PGN - Documento 201607091829171

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por fallo judicial contra el Alcalde de Medellín, quien omitió cancelar obligación económica en forma oportuna INTERESES MORATORIOS-Originados por la negligencia que tuvo la administración para efectuar dicho pago/INTERESES MORATORIOSJurisprudencia del Consejo de Estado Es oportuno precisar que el hecho que se atribuye a los demandados consiste en la negligencia para efectuar el pago oportuno de la indemnización lo que generó el reconocimiento de intereses moratorios. Tal omisión habrá de ser vista desde el momento en que se consolidó la liquidación de la indemnización, 10 de julio de 2002, esto es, en vigencia de las Leyes 446 de 1998 y 678 de 2001. Por lo tanto, dicha normativa es aplicable tanto en los aspectos formales como en los aspectos sustanciales CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN-El término es de 18 meses, a partir del último pago/CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Jurisprudencia de la Corte Constitucional Es fundamental precisar que en principio el término de dos años que prevé la ley para incoar la acción de repetición se contabiliza desde el último pago, destacando que como regla general la entidad pública contaría con un término máximo de 18 meses para efectuarlo, si el último pago se realiza después de que venza la oportunidad para pagar, para el respectivo conteo, se tendrá como fecha el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del C.C.A.. PROCESO EJECUTIVO-La exigibilidad del mandamiento de pago está sometida a la forma como se resuelva sobre las pretensiones Por tanto, si se inició por la acreedora proceso ejecutivo para el cobro de la obligación,

y se libró mandamiento ejecutivo, 10 de septiembre de 2002, ello implica que ante tal circunstancia no cabe estimación de término o plazo adicional para pagar, sino que se debe acudir directamente al término de caducidad, de los dos años para el ejercicio de la acción de repetición, en cuanto el mandamiento ejecutivo parte de la exigibilidad de la obligación, sin embargo el Ministerio Público advierte que tal exigibilidad de la obligación está supeditada a la forma como se resuelva sobre las pretensiones, pues lo cierto es que éstas pueden ser objeto de excepciones y el monto de la obligación ejecutada puede declararse extinguida o llegar a disminuir por pagos parciales, de Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 2 Expediente 45312 donde, será la fecha de la sentencia que ordena proseguir con la ejecución la que se debe considerar para contabilizar el término de los dos años para efectos de la caducidad de la acción, pues frente a tal decisión no cabe duda alguna del monto y exigibilidad de la obligación que se ejecuta, quedando frente a ella sólo el pago de la obligación. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 3 Expediente 45312

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 032-2013

Bogotá D. C., 13 de febrero de 2013 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Doctor: ENRIQUE GIL BOTERO

E. S. D.

Ref: Proceso 45312 (050012331000-2005-04796-01)

Acción Repetición

Actor: Nación – Municipio de Medellín Demandado: Luis Emilio Pérez Gutiérrez y otro El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1.- El Municipio de Medellín demandó a Luis Emilio Pérez Gutiérrez y Edith Cecilia Urrego Herrera en sus entonces calidades de alcalde de Medellín y Secretaria de Hacienda de la misma ciudad, para que se les declare responsables por el retardo en la cancelación de obligación económica conforme a la liquidación que se efectuó luego de fallo judicial proferido en proceso de expropiación de bien inmueble, pago que no se realizó oportunamente por lo que el ente territorial debió cancelar la suma de $3.122’201.278 por concepto de intereses de mora y costas del proceso

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 4 Expediente 45312 ejecutivo que se le adelantó al Municipio, valor por el cual solicita se condene a

los demandados (Cfr. fls. 77 a 85 C.1). Demanda adicionada (Cfr. fls. 120 a 129 C.1) y admitida (Cfr. fls. 228 C.1) 1.2. Edith Cecilia Urrego indicó que los trámites para el pago de la acreencia correspondía a la Unidad Jurídica de la Secretaría de Hacienda la que debía gestionar la expedición del “acuerdo” correspondiente, pues el pago del bien expropiado no estaba previsto dentro del respectivo rubro presupuestal del año 2002 (Cfr. fls. 130 a 137 C.1) Luis Pérez Gutiérrez señaló que no era el ordenador del gasto pues tal atribución en materia contractual había sido delegada en el respectivo secretario de despacho. Manifestó que la obligación no pudo ser satisfecha en forma inmediata al no estar incluida en el presupuesto del municipio del año

2002. Agregó que el ente territorial no sufrió detrimento patrimonial pues la indemnización e intereses obedecían al bien que se adquiría mediante el proceso de expropiación (Cfr. fls. 138 a 165 C.1) 1.3. El a quo denegó las pretensiones. Señaló que la indemnización que se ordena en el proceso de expropiación consiste en el reconocimiento y pago adelantado de los perjuicios ocasionados al propietario, siendo la sentencia un acto jurisdiccional declarativo y no condenatorio, en igual sentido indicó que la providencia emitida en el proceso ejecutivo no comporta una condena.

Concluyó que la acción propuesta y las pretensiones son improcedentes en cuanto no se dan los presupuestos normativos al no estar ante una condena

contra el Estado. Agregó que tampoco se estaba ante alguna de las presunciones establecidas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001 y que por ello no se podía inferir el dolo o la culpa grave de los demandados (Cfr. fls. 949 a 968 C.9) 1.4. Apeló el Municipio de Medellín. Alega que el soporte de la responsabilidad estatal se encuentra en el menoscabo patrimonial susceptible de reparación, sin que la naturaleza de las sentencias sea el aspecto central del debate, pues el mismo debe girar en torno al pago de los intereses moratorios por el retardo en Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 5 Expediente 45312 el pago de la obligación, sin que tal perjuicio se desvanezca por el plazo de los 18 meses para pagar, daño antijurídico padecido por el ente territorial que tiene su fuente en la conducta omisiva de los demandados (Cfr. fls. 970 a 974 C.9).

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Pertinencia de la acción de repetición para reclamar por la sanción moratoria, cuando hay retardo en el cumplimiento de una sentencia condenatoria.

Para la Jurisprudencia del Consejo de Estado la acción de repetición es pertinente para el cobro de intereses moratorios, en caso similar expresó: “La Universidad Distrital Francisco José de Caldas afirmó que, como

consecuencia de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho (…), la jurisdicción contencioso administrativa la condenó al reintegro de esas personas, así como al pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir, debidamente actualizados en los términos de los artículos 177 y 178 del C. C. A. Manifestó que el demandado, al realizar las correspondientes liquidaciones por reintegro, omitió inexcusablemente indexar las sumas de dinero que debía pagar y no calculó los intereses debidos por la mora en el pago, situación que dio lugar a que los beneficiarios de las condenas judiciales iniciaran el correspondiente juicio ejecutivo que finalmente terminó por transacción. […] 2.2.- Condena judicial u obligación de pagar una suma de dinero La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto. 2.2.1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 90 y 124 de la Constitución Política, 71 y 72 de la Ley 270 de 1996 y 2 de la Ley 678 de 2001, la obligación de la entidad pública de pagar una suma de dinero puede provenir de una sentencia proferida en juicio ejecutivo, en el que se Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co

6 Expediente 45312 revela una lesión al patrimonio del Estado que debe pagar intereses de mora, porque uno de sus Agentes retrasó o incumplió injustificadamente el pago dispuesto en una sentencia declarativa. En esos eventos, la acción de repetición no tiene por objeto cobrar el valor de la condena impuesta por la jurisdicción contencioso administrativa dentro de un proceso declarativo, sino recuperar lo pagado por la mora en el pago del capita l . (se destaca y subraya) Lo anterior cobra mayor sustento si se tiene en cuenta que, cuando el Estado paga intereses moratorios sobre un valor dispuesto en la condena judicial proferida en juicio declarativo, el agente que con su conducta gravemente culposa o dolosa dio lugar a dicha declaración, no está obligado a reembolsar la mora porque “los intereses de mora en el pago de lo debido en la condena impuesta no se le pueden imputar a la conducta del funcionario” 1. La obligación de pagar una suma de dinero por una condena judicial emana del artículo 90 de la Constitución Política que, en el inciso segundo establece: “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. Al establecer la posibilidad de que el Estado pudiera repetir contra sus Agentes, el Constituyente pretendió consagrar una responsabilidad patrimonial con el objeto de recuperar el patrimonio que se ve afectado por la erogación que debe hacer la entidad pública, debido a la condena de que se ve objeto por la

conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus Agentes. Para tal efecto, tomó como fundamento el principio de responsabilidad jurídica contenido en el artículo 6 ibídem, según el cual, los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes, así como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones y lo integró con la cláusula general de responsabilidad: […] De lo anterior se puede afirmar que, cuando la acción de repetición exige para su prosperidad, entre otros elementos, la existencia de la obligación de la entidad pública de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial, ésta debe entenderse en sentido amplio2. Por lo tanto, debe entenderse que cuando el Estado está obligado a pagar 1 (pie de página de la cita) Sentencia que dictó la Sección Tercera el 15 de diciembre de 2006. Exp: 22.102.

Demandante: Contraloría General de la República. Demandado: David Turbay Turbay. Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio. 2 (pie de página de la cita) El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española contiene las siguientes definiciones: “CONDENA. Acción y efecto de condenar. (...). CONDENAR. Dicho de un juez: Pronunciar sentencia, imponiendo al reo la pena correspondiente o dictando en juicio civil, o en otras jurisdicciones, fallo que no se limite a absolver a de la demanda. II 2. Forzar a alguien a hacer algo penoso. (...). CONDENATORIA. Que contiene condena o puede motivarla. II. 2. Dicho de un pronunciamiento judicial: Que castiga al reo o que manda al litigante que

entregue una cosa o cumpla ciertas obligaciones”. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 7 Expediente 45312 intereses moratorios dentro de un proceso ejecutivo, por la culpa grave o dolo de uno de sus agentes y, realiza el pago efectivo, esa obligación surge de una condena judicial y, con ello se entiende cumplido uno de los supuestos necesarios para declarar el derecho a repetir contra el agente que dio lugar al pago de los intereses de mora, en aras de recuperar el patrimonio público. En efecto, cuando se incumple la obligación de pagar una suma de dinero, se generan perjuicios al acreedor por la mora en el pago, quien puede reclamarlos dentro del proceso ejecutivo, para que se obligue al deudor - Estado - a pagar los respectivos intereses moratorios. Es jurídicamente viable afirmar que el Estado puede repetir contra su agente cuando con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a la condena judicial en la cual se ordenó el pago de intereses de mora, impuesta a través de una sentencia ejecutiva. Así se deduce del contenido del artículo 1.617 del Código Civil, que dispone: “ARTÍCULO 1.617. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR MORA. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las siguientes reglas: (...). 2. El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra

intereses; basta el hecho del retardo” Es posible entonces que la obligación de pagar una suma de dinero también tenga origen en una sentencia proferida dentro de un proceso ejecutivo, en el cual se reclama el perjuicio del acreedor, por la insatisfacción de su crédito. Si no se entendiera que una sentencia ejecutiva puede dar lugar a la acción de repetición contra el agente que causó la insatisfacción del pago oportuno, no podría recuperarse integralmente el patrimonio del Estado lesionado por el pago de intereses moratorios. Se advierte que el perjuicio referido - pago de intereses de mora - no comprende el capital debido, que resulta de otra condena en un juicio declarativo.”3 (resalto y subrayo) 3

Radicación número: 25000-23-26-000-2003-00007-01(30327), Actor: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS. Demandado: EDUARDO SANCHEZ CAICEDO. Referencia: APELACION DE SENTENCIA EN ACCION

DE REPETICION

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 8 Expediente 45312 Con base en dicho lineamiento el Ministerio Público entrará a dilucidar si están dados los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición. Es oportuno precisar que el hecho que se atribuye a los demandados consiste en la negligencia para efectuar el pago oportuno de la indemnización lo que generó

el reconocimiento de intereses moratorios. Tal omisión habrá de ser vista desde el momento en que se consolidó la liquidación de la indemnización, 10 de julio de 2002, esto es, en vigencia de las Leyes 446 de 1998 y 678 de 2001. Por lo tanto, dicha normativa es aplicable tanto en los aspectos formales como en los aspectos sustanciales4. 2.2. Los supuestos exigidos para la viabilidad de la acción de repetición fueron referidos por el H. Consejo de Estado, entre otras, en sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926: “ Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de funciones públicas; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico. En relación con lo anterior se debe precisar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de esa entidad, tornan improcedente la acción y relevan al Juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa a los demandados. Acerca del pago por razón de una condena judicial o de un acuerdo

conciliatorio, debe decirse que en cuanto el objeto de la repetición lo constituye la reclamación de una suma de dinero que efectivamente hubiere sido cancelada por la entidad demandante y recibida por el beneficiario de la indemnización, la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de 4 Sentencia del 8 de julio de 2009, Radicación: 11001-03-26-000-2001-0057-01 (Expediente: 21.626) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 9 Expediente 45312 la acción, en cuyo caso habrá de concluirse que la misma carece de fundamento y, por tanto, deberán negarse las súplicas de la demanda. […] Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: la existencia de una condena en contra de la administración, el pago de la misma por la entidad pública, y que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, lo que implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño o acto que llevó a la afectación del erario por la citada condena. 2.3. De la caducidad. La Corte Constitucional5, frente al fenómeno jurídico de la caducidad, enseña: “La caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los

plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado” (resaltado y subrayado ajeno al texto original) El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 prevé: 5 Corte Constitucional, Sentencia C-115, marzo 25 de 1998, M.P. Dr Hernando Herrera Vergara Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 10 Expediente 45312 “CADUCIDAD. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública.” (subrayado fuera de texto) Siendo oportuno señalar que el Código Contencioso Administrativo en el numeral 9 del artículo 136, regula de manera expresa y completa lo relativo a la caducidad de la acción de repetición sin que sea procedente acudir a las disposiciones del C.P.C. y por tanto será bajo aquélla preceptiva que se deberá

examinar lo relativo a tal figura, norma que precisa el término para intentar la acción de repetición. Es fundamental precisar que en principio el término de dos años que prevé la ley para incoar la acción de repetición se contabiliza desde el último pago, destacando que como regla general la entidad pública contaría con un término máximo de 18 meses para efectuarlo, si el último pago se realiza después de que venza la oportunidad para pagar, para el respectivo conteo, se tendrá como fecha el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del C.C.A..6 Lo anterior conforme a la precisión hecha por la Corte Constitucional mediante sentencia C-832 de agosto 8 de 2001 -demanda de inconstitucionalidad parcial contra el numeral 9° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998en la cual señaló que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4° del Código Contencioso Administrativo7. No obstante se advierte desde ya que la citada regla encuentra en el presente 6 Lo anterior conforme a la precisión hecha por la Corte Constitucional mediante sentencia C-832 de agosto 8 de 2001demanda de inconstitucionalidad parcial contra el numeral 9° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998en la cual señaló que el término de caducidad de la acción empieza

a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4° del Código Contencioso Administrativo. 7 Las sentencias de constitucionalidad producen efectos al día siguiente de aquél en que se profieran y no requieren de notificación (Cfr. entre otras, C-973 de 2004). Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 11 Expediente 45312 caso un tratamiento especial, por estar ante proceso ejecutivo luego del fallo de expropiación. A la presente actuación se allegaron a más de las sentencias proferidas dentro del proceso de expropiación, el auto que dejó en firme la liquidación de la indemnización (Cfr. fls. 583 y ss. C.2), como del mandamiento de pago y sentencia emitida dentro del proceso ejecutivo que inició la sociedad acreedora contra el municipio8. Por tanto, si se inició por la acreedora proceso ejecutivo para el cobro de la obligación, y se libró mandamiento ejecutivo, 10 de septiembre de 2002 (Cfr. fls. 620 y ss. C.2), ello implica que ante tal circunstancia no cabe estimación de término o plazo adicional para pagar9, sino que se debe acudir directamente al término de caducidad, de los dos años para el ejercicio de la acción de repetición, en cuanto el mandamiento ejecutivo parte de la exigibilidad de la

obligación, sin embargo el Ministerio Público advierte que tal exigibilidad de la obligación está supeditada a la forma como se resuelva sobre las pretensiones, pues lo cierto es que éstas pueden ser objeto de excepciones y el monto de la obligación ejecutada puede declararse extinguida o llegar a disminuir por pagos parciales, de donde, será la fecha de la sentencia que ordena proseguir con la ejecución la que se debe considerar para contabilizar el término de los dos años para efectos de la caducidad de la acción, pues frente a tal decisión no cabe duda alguna del monto y exigibilidad de la obligación que se ejecuta, quedando frente a ella sólo el pago de la obligación. 8 Sentencia del 27 de marzo de 1996 mediante la cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medellín decretó la expropiación de inmueble y ordenó la entrega del mismo al citado municipio (Cfr. fl. 38 a 48 C.1). Sentencia del 22 de octubre de 1996 mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín Confirmó parcialmente el anterior fallo, precisando lo relativo a la designación de perito para la liquidación de la respectiva indemnización (Cfr. fls. 49 a 58 C.1) Auto del 10 de julio de 2002 mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín dispone que se mantenga el valor por lucro cesante que se liquidó hasta el 14 de octubre de 1996 (Cfr. fl. 585 C.2) Sentencia del 5 de diciembre de 2002 mediante el cual el Juzgado 3° Civil del Circuito de Medellín dispuso que siguiera

adelante la ejecución contra del municipio de Medellín por $4.128’768.394 y $3.622’310.047 y ordenó el remate de los bienes embargados o que se llegaren a embargar (Cfr. fls. 608 a 614 C.2) 9 Ello implica que no opera el plazo de los 18 meses para pagar, ni la fecha del último pago. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 12 Expediente 45312 La providencia que ordenó seguir adelante la ejecución es del 5 de diciembre de 2002 (Cfr. fls. 608 y ss. C.2), notificada el 16 de diciembre del mismo año por tanto, teniendo en cuenta la vacancia judicial (por vacaciones) el término de los dos años para iniciar la contabilización del término de caducidad parte del 11 de enero de 2003, y en tal virtud el plazo para incoar la acción iría hasta el primer día hábil luego de la vacancia, es decir hasta el 12 de enero de 2005 y como la demanda se presentó el 25 de febrero de 2005 (Cfr. fl. 87 C.1) se concluye que la acción se ejercitó 43 días después de la oportunidad para ello, es decir en forma extemporánea y en consecuencia se concluye que operó la caducidad de la acción sin que sea viable que se acceda a las pretensiones. CONCLUSION De conformidad con las consideraciones precedentes, el Ministerio Público concluye que operó la caducidad de la acción por lo que se solicita a la Sala

confirmar la decisión de primera instancia, denegando las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en precedencia. De los señores Consejeros, con todo respeto, FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado fbo Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co