PGN - Documento 201607091831551

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 165 / 2010

Bogotá, D.C., 7 de julio de 2010 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejera Ponente Dra. RUTH STELLA CORREA PALACIO

E. S. D.

Ref: Proceso No 26954 (76001233100019980140101) Acción de reparación directa Actor: Zoraida Ramírez Benítez Duarte y otros Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

2 Expediente No 26954 (01401) 1.1 ZORAIDA RAMIREZ IDARRAGA (progenitora), HERNAN GRANJA OLIVEROS (padrastro) quienes actúan en nombre propio y en representación de su hijo menor ANDRES FELIPE GRANJA RAMIREZ, y MARIA DE JESUS IRRAGA VDA DE RAMIREZ (abuela materna), en ejercicio de la acción de reparación directa, demandaron a la NaciónMinisterio de Defensa – Policía Nacional, Municipio de Santiago de CaliSecretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad – Inspección de Policía Municipal y Desarrollo Comunitario – Floralia, para que se les declare solidariamente responsables de la muerte del señor JOHNNY ALEXANDER RAMIREZ, ocurrida el 29 de diciembre de 1996 dentro de las instalaciones de la Inspección de Policía Municipal y Desarrollo

Comunitario de la ciudad de Santiago de Cali, donde se le encontró ahorcado con su camisa. 1.2 Las entidades demandadas contestaron la demanda.  El Ministerio de Defensa - Policía Nacional (fls 44 a 46 c. ppal) se opuso a las pretensiones por considerar que la parte actora no aportó prueba alguna que acredite que los hechos narrados en la demanda fueron ocasionados por la acción u omisión de los agentes de la Policía Nacional.  El Municipio de Santiago de Cali (fls 50 a 54 c. ppal) se opuso a las pretensiones y propuso la excepción de Inexistencia de causa petendi frente al municipio o de falta de legitimación en la causa por pasiva – Inexistencia de nexo causal.- Advierte que según lo narrado en la demanda, el señor Jhony Alexander Ramírez fue conducido por efectivos de la Policía Nacional hacía la Estación de Policía del Barrio Florida de la ciudad de Cali y que si bien dicha estación se encuentra construida dentro de un terreno de propiedad del municipio, ello de manera alguna permite imputar responsabilidad al ente territorial. Que los hechos ocurrieron al interior de la Estación de Policía, que se encontraba a cargo del Comando de la Policía Metropolitana. Precisó que no se puede confundir una estación de Policía con una Inspección de Policía.

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3 Expediente No 26954 (01401) 1.3 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia de 14 de marzo de 2003, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por

pasiva formulada por el Municipio de Santiago de Cali y negó las pretensiones de la demanda. Para el a-quo, no existe razón para imputar responsabilidad a la NaciónMinisterio de Defensa – Policía Nacional por el hecho de la muerte del señor Jhony Alexander Ramírez, toda vez que la actuación de la misma estuvo acorde con las normas legales y constitucionales y porque obró un factor que rompió el nexo causal existente entre el pretendido comportamiento irregular y las consecuencias dañosas, como fue la culpa exclusiva de la víctima que se constituyó en un hecho irresistible e imprevisible que exonera de toda responsabilidad a la Policía Nacional. 1.4 Apelación.- La parte demandante interpuso recurso de apelación (fls 124 a 128 c.4) alega no compartir la decisión del Tribunal en la medida que le dio paso a la culpa exclusiva de la víctima, sin tener en cuenta que el occiso era una persona de bien, que no era delincuente y que para la fecha de su deceso no se encontraba embriagado como tampoco drogado. Que a pesar de que su progenitora en un lapsus manifestara que “éste en caso de ser retenido en una inspección de policía se mataría”, ello no corresponde a la realidad, pues se trataban de un muchacho de escasos 18 años que por el hecho de cometer un error pudiera pensar en la posibilidad del suicidio. Que el juzgador no tuvo en cuenta las laceraciones que presentaba el cuerpo de la víctima y que ponen en duda la posibilidad de un suicidio.

II CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema jurídico

La controversia jurídica se contrae a establecer si la muerte del señor JHONY ALEXANDER RAMIREZ le resulta imputable a la Nación Ministerio de DefensaPolicía Nacional, dada la obligación de protección que tenía frente al retenido,

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4 Expediente No 26954 (01401) para devolverlo a la sociedad en las mismas condiciones en las que fue capturado, o si operó la culpa exclusiva de la víctima, como causal que exonera de responsabilidad al Estado. Hechos probados y análisis Por solicitud de la parte actora (fls 24 c. ppal), coadyuvada por la entidad demandada (fl 45 c. ppal) y decretada por el Tribunal (fls 56 a 59 c ppal) se allegó como prueba trasladada copia del proceso penal que se adelantó por la Fiscalía 14 Seccional de Cali con ocasión de la muerte del señor Jhony Alexander Ramírez (fls 23 a 66 c. 2), elementos de juicio que pueden ser valorados para desatar este litigio. El Consejo de Estado -Sección Tercera, sentencia de 10 de agosto de 2000. Rad. 12648al estudiar el tema de la prueba practicada en proceso diferente, señaló, en relación con la prueba documental, que: “Esa prueba a diferencia de la testimonial se apreciará y valorará, según el caso. La ley procesal civil enseña que como la prueba documental puede provenir de cualquiera de las partes o de un tercero, y puede ser pública o privada, habrá que tener en cuenta las exigencias legales, en cada caso, para valorarlas. Si la trasladada llena las condiciones de aportación, apreciación y valoración se tendrán

en cuenta. En caso contrario no, porque el simple traslado no puede legitimar el estado precario de un medio probatorio. En el caso de aportación debida de prueba documental pública o privada en el proceso penal, y trasladada a éste contencioso administrativo, se apreciará en toda su extensión, porque no fueron tachados dentro de la oportunidad legal. Al respecto la ley procesal civil, artículo 289 C.P.C, indica que la parte contra quien se presente un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó con ésta; y en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o diligencia” En principio, cuando se trate de prueba testimonial trasladada, ésta solo podrá valorarse si fue practicada a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aduce (C.P.C art. 185) o si en la actuación que la recibe se ratifica (C.P.C. art 229)

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5 Expediente No 26954 (01401) En sentencia de 20 de febrero de 2008. Radicación: 16.056 (R-0074), la Sección Tercera indicó: “En cuanto al traslado de pruebas, esta Sección ha expresado, en otras ocasiones, que aquellas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla, no podrán ser valoradas en el primer proceso1. También ha dicho la

Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión2.” (resaltado y subrayado ajeno al texto original) El hecho de la muerte del señor JHONY ALEXANDER RAMIREZ, se acreditó con las copias auténticas del registro civil de defunción (fl 3 c. ppal), de las actas de inspección del cadáver (fls 25 a 6 c. 2) y de levantamiento (fls 28 a 29 c. 2) y con el protocolo de necropsia ML-96-4235 (fls 48 a 49 c. 2) en los que consta que su deceso tuvo lugar el 29 de diciembre de 1996. Según criterio de la perito forense, la victima corresponde a un “hombre joven de contextura y estado nutricional normales falleció por asfixia mecánica por ahorcamiento que le produjeron severa insuficiencia respiratoria – muerte compatible como suicidio” En cuanto a las circunstancias de tiempo modo y lugar como se sucedieron los hechos, se encuentra probado lo siguiente:

• Informe de de 28 de diciembre de 1996, suscrito por el Agente Gamboa Gómez Jorge Eduardo, por medio del cual deja a disposición del Comandante de la Sexta Estación – Policía Metropolitana de Cali, a un retenido de nombre Jhony Jairo Restrepo, edad 18 años e indocumentado, quien dijo ser hijo de Zoraida Restrepo: 1 Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300. 2 (pie de página de la cita)Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789

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6 Expediente No 26954 (01401) “El antes mencionado fue conducido de la Cra 1 A con calle 71 de la parte posterior del bloque 25 cerca de la cancha de básquet sitio en que a las 21:45 horas de encontraba en grave estado de excitación, bajo el efecto de sustancias alcohólicas y al parecer bajo efectos de droga fármaco dependiente causando alteración del orden público y después de haber causado daños en el apartamento del señor Juan José Romero Villarrada de 36 años de edad (…). Es de anotar que el primero en mención quebró los vidrios de la parte posterior del apartamento del señor Juan José Romero Villarrada. (…)” - Acta de Inspección del cadáver practicada por la Fiscalía General de la Nación. Consta como resumen del hecho (fl 25 c. 2): “El selor (sic) JHON JAIRO, fue traído hasta esta Estación por encontrarse causando daños en propiedades ajenas, sobre la once de la noche, hacía las dos de la mañana se

descubrió que utilizando su camisa, logró quitarse la vida al ahorcarse, suspendiéndose de unos barrotes del techo del calabozo” (subrayado ajeno al texto) - Acta de levantamiento del cadáver. Se describe el lugar donde acontecieron los hechos y la forma en que fue encontrada la víctima (fls 28 y 29 del c. 2): “nos trasladamos a la Estación de Policía Floralia ubicada en la calle 72 con Car 3, encontrándonos en dicho lugar se nos informa por parte de varias unidades de Policía que al interior de la Estación en uno de los calabozos que está en parte posterior de ésta se encuentra un cuerpo sin vida de una persona colgado a una prenda de vestir. Se procede al ingreso a la Estación guiados por un agente de la policía atravezando (sic) varios salones llegamos hasta la parte posterolateral por el lado izquierdo orientados de occidente a oriente y atrás de unos lavaderos de manos en un calabozo aproximadamente tres por dos metros, colgado a una reja pendiendo de una camisa de manga larga se observa el cuerpo sin vida de una persona presumiéndose hasta este momento que se trata de un suicidio. ANTECENDENTES DEL HECHO Y DE LA MUERTE: Con relación a la muerte del hoy occiso esta se produjo en el mismo lugar de donde se lleva a cabo la diligencia de levantamiento. Con relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, se desconoce para el despacho (…) se encuentra presente en la diligencia el señor comandante de guardia de la estación Floralia el AG GONZALEZ CARABALI JUSTINIANO, quien fue la persona encargada

de recibir a través de informe en calidad de retenido al señor Jhon Jairo Restrepo ahora occiso, quien de manera verbal expresa al despacho que este último se encontraba en estado de embriaguez y que tomó las medidas preventivas como la de despojarlo de su correa y los cordones para luego trasladarlo hasta el calabozo (…)”

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7 Expediente No 26954 (01401) (resaltado y subrayado ajeno al texto) - Durante el desarrollo de la diligencia de levantamiento del cadáver se ordenó por parte del Fiscal recepcionar la declaración bajo juramento del Agente Justiniano González Carabali (fls 33 a 35 c. 2), quien frente a lo sucedido, manifestó: “(…) entré a prestar turno como comandante de guardia en esta estación a la nueve de la noche del día inmediatamente anterior. Siendo las once de la noche se presente el señor Ag Gamboa Gómez Eduardo, trae a un joven retenido el cual presenta signos de alicoramiento, el agente que conoce su caso y es quien trae el retenido, realiza su respectivo informe dejándolo a disposición del comando de Estación, entonces yo como comandante de guardia le pido el favor que se quite la correa y los cordones de los zapatos, claro esta que solo traía un cordón porque el otro el señor agente le había amarrado las manos para poderlo traer (…) una vez se quita el cordón y la correa estuvo en la guardia hasta que el agente me presentara el informe (…) yo me quedo en la estación solo, junto con el retenido, este ultimo ante la insistencia que tenía para que lo dejara ir, entonces procedí a llevarlo a la sala de retenidos, eran ya como las once y

media de la noche, después de esto yo escuchaba al retenido que gritaba que le regalara agua y un cigarrillo, yo le lleve agua pero no cigarrillos, eran ya como las doce y veinte aproximadamente, es de aclarar que en varias ocasiones le pase revista y se encontraba bien. PREGUNTADO Como se entero usted sobre la muerte de este joven al interior del calabozo donde lo encerró CONTESTADO: Porque cuando llegó el personal de refuerzo, como a eso de la una y treinta de la mañana del día de hoy, el señor AG BEMUDEZ QUINTERO GERMAN, me informó que el señor que estaba en el calabozo estaba colgado con una camisa, de inmediato constate la novedad y procedí a informarle al comandante de la estación RODRIGUEZ ROJAS ROVER, quien se encontraba de servicio fuera de la estación, este oficial inmediatamente se traslado hasta estas dependencias y se apersono del caso” (resaltado y subrayado ajeno al texto) - Informe del Secretario Judicial II, por medio del cual pone en conocimiento del señor Fiscal, que el día 29 de diciembre de 1996 se hizo presente la señora ZORAIDA RAMIREZ a reclamar el cuerpo sin vida de su hijo cuyo nombre correcto corresponde a JHONY RAMIREZ (fl 39 c. 2). El Fiscal ordenó recepcionar el testimonio de la precitada señora, para conocer lo que le conste respecto de la muerte del joven y establecer con precisión la identificación correcta del occiso.

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8 Expediente No 26954 (01401) - Declaración que bajo juramento rindió la señora ZORAIDA RAMIREZ

progenitora de la víctima (fls 40 a 41 c. 2) “PREGUNTADO: Usted como madre, que cree sobre su hijo, que haya motivado al suicidio. CONTESTO: A lo mejor que porque lo llevaron allá y dijo un día me dijo, mamá si me llegan a coger y que me dicen que me voy para Villa Nueva, y como cumplido su mayoría de edad le daba miedo ir a la cárcel y dijo que mejor se mataba PREGUNTADO: Los generales de ley de su hijo CONTESTO: El nombre completo es JHONY ALEXANDER RAMIREZ, natural de Cali el día 12 de julio de 1978, es decir tenía 18 años de edad hijo de Zoraida Ramírez, soltero, no laboraba en estos momentos tampoco había terminado su bachillerato (…)” (resaltado y subrayado ajeno al texto) - Álbum fotográfico que registra el lugar de los hechos y la posición de la victima al interior de la celda. Estudio elaborado por el Cuerpo Técnico de Investigación – Sección Criminalística de la Fiscalía General de la Nación (fls 55 a 63 c. 2). Se destacan las explicaciones correspondientes a las fotográficas Nos 3 y 7: “FOTOGRAFIA SEMICONJUNTO No 3: (…) se observa de dos ángulos diferentes en primer plano la posición natural en suspensión incompleta pendiente de una camisa de manga larga dentro de la celda orinal (…) con miembros superiores en extensión e inferiores en semiflexión. La manera fue suicidio y la causa ahorcamiento (…)” “FOTOGRAFIA DETALLE No 7: Placas fotográficas nros seis y siete, visualizándose

concretamente la prenda utilizada (CAMISA MANGA LARGA) soportando el cuerpo del occiso, con sus respectivos nudos realizados a la altura de la reja y otro al nivel del vertex” - Resolución interlocutoria No 018-83928 de 26 de noviembre de 1997, proferida por la Fiscalía 14 Delegada ante Circuito Unidad Primera Especializada – Delitos contra la vida, libertad y pudor de Cali, por la cual se inhibió de abrir investigación, precluyó todo procedimiento y declaró la improcedibilidad de la acción penal que adelantaba con ocasión de la muerte del señor Jhony Alexander Ramírez (fl 64 c. 2): “RESUMEN HECHOS Y FUNDAMENTOS LEGALES: En las piezas procesales recaudadas dan cuenta que el hoy occiso JHONY ALEXANDER RAMIREZ., falleció como consecuencia a (sic) causas por él mismo provocadas, sin que existiera actividad eficaz de inducción al suicidio por parte de otra

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9 Expediente No 26954 (01401) persona o que hubiera recibido ayuda efectiva para suprimirse su vida de un tercero, entendiéndose la determinación de quitarse la vida debido a un estado depresivo del mismo interfecto” De lo expuesto se concluye que no existe razón para inferir una falla del servicio imputable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, ya que los policiales cumplieron con los deberes de cuidado frente al retenido, pues previo a su ingreso a la celda fue requisado y se le despojó de aquellos elementos que le pudieran servir como instrumento para causarse daño, el único cordón que le

quedaba y la correa del pantalón. Además en la declaración que bajo juramento rindió el agente que se encontraba a cargo de la Estación, afirmó haber pasado revista a la celda en varias ocasiones sin advertir algún comportamiento extraño de la víctima. El Ministerio Público comparte la conclusión a que se llegó en la investigación penal, que se produjo el trágico deceso por causa imputable única y exclusivamente a la propia víctima, quien atentó contra su propia vida. La motivación del señor Jhony Alexander Ramírez para atentar contra su vida, se explica por su progenitora quien afirmó haber escuchado de su hijo que prefería matarse antes que ir a la cárcel por el miedo que le producía encontrarse bajo tales circunstancias. “(…) para que surja el deber del Estado de reparar el daño causado por el suicidio de un recluso o un conscripto es necesario acreditar que por el trato que recibía en el establecimiento militar o carcelario fue inducido a tomar esa decisión, o bien que la persona sufría un trastorno síquico o emocional que hacía previsible el hecho y que a pesar de ser conocida esa circunstancia por las autoridades encargadas de su seguridad, no se le prestó ninguna atención médica especializada, ni se tomó ninguna determinación tendiente a alejarlo de las situaciones que le generaran un estado de mayor tensión o peligro. En caso contrario, esto es, en el evento de que la decisión del soldado o retenido sea libre porque obedezca al ejercicio de su plena autonomía, o en el evento de que su perturbación o la necesidad de ayuda sicológica, por las especiales circunstancias del

caso, no hubiera sido conocida las autoridades encargadas de su protección, el hecho sería sólo imputable a su autor por ser imprevisible e irresistible para la administración.” 3 En concepto del Ministerio Público no hay fundamento para exigir del Estado la reparación del daño alegado, pues no existe en el proceso prueba que permita 3 Sección Tercera, sentencia de 30 de noviembre de 2000, Exp: 13.329

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10 Expediente No 26954 (01401) inferir que el joven Jhony Ramírez hubiese recibido malos tratos o que fuera inducido al suicidio. El señor Juan José Romero Villarrada4, persona que no sólo estuvo presente durante la retención del joven sino que además se desplazó junto con la Policía al lugar donde lo dejaron retenido, afirmó que el operativo de captura se desarrolló en un ambiente de calma y que el trato que recibió por parte de los agentes de la policía fue bueno. En las evaluaciones que se hicieron al cadáver, las únicas huellas de violencia que fueron observadas y referidas corresponden a las consecuencias del ahorcamiento. En suma, el daño se produjo por culpa exclusiva de la víctima, circunstancia que opera como causal eximente de responsabilidad del Estado. Por todo lo expuesto, el Ministerio Público solicita confirmar la sentencia apelada. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente, FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado 4 Testimonio rendido ante la Fiscalía de fecha 6 de febrero de 1997 (fls 44 a 47 c. 2)

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