PGN - Documento 201607091832577

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Alegato 82 Bogotá D. C., 2 de mayo de 2008 Doctora

BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PAÉZ

CONSEJERO PONENTE

SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “B”

E. S. D.

REF: 11001032500020060013300

No. Interno 2085-2006

ACTOR: JENNY PATRICIA CAMELO SALCEDO

DEMANDADO: NACIÓN –MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA Procede esta agencia del Ministerio Público a emitir concepto, en el proceso que conoce el H. Consejo de Estado, en virtud de la demanda instaurada por la ciudadana JENNY

PATRICIA CAMELO SALCEDO.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA

1.1. PRETENSIONES

2 La ciudadana Jenny Patricia Camelo Salcedo instauró acción de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad del Decreto 3454, del 3 de octubre de 2006, por medio del cual se reglamentó la Ley 588 de 2000. Que como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos las decisiones contenidas en el decreto acusado, por haber sido fundamentadas con manifiesta violación de la Constitución Política y la ley. Igualmente solicitó la suspensión provisional del acto administrativo acusado en su totalidad, por infringir en forma manifiesta normas superiores, pues el artículo 131 constitucional señala que “el nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso”, mientras el decreto demandado agrega al texto original la expresión “

público y abierto de méritos”, con lo cual se acreditan los requisitos exigidos por el artículo 152 del C. C. A. para que sea decretada la medida precautelativa. El libelo se fundamentó en los siguientes hechos, omisiones y concepto de violación: 1.- El 3 de octubre de 2006, el Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior y de Justicia, expidió el Decreto 3454, por el cual se reglamenta la Ley 588 de 2000, 3 mediante el cual se fija el marco regulatorio para el Consejo Superior de la Carrera Notarial. 2.- El Decreto 3454 estableció en el inciso 1° del considerando que “la Constitución Política ordenó en el artículo 131 que el nombramiento de notarios en propiedad se hiciera mediante concurso público y abierto de méritos”. Según la demandante dicha afirmación adolece de una grave imprecisión que altera el texto constitucional, como quiera que en el inciso 2° del artículo 131 de la carta se ordena que “el nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso”, y en ningún momento determina que el carácter del concurso es público y abierto de méritos. Señaló que la Corte Constitucional en diversas sentencias en las que ha analizado el alcance del artículo 131 superior, ha sido reiterativa en precisar el carácter público, abierto, riguroso y objetivo del concurso; sin embargo, dicho concepto no autoriza a ningún ciudadano, así este sea el Presidente de la República, a alterar literalmente como se hizo en el decreto acusado el texto del artículo 131 Superior,

pues una cosa es el ejercicio hermenéutico que hace la Corte del referido artículo, atribución propia del poder judicial; y otra bien distinta es la reforma al texto que hizo el ejecutivo, para lo cual no se encuentra facultado, razón por la cual el considerando del acto acusado adolece de nulidad por lógica natural. 4 3.- Adujo que el decreto demandado no precisó, en el parágrafo del artículo 4°, qué entidad debe expedir la certificación a la que se hace alusión en la citada norma; quedando por lo tanto un evidente vacío, para el cumplimiento de dicha exigencia, y de cómo se debe proceder en el evento de no existir ningún proceso penal en su contra, omisión que le da un carácter ambiguo al requisito, dificultando de entrada su cumplimiento. La Ley 588 de 2000, en el parágrafo 2° del artículo 4°, dispuso que no podrá concursar para el cargo de notario quien haya sido condenado penal, disciplinaria o administrativamente por conductas lesivas del patrimonio del Estado o por faltas como Notario consagradas en el artículo 198 del D. L. 960 de 1970, en armonía con lo dispuesto en la Ley 734 de 2002; entonces la pretensión de exigir al aspirante constancia de la situación de los procesos penales en que hubiera sido sindicado, excede en gran medida, tanto lo establecido en la Ley 588, como lo dispuesto en los artículos 29 y 248 constitucionales, lo cual constituye una trasgresión directa e inmediata de normas superiores, que vicia de ilegalidad e inconstitucionalidad el acto

administrativo demandado, pues el ejecutivo, so pretexto de cumplir la función reglamentaria, entró a modificarla, excediendo su competencia. 5 4.- Sostuvo que el decreto impugnado en el inciso 2° del artículo 10, en lo relativo a la entrevista, resulta coercitivo para aquellos aspirantes que por no tener experiencia práctica sobre el particular, pueden sentirse intimidados en su expresión al saber que están siendo grabados, lo que constituye una limitante desventajosa de la personalidad frente a quienes si están acostumbrados a este tipo de prácticas. Señaló que la grabación de la entrevista atenta contra el artículo 16 de la Constitución, ya que constituye una limitación al libre desarrollo de la personalidad, reiteró que una vez más en dicha norma el ejecutivo se excedió en sus facultades. Por último, indicó que el inciso 1° del artículo 11 del acto administrativo acusado, si bien fijó los criterios para la calificación de los aspirantes en concurso, no determinó ningún porcentaje mínimo de aprobación para integrar la lista de elegibles, de lo que se colige que el porcentaje debe ser aprobado por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, en su calidad de administrador del concurso, por lo tanto es a éste quien determina cómo se debe conformar la lista de elegibles y no el ejecutivo. El Presidente de la República carece de competencia para introducir en el decreto reglamentario, requisitos de acceso a la carrera notarial que no fueron previstos por el legislador 6 cuando expidió la Ley 588 que reglamenta, por tal razón,

cuando fijó un mínimo de 75 puntos como requisito para integrar la lista de elegibles, se excedió en el ámbito de su competencia, por lo que el artículo 11 también se encuentra viciado, máxime si se tiene en cuenta que por las características del concurso, solamente puede acceder a él un número muy reducido de aspirantes especializados, con estudios de postgrados, publicación de obras jurídicas y con conocimientos específicos en asuntos notariales. Considera la demandante que exigir 75 de los 100 puntos resulta desproporcionado e inequitativo para un aspirante promedio frente a quienes ya tienes 35 puntos de ventaja para acceder a la lista de elegibles, lo que implica no sólo desconocimiento del principio de igualdad de oportunidades y el derecho de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, lo que constituye una clara violación al derecho fundamental de igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. 2.- CONSIDERACIONES DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL El H. Consejo de Estado, al admitir la demanda, consideró, que al efectuar la comparación normativa, no se observa a primera vista que el decreto acusado desconozca o infrinja de manera manifiesta las disposiciones constitucionales y legales invocadas en la solicitud de suspensión provisional, 7 como lo exige artículo 152 del C. C. A., sin necesidad de profundos razonamientos. Según el Alto Tribunal Contencioso Administrativo, en el sub lite, no se aprecia prima facie el quebranto de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma. Además, cuando se alude el concurso, doctrinaria y

jurisprudencialmente se entiende que éste es de mérito, y de carácter público, ya que en la función pública no se admiten concursos que no sean de méritos y mucho menos que sean privados. Por ello, el artículo 209 de la Constitución, consagra entre los principios rectores de la función pública, el de publicidad. Además el artículo 125 ibídem establece que los funcionarios cuyo nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, deben ser nombrados por concurso público.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA La apoderada del Ministerio del Interior y de Justicia se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar, frente al primer cargo, que el Decreto 3454 de 2006 fue expedido por el gobierno recogiendo la voluntad expresada por la Ley 588 de 2000 y el artículo 131 de la Constitución Política, en donde se consagró que el nombramiento de los 8 notarios en propiedad se deberá hacer mediante concurso público.

Señaló que la Ley 588 de 2000, en acatamiento del artículo 131 constitucional, establece la regulación para hacer efectiva la carrera notarial, en lo que concierne a la convocatoria, el procedimiento para la realización del concurso público para acceso y ascenso, la calificación de mérito de los aspirantes y los derechos que se encuentran inscritos en ella. Según la profesional del derecho, el Presidente en uso de sus atribuciones constitucionales expidió el decreto acusado, en el que estableció el marco regulatorio en el que se debe fundamentar el Consejo Superior de la Carrera Notarial para

desarrollar los parámetros y procedimientos para el normal desarrollo del concurso público y abierto, previsto en el citado artículo 131 superior, con el objetivo de reglamentar los mecanismos y procedimientos establecidos en la Ley 588, para facilitar el cumplimiento y desarrollo del proceso de convocatoria para elegir a los notarios. Precisó que la potestad reglamentaria no es una operación de simple copia de los textos sobre los cuales se ejerce dicha atribución; como lo pretende la demandante. Su ejercicio implica de algún modo valoración e indagación de los fines y contenidos de la misma. Por esto, desde el artículo 12 de la 9 Ley 153 de 1887, el reglamento será aplicable en cuanto no sea contrario a la Constitución, a las leyes, ni a la doctrina legal más probable. Argumentó que la accionante parte de un supuesto erróneo, y es el de que el Presidente de la República carece de atribución constitucional para reglamentar el concurso de notarios, afirmación que carece de sustento, pues el citado funcionario es el competente para ejercer dicha atribución, en el que además de regular aspectos de carácter técnico tendientes a desarrollar el concurso para el nombramiento de notarios, desarrolla el contenido de la Ley 588 de 2000. Lo que pretende el gobierno, al reglamentar la mencionada ley, es establecer unos criterios y unos procedimientos que faciliten la realización del concurso público, imponiendo unas condiciones efectivas, tendientes a que su desarrollo sea normal y transparente. Precisó que mientras el Presidente expide el marco regulatorio para el cumplimiento de la voluntad legislativa, el

Consejo Superior de la Carrera Notarial emite la reglamentación necesaria para pormenorizar el proceso de implementación de esa voluntad. Es ésta una función de afinamiento que procede desde los trazos más amplios fijados por el legislador hasta los detalles prácticos más concretos, establecidos por el ejecutor de la medida. 10 Frente a la vulneración de la expresión “concurso público y abierto de méritos” expresó que dicho cargo también carece de fundamento, toda vez que respecto al fundamento constitucional de la carrera notarial existen varios pronunciamientos de la Corte Constitucional, contenidos entre otros, en las sentencias C-153 de 199 y C-373 de 2002, en las cuales la Corporación ha señalado claramente que el servicio notarial es una función pública que puede ser ampliamente regulada por el legislador y que ella encuentra pleno respaldo constitucional en tanto es la propia Constitución la que la impone. Señaló que resulta contradictoria la apreciación de la impugnante ante la existencia de pronunciamientos jurisprudenciales del carácter público y abierto del concurso de méritos para acceder a la función pública, como el concurso notarial, por lo que resulta conveniente señalar que los considerandos del acto demandado necesariamente reflejan no sólo el contenido de la norma constitucional referente al concurso de notarios, sino la interpretación que la Corte Constitucional ha efectuado de dicha norma. Referente a la vulneración de las normas constitucionales por la grabación de la entrevista, advirtió que de manera alguna la norma impugnada anula la posibilidad que tienen las personas de construir autónomamente un modelo de

realización personal, que es lo que constituye el núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 11 Por el contrario, la exigencia de la grabación de la entrevista constituye plena garantía de imparcialidad y objetividad para los mismos concursantes, especialmente en caso de presentarse reclamaciones en cuanto a la evidencia objetiva de la realización de la entrevista durante un tiempo limitado y para efectos exclusivamente del concurso, razón por la cual el cargo debe ser desestimado. Para finalizar, señaló frente al último cargo del libelo, que el argumento de impugnación ha perdido sustento, toda vez que el artículo 11 del Decreto 3454 fue modificado mediante el Decreto 926 de 2007, estableciendo que el puntaje mínimo para la integración de las listas de elegibles para cada círculo notarial será de 60 puntos, razón por la cual solicitó al H. Consejo declararse inhibido sobre el particular, toda vez que cuando la norma impugnada pese a haber estado vigente durante 5 meses, no tuvo aplicación, pues el concurso de notarios a penas se encuentra en proceso de estructuración.

4. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO En primer lugar se debe precisar que si bien la actora manifestó que demandaba la nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad del Decreto 3454 de 2006, en ejercicio del artículo 84 del C. C. A., esta delegada interpreta que nos encontramos frente a la típica acción de simple nulidad del artículo mencionado, y no la de nulidad por inconstitucionalidad regulada por el artículo 33 de la Ley 446 12 de 1998, que adicionó y modificó el numeral 7° del artículo

97 del Código Contencioso Administrativo. Precisado lo anterior, considera el despacho que el problema jurídico en el sub lite se circunscribe en establecer: 1.- Si la totalidad del Decreto 3454 de 2006, por medio del cual se reglamentó la Ley 588 de 2000, está viciado de nulidad, por desconocer los artículos 131 Constitucional y 146 del Decreto 960 de 1970. 2.- Si el parágrafo del artículo 4° del acto administrativo demandado viola los artículos 29, 189 (11) y 288 de la Carta Política y el parágrafo 2° de la Ley 588 de 2000. 3.- Si el inciso 2° del artículo 10 del decreto impugnado desconoció el artículo 16 Superior y el inciso 2° del artículo 3° de la Ley 588 de 2000. 4°.- Por último, si el inciso 1° del artículo 11 del decreto demandado desconoce los artículos 13 y 189 constitucional, por falta de competencia.

Primer Problema: Para resolver el primer cargo, es necesario confrontar las normas del decreto acusado con el artículo 2 de la Ley 588, y el artículo 146 del Decreto Ley 970 de 1960, así:

13 Decreto Ley 960 de 1970 LEY 588 DE 2000 (…) (…) ARTICULO 146. <NOTARIO EN PROPIEDAD> Para ser Notario en propiedad, ARTICULO 2o. PROPIEDAD E INTERINIDAD. se requiere el lleno de los requisitos legales El nombramiento de los notarios en propiedad exigidos para la correspondiente categoría, y se hará mediante concurso de méritos.

además, haber sido seleccionado mediante En caso de vacancia, si no hay lista vigente de concurso. Sin embargo, la postulación y la elegibles, podrá el nominador designar notarios designación podrán hacerse prescindiendo de en interinidad, mientras el organismo la selección de candidatos mediante concurso, competente realiza el respectivo concurso. cuando este no se haya realizado y cuando se De igual modo se procederá cuando el haya agotado la lista de quienes lo aprobaron, concurso sea declarado desierto. conforme a los artículos 172 y 174. (…) La designación en propiedad da derecho al titular a no ser suspendido ni destituido sino en los casos y con las formalidades que determina el presente estatuto. No comparte esta delegada las apreciaciones de la demandante en el primer cargo, respecto a que la Constitución, la ley reglamentada y el D. L. 960 de 1970 señalan que los notarios se elegirán por concurso; es decir, no establecen que debe ser público y abierto de méritos. Sin embargo, dichas características son las que caracterizan un proceso de selección como el mencionado, pues no se concibe un concurso privado y cerrado. La misma Carta Política, en el artículo 125 señala, que los concursos para acceder a las entidades del Estado serán públicos, y precisamente es el mérito el que se debe tener en cuenta para vincular a los agentes del Estado. Ya que lo que se persigue con este método de ingreso es garantizar la selección objetiva e igualdad de oportunidades de lo participantes. 14 De acuerdo con lo anterior, la prolífera jurisprudencia de la Corte Constitucional ha decantado que los concursos tienen

que ser abiertos, pues los cerrados están proscritos, precisamente con el fin de garantizar el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, garantizando de esta manera que concretamente en el caso que nos ocupa la función notarial sea ejercida por las personas más idóneas; tesis que ha sido esgrimida en diversa providencias, entre otras, C-153 de 1999, C-647 de 2000, T-1699 de 2000. Así mismo, al revisar los considerandos del decreto acusado, este despacho cree que los mismos no hacen otra cosa que reflejar el mandato constitucional del artículo 131, y lo manifestado por la H. Corte Constitucional respecto de dicho tema; es decir, no se evidencia contradicción o vulneración de la citada norma superior, como lo ha interpretado la impugnante. Por ello, resulta extraño que la actora sostenga que los considerandos del acto administrativo impugnado estén viciados de nulidad, pues los mismos corresponden a la justificación para la expedición del decreto que nos ocupa; si los motivos no están de acuerdo con la Constitución o la ley, se configuraría la causal de nulidad del acto por falsa 15 motivación, pero no de los considerandos, sino del acto administrativo propiamente dicho. Por otra parte, tampoco le asiste a la accionante respecto a que el decreto acusado fue expedido por el Presidente de la República, con exceso en el uso de las atribuciones conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Política, norma que reza: Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, y Suprema autoridad

administrativa: 1.- (…)

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.

Al analizar el texto del decreto demandado encontramos que este regula entre otros aspectos: quiénes pueden participar en el concurso para notarios, la estructura del concurso, la convocatoria, la inscripción, los documentos para acreditar requisitos; análisis de requisitos y antecedentes, calificación de la experiencia, prueba de conocimiento; realización de la prueba, la conformación de lista de elegibles, etc. Frente a los reparos de la demanda del exceso del gobierno para reglamentar el concurso de notarios, considera esta agencia del Ministerio Público que no le asiste razón a la 16 actora en dichos argumentos, pues como quedó arriba anotado, una de las atribuciones que tiene el Presidente de la República es reglamentar las leyes; sobre este particular ha dicho la Corte Constitucional: La potestad reglamentaria es “... la producción de un acto administrativo que hace real el enunciado abstracto de la ley ... [para] encauzarla hacia la operatividad efectiva en el plano de lo real” 1. Tal facultad se concreta en la expedición de las normas de carácter general que sean necesarias para la cumplida ejecución de la ley. Toda facultad de regulación que tenga como contenido expedir normas para la cumplida ejecución de las leyes, pertenece, en principio, por atribución constitucional, al Presidente de la República, sin necesidad de que la ley así lo determine en cada caso. Dentro del

sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico, la potestad reglamentaria tiene un lugar propio. Por virtud de ella el Presidente de la República expide normas de carácter general, subordinadas a la ley y orientadas a permitir su cumplida aplicación. Tales normas revisten, además, una forma especial, y se expiden con la firma del Presidente y el Ministro o Director de Departamento Administrativo del ramo.2 En el caso sub examine encontramos que en virtud del artículo 131 superior: Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarias, con destino a la administración de justicia. El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso. 1 Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 1993. M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. recogida en la Sentencia C-350 de 1997 2 ? Corte Constitucional. Sentencia C-805-01 M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 17 Corresponde al Gobierno la creación, supresión, y fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del número de notarias y oficinas de registro. Al ser una obligación constitucional el elegir los notarios por concurso, el legislador se vio en la necesidad de regular el ejercicio de dicha actividad, obligación que cumplió con la expedición de la Ley 588 del 5 de julio de 2000, en la que determinó, en el artículo 3°, que el organismo competente

señalado por la ley, convocará y administrará el concurso, así como la carrera notarial, organismo que no es otro que el Consejo Superior de la Carrera Notarial. Si bien en la mencionada ley se dio unas pautas de como sería la prueba de selección, el puntaje, y las postulaciones, la Ley 588 no determinó cómo se realizaría el concurso, correspondiéndole entonces al gobierno reglamentar dicho precepto para darle real aplicación; por ello, se expidió el Decreto 3454 de 2006, sin que ello implique un exceso en tal atribución como lo sostiene la demandante. Considera esta delegada que es necesario precisar en este punto dos aspectos vitales para resolver el caso sub examine: 1.- Una es la facultad del gobierno para reglamentar la Ley 588 y darle operatividad al concurso de notarios, lo que es claro que podía hacer. 18 2.- Otra es la facultad de administrar el mencionado concurso, la cual le corresponde al Consejo Superior de la Carrera Notarial, el cual volvió a subsistir, en virtud de la sentencia C-421 de 2006, en la que la H. Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “164” contenida en el artículo 11 de la Ley 588 de 2000, a partir de la fecha de promulgación de ésta. Aunque el organismo competente para organizar y administrar el concurso de notarios es el Consejo Superior de la Carrera Notarial, dicha actividad sólo la puede hacer de acuerdo con la ley y el reglamento, pues como se anotó arriba, la ley no estipuló cómo iba a ser la convocatoria y

demás etapas del proceso de selección de los notarios. La revisión de las disposiciones del decreto acusado, permite establecer que el gobierno se limitó a señalar que pueden participar quienes acrediten los requisitos estipulados en el Decreto Ley 960 de 1970, sin que dicha remisión constituya un exceso en la facultad reglamentaria. En los artículos 2, 3, y 4, al señalar la estructura del concurso, la convocatoria, la inscripción, etc, lo que hizo el ejecutivo fue desarrollar el artículo 4° de la Ley 588 de 2000, en consecuencia esta última disposición no está viciada de nulidad, pues el decreto trazó unos lineamientos 19 generales para que el Consejo instrumentalizara el concurso, a través de los respectivos acuerdos.

Segundo Problema: Respecto al segundo cargo, se deben confrontar los artículos 4° de la ley reglamentada y el decreto demandado, así: LEY 588 de 2000 Decreto 3554 de 2006

ARTÍCULO 4°: Artículo 4°. Inscripción. (…) PARAGRAFO 1° (…) Parágrafo. Quienes deseen participar en el concurso, una vez diligenciado el formulario de PARAGRAFO 2o. Quien haya sido condenado inscripción, deberán remitir, además de los penal, disciplinaria o administrativamente por requisitos señalados en este artículo, los conductas lesivas del patrimonio del Estado o siguientes documentos: certificación sobre por faltas como Notario consagradas en el conducta y antecedentes en donde conste la artículo del Decreto-ley 960 de 1970, no podrá

situación o definición de los procesos penales concursar para el cargo de notario. en que el aspirante hubiere sido sindicado, enjuiciado o condenado; certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación; certificado de vigencia de la cedula de ciudadanía expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil; certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la Republica, y copia del pasado judicial expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad. Reprocha la demandante que en el Decreto 3554, el aspirante a concursar debe allegar la certificación de antecedentes, en donde conste la situación o definición de los procesos en que hubiere sido sindicado, cuando la ley excluye para participar en el concurso sólo a quienes 20 hubieren sido condenados. Sin embargo, nótese que la norma no habla, como lo entiende la actora, de que no podrán participar quienes sean sindicados, pues como bien se sabe está de por medio la presunción de inocencia; el artículo acusado no está excluyendo a quienes sean sancionados. Lo que está solicitando es información de la situación del aspirante respecto de sus antecedentes, con el fin de tener un control de la inhabilidad prevista en el parágrafo 2° del artículo 4° de la Ley 588 de 2000, la cual se puede configurar durante el concurso. Por tal razón, no debe prosperar dicho cargo.

Tercer Problema: Por otra parte, en sentir de este despacho tampoco le asiste razón a la accionante respecto a los reparos de la grabación

de la entrevista, regulada en el artículo 10 del decreto demandado, toda vez que la misma, en lugar de intimidar a los participantes del concurso, constituye, como lo sostiene la apoderada del Ministerio del interior y de Justicia, una plena garantía de imparcialidad y objetividad para los concursantes. Para esta agencia fiscal, no le asiste razón a la demandante en sus argumentos sobre el particular, pues es claro que los jurados deben evaluar la entrevista motivadamente, es decir, en ella señalaran por que asignan 1 o 10 puntos al participante, además de dejar un registro gráfico sobre esta etapa del concurso. Con tal grabación tampoco se limita el derecho al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que 21 desde que se inscribe para participar en el concurso, la persona que es citada a la entrevista, sabe en qué condiciones se realizará la misma, y no constituye una sorpresa al momento de su celebración. Además, el mecanismo de la grabación adoptada por el ejecutivo, para efectos de contar con una evidencia objetiva para una posible reclamación futura, se considera justificado y proporcionado. Pues, es común que en actos verbales que tienen efectos jurídicos, se utilice este medio, para su comprobación posterior, por ejemplo para la declaración de testigos, o la reclamación por servicios que se efectúa vía telefónica; eso sí, con la advertencia previa de que se está grabando, con el fin de no sorprender a la persona. Por tal razón, no tienen justificaciones los argumentos de la demandante, pues dicho mecanismo es comúnmente utilizado para dejar evidencia de lo ocurrido.

Cuarto Problema: Para finalizar, en cuanto a la censura del artículo 11

acusado, nuevamente le asiste razón a la apoderada del ministerio demandado, en cuanto a que la H. Sala se debe inhibir sobre el particular, toda vez que con al expedición del Decreto 926 de 2007, el citado artículo fue modificado, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad en el acceso a la carrera notarial, equilibrando el puntaje mínimo para integrar las listas de elegibles con relación a otros concursos adelantados para ingresar a la administración pública. 22 Observa el despacho que al establecer el puntaje en 60 puntos y no como lo señalaba el decreto acusado en 75, se retoma el porcentaje estipulado en el Decreto 960 de 1970. Como dicho artículo ya no está vigente y es obvio que no ha producido ningún efecto, pues el concurso no ha finalizado, no procede su estudio de fondo por sustracción de materia. Lo precedente, lleva a esta agencia del Ministerio Público a solicitar a la H. Sala negar la nulidad respecto de los cargos 1° al 3°, e inhibirse respecto de los reproches del artículo 11, por no estar vigente y no producir efectos, en virtud del Decreto 926 de 2007. De la Señora Consejera Ponente, atentamente. FANNY ESTHER RAMÍREZ ARAQUE Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado FERA.TMDM consejodeestado2@.procuraduria.gov.co