PGN - Documento 201607091832484

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

Alegato 31 IUS 2009-43549 Bogotá D. C., 25 de febrero de 2009 Doctora

BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ

CONSEJERA PONENTE ( E )

SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “B”

E. S. D.

REF: 11001032500020070005700

No. Interno 1165-2007

ACTOR: MARIO ALBERTO VALDERRAMA YAGUE

DEMANDADO: NACIÓN-RAMA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Procede esta agencia del Ministerio Público a emitir concepto, en el proceso que conoce el H. Consejo de Estado, en virtud de la demanda instaurada por el ciudadano MARIO

ALBERTO VALDERRAMA YAGUE.

I. ANTECEDENTES

2

1. DEMANDA

1.1. PRETENSIONES El ciudadano Mario Alberto Valderrama Yague, en ejercicio de la acción pública de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplada en el artículo 85 del C. C. A., solicitó declarar la nulidad de la Resolución 1751 del 6 de mayo de 2004, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por medio de la cual se expidió el listado con los puntajes correspondientes a la fase I “oposición”, dentro de la etapa de selección, en cuanto al puntaje que le fue asignado en el factor de “experiencia adicional y docencia”. Así mismo, solicitó declarar la nulidad de la Resolución 2062 del 9 de junio de 2004, de la Sala Administrativa del Consejo

Superior de la Judicatura, por medio de la cual decidió no reponer la resolución mencionada en el acápite anterior, en relación con el puntaje que le dio al demandante por concepto del factor “experiencia adicional y docencia”. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordenara a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, 3 adicionar al puntaje reconocido a la “experiencia profesional y docencia” la resultante de tomar en cuenta los cargos desempeñados por el demandante en el Departamento Administrativo del Servicio Civil, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Justicia y del Derecho. Pide igualmente que, una vez incluida la experiencia profesional acreditada en las entidades mencionadas, se ordene a la H. Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que recomponga la lista de admitidos al curso de formación judicial e incluya al actor como aspirante para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo, empleo para el cual también se inscribió en el concurso convocado por Resolución 1550 del 17 de septiembre de 2002 de la citada sala. Igualmente solicitó que se ordene a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que lo incluya en el Registro Nacional de Elegibles para ocupar el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo, en el puesto que le corresponda, tomando en cuenta para ello los puntajes obtenidos por el demandante en el curso de formación judicial al cual fue admitido dentro del desarrollo del 4 concurso convocado por medio de la Resolución 1550 del 17 de septiembre de 2002. El libelo se fundamentó en los siguientes hechos: 1.- Señala el accionante que mediante Acuerdo 1550 del 17

de septiembre de 2002, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó al XIII concurso de méritos para la provisión de los cargos de carrera de la Rama Judicial de Magistrado de Tribunal Administrativo y Juez Administrativo. 2.- Con base en la mencionada convocatoria y dentro del plazo señalado para la inscripción de aspirantes, el hoy demandante presentó el formulario de inscripción con la documentación requerida como candidato a desempeñar los cargos de Magistrado de Tribunal Administrativo y Juez Administrativo. También se presentó a la citación de la prueba de conocimiento de aptitudes que se realizó en Neiva, en la sede de la Universidad Surcolombiana el día 13 de diciembre de 2003 a las 7: 00 a. m. 5 3.- Después de superar la prueba de conocimientos y aptitudes, fue citado a la entrevista personal, llevada a cabo en la Sede de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en la ciudad de Bogotá, procedimiento que se surtió con el H. Magistrado Julio Cesar Ortiz Gutiérrez, el 30 de marzo de 2004. 4.- El demandante obtuvo 629, 82 puntos en la suma de los factores para el cargo de Magistrado y 725, 23 para el de Juez Administrativo. 5.- Como no estaba conforme, interpuso recurso de reposición, pues en la fase de experiencia adicional y docencia, se le asignaron 137, 56 puntos (para juez administrativo) y 57, 56 puntos (para magistrado), puntaje que en su sentir no refleja el tiempo que tiene de experiencia profesional con funciones jurídicas, el cual señala que

empieza el 11 de mayo de 1983, cuando obtuvo el título profesional de abogado en la Universidad Nacional de Colombia. Por esto solicitó que se revisara la experiencia profesional obtenida en el Departamento Administrativo de la Función Pública ( 1, año, 10 meses y 19 días); en la facultad de Contaduría de la Universidad Jorge Tadeo Lozano ( I y II semestre de 1983 y I semestre de 1984 como docente); en 6 el SENA (por espacio de 7 años y 10 meses); en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ( 1 año, 7 meses y 10 días); en el Ministerio de Justicia y del derecho ( 1 año, 9 meses y 24 días); en la Empresa Oficial Industria Licorera del Huila (3 meses y 29 días); en el municipio de Pitalito ( 1 año, 7 meses y 11 días); en la Universidad Surcolombiana (II semestre de 1988 y I semestre de 2001); en el municipio de Guadalupe ( 1 año, 9 meses). 6.- El recurso fue resuelto mediante Resolución 2062 del 9 de junio de 2004, notificada el 9 de agosto del mismo año, por el juez laboral del circuito de Pitalito, mediante la cual se modificó el puntaje en cuanto a “capacitación adicional y publicaciones” de 0,00 a 15 puntos, y en cuanto a “experiencia adicional y docencia” se mantuvo el puntaje, quedando con 644.82 puntos para magistrado y 740. 23 para juez. 7.- Adujo el actor que la razón esgrimida por el Consejo

Superior de la Judicatura para no modificar el puntaje de experiencia, es que en la mayoría de los casos no acreditó el cumplimiento de actividades jurídicas, como lo exigía el artículo 2° de la convocatoria. 7 8.- Indicó que con fundamento en el puntaje obtenido, fue llamado a la siguiente fase del concurso denominada –curso de formación judicialpero para el cargo de juez administrativo y no el de Magistrado de Tribunal Administrativo. 9.- Por último, señaló que con las resoluciones acusadas está sufriendo un grave perjuicio, toda vez que sus derechos fundamentales al trabajo, a acceder a un cargo de la administración pública mediante el sistema de méritos y a la igualdad, fueron vulnerados con la expedición de dichos actos, pues con su expedición y ejecución por la disminución del puntaje final, no fue convocado al curso de formación judicial para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo, a pesar de que cuenta con la experiencia profesional suficiente para que se le hubiera otorgado los 150 puntos señalados en el Acuerdo 1550 de 2002, puesto que obtuvo el título de abogado el 11 de mayo de 1983 y desde esa fecha ha ejercido en forma continua la profesión, de suerte que si se la hubieran tenido en cuenta, el puntaje acumulado hubiera ascendido a 737,26 puntos, con los cuales hubiere sido convocado al curso de formación judicial para magistrado y no para jueces. 8 NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN Señaló el demandante que las resoluciones acusadas violaron los artículos 6, 25, 29, 40 (7), 53, 122, 125, 209 y 229 de la

Carta Política; así como los artículos 156 y 164 de la Ley 270 de 1996; 32 del Acuerdo 13 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por el cual se dictan reglas generales para los concursos de méritos para la selección de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial; 2° (2.5.3, 2.6.1, 2.6.2 y 4. 1 -literal b) )del Acuerdo 1150 de 2002, por medio del cual se convocó al concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera de la Rama Judicial; y el 56 del Decreto 2400 de 1968. Precisó que las atribuciones o competencias del servidor público se encuentran detalladas en normas légales claras y precisas, no se admiten competencias por analogías e incluso se discute la validez de aquel adagio “el que puede lo más puede lo menos”. Indica que en el Estado social de derecho, las autoridades públicas están sometidas a la legalidad, lo que implica actuar de acuerdo a unos postulados o principios 9 rectores que señalan los artículos 209 Superior y 3° del Código Contencioso Administrativo. Advirtió que en Colombia los cargos públicos deben proveerse mediante el sistema de concurso público, donde el único requisito es el mérito personal, acreditado en pruebas aplicadas de manera objetiva, transparente e imparcial. Los empleos de la Rama Judicial no constituyen la excepción al postulado constitucional, por lo que la carrera judicial está consagrada en la Carta Política como un derecho de los colombianos en general y de los servidores públicos en particular, y como una garantía de la eficacia de la

administración de justicia. Indicó que en el proceso de selección para proveer cargos de la carrera judicial se evalúa la experiencia del candidato, de manera adicional al requisito mínimo establecido, por cuanto constituye un valor agregado del aspirante, que fortalece aún más el cumplimiento de los objetivos y fines de la carrera. Adujo que si por empleo público se entiende el “conjunto de deberes, atribuciones y responsabilidades establecidas en la 10 Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad (art. 6° del D. 1950 de 1973), para determinar los requisitos mínimos para su desempeño se debe tener en cuenta los factores de educación (formal y no formal) y experiencia ( D. 1042 de 1978 y sus reglamentarios), lo cual exige que los requisitos deben estar directamente relacionados con las funciones asignadas al cargo. De manera que si un cargo exige para su desempeño acreditar título de abogado, ello permite colegir que las funciones desempeñadas están relacionadas con la actividad jurídica, toda vez que esta profesión está debidamente reglamentada por la ley, y por ende, quienes no posean el título no podrán ejercerla. Por ello, encuentra que no existe razón válida para descartar la experiencia profesional del abogado, que ha sido adquirida en un cargo público que para su ejercicio le exigió acreditar tal calidad, de donde concluye que lo normal y obvio es que se tome esa experiencia como profesional, por lo que no debe entenderse como una experiencia ajena a la profesión de abogado, como se plantea en los actos administrativos, donde se consideró

como experiencia “eminentemente administrativa”. 11 Estima que el hecho de que en las funciones de los cargos que ejerció y acreditó no esté literalmente contemplada la palabra “jurídica”, no puede dar lugar a que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura los rechace, desestimando la experiencia profesional adquirida, pues fue nombrado y posesionado en los mismos, al haber acreditado la calidad de abogado, ya que para el desempeño de tales funciones debió poner en práctica sus conocimientos jurídicos; en consecuencia, encuentra que los actos administrativos demandados vulneran sus derechos fundamentales arriba señalados, al estar viciados de ilegalidad. Manifestó que las funciones que ejerció no sólo estaban en el manual de funciones y requisitos mínimos vigentes para cada época en los Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia y del Derecho, sino también en la propia ley que expresamente los estableció, por lo que la entidad acusada en cada caso debió analizar las funciones del cargo frente a la profesión de abogado que acreditó, para así determinar que de ella se desprende necesariamente una actividad o función jurídica y no “eminentemente administrativa”, como falsamente se asegura en los actos impugnados. 12 Afirmó que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por una parte le niega como experiencia profesional de abogado la adquirida en los cargos públicos que acreditó, pero que aceptó la docencia en la cátedra de administración pública, no obstante que la podía impartir un profesional en otra área del conocimiento distinta al derecho, vb. gracia un administrador público, contradicción que no

debe existir, pues a la experiencia pública en un cargo que exigía ser abogado para su desempeño, debió habérsele dado el puntaje por el reclamado, máxime cuando es el mismo Acuerdo 1550 de 12002, el que prohibía enviar actas de posesión y documentos irrelevantes para demostrar la experiencia (art. 2° numeral 2.6.2), pues se presumía la buena fe del concursante. Con base en lo anterior, el actor espera que la jurisdicción declare la nulidad de esos actos, ordene al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, que haga las revaloraciones de los puntajes y lo incluya en el registro de elegibles para el cargo de magistrado de tribunal administrativo. 13 2.- CONSIDERACIONES DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA El H. Consejo de Estado mediante auto del 12 de marzo de 2008, decretó la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal Administrativo del Huila, incluido el auto del 10 de octubre de 2005, y en consecuencia asumió la competencia del sub lite y ordenó la admisión de la demanda, por considerar que se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho sin cuantía, pues el actor pretende la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidió el listado que contiene los puntajes correspondientes a las fase I “oposición”, dentro de la etapa de selección del concurso de méritos convocado por los Acuerdos 1547, 1548, 1549 y 1550 de 2002.

El actor ataca el puntaje que le fue asignado en el factor de “experiencia adicional y docencia”, y como consecuencia de la nulidad deprecada, como restablecimiento solicita que se le adicione el puntaje al que considera que tiene derecho de acuerdo a su experiencia profesional, el cual estima que alcanza los 150 puntos previstos. 14 Precisó la Corporación que en aplicación del artículo 266 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el inciso 1° del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, los procesos de única instancia de los que actualmente viene conociendo, deberán continuar su trámite hasta cuando se profiera el fallo correspondiente, en aplicación del principio y garantía de la perpetuatio jurisdictionis, que establece de manera excepcional la posibilidad de variar de juez en cuyo conocimiento está el asunto (fls. 276-281).

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA La apoderada del Consejo Superior de la Judicatura se opuso a las pretensiones de la demanda.

Señaló que el ingreso a la Rama Judicial es mediante concurso, el cual está compuesto por diversas etapas, la primera etapa, la de selección está compuesta por 2 fases, así: Fase I. Oposición. Fase II. Curso de Formación Judicial. La segunda etapa, está integrada entre otras por el registro de elegibles. 15 Con fundamento en lo anterior, la entidad que representa expidió la Resolución 1751 del 7 de mayo de 2004, por medio de la cual se expidió el listado que contiene los puntajes obtenidos por los participantes en la Fase I

“oposición”, dentro de la etapa de selección, correspondiente a los concursos de méritos destinados a la conformación del registro de elegibles. Aclaró que dentro de este contexto al consolidar los puntajes obtenidos por el actor, se observa que éste no superó la primera fase de “oposición” para el cargo de magistrado de tribunal, pues su puntuación no estuvo dentro de las mejores, ya que sacó en la prueba de conocimientos (484, 76), entrevista (87,50), experiencia adicional y docencia (57,56), capacitación y publicaciones (15, 00), para un total de 644, 82 puntos, ocupando el puesto 126, y el puntaje mínimo para ingresar al registro era de 703, 54 puntos. Indicó que el Acuerdo 1550 de 2002, estableció en el numeral 1° del artículo segundo que “los aspirantes, en el término de inscripción deberán acreditar el cumplimientos de los siguientes requisitos”, entre otros la experiencia 16 profesional, la cual deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas, ya sea de manera independiente o en cargos públicos o privados, o en el ejercicio de la función judicial ( parágrafo 1° del artículo 128 de la L. 270). Respecto a la presentación de la documentación adicional, la convocatoria en el numeral 2.7 del artículo 2°, precisó con exactitud los documentos que se debían presentar con fecha posterior a la inscripción, una vez superada la etapa del examen de conocimientos y aptitudes, tendiente a acreditar los estudios, docencia o experiencia adicional a la que se referían los literales b) y c) del punto 4.1 de la convocatoria.

Analizados y ponderados estos factores, el concursante era citado al curso de formación judicial dependiendo del puntaje obtenido. Se convocaban a “los participantes que obtuvieran los mayores puntajes en la fase I hasta la cantidad de vacantes existentes en el momento del registro más el 25%, para que continuarán en el concurso”. Es decir, que esta etapa constituía un criterio objetivo que consultó el procedimiento eliminatorio estipulado por la ley estatutaria de la administración de justicia, en consideración a factores y 17 proyecciones también objetivos, permitiendo concluir que el numero de aspirantes llamados a la Fase II del concurso, posibilitaría la existencia de un registro de elegibles suficiente, garantizando a quienes demuestren los mayores méritos en el proceso del concurso, el acceso permanente a la administración de justicia como derecho fundamental. Sostuvo que el aspecto del porcentaje de los convocados al curso de formación judicial fue revisado por el H. Consejo de Estado, mediante sentencia del 11 de mayo de 2006. Rad. 2491-2004, en la que señaló que “ una vez evaluados los puntajes obtenidos en la Fase I “oposición”, que comprendió la prueba de conocimientos y actitudes, la experiencia adicional y publicaciones y la entrevista, se establezca una cifra de cupos, que afectaría a todos los puntajes, favoreciendo a unos y excluyendo a otros, de manera que el curso de formación judicial pudiera impartirse a un número de aspirantes que corresponda a las posibilidades reales de provisión de cargos durante la vigencia del registro de elegibles, cuatro años”. Por otra parte, señaló que al revisar las certificaciones expedidas tanto por los Ministerios de Justicia y del Derecho,

18 de Hacienda y Crédito Público, como la del Departamento Administrativo del Servicio Civil, no se avisora que el demandante haya desempeñado funciones jurídicas, pues las que fueron relacionadas en las correspondientes constancias podían ser desempeñadas por cualquier persona capacitada para hacerlo, no necesariamente un abogado titulado.

4. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Considera el despacho que el problema jurídico en el sub lite, se circunscribe a establecer sí al demandante le asiste el derecho a que se le modifique el puntaje asignado mediante las Resoluciones 1751 del 6 de mayo de 2004 y 2062 del 9 de junio de 2004 en el factor “experiencia adicional y docencia”, en el cual, según él, no se tuvo en cuenta la experiencia jurídica que tenía, al haber laborado como abogado en diversas entidades del Estado.

La cuestión fáctica y jurídica se circunscribe, a juicio de esta agencia del Ministerio Público, a precisar si el demandante acreditó la experiencia requerida, para poder tener derecho a un mayor puntaje. Como lo plantea la misma demanda, la 19 discusión gira alrededor de unas certificaciones, de tal suerte que lo que se debe dilucidar es si la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura las valoró mal, y por ese camino pudo incurrir en una ilegalidad que deba ser declarada o si en sentido contrario, no le asiste razón al demandante, y en tal caso, porqué, para poder desestimar sus pretensiones. Para conceptuar sobre el punto, el suscrito agente del Ministerio Público toma en cuenta las disposiciones de la Ley

270 de 1996, en particular los artículos 162. ETAPAS DEL

PROCESO DE SELECCIÓN, 163. PROGRAMACION DEL

PROCESO DE SELECCIÓN, 164. CONCURSO DE MERITOS,

165. REGISTRO DE ELEGIBLES, 166. LISTA DE

CANDIDATOS, 167. NOMBRAMIENTO, 168. CURSO DE

FORMACION JUDICIAL.

Con fundamento en lo anterior, se encuentra que el concurso se ha ceñido a los parámetros legales fijados. Como la cuestión de fondo del actor se concreta a la valoración que se ha hecho de su experiencia, es necesario remitirse al Acuerdo 1550 del 17 de septiembre de 2002, por medio del 20 cual se convocó al XIII Concurso de Méritos para la provisión de Cargos de Carrera en la Rama Judicial. Observa al respecto esta Procuraduría Delegada que en el numeral primero de dicho Acuerdo, dentro de los requisitos mínimos para participar en el proceso de selección, se debía acreditar título de abogado expedido por universidad reconocida oficialmente, o revalidado conforme a la ley, y experiencia profesional para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo, por un lapso no inferior a ocho (8) años, y en el de juez administrativo, por un lapso no inferior a cuatro (4) años. El citado acuerdo precisó que la experiencia profesional debería ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas, ya sea de manera independiente o en cargos públicos o privados, o en el ejercicio de la función judicial. (Ley 270 de 1996, art. 128,

parágrafo primero). Igualmente, el numeral 2.5.3 del mencionado acto administrativo dispuso que la certificación de la experiencia profesional expedida por entidades 21 públicas o privadas debía señalar las funciones jurídicas desempeñadas, así como las fechas exactas (día, mes y año) de ingreso y de retiro del cargo, dedicación y actividades cumplidas. Así mismo, prescribió que la ausencia de requisitos mínimos para el cargo determinaría el retiro inmediato del proceso de selección, cualquiera fuera la etapa en que el aspirante se encontrara. También señaló que las etapas del concurso son las de i) oposición; ii) clasificatoria. La etapa de oposición estaba integrada por la prueba de conocimientos y aptitudes; experiencia adicional; capacitación adicional y publicaciones; y una entrevista. A su vez, señaló que al curso de formación judicial, sólo serían convocados los aspirantes que obtuvieran los mayores puntajes en la Fase I, hasta la cantidad estimada de vacantes existentes al momento de expedirse el Registro de Elegibles y de las que se produjeran dentro del término de vigencia del mismo, adicionadas en un 25%, quienes 22 continuarían en el concurso y serían convocados a participar en el Curso de Formación Judicial que debía dictar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En cuanto a la etapa clasificatoria, determinó que su objeto es el de establecer el orden de clasificación en el Registro Nacional de Elegibles, de conformidad con los resultados del Curso de Formación Judicial, asignándole a cada una de las

personas que aprobaran el curso, un lugar dentro del grupo de personas que concursaron para el mismo cargo. Concluida esta etapa, se procedía a integrar el registro nacional de elegibles, por tipo de cargo y en orden descendente de puntajes. Así las cosas, para resolver el fondo del asunto, tomando en cuenta la exigencia establecida acerca de la forma como debía acreditarse la experiencia, conforme al aparte que ha sido destacado en negrillas por este agencia del Ministerio Público, se puede concluir que las certificaciones expedidas por el jefe de personal del Departamento Administrativo del 23 Servicio Civil, el jefe de la División de la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría Administrativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la jefe de la División de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia y del Derecho, las cuales reposan en los archivos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, no cumplieron los requisitos exigidos en el Acuerdo 1050 (numeral 2.5.3), para acreditar la experiencia jurídica adicional solicitada, al no haber consignado las funciones jurídicas que desempeñó el actor. Con fundamento en ello, al no haber acreditado en las mismas, que correspondía a experiencia jurídica, así como por no haber detallado el tipo de funciones desempeñadas, es claro que no se cumplió un requisito básico del concurso, lo cual estaba expresamente regulado y, en consecuencia, ningún yerro es atribuible a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en cuanto a la valoración que hizo de esas certificaciones. Encuentra esta agencia del Ministerio Público que no es

posible, como lo pretende el actor, establecer de manera oficiosa el alcance que tienen esas certificaciones y menos 24 para decir que de ellas deriva de manera inexorable la acreditación de una experiencia jurídica, como tampoco que por el hecho de ser el actor un abogado, las labores desempeñadas en esas instituciones eran necesariamente jurídicas, como lo pretende hacer declarar, motivo por el cual no cabe decir que se le ha desconocido algún derecho, pues aparece debidamente demostrado que no aportó la documentación conforme se estipuló en el respectivo acto administrativo. Es así como puede constatarse, tomando como base lo que se dice en dichos documentos, los cuales constituyen prueba documental debida y oportunamente allegada al proceso, que la primera de las certificaciones, esto es, la del Departamento Administrativo del Servicio Civil, señala que el demandante laboró en dicha entidad, indicando el salario y las áreas en que se desempeñó, pero no indica las funciones que desempeñó (fl.289 c. p, 6 c. 2), motivo por el cual es imposible saber de cuales se trataba, para poder verificar si correspondían a las exigidas. De la misma manera, la segunda de ellas, proveniente del Ministerio de Hacienda, precisa, además de la información 25 anterior, las funciones desempeñadas, donde se pueden considerar como jurídicas las que tenían que ver con “proyectar las providencias de reconocimiento, licencias, comisiones de servicio, a los funcionarios y exfuncionarios del Ministerio y registrar todas las novedades de personal en forma segura y confiable” y la de “elaborar y tramitar todos los demás actos administrativos relacionados con la

administración del recurso humano en el Ministerio y cuya competencia no haya sido asignada a otra dependencia”. Respecto a la tercera de dichas certificaciones, la expedida por el Ministerio de Justicia, sólo indica el cargo y el tiempo de vinculación, motivo por el cual no es posible saber cuáles funciones desempeñó (fls.12 c. 2). Distinta situación puede predicarse de las certificaciones expedidas por el coordinador del grupo de personal del SENA (fls. 7-11 c. 2) y la del alcalde del municipio de Guadalupe (fl. 16 c. 2), las cuales sí contenían toda la información exigida para acreditar la experiencia del demandante en actividades eminentemente jurídicas, información ésta con base en la cual se le asignaron 57,56 puntos en el factor de 26 experiencia adicional y docencia, y no los 150 puntos máximos que el actor esperaba que le fueran adjudicados. En ese sentido considera esta agencia del Ministerio Público que está errado el demandante cuando estima que debieron tenerse en cuenta dichas certificaciones, con base en las cuales se le debió asignar un puntaje mayor, al estar demostrado que las que aportó en el momento fijado para ello, conforme al Acuerdo citado, no servían para demostrar la experiencia profesional requerida, pues no indicaba la clase de funciones que había desempeñado. Vale anotar igualmente que al no precisar las funciones realizadas, éstas no se podían presumir por quien tenía a su cargo valorarlas, como lo pretende el actor, pues aún cuando es cierto que su profesión es la de abogado, ello por si sólo no puede llevar a concluir que las funciones que

desempeñaba en esos cargos estaban necesariamente relacionadas con su profesión, circunstancia que debía ser probada, entre otras cosas, mediante las certificaciones debidamente expedidas por las autoridades respectivas. 27 No encuentra esta agencia, como se podía hacer decir a esas constancias lo que no decía, porque igual se le hubiera podido dar otro alcance, con ese mismo argumento, no necesariamente en la dirección pretendida por el demandante, lo que llevaría a decir que los evaluadores podían asignarle a esa clase de documentos cualquier sentido, lo cual resulta totalmente contrario al propósito de los concursos, que es precisamente reglar de tal manera los puntajes que se deben asignar, que queden por fuera de valoraciones subjetivas, como las que pretende el actor, lo que además rompería con los principios de transparencia que deben amparar tales concursos. De esa manera, carece de todo valor y sustentación fáctica y jurídica lo reclamado por el actor. No sobra destacar que el interesado debía demostrar que cumplía las condiciones exigidas, para lo cual debía aportar las constancias donde se certificaba su experiencia, apareciendo que las que allegó, no indicaban las funciones desempeñadas, que era lo que se requería comprobar, por lo que ninguna razón le acompaña en sus pretensiones. 28 Nótese, para ilustrar mejor este punto, que la certificación de funciones obrante a folios 332 y 333 del expediente, proveniente del Ministerio de Justicia (hoy del Interior y de Justicia), claramente certifica las funciones que cumplía el demandante en dicho Ministerio, relacionadas con su desempeño jurídico. Al no cumplir ese requisito dentro del tiempo establecido,

ninguna posibilidad de valoración puede tener ahora, así posteriormente haya aportado certificaciones donde se comprueba el cumplimiento de las funciones requeridas, porque es de la esencia de los concursos el atender las condiciones fijadas de