PGN - Documento 201607091829503

ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-Las causales del artículo 237 constitucional son diferentes de las del artículo 192 del Código Electoral/ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-Jurisprudencia del Consejo de Estado Sobre las causales de reclamación electoral, se ha entendido que ellas deben proponerse por las personas facultadas legalmente para ello, respecto de las causales están contenidas en el artículo 192 del Código Electoral. Contra los actos administrativos que resuelvan por primera vez las señaladas reclamaciones electorales, que son taxativas, procede el recurso de apelación, tal como lo reseña el artículo 193 Ibídem. Ahora bien, el Acto Legislativo No. 1 de 2008, en su artículo 8, adicionó el artículo 237 de la Constitución Política, en el sentido de establecer el requisito de procedibilidad para efectos de acudir al contencioso electoral cuando las causales se fundamenten en irregularidades en el proceso de votación y escrutinio. Sobre este nuevo requisito, consagrado constitucionalmente para que los ciudadanos puedan ejercer la acción electoral cuando su acción de fundamente en irregularidades acaecidas en el proceso de votación, ha dicho de manera reiterada la Sección Quinta del Consejo de Estado en su jurisprudencia, que esta figura es totalmente diferente a las causales de reclamación previstas en el artículo 192 del Código Electoral. Así pues, una cosa es la obligación que existe de poner en conocimiento en sede administrativa de las autoridades electorales, las presuntas irregularidades que existen en el proceso de votación o escrutinio, que lo puede hacer cualquier persona y otra cosa distinta, son las causales de reclamación que pueden presentar en el proceso electoral,

solamente los candidatos, sus abogados o los testigos electorales. ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-Irregularidades presentadas en el proceso de votación o escrutinio Colofón de lo anterior, para esta Agencia del Ministerio Público, el Tribunal de Instancia yerra cuando aplica de manera directa el artículo 193 del Código Electoral que indica que contra la primera decisión de las reclamaciones procede el recurso de apelación; pues en el caso en estudio, la irregularidad sometida al conocimiento de la autoridad electoral, que fue resuelta mediante auto 72 del 14 de septiembre de 2011, no es una causal de reclamación, sino una irregularidad cometida dentro del proceso de votación y escrutinio con el objeto de agotar el requisito de procedibilidad para en dado caso, acudir al contencioso electoral, pues dicha irregularidad puede tener vocación para invalidar posteriormente el acto de elección; es decir, poner en conocimiento de las autoridades electorales las irregularidades presentadas en el proceso de votación o escrutinio, tiene como objeto el saneamiento de posibles nulidades. Si bien es cierto, el Congreso de la República no ha expedido la Ley que reglamente y defina claramente este asunto, esto es, requisito de procedibilidad para acudir ante el Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, en su calidad de reglamentador residual, expidió con ocasión al proceso electoral del año 2011, la resolución 4121 de esa anualidad, en el sentido de establecer el procedimiento para tramitar las solicitudes de saneamiento de nulidades. Una cosa son las causales de reclamación de que trata el artículo 192 del Código Electoral y otra muy distinta son las solicitudes de saneamiento de nulidades, las cuales

deben versar sobre irregularidades cometidas en el proceso de votación o escrutinio, las puede hacer cualquier ciudadano con el fin de agotar el requisito de procedibilidad para acudir al Contencioso Electoral.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA-Límites al interprete en el tema electoral Se impone igualmente el deber de notificar en audiencia pública la decisión adoptada, pero nada se indica allí sobre la procedencia de los recursos en vía gubernativa respecto de las decisiones adoptadas. Conforme lo señalado, no es procedente que el interprete de la norma, realice una interpretación extensiva e indique que en los casos en donde se resuelvan solicitudes de saneamiento de nulidad como requisito de procedibilidad para acudir al Contencioso Electoral, debe indefectiblemente proceder el recurso de apelación de conformidad a lo dispuesto por el artículo 193 del Código Electoral, pues, esa norma aplica únicamente para los casos en donde se resuelven reclamaciones electorales. Considera esta Delegada del Ministerio Público, que en tratándose de actos administrativos que resuelvan sobre irregularidades acontecidas en procesos de votación o escrutinio, no es procedente la norma señalada o el agotamiento de los recursos en vía gubernativa respecto de los mismos, pues al respecto nada indicó ni el Constituyente, ni el legislador, ni la autoridad administrativa en su facultad de reglamentador residual.

Es más, conforme lo ha entendido la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado, Sección Quinta, basta con poner en conocimiento de la autoridad electoral las irregularidades, sin más requisitos, pues en algunos casos en donde ni siquiera se resuelven dichas solicitudes, inmediatamente se faculta al peticionario, para acudir al Contencioso Electoral; esto es, en casos como en el que hoy nos ocupa no es necesario la interposición de recurso alguno contra las actuaciones que resuelvan las solicitudes de saneamiento de nulidades. CARGA DE LA PRUEBA-En materia procesal le corresponde al demandante/ACTO ADMINISTRATIVO-Error de digitación no vicia de nulidad Ahora bien, en lo que respecta al argumento del Tribunal de instancia, conforme al cual la demandada no probó que la diferencia entre la fecha de presentación de la solicitud de saneamiento de nulidad y la de su resolución ocurrió por un error de digitación secretaria cometido por la Comisión Escrutadora, no puede ser un argumento válido para declarar la nulidad del acto administrativo declarado nulo por cuanto a que, en materia procesal la carga de la prueba le corresponde al demandante, no al demandado como mal lo entiende el A Quo. Además, los actos administrativos se presumen legales, válidos, es el actor que debe demostrar su ilegalidad y de ello no ocurrir, mal podría el interprete judicial, declarar la nulidad de una actuación, sin la evidencia probatoria que indique lo pertinente. Luego entonces, teniendo en cuenta que el demandante no logró desvirtuar que la diferencia entre las fechas señaladas se produjo por una actuación irregular de la administración, no es procedente decretar su nulidad, bajo el argumento expuesto por el

Tribunal, máxime cuando dicha actuación fue notificada en estrados el 18 de noviembre de 2011. Es más, del análisis de los documentos referidos, la conclusión a la que debe llegar el operador judicial, es que efectivamente, al expedir el auto 72 de 2011, la Comisión Escrutadora Departamental incurre en un lapsus calami, error de digitación, que por esa sola razón no vicia de nulidad el acto administrativo. Corolario de lo señalado, no se observa vulneración al debido proceso dentro de la actuación surtida en el auto 72 de 2011 proferido por la Comisión Escrutadora Departamental, razón por la cual el fallo de instancia debe ser revocado, y como consecuencia de ello, no acceder a las pretensiones de la demanda incoada.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C. Octubre 19 de 2012 Concepto No. 081 Doctora Susana Buitrago Valencia

H. Consejera Ponente

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: 8

Proceso número: 760012331000201101849 01

Radicado interno número: 2011-1849

Actor: Arleidon Arcos Rivas.

Demandado: Liliana Mayor Rebellón.

Contenido: Apelación de la sentencia del 13 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se declaró

la nulidad del acto de elección de la señora Liliana Mayor, como Diputada del Departamento del Valle del Cauca para el periodo 2012-2015.

Respetada doctora: Como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, de la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión dispuesto mediante proveído del 25 de septiembre de la cursante anualidad y, por ello, presento a consideración de la H. Sala los siguientes argumentos.

IAntecedentes  La demanda y sus pretensiones El ciudadano Arleidon Arcos Rivas, en nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad del acto de elección de la

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co señora Liliana Mayor Rebellón, como Diputada del Departamento del Valle del Cauca, para el periodo 2012-2015. Las pretensiones formuladas por el actor son las siguientes: «1. Que es nulo el acto administrativo de fecha 18 de noviembre de 2011, mediante el cual se declaró la elección a la señora Liliana Mayor Rebellón, candidata número 54 del partido Cambio Radical, teniendo en cuenta los fundamentos que más adelante se explicarán.

2. Que es nulo el auto número 72, toda vez que está fechado del 14 de noviembre de 2011 y en el se resuelve en la Comisión Escrutadora

Departamental, una petición radicada el 15 del mismo mes y año que instauró el Dr. Armando González como abogado de la señora LILIANA MAYOR.

3. Que se excluyan los votos que se computaron o disminuyeron al escrutinio general mediante el auto 72 antes nombrado y en consecuencia se vuelva a llevar el escrutinio real de las mencionadas elecciones.

4. Que una vez se deje sin valor el auto 72, ya citado, se tenga en cuenta que se cometieron falsedades en los registros electorales y con ello se incurrió en la alteración de los resultados contenidos en las actas de escrutinio, por alteración fraudulenta de los resultados reales.» Hechos de la demanda Señala el actor, que durante el proceso de escrutinio adelantado por la Comisión Escrutadora Departamental, el día 18 de noviembre de 2011, se profirió el auto número 72, que tiene como fecha 14 de noviembre, pero decide una solicitud de saneamiento presentada el 15 de noviembre.

Que la Comisión Escrutadora en ese auto procede a revisar unas mesas peticionadas, con lo cual altera los resultados electorales de una manera improcedente, por la inconformidad en las fechas, como se desprende del párrafo anterior, lo cual indica un fraude electoral que conlleva a la alteración de los resultados plasmados en las actas de escrutinio y especialmente en los formularios E-24 y E-26, pues con esa decisión se le aumentaron tantos votos a la demandada que logró superar al candidato David Murcia por 16 votos.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Que desde el punto de vista del demandante, considera que también se cometieron falsedades en las mesas que relaciona en el cuadro final de la demanda, en donde se aumentaron votos a la candidata Liliana Mayor y se le disminuyeron al candidato David Alejandro Murcia, tal como se demuestra por las diferencias en los registros de los E-14 y E-24, teniendo en cuenta que no hubo reclamaciones que justifiquen tales variaciones, por lo que constituyen falsedades.  Normas violadas y concepto de la violación Señaló como normas violadas las siguientes:  Los Artículos 29 y 40 de la Constitución Política.  Los artículos 223 y siguientes del Código Contencioso Administrativo. Al explicar el concepto de violación, aduce el demandante: Que al hacerle las correcciones de los dígitos falsos y colocarse los reales, el candidato David Alejandro Murcia, obtiene 133 votos a su favor; que igualmente en algunas mesas donde se le adicionaron 43 votos a la candidata Liliana Mayor, cuyas alteraciones aparecieron después de hacerse la declaración de la elección, pues nunca se pusieron a disposición de las partes los documentos electorales, sino que siempre se mantuvieron al despacho y bajo custodia. Que las falsedades se presentaron después de haber sido firmadas las actas de escrutinio y estos hechos fueron denunciados por varios de los intervinientes, tal

como se puede ver en los autos que fueron emitidos por la Comisión Escrutadora.  Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 13 de junio de 2012, dispuso declarar la nulidad del Auto # 72 de fecha 14 de noviembre de 2011, expedido por la Comisión Escrutadora Departamental y en efecto del

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Acta General de Escrutinios de fecha 18 de noviembre de 2011, mediante la cual se declaró la elección de la Diputada del Departamento del Valle del Cauca LILIANA MAYOR REBELLÓN, así como de la credencial que la acredita como electa, por las siguientes razones: Que resulta evidente el quebrantamiento al debido proceso en razón a que no se permitió agotar los respectivos recursos de ley, ni ejercer el derecho de contradicción y defensa al ciudadano, ni al candidato, cuando la Constitución Política y el Código Electoral claramente lo contemplan. Es decir, contra el auto No. 72 del 14 de noviembre de 2011, sí procedía el recurso de apelación, por lo que al haberse negado éste, genera la nulidad del acto de contenido electoral por expedición irregular. Que además de ello, dicho auto cuenta con una fecha que no procede a la realidad cronológica, teniendo en cuenta que la solicitud de saneamiento fue presentada el 15 de noviembre de 2011, lo cual genera la carencia de

antecedentes formativos de la motivación de esa decisión, y no se observa en el plenario que dicha situación obedezca a un error en la digitación, lo cual conduce a establecer que se incurrió en una expedición irregular y una falsa motivación.  Apelación de la sentencia de primera instancia El apelante en su escrito de apelación manifiesta su inconformidad con la decisión proferida por el Tribunal de instancia, aduciendo que el recurso de apelación está dirigido única y exclusivamente a ser interpuesto contra las decisiones que se dicten resolviendo reclamaciones electorales, y no tiene entidad suficiente para que sea propuesto ni resuelto contra decisiones adoptadas por la autoridad electoral en los dos eventos previstos constitucionalmente para agotar el requisito de procedibilidad, esto es, la solicitud de saneamiento de nulidades o de revisión de escrutinios. Que es claro de conformidad a la resolución 4121 de 2011 expedida por el Consejo Nacional Electoral, que cuando se notifica en estrados la decisión

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co adoptada por la Comisión Escrutadora al resolver un requisito de procedibilidad, contra ella no procede recursos y queda debidamente ejecutoriada, por lo que la persona afectada con lo resuelto queda facultada para acudir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, para impugnar la legalidad de la decisión junto con el acto de elección. Que es categórica la afirmación que hace el Consejo de Estado en una

Jurisprudencia transcrita, de que las resoluciones que profieran las autoridades electorales son actos definitivos por lo que no hay lugar a la interposición de recursos; es más si la autoridad electoral no responde o se pronuncia solamente sobre algunas y no todas las irregularidades planteadas, el afectado no está obligado a demandar el acto proferido en éstas circunstancias, caso en el cual solo se encuentra obligado a demandar el acto de elección. Que está demostrado que las reclamaciones electorales, difieren sustancialmente del instituto constitucional del saneamiento de nulidades en sede administrativa; que mientras el Código Electoral reglamentó el procedimiento para que las autoridades electorales tramiten las reclamaciones, el texto constitucional que señala el agotamiento del requisito de procedibilidad, no ha sido reglamentado por el Legislador Patrio, sino que ha sido el Consejo Electoral quien a través de las Resoluciones 552 y 754 del 2010, así como la No. 4124 de 2011, adoptó el procedimiento para conocer de las solicitudes de saneamiento de nulidades, en donde no se previó la posibilidad de apelarlas ante el Superior Funcional.  Admisión del recurso Mediante auto del 25 de septiembre de 2012 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 13 de junio del mismo año, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Verificados los presupuestos procesales y no habiendo observado ningún vicio que afecte de nulidad la actuación que se ha surtido, se procede enseguida a rendir el concepto de rigor por parte de esta Delegada. Sea del caso señalar que lo fallado en el presente asunto, como los argumentos de la apelación, son los mismos planteados y abordados en el concepto No. 059 del 06 de septiembre de 2012, en donde ésta Agencia del Ministerio Público realizó el estudio del expediente: 760012331000201101856 01; Radicado interno número: 2011-1856; Actor: David Alejandro Murcia Mesa; Demandado: Liliana Mayor Rebellón, que actualmente se encuentra al despacho del doctor Mauricio Torres Cuervo para Fallo, que vale la pena destacar, no obstante concurrir los elementos para su acumulación a éste, el Tribunal de Instancia lo pasó por alto. Así pues, al ser éste un asunto idéntico al ya abordado, esta Procuraduría Delegada ante esa Corporación, solicita de manera comedida, se sirvan acoger dichos planteamientos y por ende, se revoque el fallo impugnado. Para mayor precisión, nos permitimos transcribir los argumentos aludidos: «Así pues, la inconformidad del apelante se funda en que el recurso de apelación en materia administrativa electoral está instituido única y exclusivamente a ser interpuesto contra las decisiones que se dicten para resolver las reclamaciones electorales contenidas en el artículo 192 del Código

Electoral y no tiene entidad suficiente para que sea propuesto ni resuelto contra decisiones adoptadas por la autoridad electoral en los dos eventos previstos constitucionalmente para agotar el requisito de procedibilidad, esto es, la solicitud de saneamiento de nulidades o de revisión de escrutinios. Sobre las causales de reclamación electoral, se ha entendido que ellas deben proponerse por las personas facultadas legalmente para ello, respecto de las causales contenidas en el artículo 192 del Código Electoral que indica:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co «ARTICULO 192. El Consejo Nacional Electoral o sus Delegados tienen plena y completa competencia para apreciar cuestiones de hecho o de derecho y ante reclamaciones escritas que les presenten durante los escrutinios respectivos los candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales legalmente constituidos y apreciando como pruebas para resolver únicamente los documentos electorales, podrán por medio de resolución motivada decidir las reclamaciones que se les formulen con base en las siguientes causales:

1. Cuando funcionen mesas de votación en lugares o sitios no autorizados conforme la Ley.

2. Cuando la elección se verifique en días distintos de los señalados por la Ley, o de los señalados por la autoridad con facultas legal para este fin.

3. Cuando los cuatro (4) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de tres (3) de éstos.

4. Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones.

5. Cuando el número de sufragantes de una mesa exceda al número de ciudadanos que podían votar en ella.

6. Cuando el número de votantes en una cabecera municipal, un corregimiento, una inspección de policía o un sector rural exceda al total de cédulas aptas para votar en dicha cabecera, corregimiento, inspección de policía o sector rural, según los respectivos censos electorales. 7. <Numeral modificado por el artículo 15 de la Ley 62 de 1988. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando los pliegos electorales se hayan recibido extemporáneamente , a menos que el retardo obedezca a circunstancias de violencia. Fuerza mayor o caso fortuito, certificados por un funcionario público competente , o a hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos.

8. Cuando el acta se extienda y firme en sitio distinto del lugar o local en donde deba funcionar la respectiva corporación escrutadora, salvo justificación certificada por el funcionario electoral competente.

9. Cuando las listas de candidatos no se hayan inscrito o modificado en la oportunidad legal o cuando los candidatos no hubieren expresado su aceptación y prestando el juramento correspondiente dentro de los términos señalados por la Ley para la inscripción o para la modificación, según el caso.

10. Cuando en un jurado de votación se computen votos a favor de los candidatos a que se refiere el artículo 151 de este Código.

11. Cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinios se incurrió en error aritmético al sumar los votos consignados en ella.

12. Cuando con base en las papeletas de votación y en las diligencias de inscripción aparezca de manera clara e inequívoca que en las actas de escrutinios se incurrió en error al anotar los nombres o apellidos de uno o más candidatos.

Si las corporaciones escrutadoras encontraren fundadas las reclamaciones deberán ordenar en el mismo acto que las actas o registros afectados se excluyan del computo de votos y de los escrutinios respectivos.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Si las corporaciones escrutadoras encontraren fundadas las reclamaciones deberán ordenar en el mismo acto que las actas o registros afectados se excluyan del cómputo de votos y de los escrutinios respectivos Si las corporaciones escrutadoras encontraren fundadas las reclamaciones con base en las causales 11 y 12 de este artículo, en el mismo acto decretarán también su corrección correspondiente. La exclusión de un principal no afecta a los suplentes si la causa fuere la carencia de alguna calidad constitucional o legal del candidato o su inhabilidad para ser elegido. Igualmente, la exclusión de los suplentes o de algunos de estos, no afecta al principal ni a los demás suplentes, según el caso. Cuando

se excluya al principal que encabezó una lista, por las causas señaladas en el inciso anterior, se llamará a ocupar el cargo al primer suplente de la lista. Si las corporaciones escrutadoras no encontraren fundadas las reclamaciones, lo declararán así por resolución motivada. Esta resolución se notificará inmediatamente en estrados y contra ella el peticionario o interesado podrá apelar por escrito antes de que termine la diligencia de escrutinios y allí mismo deberá concederse el recurso en el efecto suspensivo. » Contra los actos administrativos que resuelvan por primera vez las señaladas reclamaciones electorales, que son taxativas, procede el recurso de apelación, tal como lo reseña el artículo 193 Ibídem: «ARTICULO 193. <Artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 62 de 1988.

El nuevo texto es el siguiente: > Las reclamaciones de que trata el artículo anterior, podrán presentarse por primera vez durante los escrutinios que practican las comisiones escrutadoras distritales, municipales o auxiliares, o durante los escrutinios generales que realizan los delegados del Consejo

Nacional Electoral. Contra las resoluciones que resuelvan las reclamaciones presentadas por primera vez ante los delegados del Consejo Electoral. Procederá el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante dicho Consejo. Durante el trámite y sustentación de la apelación ante el Consejo Nacional Electoral no podrán alegarse causales o motivos distintos de los recursos de el mismo.» Ahora bien, el Acto Legislativo No. 1 de 2009, en su artículo 8, adicionó el artículo 237 de la Constitución Política, en el sentido de establecer el requisito

de procedibilidad para efectos de acudir al contencioso electoral cuando las causales se fundamenten en irregularidades en el proceso de votación y escrutinio, textualmente se consagró: «ARTICULO 237º—Son atribuciones del Consejo de Estado:

7. Adicionado por el A.L. 1 de 2009, art 8. El artículo 237 de la Constitución

Política tendrá un nuevo numeral, así:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Conocer de la acción de nulidad electoral con sujeción a las reglas de competencia establecidas en la ley. PARÁGRAFO. Para ejercer el Contencioso Electoral ante la Jurisdicción Administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral.» Sobre este nuevo requisito, consagrado constitucionalmente para que los ciudadanos puedan ejercer la acción electoral cuando su acción de fundamente en irregularidades acaecidas en el proceso de votación, ha dicho de manera reiterada la Sección Quinta del Consejo de Estado en su jurisprudencia, que esta figura es totalmente diferente a las causales de reclamación previstas en el artículo 192 del Código Electoral, al indicar: «Entonces, de acuerdo con la previsión constitucional prevista en el parágrafo,

es presupuesto procesal de la demanda, cuando se ejercite el contencioso electoral contra actos de elección de carácter popular, que las irregularidades constitutivas de nulidad - diferente a las causales de reclamación del art. 192 del código electoral - relativas a vicios en la votación o en los escrutinios, se hayan sometido antes de la declaratoria de elección, a examen ante la autoridad administrativa electoral correspondiente. Significa que las demandas electorales contra elecciones por voto ciudadano que se funden en causales objetivas, para que se admitan deben acreditar que los motivos de nulidad que se alegan en el respectivo concepto de violación hayan sido puestos de presente a la autoridad administrativa electoral correspondiente antes de la declaratoria de elección y que lo decidido al respecto de estas irregularidades (constitutivas de causales de nulidad artículo 223 del C.C.A.), así como sobre las reclamaciones (previstas en el Código Electoral), se incluyan en la demanda como actos que también se pide sean anulados, conjuntamente con el que declara la elección.» 1 Así pues, una cosa es la obligación que existe de poner en conocimiento en sede administrativa de las autoridades electorales, las presuntas irregularidades que existen en el proceso de votación o escrutinio, que lo puede hacer cualquier persona y otra cosa distinta, son las causales de reclamación que pueden

1. Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto del 10 de marzo de 2011. radicado No. 11001-03-28-000-201000020-00. Consejera Ponente: Dra. Susana Buitrago Valencia.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co presentar en el proceso electoral, solamente los candidatos, sus abogados o los testigos electorales. Colofón de lo anterior, para esta Agencia del Ministerio Público, el Tribunal de Instancia yerra cuando aplica de manera directa el artículo 193 del Código Electoral que indica que contra la primera decisión de las reclamaciones procede el recurso de apelación; pues en el caso en estudio, la irregularidad sometida al conocimiento de la autoridad electoral, que fue resuelta mediante auto 72 del 14 de septiembre de 2011, no es una causal de reclamación, sino una irregularidad cometida dentro del proceso de votación y escrutinio con el objeto de agotar el requisito de procedibilidad para en dado caso, acudir al contencioso electoral, pues dicha irregularidad puede tener vocación para invalidar posteriormente el acto de elección; es decir, poner en conocimiento de las autoridades electorales las irregularidades presentadas en el proceso de votación o escrutinio, tiene como objeto el saneamiento de posibles nulidades. Si bien es cierto, el Congreso de la República no ha expedido la Ley que reglamente y defina claramente este asunto, esto es, requisito de procedibilidad para acudir ante el Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, en su calidad de reglamentador residual, expidió con ocasión al proceso electoral del año 2011, la resolución 4121 de esa anualidad, en el sentido de establecer el procedimiento para tramitar las solicitudes de saneamiento de nulidades.

En el artículo primero del señalado acto administrativo se dispuso, que las Comisiones Escrutadoras Departamentales, del Distrito Capital y las Comisiones Escrutadoras Distritales, Municipales y Zonales o Auxiliares son competentes para conocer de las solicitudes de saneamiento de vicios de nulidad. Así mismo, en su artículo segundo define qué es una reclamación, que es una solicitud de saneamiento de nulidade