PGN - Documento 201607091829285

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad/ CAPTURA EN FLAGRANCIA-Causal suficiente de la investigación y posterior detención Inicialmente, debe este Despacho pronunciarse en concordancia con el fallo de primera instancia, al advertir que las condiciones y elementos que estructuraron la flagrancia en la que fue capturado el procesado, son causal más que suficiente de la investigación y posterior detención a la que fue sometido aquel, ya que, si el enorme arsenal de guerra y propaganda subversiva que le fue encontrada a éste no constituye causal para tomar las medidas que la Fiscalía implementó, no encuentra esta Delegada con que otras herramientas podría contar el ente investigativo para cumplir sus funciones constitucionales. MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Culpa exclusiva de la víctima/FLAGRANCIALos indicios repuntaban a la responsabilidad penal del actor Respecto de la alegada responsabilidad pecuniaria y administrativa de la Fiscalía por la imposición de la medida de aseguramiento, no resulta de recibo para el Ministerio Público el argumento del actor, según el cual la sentencia absolutoria en primera instancia debería constituir causal automática de resarcimiento a su favor, ya que las múltiples conductas ilegales desplegadas por el actor configuraron el eximente de responsabilidad de “Culpa exclusiva de la víctima”, con el cual se tornan justas todas las cargas legales extra que la Fiscalía decidió poner sobre el procesado con el fin de esclarecer los hechos que dieron pie a su inicial detención. Así mismo, comparte esta Delegada el criterio del apoderado de la Fiscalía General de la

Nación, cuando manifiesta que todo ciudadano debe soportar la carga de la investigación de un delito cuando existan indicios graves que comprometan su responsabilidad, y es evidente que en el caso en observancia, la flagrancia en la que fue detenido el actor consuma con creces esta condición. Para el caso, los indicios repuntaban a su responsabilidad penal. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Elementos de responsabilidad patrimonial del Estado De acuerdo con los elementos de responsabilidad patrimonial del Estado es preciso anotar lo siguiente: 1) En cuanto al daño antijurídico, se puede determinar que este no existió, pues el demandante debió soportar la actuación del Estado por hechos imputables a su conducta, 2) El hecho generador se debió a la competencia legal que tiene el Estado en cabeza del Juez de Garantías y de la Fiscalía General de la Nación para que, en aras del cumplimiento cabal de sus funciones, impongan medidas privativas de la libertad a quienes en su concepto, reúnan los requisitos legalmente establecidos (art. 308 C.P.P), y 3). Se da un rompimiento del nexo causal, en razón a que no puede colegirse de la decisión del Juez de Garantías de proferir medida de aseguramiento en contra del procesado, relación directa con los daños por este sufridos a razón de su detención, los cuales, en concepto de este Despacho, tienen como única causa eficiente los actos y hechos del actor. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45502 540012331000200800404 01 JEBS DETENCIÓN PREVENTIVA-La Fiscalía General de la Nación no es administrativamente responsable de los perjuicios irrogados al actor Es preciso señalar que de acuerdo a la jurisprudencia anotada, es claro que “la entidad estatal demandada podrá ser declarada responsable del daño cuando el mismo haya sido causado por su actuación u omisión, pero cuando la causa del mismo lo sea la actuación de la propia víctima habrá lugar a exonerar a la entidad”, situación ésta que aquí se presenta, pues como fue expuesto, el procesado fue detenido en flagrancia, en posesión de una gran cantidad de parafernalia paramilitar, en compañía de personas vinculadas a una investigación por el secuestro y muerte de una ciudadana en 2001, ocasionado por parte de un grupo de éstas estructuras ilegales. Lo anterior indica que, para esta Delegada, la medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva sin beneficio de excarcelación impuesta al procesado, no constituye privación injusta de la libertad, toda vez que la Fiscalía General de la Nación actuó dentro del marco legal y constitucional en la imposición de la medida de seguridad impuesta a aquel. En consecuencia, en el caso bajo observación, no se impusieron cargas al procesado que éste no estuviese en obligación de soportar, y por tal razón no es posible invocar la responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. En atención a esto, ésta Delegada concluye que la Fiscalía General de la Nación no es

administrativamente responsable de los perjuicios irrogados al actor, por la presunta privación injusta de la libertad a que fue sometido, y proferirá concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del caso objeto de estudio. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45502 540012331000200800404 01 JEBS CONCEPTO No. 044 / 2012

Bogotá, D.C, Febrero 25 de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 540012331000200800404 01 (45502)

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

ACTOR: TIVISAY PEÑA DELGADO Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Sentido del Concepto: Solicitud de CONFIRMAR el fallo recurrido dentro de la Acción de Reparación Directa contra la Nación y la Fiscalía General de la Nación.

Temas: Privación Injusta de la Libertad. Principio In dubio pro Reo: Valoración en el proceso administrativo. Culpa exclusiva de la víctima. Obligación de soportar

cargas lícitas. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y Patrimonio Público.

I. ANTECEDENTES

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45502 540012331000200800404 01 JEBS 1.1. Demanda - Hechos La Señora TIVISAY PEÑA DELGADO Y OTROS, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entablaron demandada contra la NACIÓN y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que se les declare administrativamente responsables por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la presunta privación injusta de la libertad de que fue objeto el Señor ALEJANDRO GÓMEZ PEREZ (fallecido), desde el día 12 de Octubre de 2002, fecha en la cual agentes del Departamento Administrativo de Seguridad hicieron efectiva su captura por los presuntos punibles de concierto para delinquir, homicidio múltiple agravado y tráfico y porte de armas de fuego,

hasta el día 30 de Junio de 2006, fecha en la que fue dejado en libertad, tras ser proferida sentencia absolutoria a su favor por el Juzgado Primero del Circuito Especializado de Cúcuta, Norte de Santander. La captura del Sr. Gómez, se efectuó luego de que tras una investigación a grupos paramilitares por el homicidio reciente de una ciudadana, éste fuera capturado en un inmueble de la ciudad de Cúcuta, encontrándose con él gran cantidad de gorras con las siglas del grupo paramilitar AUC, pantalones y camisas camuflados, revólveres, granadas, cartuchos y otros elementos de guerra adicionales. En sentencia de 30 de Junio de 2006, el Juzgado Primero del Circuito Especializado de Cúcuta, absolvió al Sr. Gómez de los punibles imputados, aplicando a su favor el principio In dubio Pro Reo, tras ser difuso su papel en el crimen por el que se abrió la investigación que terminó con su captura. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45502 540012331000200800404 01 JEBS 1.2 Contestación de la Demanda En forma oportuna, la apoderada de la Fiscalía contestó la demanda, manifestando inicialmente que, al no constarle los hechos narrados por el demandante, se atenía a lo que resultara probado en juicio.

Se opuso igualmente a todas las declaraciones y condenas solicitadas en la demanda, argumentando que en el caso en cuestión no se configuran los supuestos esenciales que permiten configurar responsabilidad en cabeza de la Fiscalía, ya que esta actuó conforme al mandato constitucional contenido en el artículo 250 de La Carta Política, el cual establece su función investigativa y la obliga a adelantar el ejercicio de la acción penal en los casos que revistan las características de un delito, y resulta más que evidente que el presente caso lo fue. Resaltó la legalidad de la medida de aseguramiento inicialmente impuesta, al calificarla como coherente con lo contenido en los artículos 306, 308 y 313 del Código de Procedimiento Penal, los cuales establecen la naturaleza y procedencia de dicha medida, y negó que haya habido desproporcionalidad en la detención, ya que se trato de una amplia investigación sobre más de 20 sujetos involucrados en el secuestro y asesinato de una mujer en el año 2001. Finalmente propuso que fuera reconocida a su favor, la excepción previa de Caducidad de la acción. 1.3. Sentencia de Primera Instancia. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, falló en Sentencia de 26 de Abril de 2012, desestimando la excepción propuesta y negando las pretensiones de la 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45502 540012331000200800404 01 JEBS demanda, manifestando, en resumen, los siguientes argumentos: 1.3.1. Resuelve como cuestión previa la excepción de Caducidad de la acción, al encontrar que ésta fue interpuesta dentro de los tiempos de ley. 1.3.2. Encuentra el A-quo no probado el error del funcionario o del sistema del cual se derive la falla en el servicio alegada, ya que, en su concepto, la Fiscalía se apoyó legalmente en las pruebas allegadas al proceso, en especial en la naturaleza ilegal de los elementos incautados, así como en la mínima dosimetría de la pena de 4 años prevista para los delitos imputados, para decretar la medida de aseguramiento impuesta. Señaló igualmente que en el presente caso, se presenta la causal de exoneración de responsabilidad denominada “Culpa exclusiva de la víctima”, ya que fueron los hechos y omisiones del Sr. Gómez, las que propiciaron su captura y posterior investigación. 1.3.3. Observó el Tribunal que, aun cuando la decisión del juez de conocimiento fue de carácter absolutorio, fundada en la duda que acaeció sobre el dolo en la realización de la conducta, aquella decisión no puede ser per se indicadora de irregularidad en los hechos narrados, ni puede derivarse automáticamente de ella el resarcimiento pretendido. Esto, en razón a que la absolución no fue fruto del descubrimiento de pruebas fuertes de la defensa sobre lo aducido por la Fiscalía, sino con fundamento en la presunción de inocencia que primó, ante las dudas generadas por la debilidad de algunas pruebas presentadas por el acusador.

1.4. Argumentos de la Apelación Dentro del plazo asignado por ley, el apoderado del actor presentó escrito de 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45502 540012331000200800404 01 JEBS apelación a la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander de 26 de Abril de 2012. En éste expone los siguientes argumentos en contra del fallo:  Con el fin de evidenciar la preeminencia del derecho fundamental a la libertad, y el desarrollo que sobre este aparte se ha dado en el país, transcribe numerosos apartes jurisprudenciales del expediente 13168 del H. Consejo de Estado, Magistrado Ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez, cuya tesis central respalda la posibilidad de pedir resarcimiento estatal en los casos de detenciones que culminan con absolución con base en el principio de In dubio Pro reo, o en los que queda expuesta una ineficiente labor probatoria por parte del ente acusador.

II. Consideraciones del Ministerio Público 2.1. Problemas Jurídicos: 2.1.1. ¿Es responsable pecuniaria y administrativamente la Fiscalía General de la Nación por la presunta privación injusta de libertad de la que fue objeto el Sr.

Gómez? 2.1.2. ¿Puede la aplicación del In dubio Pro reo en el proceso penal, constituirse

en causal automática de resarcimiento por parte del Estado en el proceso administrativo? 2.1.3. ¿Existe un daño antijurídico como consecuencia de la privación de la libertad de la que fue objeto el Sr. Gómez, o se trató ésta de una detención razonable y ajustada a Derecho? 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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2.2. Marco Teórico. Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento del concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio,

ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45502 540012331000200800404 01 JEBS 2.2.2. Falla en la prestación del servicio. Desarrollo Jurisprudencial en el tema de la detención injusta. El Consejo de Estado ha venido desarrollando toda una línea jurisprudencial en materia de detención injusta, que se encuentra reflejada en los siguientes extractos: “La Sección Tercera del Consejo de Estado en la interpretación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, contenido en el decreto ley 2.100 de 1991, ha adoptado dos clases de posiciones: una tesis “subjetiva o restrictiva” y otra “objetiva o amplia”. La primera de esas tesis, “subjetiva o restrictiva”, condiciona la mencionada responsabilidad del Estado en cuanto a la conducta, a que la imputada esté fundada en decisiones

jurisdiccionales arbitrarias y abiertamente ilegales; al respecto pueden verse las siguientes providencias: - Sentencia proferida el 1º de octubre de 1992; sostuvo que la providencia judicial que ordenó la detención preventiva que causa el daño debe contener una decisión ilegal, ostensible y manifiestamente errada. - Sentencia dictada el día 25 de julio de 1994; precisó que “La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual”, de manera que “la absolución final (.) no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención”. -Sentencia expedida el día 15 de septiembre de 1994 en la cual se destacó que el error judicial es conducta que puede dar lugar a la responsabilidad del Estado; -Sentencia pronunciada el día 17 de noviembre de 1995, se precisó que fuera de los casos señalados en el artículo 414 del C. P. P. el demandante debe demostrar no sólo que la detención preventiva que se le dispuso fue injusta, sino que fue injustificada y que “habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no sería otra que el error jurisdiccional”. -Sentencia dictada el día 2 de 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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octubre de 1996; indicó que “Para configurar la responsabilidad reclamada en este proceso, la privación de la libertad ha debido ser injusta, es decir fruto de decisiones contrarias al derecho o abiertamente arbitrarias, con desconocimiento de disposiciones tanto constitucionales como legales, constitutivas de verdaderas garantías de ese derecho fundamental de las personas, las cuales en ningún momento se vieron vulneradas por la medida privativa de la libertad”. En la segunda tesis jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado causada en detención preventiva, “objetiva o amplia”, se sujeta esta responsabilidad y en cuanto a la conducta imputada a que la persona que ha sido privada de la libertad y que posteriormente ha sido liberada como consecuencia de una decisión de autoridad competente, ésta haya sido fundamentada en que el hecho no ocurrió, o no le es imputable o que no constituyó conducta punible, sin necesidad de valorar la conducta del juez o de la autoridad que dispuso la detención. La Sala adoptó la última posición jurisprudencial mencionada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991 y mediante la interpretación del artículo 414 del decreto ley 2.700 de 1991; expresó que bastaba la demostración de la antijuridicidad del daño imputable a la Administración para que se configurara la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que fuera menester la evaluación de la conducta del funcionario judicial y la de comprobación de si la misma era errada, ilegal, arbitraria o injusta. Los principales lineamientos de esta jurisprudencia están contenidos en las siguientes providencias: -Sentencia proferida el día 30 de junio de 1994,

Exp. 9734. -Sentencia proferida el día 12 de diciembre de 1996, Exp. 10299. -Sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2001, Exp. 11601. La Sala reitera lo manifestado en la sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2001, así se dijo recientemente en sentencia proferida el día 14 de abril de 2002, Exp. 13606, porque considera que en estos 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45502 540012331000200800404 01 JEBS eventos la responsabilidad del Estado existe cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de un sujeto que fue absuelto porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia”. 2.2.4. El In dubio Pro reo La institución del in dubio pro reo o duda razonable, tiene aplicación cuando dentro del acervo probatorio se encuentren elementos que indican la responsabilidad penal del sindicado y, así mismo, otros, con igual peso, que descartan tal responsabilidad. Ante tal incertidumbre el juzgador debe absolver, en aplicación de principios universales, de manera tal que la duda se torna favorable

para el sindicado. Al respecto, la doctrina ha indicado lo siguiente: “Duda en favor del sindicado, duda favorable. Principio en virtud del cual si tiene duda no puede condenar al acusado por un hecho criminal. Pertenece al elemento de la valoración probatoria y a la duda racional sobre los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo. Como tiene dicho la jurisprudencia, este principio sólo entra en juego cuando, efectivamente practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la presunción de inocencia o, dicho de otra manera la aplicación del referido principio se excluye cuando el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas” Por tanto, para aplicar este principio, debe mediar un análisis suficiente sobre la prueba allegada a la investigación, que no es más que la aplicación sistemática de las normas y principios penales, entre ellos la obligación del operador judicial de realizar una investigación integral, como se señaló anteriormente. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45502 540012331000200800404 01 JEBS 2.2.5. La obligación de soportar las cargas públicas, en materia de detención preventiva. A través de la Sentencia del 4 de Diciembre de 2.006, en el expediente 13.168, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente Doctor Mauricio Fajardo

Gómez, sintetiza en los siguientes términos este aspecto: “En relación con la inconveniencia -si no imposibilidadde verter juicios generales y abstractos en relación con asuntos como el que atrae la atención del presente proveído, ya había expresado esta Corporación lo siguiente: «Al respecto, debe reiterarse lo expresado en otras oportunidades, en el sentido de que no cualquier perjuicio causado como consecuencia de una providencia judicial tiene carácter indemnizable. Así, en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico, sea que tenga causa en una providencia errada o en una providencia ajustada a la ley. No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en determinados casos, será siempre inexistente el daño 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45502 540012331000200800404 01 JEBS antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio. He aquí la demostración de que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado» (Subrayas y negrillas fuera del texto original). El umbral de resistencia de los ciudadanos ha de ser mayor cuando se trata de cargas públicas cuya asunción se hace necesaria para garantizar la sostenibilidad de la existencia colectiva, pero deberá analizarse la magnitud de tales cargas con un escrutinio más estricto y comprensivo siempre desde la perspectiva de la víctima— allí en donde estén involucrados aspectos que tocan en toda su plenitud la esfera de derechos fundamentales del individuo, al punto de, incluso, poder llegar a hacer inviable su proyecto personal de vida, circunstancia que se da, sin asomo de duda, cuando se ha afectado de manera tan intensa -como en el sub liteuna garantía tan cara a la naturaleza humana como lo es el sagrado derecho a la libertad. Todo lo expuesto impone, ineludiblemente, la máxima cautela antes de calificar cualquier limitación a la libertad, como una mera carga pública que los individuos deben soportar por el hecho de vivir en comunidad”. (Las

subrayas y resaltos se encuentran en el texto)”. 2.2.6. Culpa exclusiva de la víctima - Debe ser la causa determinante del daño. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45502 540012331000200800404 01 JEBS La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, emitió pronunciamiento frente al un daño antijurídico ocasionado por la culpa exclusiva de la víctima, al expresar lo siguiente: “Para efectos de establecer si el daño es o no imputable a la propia víctima, lo importante es establecer si su actuación fue o no la causa eficiente del daño. Es decir, que la entidad estatal demandada podrá ser declarada responsable del daño cuando el mismo haya sido causado por su actuación u omisión, pero cuando la causa del mismo lo sea la actuación de la propia víctima habrá lugar a exonerar a la entidad, al margen de que se trate de un menor, un incapaz o una persona que goce de todas sus facultades y hubiera obrado de manera intencional, culposa o simplemente accidental. El análisis de la subjetividad de la conducta de la víctima carece de relevancia para efectos de determinar la causa del daño. La víctima puede actuar de manera involuntaria o aún sin consciencia de lo que hace y, sin embargo, ese hecho cuando sea la

causa exclusiva y determinantes en la producción del daño y ajeno a la entidad demandada exonera a ésta de responsabilidad patrimonial. Como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores, “Dado el carácter objetivo del nexo causal, como elemento de la responsabilidad, poco importa que el hecho de la víctima que da lugar a la producción del daño sea culposo o no”. En otros términos, en los eventos en los cuales la actuación de la víctima resulta ser la causa única, exclusiva o determinante del daño, carece de relevancia la valoración de su subjetividad. Si la causalidad constituye un aspecto objetivo, material de la responsabilidad, la labor del juez frente a un daño concreto debe limitarse a verificar si dicha conducta fue o no la causa eficiente del daño, sin que para ello importe establecer si al realizarla, su autor omitió el deber objetivo de cuidado que le era exigible, o si su intervención fue involuntaria. Por tal razón, resulta más preciso señalar que la causal de 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45502 540012331000200800404 01 JEBS exoneración de responsabilidad del demandado es el hecho de la víctima y no su culpa. Ahora bien, cuando la intervención de la víctima incide en la causación del daño, pero no excluye la intervención causal del demandado, habrá lugar a la reducción de la indemnización

establecida en el artículo 2357 del Código Civil, conforme al cual “La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. Sin embargo, cabe advertir que esa noción culpabilista que se proyecta en dicha norma no puede ser trasladada al campo de la responsabilidad patrimonial del Estado, habida consideración de que el criterio de imputación que rige esa responsabilidad, en los términos del artículo 90 de la Constitución, se construye a partir de la verificación de la antijuridicidad del daño y del vínculo causal entre ese daño y la actuación u omisión de la Administración. Luego, si de la atribución de responsabilidad al Estado están ausentes, como requisito para su estructuración, los criterios subjetivos de valoración de la conducta del autor, tales criterios no pueden ser exigidos cuando se pretenda reducir el valor de la indemnización por la intervención causal relevante de la propia víctima.

En pocos términos: en el campo de la responsabilidad patrimonial del Estado la valoración objetiva de la intervención causal tanto de la Administración como de la propia víctima resultan suficientes para determinar si la causa eficiente del daño lo fue la actuación del ente demandado o de la víctima, con el fin de establecer si hay