PGN - Documento 201607091829575

CORRECCIÓN DE LA DEMANDA-Cuando hay alteraciones sustanciales debe hacerse antes que se venza el término de caducidad La H. Sala en jurisprudencia que ha sido objeto de reiteración ha establecido que en el: término de corrección de la demanda es posible hacer algunas precisiones que no alteren sustancialmente el petitum, la causa petendi o los sujetos que integran el extremo pasivo de la relación jurídico-procesal. De igual manera ha señalado que :… cuando la corrección comprende la adición de aspectos fundamentales del proceso, tales como las partes, las pretensiones, cargos o casos dentro de un mismo cargo, es necesario que se realice dentro del término de caducidad de la acción. En consecuencia, cuando la parte accionante decide hacer correcciones a su demanda no sólo debe tener en cuenta que el escrito se presente “antes de que quede en firme el auto que la admita”, sino que además debe prever que ello ocurra antes de que venzan los 20 días de que dispone para accionar so pena de la configuración de la caducidad de la acción, ya que en realidad se estará frente a una nueva demanda que involucrará personas e imputaciones que sólo podían hacer parte de la demanda inicial y no de la corrección cuando ya hubieren pasado los 20 días previstos como término de caducidad de la acción según el artículo 136–12 del C.C.A. Por lo expuesto, la corrección de la demanda está sujeta a que la acción de nulidad electoral no haya caducado, porque si ello ocurrió, dicha corrección queda limitada a la aclaración de la causa petendi, las partes, las pretensiones y las pruebas inicialmente propuestas, así como a la supresión de algunas de estas, pero no a las adiciones.

La corrección de la demanda no puede ser entendida como un mecanismo para desconocer los efectos de la caducidad de la acción, ni como una oportunidad procesal para reformular la demanda por manera que en la corrección, aun cuando no se modifique la pretensión se puedan argumentar hechos nuevos, sin sujeción a la caducidad de la acción. INHABILIDAD DE CONCEJAL-Definición La inhabilidad gramaticalmente, se entiende como el “defecto o impedimento para obtener o ejercer un empleo”, así se consagra en la acepción segunda que trae el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. En el artículo 279 de la Ley 5ª de 1992 se dice que inhabilidad es todo acto o situación que invalide la elección de congresista o impide serlo. Como corolario de lo anterior se puede concluir que la inhabilidad es aquella circunstancia creada por la Constitución o la Ley que impide o imposibilita que una persona sea elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio; tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos. INHABILIDAD-Finalidad Se ha señalado que la finalidad del establecimiento de un régimen de inhabilidades es garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos o funciones públicas. De igual forma, se ha dicho que constituyen una garantía de que el comportamiento anterior o el vínculo familiar no afectarán el desempeño del empleo o

función, que con su consagración lo que se busca es: impedir el ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado para hacerse elegir o hacer elegir a determinadas personas; mantener la igualdad de condiciones entre quienes aspiran al favor popular en la elección popular”.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co De igual manera se ha dicho que su fin teleológico, es cautelar de nocivas influencias y desigualdades incompatibles con el diáfano y equitativo discurrir democrático los procesos electorales, garantizando así la independencia de los electores y la libertad de los elegidos o nombrados. INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA-Concepto de la P.G.N Como se ha indicado en oportunidades anteriores por esta Delegada, la interpretación de normas que restringen derechos o señalan limitaciones a su ejercicio, se ha de efectuar por el operador de la norma con carácter restrictivo, ceñido al texto de la norma, sin que le sea posible recurrir para efectos de la interpretación a la analogía o a la realización de interpretaciones extensivas en las que pueda comprender los supuestos de la norma. INHABILIDAD DE CONCEJAL-Por gestión de negocios o celebración de contratos Adentrándonos en el estudio del asunto de fondo, de conformidad con el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 del 2000, no podrá ser elegido quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel

municipal o distrital o quien haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier orden en interés propio o de terceros. La jurisprudencia que se ha elaborado en torno a la intervención en la gestión de negocios o en la celebración de contratos ha señalado que si la gestión culmina con la celebración del contrato, la inhabilidad se estudia como intervención en la celebración de contratos, por el contrario, si la gestión adelantada no tiene éxito, la causal ha de estudiarse considerada como gestión de negocios propiamente tal. Así las cosas, y de conformidad con la jurisprudencia a que se hizo alusión atrás, como la gestión adelantada por el elegido Concejal del Municipio de Villavicencio concluye en la celebración del contrato es claro entonces que el análisis ha de efectuarse en relación con la intervención en la celebración de contratos. CELEBRACIÓN DE CONTRATOS-Requisitos de la intervención relacionados con la inhabilidad De conformidad con lo que tradicionalmente ha decidido la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que la intervención en la celebración de contratos se estructure se requiere demostrar en debida forma los siguientes presupuestos:  La intervención en la celebración de contratos;  con entidades públicas de cualquier nivel;  que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito;  en interés propio o de terceros;  dentro del año anterior a la elección. Estos supuestos han de cumplirse de consuno todos y cada uno de los enunciados por manera que la inexistencia de uno de ellos no permite configurar la causal de inhabilidad. Ahora bien, de este acervo probatorio no se puede colegir que se estructure la causal de

inhabilidad que se alegó por el demandante.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co INHABILIDAD DE CONCEJAL-El miembro del Consejo Superior de una Universidad Oficial no actúa en interés propio o de terceros Del contenido de estos contratos fácilmente se establece que son contratos que realiza la Universidad con particulares para la prestación de servicios y obras que requiere la Universidad en desarrollo de sus actividades, pero no de contratos celebrados con entidades públicas, y en consecuencia, tampoco se da el presupuesto que exige el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Además, analizada la situación en estudio la actuación o como miembro del Consejo Superior de la Universidad no puede tenerse como inhabilitante porque corresponde a un asunto previo a la iniciación de la operación contractual, que permitió la celebración de los respectivos acuerdos de voluntades A más de lo anterior considera esta Delegada que en asuntos como el estudiado el miembro del Consejo Superior de una Universidad Oficial no actúa en interés propio o de terceros, presupuesto que exige su demostración cuando se alegue esta causal de inelegibilidad, como integrante de este órgano de dirección colegiado actúa en cumplimiento de funciones señaladas en la Ley y se entiende que lo hace para satisfacer intereses generales. CONTRATACIÓN ESTATAL-Eventos en los que hay intervención en la celebración de contratos La intervención en la celebración de contratos se sucede en los siguientes eventos:

cuando el demandado es la misma persona que ha concurrido a la suscripción del contrato estatal, y, cuando con anterioridad a ésta última su participación personal y activa se despliega manifestándose en el adelantamiento de las gestiones o actividades necesarias para que el contrato pueda concretarse. Además como ya se consigno, esta función la tiene asignada el Rector de la Institución Educativa por disposición estatutaria y por su condición de representante legal del ente universitario. La segunda de las formas impone una actuación personal y activa que se manifiesta en el adelantamiento de gestiones o actividades necesarias para que el contrato pueda concretarse v.gr. como cuando se responde a la invitación presentando una propuesta, o se interviene formulando objeciones y observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones, se interviene en la diligencia de adjudicación del contrato etc... actuaciones que deben estar debidamente demostradas plenamente en el proceso y que no pueden ser derivadas de inferencias subjetivas. Estas no existen en el proceso por cuanto que el elegido concejal actúo no como proponente o contratante sino como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Los Llanos, en ejercicio de una función legal o estatutaria y en interés de la comunidad en general y las actuaciones realizadas por el miembro del Consejo Superior de la Universidad que resultó elegido, para autorizar al Rector la celebración de los contratos en modo alguno pueden tenerse como inhabilitantes por cuanto corresponden a un asunto previo a la iniciación de la operación contractual. Bogotá D.C., julio 09 de 2012

Concepto No. 030 Señores Consejo de Estado Sección Quinta

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M.P. Dra. SUSANA BUITRAGO VALENCIA

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 500012331000201100690 01

Radicado interno: 20110690

Actor: Manuel Francisco Olarte Torres Asunto: Apelación de la sentencia de fecha 29 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda nulidad del acto de elección del señor Oscar Alejo Cano, como Concejal del Municipio de Villavicencio (Meta), para el período 2012 - 2015.

Respetada Señora Consejera: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, presento a consideración de la H.

Sala los siguientes razonamientos en orden a que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.

I. ANTECEDENTES  1.- La demanda El ciudadano Manuel Francisco Olarte Torres, actuando por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, demandó la nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección del señor Oscar Armando Alejo Cano, como Concejal del Municipio de Villavicencio (Meta), período

2012 – 2015.  Pretensiones de la demanda Solicitó que se declararan nulos los siguientes actos administrativos:  «El acto por medio del cual los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el departamento del Meta, aceptaron la inscripción del señor OSCAR ARMANDO ALEJO CANO, … como candidato al CONCEJO MUNICIPAL de la ciudad de Villavicencio, por la lista del Partido Social de

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Unidad Nacional – Partido de la U (Formulario E-6 CO, diligenciado el día 29 de julio de 2011).  El acto por medio del cual los señores miembros de la Comisión Escrutadora Municipal de Villavicencio, declararon la elección del señor OSCAR ARMANDO ALEJO CANO, como Concejal de la ciudad de Villavicencio (Meta) por la lista del Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U., para el período constitucional 2012 – 2015, acto contenido en el Acta de Escrutinio Municipal de los votos emitidos en Villavicencio – Meta para la elección de Corporaciones Públicas – Octubre 30 de 2011, Escrutinio que finalizó el día 7 de noviembre de 2011. Elección contenida en el formulario E-26 CO – DECLARATORIA DE ELECCIÓN, suscrito el día 7 de noviembre de 2011.

 (…)»  Hechos de la demanda Dentro del supuesto fáctico enunciado en la demanda, el actor manifiesta: o Que el señor Oscar Alejo Cano, el 26 de agosto de 2009 tomó posesión del cargo de representante de los Egresados ante el Consejo Directivo de la Universidad de los Llanos. o Que el señor Oscar Armando Alejo Cano en su calidad de representante de los egresados ante el Consejo Directivo de la Universidad de los Llanos participó e intervino en las decisiones adoptadas por el Concejo en relación con la celebración de contratos que debían ser ejecutados en Villavicencio. o Que la decisión del señor Alejo Cano resulta necesaria para la celebración de contratos por parte de la Universidad del Llano. o Que de conformidad con el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, el señor Alejo Cano se encontraba inhabilitado para ser elegido y es evidente que en su condición de miembro del Consejo Directivo en representación de los Egresados, autorizó la celebración de contratos y por lo tanto, se puede afirmar que intervino en la gestión y celebración de los mismos. o Que no obstante la inhabilidad el señor Alejo Cano aceptó se inscribiera su nombre como candidato al concejo del Municipio de Villavicencio (Meta).

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co o Que ante la Comisión Escrutadora Municipal el ciudadano Manuel francisco

Olarte Torres presentó solicitud para que no fuera declarada su elección por considerar que se encontraba en causal que le hacía inelegible. Esta petición fue rechazada por la Comisión Escrutadora Municipal sin fundamentar las razones de su decisión. o Que ante la situación anterior se interpuso recurso de apelación para ante la Comisión Escrutadora Departamental, la que sin entrar a controvertir o desmentir la inhabilidad del candidato procedió a declarar su elección. o Que el señor Alejo Cano fue formalmente declarado elegido concejal del Municipio de Villavicencio (Meta). o Que el hecho de la inhabilidad igualmente fue puesto en conocimiento del Consejo Nacional Electoral, corporación que a la fecha no se ha pronunciado en forma alguna.  Normas violadas y concepto de la violación Indicó como normas violadas las siguientes:  Los artículos 4º, 40, 95 98, 99, 229, 260, 3033 de la Constitución Política.  El artículo 30 (sic) de la Ley 617 del 2000.  El artículo 44 del Código Penal.  Los artículos 223, 226, 227, 228, 229 del Código Contencioso Administrativo. Sostiene, reiterando lo señalado en el supuesto fáctico de la demanda, que en la elección del señor Oscar Alejandro Alejo Cano se desconoció el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 del 2000 por la participación del elegido en la autorización de los contratos que celebró la Universidad del Llano. Esta afirmación dice «se fundamenta en el hecho de que en la celebración de los

contratos celebrados por la Universidad de los Llanos, en el período comprendido entre el 30 de octubre del año 2010 y el 30 de octubre del año 2011, es decir,

DURANTE EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LAS ELECCIONES DEL

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 30 DE OCTUBRE, con fundamento en aprobaciones hechas por el Consejo Superior de la misma en el cual tiene asiento como Representante de los egresados el candidato electo OSCAR ARMANDO ALEJO CANO, ampliamente reseñados en el capítulo de los Hechos, fueron debidamente autorizados en el Consejo Superior de la misma institución universitaria, tal como consta en las Actas de dicho consejo…»  Adición de la demanda En escrito posterior, recibido en la Dirección Seccional de Administración Judicial –Villavicencio - el 15 de diciembre de 2011, el actor adiciona la demanda. En este escrito señala que la elección del Concejal Alejo Cano ha de ser declarada nula por cuanto que en él se configura la inhabilidad del numeral 2º del artículo 40 de la Ley 617 del 2000, por cuanto «tal como se señala en los Estatutos de la Universidad de los Llanos, los integrantes del Consejo Superior de la misma institución son servidores públicos (el hecho de pertenecer al Consejo Superior Universitario otorga el carácter de servidor público (parag 3. Art. 15) y

además ejercen actos constitutivos de autoridad administrativa como son los de elegir rector y decanos (Son funciones del Consejo Superior Universitario, entre otras, las de elegir rector, definir ternas para elegir decanos, autorizar al rector lo relacionado con los montos contractuales y la suscripción de convenios. (art. 23)» 2.) Decisión de primera instancia El Tribunal Administrativo del Meta denegó las pretensiones de la demanda, señalando para el efecto y en términos generales los siguientes argumentos: o El hecho de integrar el Consejo Superior de la Universidad del Llano no inviste al designado la calidad de empleado público, requisito sine qua non

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co para que se configure la causal del numeral 2º del artículo 40 de la Ley 617 del 2000. o La intervención del elegido concejal en la aprobación de los contratos y en general en las decisiones en las que el Consejo Superior de la Universidad autorizó al Rector de la Universidad para contratar como miembro del Consejo Superior, hechos de los cuales el demandante deriva la inhabilidad, no se hizo en interés propio o de terceros, por lo tanto no se configura la causal de inhabilidad. Para que se configure la causal del numeral 3º « … es necesario que el demandado, intervenga en interés propio o de terceros, por lo tanto como el demandado OSCAR ARMANDO ALEJO CANO participó en decisiones en las que el Consejo Superior

autorizó al Rector de la Universidad de los Llanos para contratar, en calidad de miembro del Consejo Superior y no en causa propia, razón por lo que no se configura la causal que señala la ley…»  Recurso de apelación La decisión de primera instancia fue objeto de apelación por la parte demandante (fl. 510 del cd. ppal.). En el escrito de apelación el impugnante sostiene, recurriendo a lo que expresó en la demanda y en el trámite de la primera instancia, que la causal de inhabilidad del numeral 3º se configura por el hecho de que el elegido formaba parte del Consejo Superior de la Universidad y que en esa condición autorizó al Rector de la Institución educativa para celebrar contratos. De la misma manera señala que el elegido concejal, al tenor de lo preceptuado en el numeral 2º del artículo 40 de la Ley 617 del 2000, se encontraba inhabilitado, porque como miembro del Consejo Directivo es servidor público y además, ejerce actos constitutivos de autoridad administrativa, como son los de elegir rector y decanos, autorizar al rector lo relacionado con los montos contractuales y la suscripción de convenios.  Admisión del recurso

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Por auto del 18 de abril de 2012, el Tribunal Administrativo del Meta concede el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (ver fl. 515) y considerando

que reúne los requisitos legales, se admitió por el Consejo de Estado mediante auto del 5 de junio de 2012 (ver fl.521)  Alegatos de conclusión  Del apoderado judicial del demandado Concejal Oscar Armando Alejo Cano En su escrito manifiesta que la sentencia se encuentra ajustada a derecho y que «las causales de nulidad invocadas por la parte actora no se configuran razón por la que no es viable jurídicamente acceder a las infundadas pretensiones de la demanda». Sostiene que la inhabilidad del numeral 2º del artículo 40 de la Ley 617 del 2000 exige para su configuración que el ejercicio de la autoridad política, civil, administrativa o militar se haya dado por un empleado público y los miembros del Consejo Superior de la Universidad son particulares con funciones públicas, pero no son empleados públicos. En cuanto a la causal de inhabilidad del numeral 3º sostiene que no se configura porque “esos órganos colegiados no actúan en interés propio o de terceros, como acertadamente lo expresó la sentencia recurrida». Del Apoderado judicial de la parte actora El apoderado judicial de la parte actora reitera los argumentos que señaló en las distintas intervenciones que efectúo en el curso del debate procesal. Para el apoderado judicial el miembro del Consejo Superior de la Universidad es un empleado público que ejerce autoridad en los términos de la causal del numeral 2º y en ese entendido, la pretensión de nulidad ha debido ser acogida.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955

Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Señala que las inhabilidades se han establecido con carácter general y que éstas comprenden no sólo a los empleados públicos, dice que se extienden igualmente a los particulares que «en virtud de EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS QUEDAN

CIRCUNSCRITOS EN EL REGIMEN DE INHABILIDADES».

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Procede este Agencia del Ministerio Público a rendir el concepto de rigor que le corresponde en el asunto sub examen.

Se encuentra el proceso en trámite ante el H. Consejo de Estado por razón de la interposición del recurso de apelación contra la providencia del Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección del señor Oscar Armando Alejo Cano como Concejal del Municipio de Villavicencio (Meta) para el período 2012 – 2015. .  De la decisión del Tribunal Como se reseñó ya, el Tribunal Administrativo del Meta denegó las pretensiones de la demanda. En su decisión el a-quo consideró dos cargos a saber: Uno primero, propuesto en el escrito de demanda conforme al cual la pretensión de nulidad se fundaba en la inhabilidad del numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 del 2000. El segundo de los cargos fue propuesto en el escrito de adición de la demanda, complementada en términos del actor, y se refiere a la causal de inelegibilidad del numeral 2º del artículo 40 de la Ley 617 del 2000, escrito que se presentó en la

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Dirección Seccional de Administración Judicial – Villavicencio – el 15 de diciembre de 2011, cuando el término de caducidad de la acción había operado. La decisión del a-quo desestimó las pretensiones señalando para el efecto, como ya se anotó, los siguientes argumentos: o El hecho de integrar el Consejo Superior de la Universidad del Llano no inviste al designado la calidad de empleado público, requisito sine qua non para que se configure la causal del numeral 2º del artículo 40 de la Ley 617 del 2000. o La intervención del elegido concejal en la aprobación de los contratos y en general en las decisiones en las que el Consejo Superior de la Universidad autorizó al Rector de la Universidad para contratar como miembro del Consejo Superior, hechos de los cuales el demandante deriva la inhabilidad, no se hizo en interés propio o de terceros, por lo tanto no se configura la causal de inhabilidad. Para que se configure la causal del numeral 3º « … es necesario que el demandado, intervenga en interés propio o de terceros, por lo tanto como el demandado OSCAR ARMANDO ALEJO CANO participó en decisiones en las que el Consejo Superior autorizó al Rector de la Universidad de los Llanos para contratar, en calidad de miembro del Consejo Superior y no en causa propia, razón por lo que no se configura la causal que señala la ley…»  Caducidad de la acción en relación con la pretensión formulada por el

demandante en el escrito de adición de la demanda De manera previa al estudio del asunto de fondo se considera por esta Delegada asumir el estudio de la excepción de caducidad que se propone a continuación y que solicita se declare en relación con el cargo que el demandante propuso en el escrito por medio del cual señaló que complementaba la demanda inicial. La H. Sala en jurisprudencia que ha sido objeto de reiteración ha establecido que en el «término de corrección de la demanda es posible hacer algunas precisiones

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co que no alteren sustancialmente el petitum, la causa petendi o los sujetos que integran el extremo pasivo de la relación jurídico-procesal» De igual manera ha señalado que «… cuando la corrección comprende la adición de aspectos fundamentales del proceso, tales como las partes, las pretensiones, cargos o casos dentro de un mismo cargo, es necesario que se realice dentro del término de caducidad de la acción. En consecuencia, cuando la parte accionante decide hacer correcciones a su demanda no sólo debe tener en cuenta que el escrito se presente “antes de que quede en firme el auto que la admita”, sino que además debe prever que ello ocurra antes de que venzan los 20 días de que dispone para accionar so pena de la configuración de la caducidad de la acción, ya que en realidad se estará frente a una nueva demanda que involucrará personas e imputaciones que sólo podían hacer parte de la demanda inicial y no

de la corrección cuando ya hubieren pasado los 20 días previstos como término de caducidad de la acción según el artículo 136–12 del C.C.A. Por lo expuesto, la corrección de la demanda está sujeta a que la acción de nulidad electoral no haya caducado, porque si ello ocurrió, dicha corrección queda limitada a la aclaración de la causa petendi, las partes, las pretensiones y las pruebas inicialmente propuestas, así como a la supresión de algunas de estas, pero no a las adiciones». Visto el escrito de adición del libelo inicial (obra a folio 364 del cd. ppal.) en el caso en estudio se tiene que el actor dice que por medio de este escrito pretende «COMPLEMENTAR» la demanda, en lo relacionado con el acápite de los supuestos de hecho y además con la causal de nulidad por cuanto formula una pretensión de nulidad fundada en la consideración conforme a la cual el elegido concejal, además, de estar incurso en la causal de inelegibilidad del numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 del 2000, lo está en igual forma en la causal del numeral 2º del artículo 40 ibídem, lo cual, en los términos del antecedente jurisprudencial que se citó constituye una pretensión nueva.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Es decir, que en el escrito de corrección de la demanda el apoderado de la parte actora propone que la nulidad deprecada se declare con fundamento en hechos y

fundamentos jurídicos nuevos que no fueron considerados en la inicial. Estos nuevos hechos, así como la pretensión de nulidad que se formula con base en la causal del numeral 2º del artículo 30 de la Ley 617 del 2000, dado que se proponen cuando el término de caducidad de la acción ya había operado, no serán objeto de consideración en esta oportunidad por esta Agencia del Ministerio Público, no obstante que la decisión de primera instancia lo hizo; la negativa se fundamenta en el precedente jurisprudencial que, con la venia de la H. Sección se transcribe a continuación: “Sobre el punto referido, es claro que los hechos nuevos, tal como se proponen, constituyen el ejercicio de una nueva acción encaminada al logro de la prosperidad de la pretensión que se propuso en la demanda inicial objeto de corrección. Esta nueva acción soportado en nuevos hechos se propone cuando el término de caducidad de la acción electoral ha operado; la corrección de la demanda no puede ser entendida como un mecanismo para desconocer los efectos de la caducidad de la acción, ni como una oportunidad procesal para reformular la demanda por manera que en la corrección, aun cuando no se modifique la pretensión se puedan argumentar hechos nuevos, sin sujeción a la caducidad de la acción. Sobre el punto, resulta de recibo la cita jurisprudencial traída en el alegato de conclusiones por el apoderado de la parte demandada, ponencia de la H. Consejera, doctora María Noemí Hernández Pinzón, al decidir la acción de nulidad electoral de los Representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del Valle. En dicho pronunciamiento se dijo:

“Según lo interpreta la Sala, la corrección de la demanda de que habla el artículo 230 del C.C.A., modificado por la Ley 96 de 1985, artículo 66, puede presentar, en punto de la pretensión original, entendida no solo como lo que se pide sino también la razón para pedir, no sufra modificación sustancial. Valga decir, que se mantenga el objeto de la acción y que los cargos tampoco pierdan su identidad; la segunda en cambio, trata del evento en que la pretensión anulatoria se mantenga incólume, pero que los cargos en que se funda esa pretensión se modifiquen en forma sustancial, agregando cargos no incluidos en el libelo original. Cuando se presenta la última situación, que es la reflejada por el escrito de reforma de la demanda del ciudadano MARIO ERNESTO CAMPO MORANTES, encue