PGN - Documento 201607091830560

CONTRATOS ESTATALES-incumplimiento en el anticipo CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-Debe existir antes de empezar la actuación administrativa contractual estatal Aunque la entidad accionada reconoce el incumplimiento, pretendió excusar su conducta en la falta de recursos económicos de la entidad territorial. Este argumento no es de recibo para el Ministerio Público, ya que la actividad contractual debe soportarse en la existencia de un certificado de disponibilidad presupuestal para el momento de comenzar la actuación administrativa contractual estatal y un registro de disponibilidad presupuestal que se constituye con base en el anterior, antes de firmar el correspondiente contrato, con lo cual se garantiza que los dineros comprometidos en la contratación se encuentren efectivamente consignados en una cuenta especial a efectos de cumplir puntualmente con las obligaciones de la entidad; razón por la cual no es entendible que hayan ocurrido las moras en la entrega del anticipo y en el pago de los avances de obra, tal como fue pactado en el contrato y como ocurrió en la ejecución del mismo. ANTICIPOS-Administrados por el contratista El Consejo de Estado ha manifestado que el anticipo, diferente a pago anticipado, son dineros de la Administración, administrados por el contratista. Tanto es así que el contratista tiene que presentar una garantía única, en la cual se ampara entre otros el manejo del anticipo y dicho anticipo lo va amortizando el contratista, por descuentos que le hace la Administración a las sumas que ésta misma le debe pagar. No es entendible que de un lado se exija la constitución de pólizas para garantizar cumplimiento del contrato y el buen manejo del anticipo y, de otro, se omita entregar

este último, y cumplir con el pago de los avances de obra. CONTRATOS ESTATALES-Igualdad y equivalencia El artículo 27 de la ley 80 de 1993 señala que “en los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento”.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 680012331000199901452 01 (41186) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-387233

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 19 de octubre de 2011

Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 11-221

Acción: Contractual Radicado: 680012331000199901452 01 (41186)

Actor: Sociedad CONCAY S.A.

Demandado: Departamento de Santander Honorable Señora Consejera: Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, mediante el cual se

solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES Demanda La Sociedad CONCAY S.A., por intermedio de apoderado judicial instauró acción contractual contra el Departamento de Santander, con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: 2 680012331000199901452 01 (41186)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-387233 1.- Que se declarara judicialmente la liquidación del contrato de obra No. 199 del 23 de mayo de 1997, suscrito entre el departamento de Santander y la Sociedad CONCAY S.A., cuyo objeto era “El Mejoramiento de la Vía Troncal del Magdalena Medio-Puerto Parra. 2.- Que en virtud dicha determinación se declarara que el departamento de Santander incumplió el contrato de obra No. 199 de 1997, por inejecución de las obligaciones contractuales a su cargo, consistentes en el no pago del anticipo ni el valor correspondiente a las actas No. 1, 2 y 3, durante la vigencia del contrato. 3.- Que como consecuencia de lo anterior, se declarara que el departamento de Santander ocasionó un desequilibrio económico y financiero del contrato que debía ser resarcido con el restablecimiento de la ecuación contractual vigente el momento de contratar. 4.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene al Departamento de Santander a pagar la indemnización de los perjuicios de orden material y moral que fueron ocasionados, los cuales se estimaban el $398.000.000.

Contestación El Departamento de Santander se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmó que la firma contratista había recibido $49.016.985.50 de más, y que no se debía cobrar el acta No. 3, porque ya había sido cancelada por el departamento conforme a las cantidades de obra ejecutadas. No se opuso a la pretensión de liquidación del contrato, pero frente a las demás pretensiones manifestó que la ejecución del contrato no estaba supeditada al pago del anticipo de conformidad con los numerales 3 y 4 del capítulo 3 del pliego de condiciones, pues si las garantías fueron aprobadas el 4 de junio de 1997 el contrato bebió terminar de ejecutarse el 4 de noviembre del mismo año. 3 680012331000199901452 01 (41186) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-387233 Afirmó que el contratista no estaba facultado para abandonar las obras e incumplir el objeto contractual, y que el Departamento tuvo que contratar a la firma COOCIVILES LTDA., con el fin de remediar el deterioro y estabilidad de la estructura. Frente a los pagos realizados al contratista, afirmó que canceló un anticipo por $206.274.765 del 17 de abril de 1998, acta No. 1 por $28.737.930.50 el 27 de noviembre de1998 y el acta No. 2 por valor de 43.872.028 el 23 de junio de 1998, sumas con las que se cubría la obra ejecutada, quedando un remanente de $49.016.985.50 de debía devolver el demandante. Sostuvo que el pago a destiempo del anticipo se debió una situación financiera

caótica del departamento, más no a falta de interés de la entidad. Propuso las excepciones contrato no cumplido, por la inejecución del contrato en la que incurrió el contratista, inexistencia de la obligación, por haber cancelado las sumas correspondientes al valor ejecutado, y pleito pendiente, por existir una demanda ejecutiva singular por los mismos hechos, entre las mismas partes y por el mismo contrato. Sentencia Por decisión del 10 de diciembre de 2010 el Tribunal Administrativo de Santander declaró no configurados los hechos exceptivos de pleito pendiente, declaró de oficio la prosperidad de la excepción de compensación de las obligaciones a cargo de las partes, dispuso la liquidación del contrato, declaró la responsabilidad contractual del departamento de Santander y, en consecuencia, lo condenó a pagar a la Sociedad Concay S.A., la suma de $8.790.250. Dentro de las consideraciones de mayor relevancia con las que se llegó a la adopción de su decisión, el Tribunal expuso las siguientes: “(…) 4 680012331000199901452 01 (41186) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-387233 En el presente asunto, no es objeto de controversia que el Departamento de Santander con ocasión del Contrato de Obra No. 1999/97 suscrito con la sociedad CONCAY S.A., incumplió algunas de las obligaciones a su cargo como lo fueron el pago del anticipo y el valor constituido en las Actas Parciales de Obra No. 1, 2 y 3 en la fecha en que surgió la obligación de hacerlo, pues ello es reconocido aceptado por el demandado. El problema se circunscribe a establecer si el referido incumplimiento

en las obligaciones contractuales a cargo del Departamento de Santander durante el plazo o vigencia de dicho contrato ocasionó un desequilibrio económico y financiero que llevaron al contratista a no poder seguir ejecutando las obras contratadas y a incurrir en gastos adicionales, que genera para el Ente Estatal la Obligación de indemnizarlo. (…)

4. CASO CONCRETO El día 23 de mayo de 1997 el Departamento de Santander suscribió Contrato de Obra No. 199 con la sociedad CONCAY S.A. (folio 4-7

Anexo 1), adjudicado mediante Resolución No. 2638 del 25 de abril de 1997 en desarrollo de la Licitación Pública No. 21, cuyo objeto fue el mejoramiento de la Vía Troncal del Magdalena Medio – Puerto Parra, contando para ello con una disponibilidad presupuestal de $412.549.531.00 (fl.142 Anexo 1). (…) En el proceso se encuentra probado lo que sigue: 1. 1. La constitución de la fianza que ampara el contrato tuvo lugar el 28 de mayo de 1997, fecha en que la sociedad CONCAY S.A. constituyó la garantía única No. GU-01-01-0535919 y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. RCE 02-01-053-59 expedidas por la Compañía de Seguros la Confianza S.A.., a favor del Departamento de Santander (fls. 149 al 152 Anexo 1).

2. En relación con la fecha de exigibilidad del anticipo se precisa que, en el pliego de condiciones de la licitación No. 21 se señaló que para el desembolso del anticipo se

debería presentar correctamente elaborada la respectiva cuenta de cobro dentro de los cinco días siguientes a la legalización del contrato (fl. 54 Anexo 3) que correspondió a la orden de pago No. 3804 (según se advierte a folio 126 Anexo 2), por lo que el anticipo se hizo exigible una vez el contratista constituyera la referida fianza y lo hiciera saber a 5 680012331000199901452 01 (41186) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-387233 la entidad contratante; no obstante, se advierte que si bien no existe certeza de la fecha en que ello tuvo lugar, para el 18 de junio de 1997 cuando se suscribió el acta de iniciación de las obras ya bebía la contratante haber conocido la constitución de la garantía pues a ella estaba sujeta precisamente la suscripción de la referida acta, por lo que se tendrá como fecha de exigibilidad del anticipo el 18 de junio de 1997.

3. El 18 de junio de 1997 se suscribió Acta de Iniciación de la obra (Fl. 158 anexo 1).

4. El 18 de julio de 1997 la Supervisora Interventora, el Ingeniero Interventor y la Contratista suscribieron Acta de

Recibo Parcial de Obra No. 1 por valor de $28737.930.50. (fls. 155 a 157 Anexo 1).

5. El día 19 de Agosto de 1997 suscribieron Acta de Recibo

Parcial de obra No. 2 por valor de $43.872.028.00. (fls 166, 162 y 163 Anexo 1).

6. El día 18 de septiembre de 1997 suscribieron Acta de

recibo parcial de obra No. 3 por valor de $42.323.910.00 (folios 70 y 71, 69 Anexo 2).

7. En el presente proceso obra copia auténtica de las siguientes órdenes de pago, que además el demandante en el numeral 2.36 y 2.37 del acápite II. HECHOS U OMISIONES de la demanda aceptó haber recibido:  Orden de Pago No. 03804 por valor de $206.274.765.60 de junio 13 de 1997 suscrita por la Tesorera de la Gobernación del Departamento de Santander por concepto de anticipo del contrato de mejoramiento de la vía Troncal Magdalena Medio-Puerto Parra, sellada bajo los siguientes términos: “PAGADO BANCO GANADERO; Cheque No. F7248044; Fecha 17 de Abril de 1998. (fls. 134

Anexo 1). En relación con el referido pago se precisa que éste se verificó solo hasta el 6 de mayo de 1998; un día después de enterarse en la audiencia de conciliación prejudicial realizada por las partes que el referido cheque estaba a su disposición en la Tesorería del Departamento, respecto de lo cual se advierte que la apoderada hizo manifestación en el mismo sentido tal como quedó consignado en el Acta levantada con ocasión de la referida diligencia de conciliación (fls. 31 al 36 Anexo 1). 6 680012331000199901452 01 (41186) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-387233

(…)” Para el Tribunal fue claro que los pagos por concepto de anticipo y actas de avance de obra ejecutada se verificaron varios meses después de la fecha pactada para la terminación del Contrato de Obra No. 199/97, y que en razón del citado incumplimiento, el contratista no pudo continuar con las ejecución de las obras y terminar con el objeto contractual. Recalcó que el contratista en varias oportunidades solicitó el pago de las sumas adeudadas y el restablecimiento del equilibrio contractual, sin que hubiese recibido respuesta favorable a sus pretensiones, pues incluso en la audiencia de conciliación celebrada el 5 de mayo de 1998, la entidad gubernamental manifestó no conciliar por cuanto la suma solicitada era superior a la disponibilidad presupuestal existente, y por estar atravesando por una crisis económica. Concluyó señalando que el incumpliendo de la entidad contratante afectó notoriamente la ejecución de la obra contratada, pues pese a que se ejecutó más de la mitad de la obra (55.72%), ello impidió que el contratista cumpliera con el objeto contratado en los términos inicialmente pactados, generándose una ruptura de la ecuación económica del contrato No. 199/97 y la obligación de la entidad pública de asumir los perjuicios sufridos por CONCAY S.A. Al momento de proceder a la liquidación del contrato, después de analizar la cantidad de obra ejecutada, las fechas en las que debió realizarse el pago del anticipo y las actas de avance de obra, frente a las fechas en que efectivamente se produjo el pago, el A quo consideró que las acreencias a favor de la firma

CONCAY S.A. llegaban a $84.492.196.32 y el saldo por amortizar del anticipo a $91.340.896, quedando un saldo a favor de la entidad contratante de $6.848.698 que indexados ascendieron a $13.833.813. Frente a los perjuicios causados a la entidad contratista por concepto de daño emergente, el Tribunal consideró que no fueron debidamente acreditados por la 7 680012331000199901452 01 (41186) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-387233 parte actora, y en dicho sentido se omitió reconocer valor alguno por dicho concepto. Respecto al lucro cesante solicitado en la demanda, encontró que era procedente el reconocimiento del beneficio económico que el contratista pretendía recibir por la ejecución del contrato, que conforme al contenido de la propuesta correspondía al 4% calculable sobre el 44.28% de las obras dejadas de ejecutar, dando como resultado un valor de $5.407.237 que siendo indexado y adicionado con los respectivos intereses legales ascendió a $22.624.063. Por resultar deudas a favor y en contra de cada una de las partes en contienda, el Tribunal Administrativo de Santander declaró de oficio la excepción de compensación, quedando un saldo en contra del Departamento de Santander de $8.790.250 cuyo pago se dispuso en la parte resolutiva de la sentencia. Apelación El Departamento de Santander a través de su apoderado judicial solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia, arguyendo que la entidad contratista ejecutó parte del contrato No. 199 de 1997, por obras que ascendieron a

$229.867.738, y que recibió un total de $278.884.723.50, quedando un remanente de anticipo no amortizado de $49.016.985.50, que la parte demandante debía devolver con sus interese debidamente indexados y con sus respectivos intereses.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico  ¿Conforme a la liquidación que del contrato 199 de 1997 realizó el Tribunal Administrativo de Santander, existen sumas de dinero que CONCAY S.A. deba reintegrar al Departamento de Santander? 8 680012331000199901452 01 (41186)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-387233 Análisis Jurídico Conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, la acción de controversias contractuales puede intentarse por las partes de un contrato estatal para que “se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas”. La parte actora solicitó la liquidación del contrato de obra No. 199 de 1997 suscrito el 23 de mayo de 1993 entre el Departamento de Santander y la Sociedad Concay S.A., por incumplimiento de la entidad gubernamental en el pago anticipo y el valor correspondiente a las actas No. 1, 2 y 3, durante la vigencia del contrato. Con base en lo anterior pretendió el restablecimiento del equilibrio económico y financiero del contrato, y la condena de la entidad a pagar la indemnización de

los perjuicios de orden material y moral que fueron ocasionados. El Tribunal Administrativo de Santander encontró fundados los reclamos de la parte actora y, en consecuencia, dispuso la liquidación del contrato, declaró la responsabilidad contractual del departamento de Santander y lo condenó a pagar a la Sociedad CONCAY S.A., la suma de $8.790.250., después de declarar de oficio la prosperidad de la excepción de compensación de las obligaciones a cargo de las partes. El departamento de Santander solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia, arguyendo que la entidad contratista ejecutó parte del contrato No. 199 de 1997, por obras que ascendieron a $229.867.738, y que recibió del municipio un total de $278.884.723.50, quedando un remanente de anticipo no amortizado de $49.016.985.50, que la parte demandante debía devolver con sus interese debidamente indexados y con sus respectivos intereses. 9 680012331000199901452 01 (41186) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-387233 Análisis fáctico Teniendo en cuenta que los documentos aportados en la demanda no fueron tachados de falsos por el Departamento de Santander, y considerando que la mayoría de los hechos que en ellos se soportaban fueron admitidos por la entidad territorial, se procederá a relatar los acontecimientos que dieron origen a la presente actuación. Mediante resolución No. 2638 del 25 de abril de 1997 la Gobernación de Santander adjudicó la licitación pública No. 021 de 1996 a la firma CONCAY

S.A., cuyo objeto era el mejoramiento de la Vía Troncal del Magdalena Medio – Puerto Parra y, para tal efecto, el 21 de abril de 1997 el Director General de Presupuesto de la Gobernación certificó la existencia de una disponibilidad presupuestal por valor de $412.549.531 (folios 6 y 7 – cuaderno 1). En cumplimiento a la resolución de adjudicación de la licitación 021 de 1996 se suscribió el contrato No. 199 del 23 de mayo de 1997, con un plazo de ejecución de 5 meses, y por $412.549.531 que se pagarían mediante actas mensuales de avance parcial de obra, de cuyo valor se amortizaría el 50% correspondiente al anticipo. El acta de iniciación del contrato fue suscrita el 18 de junio de 1997, una vez se constituyó la garantía única y la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Conforme a los términos del contrato la amortización del anticipo se haría mediante deducción del 50% de las órdenes de pago provenientes de las actas de recibo de obra, las cuales debían ser elaboradas entre el interventor y el contratista dentro de los cinco primeros días calendario del mes siguiente a la ejecución de las obras. El 18 de julio de 1997 la supervisora interventora, el ingeniero interventor y la contratista suscribieron el acta de recibo parcial de obra No. 1 por valor de $28.737.930.50, el día 19 de agosto de 1997 suscribieron el acta de recibo parcial de obra No. 2 por valor de 10 680012331000199901452 01 (41186)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-387233 $43.872.028.00, y el 18 de septiembre de 1997 suscribieron acta de recibo parcial de obra No. 3 por valor de $42.323.910.00. Pese a lo anterior, los pagos por dichos conceptos se vinieron a verificar el 6 de mayo de 1998 (anticipo), 24 de noviembre de 1998 (acta de recibo parcial No. 1), y 23 de junio de 1998 (acta de recibo parcial No. 2), sin que se hubiese cancelado el valor del acta No. 3. El Departamento de Santander no canceló el valor del anticipo al momento de iniciar la ejecución del contrato 199 de 1997 (18 de junio de 1997), obligando al contratista a utilizar sus propios recursos para cumplir con las obligaciones con el contraídas, y solo vino a recibir el pago hasta el 6 de mayo de 1998. Similar situación se presentó respecto de las actas de avance de obra No. 1, 2, y 3, que no fueron pagadas en el momento de su causación, sino meses después de haber sido suscritas por las partes del contrato. La Sociedad CONCAY S.A. dirigió diferentes oficios para obtener el pago del anticipo y del valor de las actas parciales de avance de obra, no obstante, el Departamento de Santander omitió atender dichos requerimientos en menoscabo de sus derechos económicos, y pese al incumplimiento de su contraparte llegó a ejecutar el 55.72% de la obra pactada. Por lo anterior es acertado que el Tribunal Administrativo de Santander haya reconocido intereses entre la fecha en la que la administración debía cancelar

anticipo, el valor de las actas parciales de avance de obra, y el día en que la Sociedad CONCAY S.A. recibió el pago por dichos conceptos. Si bien es cierto que la obra ejecutada ascendió a $229.867.738 y el contratista recibió un pago total de $278.884.723.50, la diferencia entre dichos valores (49.016985.50) no es la que debe reintegrarse a la entidad demanda, pues como se ha venido indicando, la mora en el pago del anticipo y las actas parciales de avance de obra generó intereses en favor de la contratista que bebían restarse a dicho reconocimiento. 11 680012331000199901452 01 (41186) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-387233 El Tribunal Administrativo de Santander después de realizar la liquidación de los intereses en favor de la Sociedad CONCAY S.A., encontró que dicha entidad debía reintegrar $6.848.698 más la correspondiente indexación hasta la fecha de emisión de la sentencia, quedando una obligación a cargo de la entidad contratista de $13.833.813. Dicha suma fue compensada con los $22.624.063 (ya indexados) que el A quo encontró acreditados como lucro cesante en favor de la Sociedad CONCAY S.A., resultado una obligación de $8.790.250 a cargo del Departamento de Santander. Para el Ministerio Público es claro que el Departamento de Santander al incumplir con sus obligaciones contractuales, ocasionó un desequilibrio de las prestaciones económicas en las que se pactó el contrato y, además, privó a la Sociedad CONCAY S.A. de recibir la utilidad proyectada con la ejecución total

del contrato. Aunque la entidad accionada reconoce el incumplimiento, pretendió excusar su conducta en la falta de recursos económicos de la entidad territorial. Este argumento no es de recibo para el Ministerio Público, ya que la actividad contractual debe soportarse en la existencia de un certificado de disponibilidad presupuestal para el momento de comenzar la actuación administrativa contractual estatal y un registro de disponibilidad presupuestal que se constituye con base en el anterior, antes de firmar el correspondiente contrato, con lo cual se garantiza que los dineros comprometidos en la contratación se encuentren efectivamente consignados en una cuenta especial a efectos de cumplir puntualmente con las obligaciones de la entidad; razón por la cual no es entendible que hayan ocurrido las moras en la entrega del anticipo y en el pago de los avances de obra, tal como fue pactado en el contrato y como ocurrió en la ejecución del mismo. 12 680012331000199901452 01 (41186) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-387233 El Consejo de Estado1 ha manifestado que el anticipo, diferente a pago anticipado, son dineros de la Administración, administrados por el contratista. Tanto es así que el contratista tiene que presentar una garantía única, en la cual se ampara entre otros el manejo del anticipo y dicho anticipo lo va amortizando el contratista, por descuentos que le hace la Administración a las sumas que ésta misma le debe pagar. No es entendible que de un lado se exija la constitución de pólizas para garantizar cumplimiento del contrato y el buen manejo del anticipo y, de otro, se omita entregar este último, y cumplir con el pago de los avances de obra.

El artículo 27 de la ley 80 de 1993 señala que “en los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento”. Como el Departamento de Santander pese a afectar el equilibrio de las prestaciones económicas pactadas en el contrato 199 de 1997, no adoptó las medidas que la parte actora solicitó para su restablecimiento, los reconocimientos que el A quo realizó en el fallo de primera instancia, en consideración del Ministerio Público fueron ajustados a derecho, ya que se emitieron conforme a la conducta que cada una de las partes asumió en desarrollo del contrato. CONCEPTO Del recuento normativo aplicable al caso, y las consideraciones trascritas en precedencia, esta Delegada ha de concluir, tal como lo hizo el A quo, que el Departamento de Santander incumplió con las obligaciones pactadas en el 1 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA

• Consejera ponente: MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ - Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil (2.000) - Radicación número: 18.709 13 680012331000199901452 01 (41186)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-387233 contrato 199 de 1997, por generar un desequilibrio de las prestaciones económicas y la perdida de la utilidad proyectada por la Sociedad CONCAY S.A.

Por lo anterior esta Agencia del Ministerio Público solicita la confirmación de la sentencia de objeto de impugnación. De la señora Consejera, ISNARDO JAIMES JAIMES Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 14 680012331000199901452 01 (41186) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-387233