PGN - Documento 201607091829365

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto administrativo de retiro de servidor de guardia y vigilancia del INPEC FACULTAD DISCRECIONAL-Retiro de guardianes en beneficio de la seguridad ciudadana CARGA DE LA PRUEBA-Corresponde al empleado demostrar que la entidad no dio a conocer los verdaderos motivos del retiro Encuentra esta dependencia del Ministerio Público, que el actor sabía del reproche que se le hacía y manifestó sus consideraciones para librarse de la responsabilidad, las que al parecer no convencieron a los miembros de la Junta Asesora, quienes manifestaron en el Acta 402-1, que estudiado el caso, por unanimidad, recomendaban el retiro por motivos de inconveniencia; aspectos estos que permiten entender que el actor conoció y se manifestó sobre el asunto que lo convocó ante la Junta Asesora, contrario a las conclusiones del salvamento de voto y de la parte actora. DERECHO DE DEFENSA-Conocimiento previo de cargos/DERECHO DE DEFENSA-Evaluación de hechos por cuerpo colegiado Con este criterio, se considera que hubo oportunidad para la defensa y conocimiento previo del motivo por el cual se le citó a descargos, lo que es suficiente para una actuación existente para una institución creada para conjurar circunstancias de crisis, como una fuga de presos, en las que el Director del INPEC, cuenta con la información y solicitud de un funcionario que da noticia del hecho y pide la aplicación de la medida, sujetándose esa comunicación al conocimiento de un cuerpo colegiado que llama a dar su versión y manifestar sus criterios para defenderse a quien se le hizo un reproche y, luego

evalúa todas las circunstancias y emite una recomendación o concepto previo al nominador, que no hace cosa diferente a acatar todo lo ocurrido; por todo esto, se estima que en el presente asunto, si hubo defensa y conocimiento del hecho censurado, por esto, se coincide con el criterio de la Sala mayoritaria, en el sentido que el acto administrativo acusado no carece de legalidad. FACULTAD DISCRECIONAL-Retiro para mantener la seguridad de los centros carcelarios El ordenamiento no se equivocó al dotar al Director del INPEC de la herramienta para conjurar circunstancias que puedan ocasionar el mas leve trastorno a un servicio esencial, como mantener la seguridad de los centros penitenciarios y carcelarios con personal que no ofrezca la más mínima duda sobre su honestidad e idoneidad; por ello, en un establecimiento de máxima seguridad no se puede mantener a funcionarios en quienes pesaban deberes de salida de personal, precisamente cuando se evadieron uno o varios internos y el superior jerárquico dio información sobre le hecho y pidió la aplicación de la medida extrema al Director, como lo dice el acto acusado de ilegalidad. 2

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 116 - 2013

SIAF 2013 - 117924

Bogotá, D.C., 25 de abril de 2013 Doctor Gerardo Arenas Monsalve Consejero Ponente Sección Segunda

H. Consejo de Estado

E. S. D.

No. REFERENCIA: 050012331000200003684 01

No. INTERNO: 0935 – 2012

ACCIÓN: Nulidad y restablecimiento del derecho

ACTORA: Erismán Sánchez Castaño

DEMANDADO: INPEC ASUNTO: Concepto del Ministerio Público Procede El Despacho, dentro del término previsto por la ley, a rendir el concepto del Ministerio Público como interviniente en el presente proceso, en el que se surte recurso de apelación contra la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2011 por

el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. DEBATE PLANTEADO El demandante pretende se le reintegre al servicio y se le paguen sus derechos laborales, porque el acto por el cual se le retiró del servicio por inconveniencia adoleció o violentó el debido proceso, pues no hubo causas y la junta asesora no se conformó en forma legal; lo cual no es aceptado por el INPEC que considera que las instancias para proceder al retiro del actor se dieron en la forma prevista por la ley y se ejecutó la decisión tomada por el nominador en ejercicio de la facultad discrecional reglada por el artículo 65 de la ley 407 de 1994, por lo que se procedió al retiro del actor por inconveniencia.

1. PRETENSIONES El ciudadano demandante, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., pretende la nulidad de la Resolución No. 0879 del 23 de febrero de 2000, por la cual se le suspenden unos funcionarios al servicio del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y; 1432 del 16 de mayo de 2000, por la cual se 3 dispuso el retiro del servicio por inconveniencia; como consecuencia de lo anterior que se condenara a la demandada a reintegrar al actor al mismo cargo que

desempeñaba o a otro igual o de mejores condiciones, a que reconocieran y pagaran todos los derechos laborales causados desde el retiro hasta el reintegro efectivo; que se diera cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 177 y 178 del C.C.A y se condenara en costas a la accionada..

2. HECHOS La parte actora relacionó como hechos: El actor se vinculó al INPEC el 6 de abril de 1990, desempeñando como último cargo el de Inspector del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, hasta el 16 de mayo de 2000; su última asignación fue de $1’071.857 y prestaba sus servicios en la Reclusión de Mujeres de Medellín “Buen Pastor”.

Al momento de la desvinculación estaba inscrito en carrera administrativa o penitenciaria y carcelaria, conforme a la Resolución 49 del 17 de junio de 1999 de la Junta de Carrera Penitenciaria del INPEC; además gozaba de fuero sindical Relacionó los actos administrativos previos al retiro, así: Resolución 872 del 1602-2000, que decretó el Estado de Emergencia Carcelaria y Penitenciaria; Resolución 879 del 23 de febrero de 2000, que suspendió varios funcionarios del INPEC; Acta 81 del 12 de mayo de 2000 que suspendió a varios funcionarios del INPEC y; finalmente, con concepto favorable de la Junta Asesora, la Resolución 1432 del 16 de mayo de 2000, que desvinculó al actor y fue notificadas el 17-052000. En el lugar de prestación de servicios no se dieron hechos que obligaran o dieran

origen a la declaratoria de emergencia carcelaria, como lo verificaron la Procuraduría y el Ministerio del Trabajo en visitas realizadas al Centro de Reclusión; por lo que no hubo relación de causa-efecto entre los hechos inmediatos de la Reclusión y el retiro. No hubo siquiera un indicio de donde se infiriera la participación del actor en las actividades que originaron la declaratoria de emergencia carcelaria, ni en hechos anómalos o ilícitos, que fueron los motivos de esa declaratoria, por eso, desde la suspensión del cargo, la administración obró en forma ilegal, pues nunca se le informaron cargos imputados o se le dieron a conocer informes que determinaran directamente la participación en actos que hubieren impedido el normal funcionamiento de los establecimientos carcelarios. No se permitió el derecho a la defensa del actor, pues solo tuvo la oportunidad ante la Junta Asesora de manifestar su conveniencia de permanecer en la institución. En sentido similar, no se le dieron a conocer pruebas o hechos que sustentaran el despido, por lo que no tuvo oportunidad para presentar descargos, pues no existieron cargos. 4 La Junta Asesora no se conformó como lo preveía el Decreto 1890 de 1999 y la Resolución 969 del 9 de marzo de 2000, que indicaban que debía hacer parte de esa junta el Jefe del Comando Superior, lo que no sucedió, pues asistió el Subdirector del Comando, lo cual hizo irregular la expedición del acto de retiro. El comportamiento que asumió la administración reflejó una persecución sindical, pues fueron los suspendidos y posteriormente retirados del IPEC, en un alto

porcentaje los miembros del sindicato, lo que limitó el derecho de asociación sindical y debilitó en grado sumo a ASEINPEC.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN Citó como normas infringidas por los actos acusados: preámbulo y los artículos 1º, 2º, 25, 29, 53, 125 y 209 de la Constitución Política y; 68 de la ley 65 de 1993, 4º del Decreto 221 de 1995, 46 del Decreto 407 de 1994, 3º, 8º, 77, 44 a 48, 66 y 84.

Invocó como causales de nulidad; la falsa motivación, basada en que no existieron los hechos que soportaran la suspensión del servicio, desviación de poder porque las razones fundamento del acto acusado no correspondieron a la realidad, lo implicó un móvil diferente al aducido y, expedición irregular porque la Junta Asesora no se conformó en la forma ordenada por la ley. Las violaciones constitucionales las explicó describiendo la contrariedad del acto acusado con los preceptos contenidos en la C.P., así afirmó que aquel desconoció el carácter vinculante del preámbulo en cuanto no aseguró el trabajo del actor, al igual que la dignidad humana ni el derecho fundamental antes aludido, ni el debido proceso, porque no hubo oportunidad para contradecir pruebas, ni se informó sobre cargo alguno y, la Junta Asesora no tenía competencia para funcionar por no se compuso conforme a la ley. Respecto de los artículos 25, 53 y 125, dijo que fueron infringidos porque se ignoró el respeto al derecho al trabajo, que implicaba que se desarrollara en condiciones

dignas, lo que contenía el respeto por los derechos mínimos protegidos por la C.P., como la estabilidad y la carrera administrativa. De lo anterior se derivó la violación a los principios y objeto de la función administrativa, especialmente el de la imparcialidad, pues no hubo nada que justificara la suspensión y retiro del actor del servicio. Sobre la violación de las normas legales citadas como tal, explicó que no hubo causas que involucraran al actor en los hechos que motivaron las suspensiones y retiros del servicio.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Se presentó contestación de la demanda (folios 92-100), en donde se opuso a las pretensiones y a los hechos, manifestando sobre estos que se prueben.

5 Expuso como razones de la defensa, describió la misión delicada e importante del INPEC, en defensa del interés social y la seguridad ciudadana, por tener a caro un servicio público esencial, conforme los artículos 113 y 117 del Decreto ley 407 de 1994. Abordó el tema, afirmando que el C. de Edo. ha referido decisiones sobre cuerpos jerarquizados en las que señaló que en un régimen general se encuentra establecida la facultad de dejar cesante o destituir a los agentes públicos jerarquizados está implícita en el jefe jerárquico del servicio, quien puede nombrar con la misma atribución nominadora discrecional, sin que deba dar o declarar los motivos que lo llevaron a destituir, pero si así lo hiciere, estos deben estar ceñidos al interés público. El retiro por inconveniencia es una facultad discrecional reglada, pues el artículo

65 del Decreto ley 407 de 1994 le impone una sola condición, que es la existencia un concepto previo de la junta asesora, instancia que para el efecto debía seguir las indicaciones de la Resolución 969 del 9 de marzo de 2000, reglamentaria de su funcionamiento y la cual fue aplicada en el presente asunto; por tanto, no podría el juez fallar en contra de una actuación adelantada conforme a las reglas señaladas en el régimen especial, aplicable a la guardia penitenciaria y a los funcionarios del INPEC. Distinguió que dentro del régimen especial aplicable al INPEC se pueden dar dos instituciones, la destitución y el retiro del servicio por inconveniencia, bien diferenciadas, pues la primera hace relación al adelantamiento de una investigación con el lleno de las formalidades legales y constitucionales y puede culminar con una sanción, en esa actuación se hace una imputación concreta y el resultado es una condena o una absolución, mientras que en la segunda el debido proceso se preserva con el concepto previo de la Junta, cuya imputación es general y el resultado de la actuación ni se condena ni se absuelve. La facultad de retiro por inconveniencia está consagrada en una norma autónoma y especial, que le permite al nominador aplicarla sin consultar a otra instancia, pues se desnaturalizaría la medida, perdería el objetivo por el cual se le creó y por ende su efectividad. La razón de ser de esa atribución tiene que ver con el restablecimiento del orden, la disciplina y la autoridad, de una manera rápida, sin tener que acudir a pedir permiso o autorización a otra entidad o someterse a un proceso dilatorio, de ahí

que la disposición pueda aplicarse “en cualquier tiempo” (C-108-95). La Junta Asesora ha conocido 256 casos sometidos a su competencia, conforme a la Resolución 969 citada, de los cuales en solo 84 casos conceptuó la conveniencia del retiro, pues ha realizado un trabajo analítico, ponderado, ecuánime, imparcial y equitativo.

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

6 El Tribunal Administrativo de Antioquia, negó las súplicas de la demanda (folios 181-191 Vto.); fijó los extremos del litigio, registró el trámite procesal y entró a explicar sus consideraciones. Encontró superados los presupuestos procesales en forma satisfactoria y pasó a precisar el problema jurídico, en la determinación de legalidad de los actos acusados, estableciendo que para ese efecto habrían de revisarse tres aspectos: si la Resolución 879 de 2000 estaba afectada de falsa motivación; si hubo vulneración del debido proceso por la Resolución 1432 del 16-05-2000 por no haberse dado oportunidades de defensa frente al trámite y motivos de imputación y; si hubo violación al fuero sindical que amparaba al actor como miembro de la Junta Directiva del sindicato del INPEC, pues fue retirado sin previa autorización judicial. En el acápite sobre la “normatividad y jurisprudencia aplicable”, hizo un recuento de estos aspectos, porque los estimó imprescindibles para tomar la decisión de fondo; inició por el artículo 168 de la ley 65 de 1993, referente a los “Estados de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria”, disposición que citó y destacó en la

mayoría de su texto con subrayas, además mencionó que fue estudiada su constitucionalidad en varias oportunidades, las cuales fueron objeto de recuento por el Consejo de Estado, en sentencia del 9 de marzo del 2006, M.P. Dr. Tarsicio Cáceres Toro (Rad 3022-01), en la que fueron citadas y transcritos apartes de las sentencias C-318 del 19 de julio de 1995, de los que relevó que dichas facultades están enmarcadas por cierta discrecionalidad necesaria para superar el estado de emergencia; luego la parte demandada citó otra jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta vez, la C-394 de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, de la que destacó el aparte en el que se dijo que los argumentos expuestos en la sentencia C-318 relativos a los guardias y vigilantes, eran extendidos al personal de vigilancia; siguió con la cita de la C-271 del 3 de junio de 1998, que declaró exequibles los incisos 3º a 6o del artículo 168 de la ley 65 de 1993, “bajo el entendido de que el Director General del INPEC, debe, una vez superados los hechos que originaron la declaración del estado de emergencia carcelaria y penitenciaria, mediante acto administrativo, levantar el mencionado estado, materializado el tránsito de la anormalidad a la normalidad”. Explicó que se dio la necesidad de reglamentar ese artículo 168 de la ley 65 de 1993, por lo que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 221 de 1995, para tal efecto, allí se estableció el límite temporal para mantener el estado de emergencia

carcelaria, las medidas de traslados de internos, el apoyo de la fuerza pública, la suspensión o remplazo de personal del servicio penitenciario y el levantamiento de la medida excepcional; comentó que de ese ordenamiento fue demandado el artículo 4º en acción de simple nulidad, sin que prosperaran las pretensiones (folios 185 Vto. y 186). El Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el Decreto 407 de 1994 (Régimen de Personal del INPEC) cuyo artículo 49, se prevé: Causales de retiro “…m) Retiro del servicio de un miembro del Cuerpo de Custodia y Vigilancia por voluntad del Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, previo concepto de la Junta de Carrera Penitenciaria,”, disposición concordante 7 con el artículo 65 del Decreto 407 de 1994, que dice: “Los Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes y Distinguidos del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional podrán ser retirados del servicio a voluntad del Director General del Instituto en cualquier tiempo cuando su permanencia se considere inconveniente, previo concepto de la Junta de Carrera Penitenciaria”, norma ésta analizada en su constitucionalidad, la cual resultó condicionada mediante la sentencia C-108 de 1995, en cuanto debe garantizársele al sujeto pasivo de la institución desvinculadora, que se encontrara inscrito en carrera, el debido proceso ante la Junta de Carrera Penitenciaria. Mediante el artículo 48 del Decreto 1890 de 1999 se le dio nombre a la Junta Asesora y se reglamentó su composición.

Pasó luego al tema del derecho de asociación sindical, mencionando el artículo 39 superior del cual relevó la garantía del fuero sindical reconocido a los representantes sindicales, así como las garantías para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones; tema que complementó con la cita de los artículos 405 y 406 del C.S.T. que definen el fuero sindical y sus alcances. Señaló lo probado, destacando la hoja de vida del actor y su inscripción en el escalafón de carrera penitenciaria (folios 9-15), la Resolución 879 que suspendió al actor del servicio (folios 6 y 7); el acto por el cual se retiró por inconveniencia al demandante, Resolución 1432 del 16-05-2000 y su notificación; el Acta 081 del 12 de mayo de 2000 de la Junta Asesora del INPEC (folios 21 a 33), de la cual transcribió los apartes alusivos a la intervención del accionante ante esa Junta Asesora y; la certificación sobre la inscripción en el registro sindical de los elegidos para integrar la Junta Directiva de ASEINPEC, en la que aparece el demandante (folio 55). En el acápite del “Caso concreto”, partió de dos hechos probados, la vinculación del actor a la demandada desde el 6 de abril de 1990 (folios 11-15) y la inscripción en carrera penitenciaria como Inspector, código 5170, grado 11 (Folio 9). Mediante Resolución 872 del 16 de febrero de 2000, se declaró la emergencia carcelaria y el actor fue suspendido por Resolución 879 del 23 de febrero de 2000

por el término de la emergencia y, atendiendo a situaciones internas se pidió concepto previo y favorable a la Junta Asesora para retirarlo del servicio por inconveniencia, lo que ocurrió y se expidió el acta 81 del 12 de mayo de 2000, sin que a la audiencia previa hubiera asistido el Comandante Superior del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, sino el Subdirector (Folios 21 a 33), lo cual llevó al Director del INPEC a ordenar el retiro por inconveniencia del demandante, mediante Resolución 1432 del 16 de mayo de 2000, a pesar de encontrarse inscrito en el registro sindical como miembro de la Junta Directiva de ASEINPEC, como Vicepresidente. En la reunión de la Junta Asesora, convocada para recibir la versión del demandante y definir el concepto sobre la viabilidad del retiro por inconveniencia de éste, existió su intervención y ejerció su derecho a presentar descargos, expuso ser el Vicepresidente del Sindicato, Seccional Medellín y que la Junta Directiva de esa agremiación trabajadora convocó a una jornada de protesta para reivindicar sus derechos laborales, jornada que fue apoyada por la mayoría de los 8 afiliados; en esa oportunidad se recibieron internas en forma regulada de acuerdo al hacinamiento presentado por la reclusión, de donde se derivó la afectación del servicio, pues no es el cuerpo de custodia y vigilancia el competente para ordenar el ingreso de reclusas; es decir, esa afectación del servicio devino de la convocatoria a la jornada de protesta realizada por la Junta Directiva del Sindicato,

agremiación de la cual hacía parte el actor; por lo cual, los hechos que dieron lugar a la expedición de los actos acusados y la previa declaración de emergencia carcelaria, fueron debidamente reconocidos por el propio accionante, motivo para infirmar la causal de falsa motivación y la de desviación de poder invocadas por la parte actora para atacar la legalidad de los actos demandados. Advirtió la Sala que luego de la intervención del actor ante la Junta Asesora, se le concedió el uso de la palabra a su apoderado, quien manifestó que el sustento de hecho era falso y constituía una falsa motivación; por lo anterior la Sala estimó que se dio derecho a la defensa, en cuanto hubo citación para rendir descargos, estos se dieron y además hubo asistencia de un apoderado del actor, intervención de la cual se dedujo que el demandante antes de la audiencia para descargos tuvo conocimiento de los hechos que motivaron la solicitud de concepto previo de su retiro por inconveniencia o, como sabía el apoderado los hechos allí expuestos, como para afirmar que estos no habían ocurrido y por ende se encontraban ante una falsa motivación? Conforme a los criterios expuestos, se consideró por el Tribunal improcedente dar prosperidad a las pretensiones relativas a la nulidad de la Resolución 879 del 23 de febrero de 2000, por la cual se suspendió al actor del servicio, pues se probó la afectación de éste por las jornadas de protesta programadas por la Junta Directiva de ASEINPEC, conforma en parte por el actor. Estimó que las Resoluciones 879 del 23-02-2000 y 872 del 16-02-2000 (ésta sobre

emergencia carcelaria) estaban indisolublemente ligadas, por lo que el accionante debió pretender la inaplicación de esta Resolución, probando que fue expedida en forma irregular. Coligió que en vía administrativa se siguieron los lineamientos planteados por el fallo de constitucionalidad, en cuanto se cumplió el requisito de convocar al servidor a una audiencia para ser oído en descargos, oportunidad en la que el actor expresó los hechos y circunstancias consideradas relevantes para su situación. Citó sentencia del C. de E. del 23 de agosto de 2007, relativa a este tema, en la que se reiteró la posición del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, expuesta en sentencia del 1º de febrero de 2001, de la cual citó otro aparte relacionado. Dijo que no era necesario que se le formularan cargos y adelantara un proceso disciplinario, porque la facultad para retirar al actor del servicio se encuentra en competencias especiales asignadas al Director General del INPEC, diferentes a las competencias y funciones disciplinarias, pues se trató del retiro por inconveniencia, facultad consagrada en titularidad del Director del INPEC en el artículo 65 del Decreto 407 de 1994; además la actuación se cursó dentro de los lineamientos del debido proceso y la jurisprudencia contenida en la sentencia C9 108 de 1995 en actuación administrativa, conforme a la ley y no mediante un proceso disciplinario. Sobre la acusación de la expedición irregular por no haber asistido a la reunión de la Junta Asesora el Jefe del Cuerpo de Custodia y Vigilancia sino el Subdirector de

la misma, explicó que ese hecho no afectaba o viciaba de nulidad al acto acusado, porque conforme al principio de legalidad, las causales de decaimiento están contempladas en forma taxativa, sin que la situación de este caso esté enumerada allí, ni en parte alguna de la ley se establece que la asistencia del Subdirector en lugar del Director conduzca al decaimiento de la actuación, por lo que no puede el juzgador darle efectos a una institución sino los contiene la ley. Respecto a la vulneración del derecho de asociación sindical, observó el Tribunal que la prueba obrante a folios 62 y 63 no era la idónea para demostrar que el actor fue directivo sindical, conforme los criterios de la sentencia C-695 de 2008 y de los artículos 372 y 406 del C.S.T., en cuanto éste previó: Para todos los efectos legales la calidad del fueron sindical se demuestra con la copia del certificado de inscripción de la Junta Directiva y/o Comité ejecutivo, o con la copia de la comunicación al empleador; por tanto, la inscripción de las Juntas Directivas sindicales cumple una simple función de publicidad, pero no sirve para oponerla al empleador, pues en el presente caso no se probó que se hubiere notificado al Director del INPEC de esa situación, conforme a la disposición citada; además, si se aceptara que la inscripción de la Junta Directiva del sindicato del INPEC le fuera oponible al Director de esta Institución, la justicia contenciosa administrativa no sería la competente para resolver asuntos derivados del fuero sindical, pues sería otra la autoridad judicial encargada de conocer la autorización para despedir

a un aforado que trabajara con un empleador privado.

6. APELACIÓN De folios 193 a 197, la parte actora presentó impugnación contra la sentencia de primera instancia, manifiesta su inconformidad con la decisión recurrida porque los fundamentos para considerar que no hubo violación al debido proceso no son ciertos.

Hubo equivocada valoración procedimental sobre la actuación adelantada contra el demandante, porque el retiro por inconveniencia, a pesar de ser una figura especial, debe respetar unos procedimientos, tanto en su conformación como en su desarrollo, pues así lo ha señalado la Corte Constitucional en varios pronunciamientos en los que ha exigido la materialización del derecho a la defensa, en términos definidos y precisos. Se demostró que la Junta Asesora no fue conformada como lo establecía la Resolución que reglamentó su funcionamiento, pues no asistió el Jefe del Comando Superior sino el Subdirector, lo que fue aceptado por la sentencia y, la citación debía hacerse al implicado y a su superior inmediato, lo que no ocurrió; circunstancias que configuran la expedición irregular. 10 Se refiere al desarrollo de la reunión de la Junta Asesora, para explicar que el asunto significó para el INPEC el cumplimiento de una forma, no le interesó garantizar el debido proceso, como lo manifestó el Presidente de la Junta, cuando manifestó que los documentos que tenían en ese momento era una solicitud de retiro por inconveniencia, que por lo tanto les gustaría saber que tenía que decir sobre ese particular, precisando si era o no conveniente para la institución, pues no se estaba haciendo imputación alguna, simplemente se le ponía en

conocimiento sobre la solicitud de retiro por conveniencia, pues esa era una simple actuación formal de puro trámite, en la que podía manifestar, aportar y anexar todo lo que considerara adecuado para probar la conveniencia de permanecer en el servicio. Es decir, la propia institución reconoció el disfraz o remedo de procedimiento realizado contra el demandante, pues no se indicó alguna conducta contra la cual pudiera defenderse el actor. Lo hecho por el Sr. Valderrama, era propio de un acto circense no de un procedimiento serio que garantizara el debido proceso y el derecho a la defensa, por el contrario fue violatorio de la dignidad humana y el respeto a un servidor del Estado sin mácula alguna. En nada ayudó la presencia de un apoderado, pues no hubo imputación alguna sobre la cual manifestarse o defenderse; en cuanto al preguntarse si era conveniente para el INPEC, se desquició la estructura constitucional de la buena fe. En la intervención del demandante en la reunión con la Junta Asesora dejó claro que no se le informaron los motivos por los cuales se solicitó el retiro por inconveniencia, no como lo afirma la sentencia recurrida, que conocía los cargos que le imputaban. No se acreditó la existencia de una presunta falta que ameritara el retiro, al contrario, los medios probatorios coincidieron en que el actor no participó en algún acto que hubiera puesto en peligro el cumplimiento del servicio o la institucionalidad, así: se probó que para las fechas de emergencia carcelaria, no se presentó ningún hecho anormal y menos aún con la participación del actor;

tanto así que el Ministerio del Trabajo expidió la Resolución 461 del 15 de febrero de 2000, en la que indicó los sitios que se presentaron situaciones de anormalidad o ceses de actividades, sin que se mencionara la reclusión de mujeres donde trabajaba el demandante; la declaración del Sr. Óscar Macías Marín (folio 114), quien confirmó la normalidad presentada en la reclusión y el acatamiento de las órdenes del Director del penal; las actas de las inspecciones realizadas por el Ministerio del Trabajo, en la que se constató sobre la Cárcel de Mujeres el Buen Pastor de Medellín que TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN DE MANERA

NORMAL.

Hizo un recuento cronológico de la declaratoria de emergencia carcelaria hasta el retiro por inconveniencia del actor, para resaltar que el orden de los acontecimientos pudo obedecer a la decisión de retirar la cabeza del sindicato, lo que constituye una duda razonable a tener en cuenta. 11 Dice que se presentó violación a los derechos fundamentales del demandante cuando se le suspendió sin que se le hubiere comprobado la participación en los hechos delictivos que dieron lugar a la fuga de internos de la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí. En el acta de la Junta asesora no aparece imputación alguna que le permitiera al empleado controvertir y defenderse efectivamente de las imputaciones, por lo que no le acude razón al Tribunal al considerar que se garantizó el debido proceso. No se demostró en el proceso que el actor hubiera participado en actos delictivos en momentos de emergencia carcelaria declarada por el Director General y,

mucho menos que se le hubiera adelantado investigación disciplinaria o se hubieren realizado anotaciones negativas en la hoja de vida. Citó jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-318 de 1995) relativa al estudio de adecuación a la Carta Política del artículo 168 de la ley 65 de 1993, que fijó los límites y controles a las facultades del Director General en casos de emergencia carcelaria. Igualmente, citó la decisión en la que se fundamentó el salvamento de voto, transcribiendo un aparte en el que se hace mención de la neces