PGN - Documento 201607091831583

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 4 de junio de 2010 Doctora

GLADYS AGUDELO ORDOÑEZ

Consejera Ponente ( E ) – Sección Tercera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 10-103

Acción de Reparación Directa Radicado: 68001233100020000246001 (37664)

Actor: JAIRO BALLESTEROS RODRIGUEZ Y OTRA

Demandado: Municipio de Barrancabermeja-.

Honorable Señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia, que se encuentra a conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, demandante y demandada, el cual, como se verá, concluye con la solicitud de que se modifique la sentencia impugnada, con fundamento en lo

siguiente: Antecedentes. 1-. El señor Jairo Ballesteros Rodriguez y la señora Graciela Pacheco de Ballesteros por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra el Municipio de Barrancabermeja con la pretensión de que se declare responsable administrativa y 68001233100020000246001 (37664) Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Teléfono 5878750 5aCdeE/WRO/ Almv IUS 2010-169835 extracontractualmente por los perjuicios de orden material – daño emergente y lucro cesante, ocasionados por la ocupación de hecho que permitieron y no

impidieron del Instituto Antonio Nariño durante el periodo comprendido desde 30 de julio de 1998 hasta el 7 de octubre de 1998 por parte de manifestantes llegados a la ciudad de Barrancabermeja. Basado en los siguientes hechos: “El día 30 de julio de 1998, una turba de aproximadamente mil manifestantes irrumpió violentamente en el Instituto Antonio Nariño con el propósito de incurrir en una ocupación de hecho y establecer allí su campamento mientras reivindicaban ante el Gobierno Municipal y Nacional, diversas peticiones de tipo económico y político. Salvo las oficinas administrativas, el colegio fue tomado en su totalidad: sus salones de clase fueron habilitados como dormitorios y comedores, sus tableros fueron convertidos en camas, sus pupitres convertidos en leña para cocinar, las mesas de dibujo se usaron para picar verduras, el cableado eléctrico fue sustraído de las paredes, y tales cables utilizados para guindar hamacas-, las puertas fueron derribadas, los vidrios fueron rotos, los sistemas de ventilación fueron completamente destruidos. Dicha toma duró 67 días durante los cuales el Instituto no pudo funcionar y en los que las autoridades civiles y policiales optaron por no aplicar el ordenamiento jurídico vigente en aras de mantener una estabilidad precaria en el orden público; sacrificando así, con desconocimiento de la legalidad, los derechos de los demandantes, prefiriendo privilegiar lo que según su ideario constituía un interés colectivo, asunto que fue más allá de lo que un ciudadano está en la obligación de soportar íngrimo dentro de un Estado Social de Derecho.

2-. El Municipio de Barrancabermeja -, a través de apoderado, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, negando unos hechos y ateniéndose a lo probado en otros en la medida en que las peticiones que reivindicaban los ocupantes no eran ante el Gobierno Municipal y presentó las siguientes excepciones: de cumplimiento y fuerza mayor. 3-. El Tribunal a quo declaró administrativamente responsable al Municipio de Barrancabermeja, por los daños ocasionados derivados de la ocupación de hecho ejecutada por desplazados, al desestimar las excepciones y considerar: 2 68001233100020000246001 (37664) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2010-169835 “(…) en cumplimiento de dicho precepto constitucional, el Código Nacional de Policía prevé un procedimiento administrativo en virtud del cual se puede lanzar por ocupación de hecho a quien arbitrariamente prive de la tenencia de un inmueble a su tenedor legítimo; actuación que no es oficiosa, sino que se inicia por la querella interpuesta por el interesado. En efecto a folio 4 y siguientes del expediente se encuentran las misivas enviadas al Alcalde Municipal de Barrancabermeja y al Presidente de la República en las que insistentemente solicita la evacuación de los desplazados que se hallan ocupando arbitrariamente el Instituto privado de Educación “Antonio Nariño”, sin que en la foliatura se encuentren pruebas de las gestiones realizadas por la Alcaldía Municipal para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho. Y aunque el Municipio señale que actuó bajo las directrices del Gobierno Nacional, ello no obsta para que tome las medidas administrativas necesarias dentro del

ámbito de su competencia para solucionar la problemática puesta en conocimiento por los accionantes, prefiriendo optar por una conducta pasiva y omisiva al respecto, máxime cuando las acciones y políticas gubernamentales frente a la problemática de los desplazados consignadas en el acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Mesa Regional del Magdalena Medio, así como los proyectos de reglamentación que el Gobierno Nacional iba a implementar se concretaron y expidieron con posterioridad a la fecha del acontecer fáctico que sustenta las pretensiones de la demanda. Finalmente aun cuando los daños hubiesen sido causados por los desplazados; lo cierto, es que en vista de que el Municipio de Barrancabermeja no ejecutó las diligencias tendientes a realizar la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho solicitada por los accionantes incurrió en una conducta negligente y omisiva, por la cual deberá declararse responsable. 4-. Dentro de la oportunidad legal, las partes interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia: La parte actora al señalar como: El motivo de inconformidad, básicamente, el hecho de no haber aceptado el Tribunal el dictamen de los peritos en el cual éstos consideraron causado un lucro cesante en el componente del daño antijurídico sufrido por los propietarios del plantel educativo. En efecto, está más que acreditado cuál es el número de alumnos que se retiro de la institución educativa, aspecto éste que fue verificado por los peritos y consta documentalmente en los folios 397 y 398 del cuaderno No. 2. 3 68001233100020000246001 (37664)

5aCdeE/WRO/Almv IUS 2010-169835 Semejante retiro masivo, según las reglas de la experiencia, sólo puede obedecer al hecho, a nuestro juicio más bien determinante, de que el colegio para ese momento no era precisamente un colegio, sino un pandemónium insalubre en el que difícilmente se podía cumplir con las labores propias de la enseñanza y el aprendizaje de menores de edad. El retiro masivo de los alumnos causó un daño por lucro cesante estimado en la suma de $741659.756, sin que para el a quo ello parezca razonable, sin decir por qué razón. Llamamos la atención sobre el hecho de que una cosa es que no esté probado el daño antijurídico en la modalidad de lucro cesante (evento en el cual no habrá de ser próspera la pretensión), y otra cosa bien distinta es que dicho daño este acreditado pero no halle el fallador certeza acerca de la magnitud del mismo (caso en el cual lo que procede es un incidente de liquidación del perjuicio). Así las cosas, solicito al ad quem modificar parcialmente el fallo recurrido para en su lugar acceder además a la indemnización pretendida por lucro cesante tal como esta acreditada en el plenario. La parte demandada, el Municipio de Barrancabermeja, argumentó: “(…) mi inconformidad con la sentencia apelada radica esencialmente en la valoración dada a cada una de las pruebas allegadas al expediente e interpretadas sin tener en cuenta las reglas de la sana crítica y por consiguiente sin tener en cuenta el mismo pensamiento del legislador, en el sentido de que las pruebas deben ser apreciadas

en su conjunto, afectando por consiguiente el debido proceso. Que la decisión apelada, no dio un valor probatorio acertado en cuanto a las pruebas documentales allegadas al expediente, que al ser estudiadas en conjunto demuestran que la Administración Municipal de Barrancabermeja ejerció actividad para conjurar la situación presentada por los desplazados, entonces, las manifestaciones del actor son totalmente contrarias a derecho y aún mas frente a la ocurrencia de los hechos induciendo en error la Administración de Justicia. Por otra parte se ha generado una nulidad que afecta el debido proceso pues el actor, en primer (sic) debió dar inicio a un lanzamiento por ocupación de hecho ante las autoridades competentes, una vez tuvo conocimiento que su predio había sido ocupado de hecho por los desplazados, situación que no hizo. Entonces se ha generado una Nulidad por jurisdicción, inciso primero del artículo 140 del C.P.C. se tiene que los procesos policivos sobre lanzamiento por ocupación de 4 68001233100020000246001 (37664) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2010-169835 hecho de que tratan la Ley 57 de 1905 y el decreto 992 de 1930. Dándose un termino de treinta días desde el momento en que se tuvo en conocimiento del hecho para dar inicio a la Acción Policiva. (…) La consecuencia ineludible de la consideración anterior, es que sí se violó el derecho al debido proceso, puesto que los actores omitieron dar un trámite necesario recuperar su predio que había sido ocupado de hecho por los desplazados. Entonces al dar inicio a la acción de Reparación Directa se ha generado una nulidad por Jurisdicción.

Al no ser valorados e interpretados conforme a derecho tanto los documentos allegados por el mismo actor que prueban que omitieron el trámite policivo y que no podían adelantar otro tramite diferente al lanzamiento por ocupación de hecho; por tal situación, nos encontramos frente a una ostensible violación del debido proceso. Pues nadie puede alegar su propia culpa. El actor no logro demostrar la responsabilidad objetiva del Estado, encabeza del municipio de Barrancabermeja, o por no haber quedado demostrada mas allá de un simple juicio de reproche, que existió una falta en el servicio, es decir, no logro probar la conducta de la Administración Municipal, frente a su acción u omisión; tampoco logró probar el nexo de relación de causalidad entre la conducta de la Administración y el daño. Del análisis jurídico y comparativo a cada una de las pruebas allegadas al expediente, podemos concluir que las excepciones propuestas en la contestación de la demanda por parte del apoderado del Municipio de Barrancabermeja, como fueron excepción de cumplimiento, de fuerza mayor fueron debidamente probadas.” CONCEPTO A partir de los argumentos esgrimidos por las partes, actora y demandada, en el recurso de apelación no hay discusión sobre el hecho de la ocupación del Instituto Antonio Nariño, institución educativa de naturaleza privada, y otras instituciones de carácter oficial por un grupo de desplazados de varios sitios del Magdalena medio que llegaron al Municipio de Barrancabermeja, durante el periodo comprendido entre el 30 de julio de 1998 y el 7 de octubre de la misma anualidad. 5 68001233100020000246001 (37664)

5aCdeE/WRO/Almv IUS 2010-169835 Las partes presentaron recurso de apelación respecto de la decisión proferida por el a quo, exponiendo su inconformidad, la parte actora, frente al no reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y, la demandada, en relación con la imputación de responsabilidad pese a la existencia de las causales excluyentes de responsabilidad de cumplimiento y fuerza mayor y la causal de nulidad por jurisdicción. Los problemas jurídicos que surgen de dichos recursos para resolver son: Determinar si se configuró una causal de nulidad por la omisión de la parte actora de incoar la acción policiva de lanzamiento ante las autoridades municipales. Determinar si se encuentra probado el daño antijurídico demandado por la parte actora y el nexo causal entre este y el Municipio de Barrancabermeja. Establecer si se configuran las excepciones de cumplimiento y fuerza mayor expuestas por la parte demandada. Y por último, verificar si se encuentran acreditados los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante demandados por la parte actora. Falta de Legitimación en la Causa. Antes de entrar a resolver los problemas jurídicos mencionados, es menester, llamar la atención de la Sala de Decisión, que los demandantes acreditaron su calidad de propietarios del inmueble ubicado en la calle 11 No. 19-34, mediante el certificado de tradición y libertad del inmueble, pero no la propiedad del establecimiento educativo que según el membrete de las fotocopias anexas a la demanda funciona en dicho inmueble. Cuando se reclama la reparación de un daño, el accionante debe demostrar que se

encuentra legitimado para ejercer la acción respectiva, y respecto de la propiedad es menester acreditar la legitimación con los medios de prueba admisibles para tal evento, como es con el certificado de tradición y libertad para el caso de la propiedad de inmuebles y para el caso de los establecimientos educativos con los documentos 6 68001233100020000246001 (37664) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2010-169835 emitidos por la Cámara de Comercio o las entidades correspondientes cuando hay lugar a ello, o por los documentos expedidos por las autoridades educativas y de los cuales se desprenda la existencia y representación de los mismos. En el sub examine no reposa documento alguno que acredite la existencia y representación del Instituto Antonio Nariño como institución afectada por la ocupación de las personas desplazadas por la violencia, ni el vínculo entre el y los demandantes, que permitan inferir que estos son los llamados a reclamar los perjuicios ocasionados al ente educativo. Por consiguiente, a juicio de esta Delegada, en caso de una sentencia condenatoria a favor de la parte actora, en ella sólo se podrá reconocer los daños causados a la infraestructura del inmueble y que se encuentren debidamente acreditados pero no aquellos que afectaron exclusivamente los bienes destinados a las actividades académicas de la institución educativa. Nulidad por falta de jurisdicción. Alega la parte demandada en su recurso de apelación que se configuró la causal de nulidad por falta de jurisdicción en la medida en que la parte actora no inició la acción policiva para lograr el restablecimiento de su derecho a la propiedad privada del Instituto Antonio Nariño, antes de acudir a la jurisdicción de lo contencioso

administrativo. La parte actora instauró la acción de reparación directa con el objetivo de lograr el resarcimiento del daño ocasionado por un grupo de desplazados de varios municipios que se instalaron en el Municipio de Barrancabermeja en varias instituciones educativas, entre ellas, en el colegio de su propiedad. La parte actora, una vez que las personas desplazadas por la violencia se instalaron en el colegio de su propiedad le comunicó al Alcalde Municipal de Barrancabermeja la situación de invasión y le solicitó la protección del colegio, sin embargo, respecto de dicha petición las autoridades municipales guardaron silencio, esto es, no acreditaron en el proceso la realización de las diligencias pertinentes para lograr el restablecimiento del orden en dicha institución. 7 68001233100020000246001 (37664) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2010-169835 Si bien es cierto, la parte actora no acreditó que haya iniciado ente las autoridades de policía del Municipio de Barrancabermeja el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, como le correspondía, para recuperar la posesión del inmueble, también lo es que el Municipio de Barrancabermeja no desconocía la situación de ocupación que había en el Instituto Antonio Nariño por parte de las personas desplazadas por la violencia, en primer lugar, porque le fue informado de manera directa por los perjudicados y en segundo lugar, porque se constituyó en un hecho notorio tal acto de ocupación. Respecto de la comunicación realizada por la parte actora a la parte demandada sobre los hechos, le correspondía a esta actuar en concordancia, es decir, si bien se

presentó un grupo de personas desplazadas a las que se les debía proteger el derecho a la seguridad, vida y demás, también lo es que a las personas residentes en el Municipio se les debía proteger sus derechos, ya que los derechos de las personas desplazadas no prevalecen sobre los de las personas residentes en la localidad. Esa omisión es la que se demanda en el sub examine y por ello no es necesaria la existencia de una prejudicialidad en materia policiva como lo alega la parte demandada, esto es, para actuar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no se requiere de dicho presupuesto procesal. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, es claro al establecer que la responsabilidad del Estado se deriva de las acciones u omisiones de las autoridades que produzcan un daño antijurídico, y en el presente proceso, no hay discusión sobre el hecho de la instalación de las personas desplazadas en el Instituto Antonio Nariño y la falta de actuación de las autoridades municipales en aras a lograr que el Colegio fuera devuelto a sus dueños para el ejercicio de las actividades allí programadas. Por ello, a juicio de esta Delegada no se ha producido una nulidad de la actuación en la medida en que el trámite del proceso policivo no se constituye en un presupuesto para incoar la acción de reparación directa, cuando se encuentra acreditado el daño antijurídico y la omisión de la entidad pública para evitar el acaecimiento de dicho daño. 8 68001233100020000246001 (37664) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2010-169835 Responsabilidad del Municipio Como se expuso la entidad municipal omitió realizar las acciones tendientes a lograr

que las personas desplazadas por la violencia instaladas en el Instituto Antonio Nariño fuera retiradas de dicha institución y ubicadas en otro de los centros de atención que previeron para atender tal situación de orden público y que le hubiera permitido al Colegio y a sus alumnos a continuar con sus actividades académicas. La jurisprudencia ha señalado que para que una omisión de las autoridades genere responsabilidad a cargo del Estado debe cumplir los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño. Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión.1 En el sub examine, con la presencia del grupo de personas desplazadas por la violencia para exigir del Gobierno Nacional determinadas acciones, nació para el Municipio de Barrancabermeja, las obligaciones de proteger y ubicar a dichas personas en sitios de albergue temporal y a su vez, de proteger los derechos de sus residentes a fin de evitar que tal situación empeorara el orden público que se

afectaba por la presencia de dichas personas. En relación con la parte actora, se generó para el municipio de Barrancabermeja la obligación constitucional y legal de protegerla en sus bienes y de restituirle su derecho a la propiedad que fue afectado por las personas desplazadas por la violencia. 1 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de enero de 2006, radicado 25000-23-26-000-2001-0021301(AG)B. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 9 68001233100020000246001 (37664) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2010-169835 Así mismo el Municipio tenía la obligación de poner en funcionamiento los recursos de que disponía para cumplir con el deber constitucional y legal de proteger tanto a las personas desplazadas que llegaron al municipio como a las personas que residían en el. No obstante, las autoridades municipales se limitaron a realizar acuerdos con el grupo de desplazados que no fueron cumplidos por estos y en consecuencia el derecho de propiedad afectado a la parte actora no le fue reparado dentro de la oportunidad legal. Las pruebas indican que el grupo de personas desplazadas por la violencia llegó al Municipio y se ubicó en varias instalaciones educativas, y excepto el Instituto Antonio Nariño, las demás eran de carácter oficial, no obstante no existe prueba que acredite que el Municipio haya realizado las diligencias necesarias para que las personas desplazadas ubicadas en el colegio privado se retiraran de dicho ente y se hubieran instalado en las dependencias oficiales donde ya se encontraban otros miembros del grupo, esto es, no acreditó la utilización de sus propias instalaciones para retirar a las

personas de la institución privada. Las pruebas señalan que efectivamente las personas desplazadas por la violencia cometieron actos de destrucción contra las instalaciones y mobiliario del ente educativo de propiedad privada, esto es, hubo un daño, el cual se constituye en un daño antijurídico porque los propietarios del colegio no estaban obligados a asumir dicha carga en la medida en que le correspondía a las entidades municipales y nacionales asumir la atención de los desplazados y no a los particulares que residían en el Municipio, máxime cuando fue la única institución privada que fue ocupada por estas personas. Existe una relación entre el daño causado por la población desplazada que a la fuerza se ubicó en las instalaciones del colegio Antonio Nariño y la omisión de las autoridades de proteger los derechos de los residentes en el Municipio, en especial, su derecho a la propiedad y a la seguridad personal. Como ya se expuso, para la entidad municipal la llegada de las personas al Municipio le generó obligaciones respecto de dicho grupo y en relación con las personas residentes en el, los cuales debía conciliar de manera tal que no fueran afectados ninguno de ellos, amen de que no existe prueba en el expediente de que las 10 68001233100020000246001 (37664) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2010-169835 autoridades municipales hayan realizado actuaciones tendientes a que el Colegio fuera desocupado por las personas desplazadas por la violencia ni que estas fueran ubicadas en alguna de las instituciones de carácter oficial, lo cual hubiera, sin lugar a dudas, impedido el daño antijurídico ocasionado a los propietarios del Instituto

Antonio Nariño. Por consiguiente, el criterio de esta Delegada es que la omisión de las autoridades municipales en ejercer acciones tendientes a la recuperación del inmueble y de ubicar a la población desplazada instalada en el Colegio en otra institución dio lugar a la ocurrencia de un daño antijurídico del cual debe responder la entidad municipal demandada. Excepciones de cumplimiento y fuerza mayor. Argumenta la parte demandada que las excepciones de cumplimiento y fuerza mayor se encuentran acreditadas en el plenario en la medida en que las autoridades municipales cumplieron las directrices señaladas por el Gobierno Nacional para atender la emergencia a la cual fue sometido por el desplazamiento forzado de las personas que llegaron al Municipio y porque este hecho se constituía en una situación ajena a las funciones del propio Municipio. Excepción de cumplimiento La excepción de cumplimiento, es de anotar, que no se constituye en una causal de exoneración de responsabilidad, en la medida en que el artículo 90 de la Constitución Política establece a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva, esto es, por acción u omisión, sin que se tenga en cuenta la culpabilidad de los funcionarios para determinar la existencia de ella, por ello, el hecho de que las autoridades municipales hayan cumplido las directrices señaladas por el Gobierno Nacional para solucionar el conflicto al que se vio sometido el municipio por las actuaciones de las personas desplazadas por la violencia por si misma no es suficiente para enervar las consecuencias de la omisión en que incurrió al no proteger a las personas residentes en el Municipio, en sus bienes, si con dicha omisión se causó un daño antijurídico.

11 68001233100020000246001 (37664) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2010-169835 En ninguna de las directrices emanadas por la Administración Nacional se le indicó a las autoridades municipales la autorización para que las personas desplazadas ocuparan instalaciones educativas del orden privado, lo que las reglas de la experiencia han indicado es que estas personas se ubican en instituciones de carácter público porque las autoridades pueden disponer de ellas y en caso de acudirse a propiedades privadas, las autoridades, deben responder por dicha ocupación a los propietarios de las mismas. Por ello, a juicio de esta Agencia del Ministerio Público no esta llamada a prosperar la excepción de cumplimiento alegada por la parte demandada. Fuerza mayor Manifiesta la parte demandada que el hecho del desplazamiento forzado de personas y la ubicación de ellas en el Municipio de Barrancabermeja constituyó un caso de fuerza mayor en la medida en que dicho hecho era un evento que ocurría por fuera del marco de las funciones del ente municipal. Sin embargo, no se puede olvidar que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”2, y entre dichas autoridades de la República se encuentran incluidas las autoridades del orden municipal, esto es, que las obligaciones estipuladas por la Constitución para las autoridades de manera general le son aplicables a las autoridades del orden municipal. Entre las atribuciones establecidas por la Constitución Política para los alcaldes,

como jefes y representantes de los entes municipales se encuentran: “la de cumplir y hacer cumplir la Constitución”, es decir, que deben proteger a las personas residentes en sus municipios, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades, y “la de conservar el orden público en el municipio”, de tal manera que “el alcalde es la primera autoridad de policía del Municipio y a la Policía Nacional le 2 Constitución Política, artículo 2. 12 68001233100020000246001 (37664) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2010-169835 corresponde cumplir con prontitud y diligencia las ordenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”. Como se puede observar las autoridades municipales tiene unos deberes y para cumplirlos están dotadas de una serie de instrumentos para garantizar a las personas residentes en su municipio sus derechos a la vida, honra, bienes, etc; por lo que no es válido aceptar como excusa a favor del ente municipal que no se encontraba entre sus funciones el desplegar las actividades necesarias para garantizar tanto los derechos de las personas desplazadas que llegaron a su territorio como los de las personas residentes en el para evitar o por lo menos aminorar los daños de la ocupación realizada por los desplazados al colegio Antonio Nariño. La jurisprudencia del Consejo de Estado3, ha tenido en cuenta para que se configure la causal de exoneración de responsabilidad denominada fuerza mayor los siguientes requisitos, que: i) sea un acaecimiento externo, ii) sea irresistible y iii) provenga de hechos producidos por la naturaleza o de origen extraño a la actividad de la

administración. Si bien es cierto, no se puede desconocer que la actividad desplegada por las personas desplazadas por la violencia constituye un acaecimiento externo a las autoridades municipales, en la medida en que no fueron las autoras de los hechos que originaron la movilización de los campesinos hacia el municipio de Barrancabermeja ni las que realizaron los daños en la institución Antonio Nariño, es de anotar que el hecho de la movilización y la instalación de las personas en las diferentes instituciones educativas no era un evento irresistible, porque las autoridades municipales eran conocedoras de la llegada del grupo de desplazados, el origen de estos y las actividades a realizar en el municipio, y la función de velar por la seguridad de las personas que llegaban al municipio y los residentes en el no era una actuación ajena a las funciones de la entidad, sino por el contrario una obligación asignada por la Constitución Política al Alcalde Municipal, por lo que no se puede concluir que se haya configurado la causal de exoneración de responsabilidad de fuerza mayor alegada por la parte demandada a su favor. 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2007, radicado 15001-23-31-000-199404691-01(15494) C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 13 68001233100020000246001 (37664) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2010-169835 Perjuicios Materiales – Lucro Cesante. Manifiesta la parte demandada que se debe reconocer el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante en la medida en que se acreditó en el proceso el retiro masivo de los alumnos mediante el dictamen pericial presentado por los peritos, en el

que se determinó que la diferencia entre los matriculados en el año 1998 y 1999 fue de 84 alumnos. Los hechos de la demanda indican que debido a la ocupación del colegio por parte de las personas desplazadas por la violencia y el deterioro a que fue expuesto, hubo un retiro masivo de 106 alumnos. A fin de establecer el nexo causal entre el hecho del retiro de los alumnos y la ocupación de las instalaciones por la población desplazada que llegó al Municipio de Barrancabermeja, la parte actora acude a la aplicación de las reglas de la experiencia cuando expresa: “Semejante retiro masivo, según las reglas de la experiencia, sólo puede obedecer al hecho, a nuestro j