PGN - Documento 201607091833084

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 016 - 2008

28I08

Señores Magistrados:

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

CONSEJERO PONENTE: Dr. ALFONSO VARGAS RINCÓN

E. S. D.

REFERENCIA : EXPEDIENTE No. 41152004

ACTORA : CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

DEMANDADO : CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

ACCIÓN : CONTENCIOSA SUBJETIVA SIN CUANTÍA

ASUNTO : VISTA FISCAL ÚNICA INSTANCIA

1. ANTECEDENTES Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal correspondiente, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en virtud de la acción de simple nulidad, que interpuso la actora desde el 25 de octubre de 2004 (fl.24 Vto.), a través de apoderada especial, en procura de las siguientes: 1. 1. Declaraciones “1.- Que se inapliquen los artículos segundo, numerales 4. 1. Fase II Curso de Formación Judicial y 4. 1. Literal b) del Acuerdo No. 1550 de septiembre 17 de 2002, por medio del cual se convocó al XIII Concurso de Méritos para la provisión de los cargos de Magistrados de Tribunal Administrativo y Juez Administrativo destinado a la conformación del correspondiente Registro Nacional de Elegibles.

2.- Declarar la nulidad de la resolución 1751 de mayo 7 de 2004, por medio de la cual se consolidaron los resultados de las pruebas y demás factores que integran la FASE I del Concurso de Méritos para la Provisión de los cargos destinados a 2 conformar el correspondiente Registro Nacional de Elegibles; concretamente con lo relacionado con el puntaje asignado a la Abogada CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE por concepto de experiencia y capacitación adicional. 3.- Declarar la NULIDAD de la Resolución administrativa número 1835 de fecha junio 2 de 2004, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición que se interpuso contra la Resolución 1751 del 7 de mayo de 2004 y se negó a la Abogada CLAUDIA PATRICA PEÑUELA ARCE 15 puntos por la Especialización en Gestión Pública adelantada en la Escuela Superior de Administración Pública, “ESAP” en convenio con la Universidad Industrial de Santander “UIS”, y 20 puntos por la Maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas adelantada en la Universidad Externado de Colombia. 4.- Como consecuencia de lo anterior, declarar la NULIDAD de la decisión administrativa contenida en el LISTADO DEFINITIVO de admitidos al curso de formación judicial de fecha junio 23 de 2004, en la que en forma definitiva se excluyó a la Abogada CLAUDIA PATRICA PEÑUELA ARCE como concursante al cargo de Magistrada del Tribunal Administrativo y solo se le admitió para el cargo de Juez Administrativo. 5.- Declarar la nulidad del acto administrativo que fijó como límite máximo para ingresar al curso de formación judicial un número de 76

aspirantes al cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo. Se desconoce el número y fecha de este acto administrativo”. 1. 2. Resarcimiento A título de restablecimiento del derecho pidió la libelista: “Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura, incluir como aspirante al cargo de Magistrada de Tribunal Administrativo a la Abogada CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE… Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura, reconocer a la Abogada Claudia Patricia Peñuela Arce, los puntajes correspondientes a la experiencia y capacitación que resulte probada en el proceso y que no se tuvo en cuenta en la Fase I de Oposición”. 1. 3. Base fáctica Como hechos que sustentan las pretensiones, manifiesta la abogada de la accionante que su prohijada “en cumplimiento a la convocatoria contenida en el Acuerdo No. 1550 del 17 de septiembre de 2002, presentó su hoja de vida y anexó la totalidad de documentos solicitados…presentó la prueba de conocimientos y obtuvo los siguientes puntajes: Magistrado Tribunal Administrativo: 801. Juez 3

Administrativo: 817…mi procurada superó la prueba de conocimientos para aspirar a los cargos de Magistrada de Tribunal Administrativo y Juez Administrativo… presentó los documentos relevantes frente a los cargos: a.- Experiencia como abogada litigante y Asesora de diversas entidades públicas y privadas. B.- Fotocopia de los títulos de especialización en Derecho Penal (Universidad Autónoma de Bucaramanga en convenio con la Universidad Externado).

Especialización en Gestión Pública (ESAP en convenio con la UIS). especialización

en Instituciones Jurídico Políticas y Derecho Público (UIS en convenio con la UN). Curso de Post Grado en Derecho Administrativo Económico (Universidad de Salamanca España). Curso de Formación como Abogada Conciliadora (Cámara de Comercio de Bucaramanga). Certificación expedida por la Universidad Externado en la que se acreditó que había culminado sus estudios en Maestría de Derecho Penal y Ciencias Criminológicas…presentó entrevista en la que obtuvo el puntaje máximo de 100 puntos. . El Consejo Superior de la Judicatura expidió la Resolución 1751 de fecha 7 de mayo de 2004 que contiene los resultados consolidados de las pruebas y demás factores que integran dicha Fase…El Consejo Superior de la Judicatura, en el punto 3. 1., tomó la determinación de convocar a 76 aspirantes al cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo a través de lo que denominó “AVISO IMPORTANTE”…se interpuso recurso de reposición para que se le reconociera el puntaje de 15 puntos por concepto de la Especialización en Gestión Pública y 20 puntos por los estudios en Maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas…Mediante resolución número 1835 de 2004 el recurso se resolvió en forma desfavorable a la impugnante…Mi procurada solo fue admitida para el cargo de juez administrativo con un puntaje de 776.39… Por voluntad del Consejo Superior de la Judicatura, con el listado definitivo de admitidos, se produjo la EJECUCIÓN del acto administrativo”. 1. 4. Preceptiva conculcada Dentro del concepto de violación, indica que los actos acusados transgreden

los artículos 13, 29, 40 – 7, 125, 152, 153 y 209 de la Carta Política; 3°, 127, 128, 156, 160, 161, 162, 164, 165 y 168 de la LEAJ; tratados internacionales de derechos humanos; y, los artículos 2° y 3° del Código Contencioso Administrativo, en los cuales se establece el derecho a la igualdad, la garantía del tratamiento igualitario a las posibilidades y que el acceso a los destinos públicos, por norma general, es mediante el mecanismo de carrera 4 que atenderá únicamente al mérito, el que debe ser protegido por los servidores públicos para el logro de los fines esenciales del Estado; y, que todo concurso de méritos comprenderá dos etapas sucesivas de selección y clasificación; que la inscripción en el registro se debe hacer en orden descendente, de conformidad con los puntajes que para cada etapa del proceso de selección, determine el reglamento, teniendo en cuenta el fin perseguido por el curso de formación judicial . Así, entonces: “El principio del debido proceso comprende un conjunto de principios materiales y formales entre los que se encuentran el principio de legalidad, el principio de juez natural o juez legal, el principio de favorabilidad penal y el principio de presunción de inocencia, todos los cuales en estricto rigor, responde mejor a la estructura jurídica de verdaderos derechos fundamentales…Por mandato de la Constitución no puede existir en Colombia ningún procedimiento que no se ajuste a los parámetros señalados por ella misma, es decir, los previstos por el artículo 29…Su fundamento se halla en los principios de justicia y seguridad jurídica. Estos exigen que se

empleen medios idóneos para dar estabilidad y seguridad a las partes del proceso…Los actos demandados adolecen (Sic) de NULIDAD por las siguientes causales: a.- Quebrantan abiertamente las normas en que debía fundarse –Constitución Política y Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. B.- Se expidieron en forma irregular. C.- Desconocieron el derecho de audiencia y defensa. D.- Carencia de motivación. E.- Desviación de las atribuciones propias de la Corporación que los profirió…Mientras la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, sólo contempla dos Fases del concurso, basadas en los méritos personales de los participantes, que garantice la igualdad de oportunidades para acceder a ocupar un cargo en la rama judicial, el Consejo creó una nueva etapa que nada tiene que ver con dichos méritos personales, sino con una estadística que se convirtió en un criterio eliminatorio no previsto en la Ley y que, por ende, resulta violatorio de los derechos fundamentales constitucionales de los concursantes que pasaron la primera fase…En este orden de ideas y aplicando estas consideraciones al caso concreto, se puede afirmar que a mi procurada, 5 después de haber superado satisfactoriamente las pruebas de conocimientos (801 puntos) y entrevista (100 puntos), no se le podía excluir de la lista para continuar en el concurso aspirando al cargo de Magistrada del Tribunal, con el argumento de haber quedado ELIMINADA por una estadística elaborada con abierta violación de la Ley Estatutaria. El único criterio válido y razonable para excluirla de tal derecho, debía estar soportado en los factores previstos en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996,

esto es, evaluación de conocimientos, destrezas, aptitudes, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad, en concordancia con los artículos 127, 129 y 160 ibídem que establecen los requisitos generales y especiales para ocupar cargos en la carrera judicial, los cuales fueron aprobados por los concursantes. De los anterior se puede inferir que, la regla de derecho creada por el Consejo, además de introducir un tratamiento diferenciador no justificable que terminó por perjudicar injustamente a mi patrocinada; vulneró sus derechos fundamentales reconocidos desde el mismo Preámbulo de la Constitución Política , para conocer y controvertir las decisiones administrativas, pues, a la fecha, ni siquiera se conocen las motivaciones, ni el acto administrativo que las contiene, con excepción del documento denominado “AVISO IMPORTANTE” que se anexó al listado de admitidos que también se demanda a través de la presente acción…El Consejo infringió la LEAJ – art. 164 -, porque en el concurso de méritos, entre otros factores, se tienen en cuenta los “conocimientos” del concursante, lo cual quiere decir que no tiene porque exigirse el título cuando por ejemplo simplemente falta su trámite para los conocimientos ya han sido adquiridos. Por ello, el acuerdo 1550 fue claro al establecer que se podían comprobar a través de las “certificaciones que acrediten estudios” y eso fue lo que presentó la Abogada para acreditar la culminación de sus estudios en Maestría. En efecto, como se puede leer en la respuesta al recurso (Resolución 1835 de 2004), mi procurada certificó la culminación de sus estudios en Maestría, sin embargo, el Consejo negó el puntaje

aduciendo que a pesar de haber acreditado la culminación de la Maestría no se daban los puntos porque faltaba la monografía y su sustentación. Esta decisión vulnera abiertamente el acuerdo 1550 que permitió otorgar puntaje 6 con la certificación que acredita los estudios. Cambiar las reglas de juego signfiifca un abierto quebranto a los principios de LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA protegidos en el Estatuto Superior. Ahora bien, con respecto a la negativa de otorgar puntaje a la especialización en Gestión Pública cursada en la ESAP en convenio con la UIS, la violación también es flagrante, pues la misma correspondió a un Programa de Formación Avanzada con un término de duración de febrero de 1994 a mayo de 1996 que exigía el cumplimiento del requisito de presentar Monografía de Grado. Resulta imposible controvertir la decisión pues no se conocen las razones que tuvo para concluir que la misma no tiene la calidad de “post grado” y que tampoco se relaciona con el Derecho. Sin embargo, partiendo de la propia LEAJ, se puede deducir que todos los conocimientos del concursante deben ser valorados, máxime cuando se relacionan con los aspectos más importantes de nuestra sociedad y con el interés general implícito en la GESTIÓN PÚBLICA. Ahora, de otro lado no se sabe cuál fue la diferencia que encontró el Consejo entre Especialización y Post Grado para no otorgar los 15 puntos por capacitación…”. (fls. 7 a 24). Los precedentes folios dan cuenta de: Poder judicial especial (fl. 1); Resolución 1835 de 2004 –junio 2 – del Consejo Superior de la Judicatura

(fls. 2 a 4); Acta de Grado del 28 de octubre de 1999 como Especialista en Gestión Pública –ESAP- (fl. 5), y, certificación del Secretario General de la Universidad Externado de Colombia que “a folio 118 del Libro de Registro No. 1 – M se encuentra el acta que a la letra dice:…Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas y se ha hecho acreedor al título correspondiente…”. (fl. 6). No alegó de conclusión.

2. ADMISIÓN DEMANDA Por acto del 27 de junio de 2005, proferido por la Sección Segunda, Subsección “A” se admitió la demanda. (fls. 53 a 54).

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3. INTERVENCION DE LA ENTIDAD DEMANDADA A folios 71 a 76 la apoderado judicial de la entidad demandada, se opone a las pretensiones del libelo introductorio y argumenta en guarda de legalidad de lo cuestionado que: “…Tenemos que por lo expresado en los hechos y de conformidad con las pruebas aportadas, la aquí demandante, no llenó los requisitos expuestos en la citada convocatoria para acceder al cargo de magistrada de tribunal administrativo. La Resolución número 1835 de 2004, expresa claramente los motivos por los cuales la Sala Administrativa no accede las pretensiones de la aquí demandante, consideraciones que son compartidas por la apoderada de la Rama Judicial, las cuales complementa con la respuesta a cada uno de los hechos de la demanda, los cuales solicito tener en cuenta para no acceder a las pretensiones de la demanda”.

Tampoco alegó de conclusión.

4. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 4. 1. Planteamiento genérico Esta agencia del Ministerio Público procede, dentro del término legal, a pronunciarse sobre la demanda que en acción contenciosa subjetiva, sin determinación de cuantía, impetró la doctora CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE, a través de apoderada especial contra lo determinado en el precedente acápite de ANTECEDENTES .- DECLARACIONES -, con criterio de denegación de la pretensión. 4. 2. El problema jurídico Se circunscribe el sub lite a determinar si el Acuerdo No. 1550 de 17 de septiembre de 2002, expedido por la Sala Administrativa de Consejo Superior de la Judicatura: “Por medio del cual se convoca al XIII Concurso de Méritos para la provisión de Cargos de la Rama Judicial”, ha de ser inaplicado – 8 en lo acusado -, en referencia con los actos demandados, los cuales, en sentir de la demandante, transgredieron abiertamente lo normado en el inciso 1° del artículo 168 de la LEAJ. 4. 3. Análisis 4. 3. 1. De la inaplicación parcial del Acuerdo No. 1550 4. 3. 1. 1. La norma a inaplicar “ACUERDO No. 1550 –Septiembre 17 – “Por medio del cual se convoca al XIII

Concurso de Méritos para la provisión de Cargos de Carrera de la Rama Judicial”. LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 164 y 168 de la Ley 270 de 1996. ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.-…ARTÍCULO SEGUNDO.- El concurso será abierto mediante convocatoria pública a los interesados, la cual es norma obligatoria y reguladora de este proceso de selección y se ceñirá a las condiciones y términos que se relacionan a continuación: 1…4. ETAPAS DEL CONCURSO. El concurso de méritos comprende dos (2) etapas: 4. 1. Etapa de Selección. Esta etapa es de carácter eliminatorio y tiene por objeto escoger, entre los aspirantes admitidos al Concurso, a los mejores profesionales, quienes harán parte del correspondiente Registro Nacional de Elegibles. Está conformada, por las siguientes fases: a)…b) Experiencia Adicional y Docencia. Hasta 150 puntos. La experiencia laboral en cargos relacionados, o en ele ejercicio profesional independiente con dedicación de tiempo completo en áreas jurídicas, dará derecho a veinte (20) puntos por cada año de servicio o proporcional por fracción de éste. La docencia en la cátedra en áreas jurídicas dará derecho a diez (10) puntos por cada semestre de ejercicio de tiempo completo, y a cinco (5) puntos por cada semestre de ejercicio en los demás casos. El ejercicio como facilitador o coordinador de programas de formación y capacitación en la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” en áreas jurídicas, dará derecho a diez (10) puntos por cada año de dedicación, y proporcionalmente por fracción de año. En todo caso, el total del factor no podrá exceder de 150 puntos…Fase II. Curso de Formación Judicial Sólo los aspirantes que obtengan los mayores puntajes en la Fase I, hasta la cantidad estimada de vacantes existentes al momento de expedirse el

Registro de Elegibles y de las que se produzcan dentro del término de vigencia del 9 mismo, adicionadas en un 25%, continuarán en el concurso y serán convocados a participar en el Curso de Formación Judicial que dictará la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, con una duración aproximada de 48 semanas en la modalidad semipresencial, según programación que se entregará oportunamente a los participantes. La Sala Administrativa determinará la sede o sedes en las cuales se llevará a cabo el curso atendiendo, entre otras circunstancias, al número de aspirantes que participarán en el mismo y sus lugares de inscripción. El curso estará conformado por módulos de análisis y de aplicación práctica, así como por pasantías en las correspondientes corporaciones o despachos judiciales, cada uno de los cuales será prerrequisito para tomar el siguiente, de manera que quien no apruebe alguno de éstos no podrá continuar en el concurso. Para agotar el curso se requiere haber asistido al menos al 80% de las actividades presenciales siempre que las inasistencias, que no pueden superar el 20%, se encuentren debidamente justificadas; cumplir todas las reglas académicas y las prácticas programadas, y obtener el puntaje mínimo aprobatorio correspondiente en cada módulo. El promedio del puntaje obtenido en los diferentes módulos y en el trabajo final de investigación será el puntaje final del curso. Los gastos que se generen por desplazamiento y estadía para quienes asistan al curso, serán asumidos por cada concursante.” 4. 3. 1. 2. La vía de excepción Sobre la llamada excepción de ilegalidad la Corte Constitucional por su S –

C – 037 / 2000, al estudiar la exequibilidad del artículo 12 de la Ley 153 de 1887, señaló: “… “Así, aunque la Constitución no contemple expresamente la llamada excepción de ilegalidad, resulta obvio que las disposiciones superiores que consagran rangos y jerarquías normativas, deben ser implementadas mediante mecanismos que las hagan efectivas, y que, en ese sentido, la posibilidad de inaplicar las normas de inferior rango que resulten contradictorias a aquellas otras a las cuales por disposición constitucional deben subordinarse, es decir, la excepción de legalidad, resulta acorde con la Constitución. La Corte aprecia que, en principio, una norma legal 10 que se limitara a reiterar el orden jurídico que emana de la Constitución y a autorizar la inaplicación de las normas que irrespetara tal orden, sería constitucional. “La llamada excepción de ilegalidad se circunscribe entre nosotros a la posibilidad que tiene un juez administrativo de inaplicar, dentro del trámite de una acción sometida a su conocimiento, un acto administrativo que resulta lesivo del orden jurídico superior. Dicha inaplicación puede llevarse a cabo en respuesta a una solicitud de nulidad o de suspensión provisional formulada en la demanda, a una excepción de ilegalidad propiamente tal aducida por el demandante, o aún puede pronunciarse de oficio. Pero, en virtud de lo dispuesto por la norma sub examine, tal y como ha sido interpretado en la presente decisión, tal inaplicación no puede ser decidida por autoridades administrativas, las cuales, en caso de asumir tal conducta, podrían ser demandadas a

través de la acción de cumplimiento que busca, justamente, hacer efectivo el principio de obligatoriedad y de presunción de legalidad de los actos administrativos. “Al respecto, destaca la Corte que cuando, con posterioridad a la expedición del C. C. A., el Consejo de Estado, ha invocado el artículo 12 de la Ley 153 de 1887, lo ha hecho dentro del trámite de un proceso judicial, para efectos de inaplicar un acto administrativo en razón de su ilegalidad. Así, la postura jurisprudencial de esa Corporación que aboga por la vigencia de la norma mencionada, la ha aplicado dentro de este contexto procesal judicial, y no con el alcance de cláusula general de inaplicabilidad de los actos administrativos por cualquier autoridad que los estime ilegales. “…”. Lo anterior se estila y utiliza en aras de garantizar la seguridad jurídica y la preservación de la vigencia y efectividad del orden jurídico. 4. 3. 1. 3. De las modalidades del concurso Conforme a la decisión adoptada por el Consejo de Estado el día 22 de noviembre de 2007, proferida dentro del expediente 9551 – 2005, con ponencia del Dr. GÓMEZ ARANGUREN, se expuso sobre la materia: 11 “… “Del texto del artículo 168, inciso 1° de la Ley 270 de 1996 se infiere que el curso de formación judicial puede revestir dos modalidades, la de curso concurso o la de requisito previo para el ingreso a la función judicial. “En el presente caso nos encontramos frente a la primera modalidad pues el curso integra una de las etapas del concurso judicial, por ello sólo

puede tener carácter eliminatorio y no clasificatorio, como se establece en la norma demandada. Dicho de otro modo, los aspirantes a ser inscritos en el registro de elegibles de jueces y magistrados deben aprobar el curso referido toda vez que, según el artículo 168, inciso 1° de la Ley 270 de de 1996, tiene efecto eliminatorio, esto es, su no aprobación implica la exclusión del servicio. Tal consecuencia resulta razonable porque, tomando en consideración afirmaciones hechas por la entidad accionada, el curso es un medio adecuado para cumplir varios objetivos del concurso de méritos a que se somete a los aspirantes. A través del mismo se busca que cuente con elementos adicionales referidos al campo específico de la función judicial, que ordinariamente no se estudian en las facultades de derecho, con el fin de dotar a los futuros servidores de las herramientas conceptuales y prácticas que demanda el cumplimiento de su misión. “Por ello el artículo 164 de la misma ley estableció que el concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud y experiencia, se determina la inclusión del concursante en el registro de elegibles. Es decir, el curso hace parte del concurso de méritos en tanto desarrolla algunos de propósitos mencionados en el artículo 164, pero el legislador no quiso que el mismo fuera el factor determinante de la clasificación en el registro de elegibles,; le asignó una misión importante dentro del concurso de méritos pero no lo erigió en el factor crucial para establecer la ubicación en el registro de elegibles.

“La ubicación o jerarquización en el registro de elegibles de los concursantes que obtengan calificación aprobatoria en el curso de formación judicial se define exclusivamente con los resultados obtenidos en la fase que el acuerdo demandado denomina “de oposición” y que comprende la prueba de conocimiento y aptitudes, la 12 evaluación de la capacitación adicional y las publicaciones y la entrevista. “…”. Así las cosas, en este particular aspecto, es criterio de esta Agencia Fiscal que la inaplicación del acto administrativo contenido en los apartes del Acuerdo 1550 de 17 de septiembre de 2002 señalados por la demandante, no procede porque no se aprecia la abierta contradicción con las normas superiores, en particular con la disposición del artículo 164 de la LEAJ1, ya que como lo estatuye la norma el concurso es eliminatorio. Cuestión diferente sí el concurso fuera clasificatorio, como al respecto lo ha determinado la misma jurisprudencia, pero que no es el caso expuesto en este evento por la parte actora en ejercicio de la jurisdicción rogada. 4. 3. 2. El ataque frente a la Resolución 1751 de 7 de mayo de 2004 Para la parte accionante el precitado acto está viciado de nulidad por desconocer el criterio de mérito para acceder a la lista de elegibles (art. 125

C. P. o.), a cambio de lo que denominó “estadística eliminatoria”, en referencia 1 “Art. 164. Concurso de méritos.- El concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y

condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina su inclusión en el Registro de Elegibles y se fija su ubicación en el mismo. Los concursos de méritos en la carrera judicial se regirán por las siguientes normas básicas. 1. Podrán participar en el concurso los ciudadanos colombianos que de acuerdo con la categoría del cargo por proveer, reúnan los requisitos correspondientes, así como también los funcionarios y empleados que encontrándose vinculados al servicio y reuniendo esos mismos requisitos, aspiren a acceder o a ocupar cargos de distinta especialidad a la que pertenecen. 2. La convocatoria es norma obligatoria que regula todo proceso de selección mediante concurso de méritos. Cada dos años se efectuará de manera ordinaria por la Sala Administrativa de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, y extraordinariamente cada vez que, según las circunstancias, el Registro de Elegibles resulte insuficiente. 3. Las solicitudes de los aspirantes que no reúnan las calidades señaladas en la convocatoria o que no acrediten el cumplimiento de todos los requisitos en ella exigidos, se rechazarán mediante resolución motivada contra la cual no habrá recurso en la vía gubernativa. 4. Todo concurso de méritos comprenderá dos etapas sucesivas de selección y de clasificación. La etapa de selección tiene por objeto la escogencia de los aspirantes que harán parte del correspondiente Registro de Elegibles y estará integrada por el conjunto de pruebas que, con sentido eliminatorio, señale y reglamente la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La etapa de clasificación tiene por objeto establecer el

orden de registro según el mérito de cada concursante elegible, asignándosele a cada uno un lugar dentro del Registro para cada clase de cargo y especialidad. Parágrafo 1º.- La Sala Administrativa reglamentará de manera general el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas, y señalará los puntajes correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la primera. Parágrafo 2°.- Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como también toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquellas, tiene carácter reservado.” 13 con la inclusión de 76 aspirantes para el empleo de magistrado de tribunal, en perjuicio de sus aspiraciones a esa nominación, dado que sólo fue calificada como apta para juez administrativo. A título preliminar, debe manifestarse respecto de la manera como está concebida la imputación, que ella no corresponde con el contenido formal del citado acto administrativo. En el cuaderno anexo dos (2) (Sin foliar) aparece la Resolución No. 1751 del 7 de mayo de 2004: “Por medio de la cual se expide el listado que contiene los puntajes obtenidos por los aspirantes en la Fase I “Oposición”, dentro de la etapa de Selección correspondiente a los concursos de méritos destinados a la conformación de los Registros de Elegibles para los cargos de Magistrados de Sala Administrativa de Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados de Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados de Tribunales Superiores, Magistrados de Tribunales Administrativos y Jueces de la República, convocados mediante Acuerdos 1547, 1548, 1549 y 1550 de 2002”.

Los cuatro (4) primeros folios dan cuenta de la fijación (13 de mayo) y desfijación (25 de mayo) del correspondiente listado de elegibles, y, a partir del folio cinco (5) se aprecia, en su total contenido, el precitado acto administrativo, contenido en 193 folios (Tiene su propia numeración). Pues bien, se observa de esta numeración que al folio 000191 aparece el artículo 2°; en el 000192, sus parágrafos 1° y 2°, y sus artículos 3° y 4°; y, en el folio 00193, sus artículos 5° y 6°, con, además, la orden de notificar y cumplir. Lo reseñado le sirve a esta Agencia Fiscal para significar que lo dispuesto en el artículo 2° y sus parágrafos y en el artículo 4°, es lo que la parte demandante (fl. 9 cuaderno 1) reseñó como hechos notificados en la Internet a través de lo que llamó “AVISO IMPORTANTE”, y los desarrolló, 14 respectivamente, en los numerales “3….”, “3. 1...”, “3. 2…”, y, “4…”. (fl. 10, ib.). Así las cosas, no es verídico que el acto administrativo contenido en la Resolución 1751 se haya escindido con el tal “AVISO IMPORTANTE”. La integridad del acto se halla formalmente dentro de la citada resolución, por lo tanto, no es de recibo la acusación vertida al folio 18 (12 de la demanda), según la cual no se conoció la decisión administrativa ni se pudo controvertirla, “…pues, a la fecha, ni siquiera se conocen las motivaciones, ni el

acto administrativo que las contiene, con excepción del documento denominado “AVISO IMPORTANTE” que se anexó al listado de admitidos que también se demanda a través de la presente acción. Por ello, este acto administrativo está viciado de nulidad, según lo dispone el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, porque fue expedido en forma