PGN - Documento 201607091833054

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 025-2008

Bogotá, D. C., febrero 14 de 2008 Señores Magistrados

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN "A"

CONSEJERO PONENTE: Dr. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN

E.S.D.

REFERENCIA : 110010325000200600135 00

No. INTERNO : 2088-2006

ACTOR : MARTHA JEANNETH CORREA PINEDA

DEMANDADO: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

ACCIÓN : NULIDAD

ASUNTO : MODIFICACIÓN REQUISITOS PARA CARGOS DE

EMPLEADOS DE TRIBUNALES, JUZGADOS Y CENTROS DE

SERVICIOS

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA 1.1. PRETENSIONES La señora MARTHA JEANNETH CORREA PINEDA, en ejercicio de la acción de nulidad simple, formuló demanda ante el H. Consejo de Estado, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del Acuerdo No. 3560 de agosto 10 de 2006, del Consejo Superior de la Judicatura, “Por el cual se adecúan y modifican los requisitos para los cargos de empleados de tribunales, juzgados y centros de servicios”.

2 Como consecuencia de lo anterior, pidió se anulen todos lo acuerdos expedidos por los consejos seccionales de la Judicatura que convocaron a concurso de méritos para la conformación de los registros seccionales de elegibles para los

cargos de empleados de tribunales, juzgados y centros de servicios de los distritos judiciales del país. 1.2. HECHOS Refirió la demandante las funciones que la Ley 270 de 1996 otorga al Consejo Superior de la Judicatura en sus artículos 85 y 161. Aduce que el acuerdo acusado hizo un incremento injustificado de los requisitos para el ingreso a cargos de la carrera judicial, sin que se hayan modificado las funciones y salarios de los mismos. Señaló que se duplicaron para la mayoría de los cargos los requisitos exigidos para el ingreso, pero la remuneración salarial sigue siendo la misma y, si pretendía profesionalizar la rama judicial debió acompañarla con un incremento de funciones y salarios para sus empleados. Añadió que el acuerdo enjuiciado exige iguales requisitos para los cargos de profesional universitario grado 16 de los juzgados administrativos y los secretarios de juzgados de circuito, a pesar de que existe diferencia funcional y salarial entre los mismos. Que han quedado cargos con diferentes funciones y salarios, pero se exigen los mismos requisitos para su ingreso. Recalcó que los juzgados administrativos tienen categoría de juzgados de circuito y en estos van a quedar dos personas a quienes se les exigen los mismos requisitos, pero uno va a tener un mayor salario que el otro. Adujo que con la expedición del acuerdo acusado también hay un cambio en la definición de la experiencia profesional señalada en la Ley 270 de 1996, ya que el artículo 128 prevé que la misma debe ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado y, el acuerdo demandado, señala que esa

experiencia se adquiere desde la terminación y aprobación de las materias del pénsum académico de la respectiva formación académica; por lo que al hacer la 3 confrontación de esas normas, se observa que el primero contraviene la ley y no obedece a la jerarquía entre las normas. 1.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN El accionante admite que la Sala Administrativa del Consejo de Superior de la Judicatura, según el artículo 161 de la Ley Estatutaria, es la competente para establecer los requisitos para los cargos de empleados de Corporaciones; sin embargo, considera que el acuerdo demandado debe declararse nulo. Señala como normas violadas y expuso el concepto de violación de los artículos 53 y 209 de la C.P.; artículo 2° del C.C.A. y artículos 128 y 156 de la Ley 270 de 1996, por violación al derecho de igualdad, del derecho al acceso a cargos públicos y sobre remuneración proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. (Fls. 1º al 14 del c.p.).

2. SUSPENSIÓN PROVISIONAL La actora pidió la suspensión provisional del acto acusado, por violar normas superiores. La corporación mediante auto del 30 de noviembre de 2006, suspendió provisionalmente el aparte sobre la experiencia profesional contenida en el inciso 3° del artículo 3° del acuerdo demandado. Respecto de los otros aspectos demandados, adujo que será en la sentencia donde se examinará la legalidad de los mismos. (fls. 59 a 65 c.p.). El citado auto fue recurrido por la

demandada y, al decidirse el recurso, se revocó la suspensión provisional decretada inicialmente. (fl. 120).

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La entidad demandada solicitó negar las pretensiones de la demanda. Sobre los cargos de la demanda, se refirió a la facultad reglamentaria que le otorgó la

4 Constitución en sus artículos 256 y 257 al Consejo Superior de la Judicatura, para fijar los requisitos de los cargos de la Rama Judicial. Que para ello desarrolló el cometido de la carrera judicial que incluye la selección por méritos y que el carácter profesional, la cualificación de la capacitación y experiencia de los empelados judiciales es una condición necesaria para el cumplimiento de los principios generales de la función pública y específicos de la rama judicial (arts. 209 C.P. y L. 270/96). En relación con la exigencia de iguales requisitos para los cargos de profesional universitario grado 16 de los juzgados administrativos y los secretarios de juzgados de circuito, añadió que la exigencia de estudios superiores en derecho apunta a que los funcionarios judiciales estén rodeados de empleados que reúnan las condiciones de idoneidad, calidad y eficiencia que les permita cumplir las funciones encomendadas. Precisó que las funciones que desempeñan estos dos cargos son diferentes, pues el primero está orientado a ejercer labores meramente administrativas y el otro es de carácter asistencial; que las denominaciones son diferentes, así como sus responsabilidades, lo cual justifica una remuneración diferente. Sobre el cambio en la definición de la experiencia profesional señalada en la Ley

270 de 1996, argumentó que el acuerdo acusado va dirigido expresamente a los empleados de la rama judicial y no para funcionarios de la misma, pues el artículo 125 ídem divide los servidores en funcionarios y empleados; y que teniendo en cuenta que el artículo 128 ibídem determina los requisitos adicionales para el desempeño de cargos de funcionarios de la rama judicial, queda claro que no incluye a los empleados, puesto que va dirigido expresa y específicamente a los funcionarios. (Fls. 121 a 142 del c.p.).

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 1ª. Se pretende por la actora, la declaratoria de nulidad del Acuerdo No. 3560 de agosto 10 de 2006, del Consejo Superior de la Judicatura, “Por el cual se adecúan y modifican los requisitos para los cargos de empleados de tribunales, juzgados y centros de servicios”; en cuanto hizo un incremento injustificado de los requisitos

5 para el ingreso a cargos de la carrera judicial (i); exige iguales requisitos para los cargos de profesional universitario grado 16 de los juzgados administrativos y los secretarios de juzgados de circuito, a pesar de que tienen diferente sueldo y funciones (ii) y porque también hay un cambio en la definición de la experiencia profesional señalada en la Ley 270 de 1996. Sobre el primer cargo de violación, encuentra esta agencia fiscal que la demandante acusa al acuerdo en su integridad por haber incrementado de manera injustificada los requisitos para el ingreso de cargos, acusación que la hace de manera general y abstracta, y no señala que norma de carácter legal prohíba a la Sala Administrativa incrementar los requisitos para el ingreso a

cargos de carrera judicial. Por otra parte, cuando la actora afirma que el incremento de requisitos se hizo de manera injustificada, se fundamenta en apreciaciones subjetivas y generales, que impiden realizar un control de legalidad de todo el acuerdo. Por tal razón no ha de prosperar este cargo. Sobre el segundo cargo de violación, encuentra esta agencia fiscal que la actora no tiene razón cuando afirma que se viola la igualdad, ante la exigencia de los mismos requisitos para dos cargos que según ella son iguales, pues tienen las mismas funciones y requisitos, pero con diferente salario. Este cargo no se comparte por el Ministerio Público, pues el hecho de que dos cargos tengan diferentes funciones, no necesariamente implica que deban tener diferentes requisitos para su ocupación; pues simplemente se trata de una división del trabajo, es decir de tareas que deben ser realizadas por diferentes personas, pero cuya capacidad para el desempeño puede ser similar. Así mismo, si dos cargos tienen los mismos requisitos, tampoco implica que deban tener el mismo salario, por cuanto el salario tiene como fin la retribución de los servicios prestados, más no de los requisitos para el cargo; el salario se relaciona con el valor del trabajo realizado y no con los requisitos. Por otra parte, si existiera la desigualdad injustificada de los salarios devengados como lo alega la demandante, esta no se compone con la reducción de los requisitos para el cargo, sino con la nivelación salarial. 6 Por lo anterior, no ha de prosperar el segundo cargo. Con relación al tercer cargo, hay que anotar que el parágrafo primero del artículo 128 de la Ley Estatutaria, define la experiencia profesional en lo que tiene que ver

con los requisitos de los cargos de funcionarios en la rama judicial, tal y como lo observó la sala al revocar la suspensión provisional. Por tal razón, no se puede considerar que la definición de experiencia profesional contenida en el artículo 3º del acuerdo demandado sea contraria al citado artículo 128. Por otra parte, resulta más favorable la definición que se hace de experiencia profesional en el acuerdo en cuestión para los empleados, por cuanto dicho requisito se puede comenzar a contabilizar tan pronto se terminen todos los estudios de la respectiva profesión. Por tal razón, esta agencia fiscal no encuentra mérito para que se decrete la nulidad solicitada. CONCLUSIÓN Consecuencialmente, esta agencia del Ministerio Público, con base en las anteriores consideraciones, solicita comedidamente de la Sección Segunda, Subsección “A” del Honorable Consejo de Estado, denegar las pretensiones de la demanda. De los Señores Magistrados. Atentamente,

FANNY ESTHER RAMÍREZ ARAQUE

Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado

FERA.MÁMC.

consejodeestado2@procuraduria.gov.co