción de Repetición. 2.1. Naturaleza de la acción de repetición El Consejo de Estado ha precisado sobre la naturaleza y finalidades de la acción de repetición1: En cuanto a la acción de repetición, el artículo 2° de la Ley 678 de 2001, prescribe: “La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.” La acción de repetición se erige, entonces, como el mecanismo procesal especial con que cuenta el Estado para proteger el patrimonio público,

pues, sustentado en la responsabilidad patrimonial de los servidores y exservidores públicos, tiene el derecho-deber de acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa2, para que se declare responsable al sujeto, que con su actuar doloso o gravemente culposo, ha causado un daño antijurídico por el cual -el Estadoha respondido. El objeto de la acción de repetición se encamina a la protección directa del patrimonio y de la moralidad pública y, además, estimula el correcto ejercicio de la función pública3. (…) […] 1 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008. Expediente 16335 2 (pie de página de la cita) De acuerdo al artículo 7 de la Ley 678 de 2001, la Jurisdicción Contencioso Administrativa es competente para conocer de este tipo de acciones. El artículo dispone: “La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición. (…)” 3 (pie de página de la cita) En efecto, el artículo 3 de la Ley 678 de 2001 dispone: “La acción de repetición está orientada a garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella.” Así mismo, ha señalado la Corte Constitucional: “Es importante subrayar que la responsabilidad de los agentes del Estado surge como consecuencia de un proceso de fortalecimiento del compromiso que debe tener el servidor público con la función o labor que esta llamado a desempeñar a favor de la sociedad y en beneficio general, y pretende desarrollar los principios superiores de moralidad pública, eficiencia y eficacia administrativa (C.P. art. 209), defensa del

interés general y garantía del patrimonio público (C.P. art. 2°). (Sentencia C-965 de octubre 21 de 2003) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 www.procuraduria.gov.co 7 Expediente 45721 2.3. Naturaleza jurídica de la acción de repetición La Ley 678 de 2001 calificó la acción de repetición como una acción de carácter civil -art. 2-, lo cual implica que su fundamento y propósito se circunscriben a un ámbito netamente patrimonial. En este sentido, el objeto directo de la acción consiste en reembolsar el dinero pagado por el Estado, a título de indemnización a favor de la víctima del daño antijurídico, causado por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes.” (resalto y subrayo) De conformidad con lo expuesto la acción de repetición es autónoma, de carácter eminentemente patrimonial y resarcitoria, su ejercicio tiene como finalidad la persecución del patrimonio del funcionario o exfuncionario que con su actuación dolosa o gravemente culposa dio lugar a la condena en contra de la administración. 2.2. Presupuestos para la viabilidad de la de repetición Los supuestos exigidos para la viabilidad de la acción de repetición fueron referidos por el H. Consejo de Estado, entre otras, en sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926: “Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se

acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de funciones públicas; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico. En relación con lo anterior se debe precisar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de esa entidad, tornan improcedente la acción y relevan al Juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa a los demandados”. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 www.procuraduria.gov.co 8 Expediente 45721 Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: la existencia de una condena en contra de la administración, el pago de la misma por la entidad pública, y que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, lo que implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño o acto que llevó a la afectación del erario por la citada condena. 2.3. Valoración de las copias simples

Sobre la autenticidad de las copias, considerando la evolución de la jurisprudencia y principios constitucionales se considera viable que las copias simples sean valoradas, acogiendo posición jurisprudencial del Consejo de Estado4. 2.1. La entidad demandada allegó en copia simple varios de los documentos que integraron el expediente administrativo de protección a favor del menor Sebastián Rojo Jiménez, medios de convicción que serán valorados en esta instancia por las siguientes razones: i) porque son documentos cuyos originales se encuentran en poder del ICBF –concretamente en sus archivos–, ii) fueron aportados por el propio instituto, razón adicional para reconocerles valor probatorio, y iii) en los términos de esta Subsección, es procedente apreciar las copias simples siempre y cuando hayan obrado a lo largo del plenario, conforme al principio constitucional de buena fe, puesto que han estado sometidas al principio de contradicción, por las partes. Sobre el particular, en reciente providencia se discurrió así: “Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo 4 Sección Tercera. Subsección C. 9 de mayo de 2011. Expediente 05001-23-31-000-2001-01546-02 (36912)

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 www.procuraduria.gov.co 9 Expediente 45721 demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción. “En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de las sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial. “En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo. “Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. “El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que entra a regir el 2 de julio de 2012– en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso.”5 (negrillas y subrayado fuera de texto) 2.4. Normatividad aplicable Es oportuno señalar que los hechos debatidos en este proceso tuvieron lugar el día 4 de julio de 2002, esto es, en vigencia de las Leyes 446 de 1998 y 678 de 5 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2011, exp. 20171, M.P. Enrique Gil Botero. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 www.procuraduria.gov.co 10 Expediente 45721

2001. Por lo tanto, dicha normativa es aplicable al presente caso. 2.5. De la caducidad.

El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 prevé: “CADUCIDAD. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de

dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública.” (subrayado fuera de texto) Es fundamental precisar que el término de dos años que prevé la ley para incoar la acción de repetición se contabiliza desde el último pago, pero como la entidad pública cuenta con un término máximo de 18 meses para efectuarlo, si el último pago se realiza después de que venza la oportunidad para pagar, para el respectivo conteo, se tendrá como fecha el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del C.C.A., conforme a la precisión hecha por la Corte Constitucional mediante sentencia C-832 de agosto 8 de 20016. 6 “(…) En la norma demandada, el pago definitivo que se haga al particular de la condena impuesta por el juez a la entidad, determina el momento a partir del cual comienza a contarse el término de dos años que el legislador ha establecido para la caducidad de la acción de repetición, toda vez que el presupuesto para iniciar la mencionada acción, es, precisamente, que se haya realizado tal pago, puesto que resultaría contrario a derecho repetir cuando no se ha pagado. Se tiene, pues, que uno de los requisitos de la acción de repetición es el pago de la condena que haya sufrido la Administración, y por consiguiente, resulta razonable que se haya fijado el momento en que se realiza ese acto jurídico como punto de partida para computar el término de caducidad. Por otra parte, contrariamente a lo que afirma el demandante, la entidad no puede, a su arbitrio, determinar el momento definitivo del pago, ya que el cumplimiento de esa obligación se encuentra sujeto a estrictas normas

presupuestales. (…) … como en razón del principio de legalidad del gasto público (artículos 345 y 346 de la Constitución), el Estado no puede, a diferencia de los particulares, disponer inmediatamente de sus recursos para el cumplimiento de las condenas a su cargo, la ley razonablemente le ha otorgado un plazo de dieciocho meses para realizar los trámites para el pago de las mismas, so pena de sanciones disciplinarias a los funcionarios que no procedan de acuerdo con el trámite anteriormente explicado. Por lo tanto, el Estado cuenta con un término preciso para efectuar el respectivo trámite presupuestal para efectos de cancelar el monto de la condena judicial por los perjuicios causados a los particulares. En síntesis es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa. (…) Si la entidad condenada, incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de tiempo señalado para el pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al debido proceso del servidor presuntamente responsable, razón por la cual, la norma será declarada exequible bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. (subrayo y destaco) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado.

Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 www.procuraduria.gov.co 11 Expediente 45721 Se allegó copia de la sentencia con su respectiva constancia de ejecutoria (Cfr. fls. 41 a 59 C.5), quedando claro que la condena en contra de la administración quedó ejecutoriada el día 2 de Junio de 2006 (fl. 41 C.1). El plazo de los 18 meses para pagar iría hasta el 3 de Diciembre de 2007. Acorde con el comprobante de egreso y la orden de pago la administración giró el 29 de Septiembre de 2006 el cheque 026990895/009074 (Cfr. fls. 69 a 71 C.1) y en consecuencia la oportunidad para ejercitar la acción de repetición fenecería el 30 de Septiembre de 2008. Como la demanda se presentó el 23 de febrero de 2008 (Cfr. fl. 26 C.1) se concluye que la acción se ejercitó dentro de la oportunidad prevista por el legislador para tales efectos. 2.6. De la condena Se allegó al proceso copia de la sentencia del 30 de Junio de 2005 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del proceso de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por la señora Martha Milady Prado Peñaloza, condenó al ente público a indemnizar los perjuicios causados a la entonces demandante (Cfr. fls. 42 a 62 C.1), imponiéndole al ente público la obligación de pagar los sueldos y prestaciones sociales derivadas de su relación

laboral, correspondientes al cargo que venía desempeñando, junto con los incrementos legales, desde cuando se produjo su retiro hasta cuando efectivamente fuera reintegrada a su empleo. 2.7. Calidad de servidor público El medio probatorio idóneo para comprobar la calidad de servidor público y el ejercicio de funciones es con las respectivas constancias (certificaciones) o copias autenticas del nombramiento y del acta de posesión7: 7 Sección Segunda. Sentencia de 8 de febrero de 2001, Expediente 66001-23-31-000-1997-460-01, Consejero Ponente Tarcisio Cáceres Toro. “De la prueba supletoria en el campo laboral administrativo. De tiempo atrás la Jurisdicción ha admitido la prueba supletoria para acreditar tiempos de servicios estatales, restrictivamente con fundamento en la Ley 50 de 1886 que al respecto manda: Art 7° No es admisible la prueba testimonial para comprobar hechos que deben constar por documentos ó por pruebas preestablecidas por las leyes. Así los servicios de un militar, los cuales deben comprobarse con su Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056 www.procuraduria.gov.co 12 Expediente 45721 Al proceso se allegó copia de la Resolución 840 del 8 de marzo de 2000 del Registrador Nacional del Estado Civil mediante la cual se nombró al señor José Domingo Toledo Ruiz en el cargo de Delegado del Registrador Nacional Del Estado Civil 0020-02 en la Circunscripción Electoral de Casanare (Cfr. fl. 68

C.1), y acta de posesión del cargo del día 12 de Abril de 2000 (Cfr. fl. 72 C.1). Del señor Luis Felipe Álvarez Cárdenas se allegó copia de la Resolución 1226 del 15 de Marzo de 2002 mediante la cual se le nombró como Delegado Departamental 0020-04 de la Circunscripción Electoral de Casanare, como copia del acto mediante el cual los citados funcionarios dieron por terminado el nombramiento en provisionalidad de Martha Milady Prado Peñalosa (Cfr. fls. 35 y 36 C.1). Lo que lleva a corroborar que para el 4 de Julio de 2002 (fecha de los hechos que dieron lugar a la condena) los demandados ostentaban la condición Delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Casanare. 2.8. Pago En sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926, se expresó: hoja de servicios debidamente formada y calificada; los empleos que haya tenido un ciudadano, los cuales deben constar en los respectivos nombramientos; los servicios de un individuo que deben constar en los actos oficiales que ejecutara y de que debió quedar prueba escrita; y todos los hechos de la misma naturaleza, deben probarse con los respectivos documentos o sus copias autenticas.” Art. 8º En el caso de que se pruebe que los archivos donde han debido reposar las pruebas preestablecidas de los hechos que deben comprobarse con arreglo a esta ley o al código militar, han desaparecido, el interesado debe recurrir a aquellos documentos que puedan reemplazar los perdidos o hacer verosímil la existencia de

éstos, ocurriendo para ello a las otras oficinas o archivos donde pueden hallarse estas pruebas. La prueba testimonial no es admisible sino en caso de falta absoluta, bien justificada, de pruebas preestablecidas y escritas; dicha prueba testimonial debe llenar, además de las condiciones generales, las que se especifican en el artículo siguiente. (…) (…) Pues bien, como la vinculación al servicio público requiere de nombramiento y la respectiva posesión (en caso de relación legal y reglamentaria) (…), entonces ellos constituyen la prueba documental válida para tales efectos, además de las certificaciones que sobre dichos aspectos expidan las autoridades competentes teniendo en cuenta las pruebas que tengan y sean relevantes. Ahora bien, tal como lo mandan los arts. 7º a 9º de la Ley 50 de 1886, sólo en las circunstancias de ausencia insalvable de la prueba documental pertinente es posible recurrir a la PRUEBA TESTIMONIAL para buscar demostrar con ella lo que normalmente se hace con documentos públicos respecto de los servicios a las Entidades Públicas. La Ley, como aparece en la transcripción previa, es rigurosa para la admisibilidad de esta prueba y la somete a los requisitos generales además de unos especiales que ella contempla; de manera que no es de recibo cuando de cualquier manera se trata de reemplazar la prueba documental por la testimonial para estos efectos, pues deben darse las situaciones y exigencia de ley. (Subrayado ajeno al texto original) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 12056

www.procuraduria.gov.co 13 Expediente 45721 Acerca del pago por razón de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, debe decirse que en cuanto el objeto de la repetición lo constituye la reclamación de una suma de dinero que efectivamente hubiere sido cancelada por la entidad demandante y recibida por el beneficiario de la indemnización, la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de la acción, en cuyo caso habrá de concluirse que la misma carece de fundamento y, por tanto, deberán negarse las súplicas de la demanda. […] 2.2.- Caso concreto. […] En este orden de ideas, se tiene que la única prueba susceptible de valoración en relación con el pago es el certificado expedido por el Pagador Distrital anexo a folio 29 del cuaderno 2, el cual, como entrará a analizarse, resulta insuficiente para acreditar l