PGN - Documento 201607091833167

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 152

10-08-07

Señores Magistrados:

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “B”

CONSEJERO PONENTE: Dr. JESÚS MARÍA LEMOS BUSTAMANTE

E.S.D.

REFERENCIA : EXPEDIENTE No. 10025-05

ACTOR : WELFRAN DE JESÚS MENDOZA OSORIO

DEMANDADO : CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA ASUNTO : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal correspondiente, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en virtud de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso el actor contra el artículo 4º de la resolución No. 1751 del 7 de mayo de 2004 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura por al cual se expidió el listado que contiene los puntajes correspondientes a al fase I Oposición, que a su vez determinó el número de aspirantes que continuarían en el concurso y en consecuencia podían pasar a la fase II de la etapa de Selección para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo convocado en el Acuerdo No. 1550 de 2002; así mismo, la resolución No. 2370 del 9 de junio de 2004 proferida por la misma autoridad administrativa por la

cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando en todas sus partes la decisión inicial. Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, incluir al actor en la lista de elegibles para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo en el 2 puesto o ubicación que le corresponda atendiendo la calificación definitiva obtenida en el curso de formación judicial que el demandante adelanta. Como hechos que argumentan las pretensiones, manifiesta que el demandante fue admitido al concurso de méritos para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo convocado mediante Acuerdo No. 1550 de 2002; obtuvo los siguientes puntajes: “prueba de conocimientos 491.96; entrevista 75; experiencia 66; capacitación 30, para un total de 662.96 puntos” (fl. 1). Con ocasión del recurso de reposición interpuesto por el demandante, la entidad demandada repuso los puntajes antes determinados y quedaron así: “prueba de conocimientos 491.96; entrevista 75; experiencia 75; capacitación 30, para un puntaje total de 667.96” (fl. 2). La Rama Judicial publicó el listado de los admitidos al curso de formación judicial y para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo el demandante no fue convocado a pesar de haber superado todas las pruebas eliminatorias del concurso, en razón a que la resolución No. 1751 del 7 de mayo de 2004 determinó que sólo podían ingresar al curso los concursantes que estuviesen ubicados en el listado de puntajes definitivos entre los puestos 1 al 76; manifiesta que el curso de

formación judicial que adelanta el demandante en la sede Santa Marta es el mismo para todos los participantes sin importar a cuál cargo aspiran y por ende, los módulos temáticos y de investigación aplicada, son los mismos para todos. Dentro del concepto de violación, indica que el acto acusado viola el artículo 125 de la Constitución Política pues, a su juicio, introduce un aspecto externo a las capacidades e idoneidad demostrados por el actor en las diferentes pruebas, al indicar que no podía participar en el curso de formación judicial para Magistrado de Tribunal porque las vacantes estimadas para dicho cargo fueron de 76 y ese argumento no puede ser válido para privar al actor de acceder al curso de formación judicial; por tanto, el acto acusado está viciado de nulidad; indica además que si presentó las pruebas y las superó tiene el derecho de pasar a la siguiente fase que si es eliminatoria, pero no quedarse 3 por fuera por el simple hecho de no existir más vacantes para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo.

2. INTERVENCION DE LA ENTIDAD DEMANDADA A folios 558 y s.s. la apoderada judicial de la entidad demandada, se opone a las pretensiones de la demanda y argumenta que es competencia de la entidad demandada reglamentar el contenido del curso de formación judicial, así como las condiciones y modalidades en que el mismo puede ser ejercido.

De otra parte, cita algunos textos de sentencias de la H. Corte Constitucional en cuanto indicar que el curso de formación judicial fue creado para el ingreso de funcionarios a la carrera judicial que por primera vez aspiren, no para quienes ya ejercen funciones judiciales, caso del actor; por ello, la entidad

demandada expresó que, “…no era viable considerar la otra forma de curso de formación judicial, esto es, en la modalidad de requisito para ingreso a la función pública, para integrar los Registros de Elegibles resultantes de dichas convocatorias”. Agrega además que, “Con todo lo anterior, en los Acuerdos por medio de los cuales se convoca a curso concurso para proveer los cargos de carrera en la Rama Judicial, se dispuso que no todos los concursantes podían continuar en el proceso de selección, sino aquéllos que, practicada la entrevista con la cual culminó la Fase I, obtuvieran los mayores puntajes, y sólo determinado número de concursantes, determinada por la cantidad estimada de vacantes existentes, adicionada en un 25%, esos serían los que pasarían al curso concurso, razón por la cual el aquí demandante no pasó a la fase de curso concurso para magistrado” (fl. 562).

3. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Esta agencia del Ministerio Público procede dentro del término legal a pronunciarse sobre la demanda que en acción de nulidad y restablecimiento del derecho impetró el actor a través de apoderado judicial contra el artículo 4º de la resolución No. 1751 de 2004, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, “Por la cual se expidió el listado que contiene los puntajes 4 correspondientes a la Fase I Oposición y por la cual se estableció en un cuadro el número de aspirantes que continuarían en el concurso y en consecuencia podían pasar a la fase II de la etapa de Selección para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo convocado en el acuerdo No. 1550 de 2001” (fl. 3), así como de la

resolución No. 2370 del 29 de junio de 2004 que desató el recurso de reposición interpuesto contra la primera decisión. Esta Agencia del Ministerio Público analizará el caso objeto de estudio con base en los cargos endilgados por el actor al acto acusado en el acápite de “normas violadas y concepto de violación” de la demanda, como pasa a explicarse: a). En primer lugar, manifiesta que con la expedición del acto acusado, la entidad demandada viola el artículo 125 de la Carta Política, al no permitir al demandante el acceso al curso de formación judicial para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo, pues considera que la selección final de los aspirantes para acceder a dicho curso no se realizó con la debida objetividad si se tiene en cuenta que el demandante obtuvo uno de los mejores puntajes en las pruebas de conocimientos y además obtuvo buenas calificaciones en los demás factores evaluados como son la experiencia adicional, capacitación y entrevista. Argumenta que el Consejo Superior introdujo un factor externo, no contemplado en la ley, para dicha selección como fue el número de 76 vacantes estimadas para ocupar el cargo que, a juicio del demandante, no atiende los criterios de capacitación e idoneidad del concursante. Al respecto, esta Agencia Fiscal considera que no le asiste razón al demandante pues, en primer lugar, el artículo 125 de la Carta Política determina que, en tratándose de funcionarios de carrera, el ingreso y ascenso debe hacerse con base en los méritos y calidades de los aspirantes. Eso precisamente fue lo que hizo el Consejo Superior de la Judicatura, en el caso

objeto de estudio, pues con base en la facultad otorgada por el artículo 254 de 5 nuestra Carta Magna, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 270 de 1996, la entidad demandada fijó las condiciones para el acceso al curso de formación judicial al cual no ingresó el actor, por no haber obtenido el puntaje establecido en dicha convocatoria. El artículo 168 de la Ley Estatutaria mencionada, que regula el curso de formación judicial en su inciso segundo prescribe: “(…) En este último caso, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los contenidos del curso y las condiciones y modalidades en que el mismo podrá ser ofrecido por las instituciones de educación superior”. En el mismo sentido se ha pronunciado la H. Corte Constitucional cuando al respecto ha dicho: “(…) En igual sentido, también considera la Corte que la facultad de la Sala Administrativa de reglamentar los contenidos del curso y las condiciones y modalidades del mismo, se aviene a lo dispuesto en el Numeral 3º del artículo 257 constitucional, toda vez que se trata de un asunto que compromete directamente la eficiencia en el funcionamiento de la administración de justicia” (Sentencia C-037 de 1996) (fl. 559). Por las razones descritas, el cargo impetrado al acto acusado, carece de validez y por ende, aquél conserva plenamente su presunción de legalidad no desvirtuada por el demandante. En consecuencia, debe desestimarse este cargo, pues no cabe duda de la competencia del Consejo Superior de la Judicatura para reglamentar todo el proceso de selección de aspirantes a cargos en la Rama Judicial.

b). En segundo lugar, indica que el acto acusado es violatorio de lo dispuesto en el artículo 156 de la ley 270 de 1996, que establece los fundamentos de la carrera judicial siendo el mérito el fundamento principal para el ingreso, permanencia y promoción en el servicio y según manifiesta el demandante, el acto acusado introduce un criterio externo que no mide la capacidad profesional del concursante, como es el considerar que no hay las 6 suficientes vacantes para convocarlos a la etapa siguiente del curso de formación judicial. Afirma además, que se viola el precepto contenido en el artículo 163 ibídem, pues la falta de vacantes no puede constituir una prueba que es lo único que puede tener el carácter de eliminatorio en un concurso de méritos. Insiste en que el acto acusado viola también los artículos 164 y 168 de la ley Estatutaria de Administración de Justicia pues afirma que, ”…el hecho de que el Consejo Superior de la Judicatura haya condicionado el ingreso al curso al número de vacantes estimadas incrementadas en un veinticinco por ciento (25%) supone per se una violación de la ley 270 de 1996 al excederse en la reglamentación de la misma, pues es evidente que la norma ibídem no le da más facultades que reglamentar de manera general los concursos sin que ello signifique imponer condiciones distintas a las señaladas en la Ley Estatutaria” (fl. 11). No comparte este Despacho el argumento del demandante si se tiene en cuenta que el actor está dando una indebida interpretación al criterio expuesto por la entidad demandada en cuanto fijar en 76 el número de vacantes para

ocupar el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo, ya que no constituye en manera alguna requisito para acceder al curso de formación judicial, simplemente es un criterio de orden administrativo y geográfico, el fijar el número de plazas a cubrir por quienes obtengan el mayor puntaje de todo el proceso de selección. Así las cosas, de la confrontación del contenido del acto acusado en relación con los artículos 156, 163, 164 y 168 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, no se evidencia violación alguna, por le contrario, la convocatoria al concurso y la expedición de las resoluciones Nos. 1751 del 4 de mayo de 2004 y 2370 del 9 de junio del mismo año, garantizan la transparencia, publicidad, principio de igualdad, oportunidad en las mismas condiciones para todos los aspirantes y aplicación de los principios constitucionales y legales en materia de evaluación de los factores de clasificación durante todo el proceso de selección. En consecuencia, no le asiste razón al demandante para endilgar al 7 acto acusado violación de norma constitucional o legal alguna, por el simple hecho de que el puntaje obtenido en su primera fase del concurso en el cual participó, no alcanzó al exigido para continuar en dicho proceso de selección. Accederse a lo pedido por el demandante sería tanto como patrocinar un trato discriminatorio y desigual con quienes han surtido las etapas pertinentes del concurso y han obtenido el puntaje establecido por la convocatoria en mención. Si el actor pretende ingresar al curso de formación judicial y continuar avanzando en las diferentes etapas de selección, debe, al igual que los demás aspirantes, aprobar las evaluaciones que dicho concurso contemple

y como en el caso objeto de estudio no aprobó la primera etapa, es plenamente ajustado a derecho que no haya sido seleccionado para pasar a la segunda fase del curso de formación judicial. Por las razones expuestas, este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad. c). En tercer lugar, expresa que el acto acusado contiene una falsa motivación porque establece que quienes podrán ingresar al curso de formación judicial son aquéllos que, de acuerdo con el puntaje obtenido, ocupen el número de vacantes estimadas incrementadas en un 25% sin explicar el por qué se llegó a dicha cifra, y el accionante estima que la entidad demandada debió estimar esa cifra en un número mayor por lo menos de 151 concursantes, ya que el número de 76 es muy pequeño y reducido y si de esos 76 no todos aprueban el curso de formación judicial o algunos de ellos son nombrados como Magistrados en otras jurisdicciones, la lista de elegibles se agotaría y entonces habría que nombrar a dedo a los magistrados de las altas cortes lo que implica un retroceso en la carrera judicial. Al respecto, debe decirse que el acto acusado, es decir, la resolución No. 1751 expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, “Por medio de la cual se expide el listado que contiene los puntajes obtenidos por los aspirantes en la Fase I “Oposición”, dentro de la etapa de selección correspondiente a los concursos de méritos destinados a la conformación de los Registros de Elegibles para los cargos de Magistrado de la Sala Administrativa de Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de

8 Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrado de Tribunales Superiores, Magistrado de Tribunales Administrativos y Jueces de la República, convocados mediante Acuerdos 1547, 1548, 1549 y 1550 de 2002” visible de folios 322 a 514 del expediente, en el cual figuran los resultados de las pruebas presentadas por el actor (fl. 430), en los subfactores de “Prueba de Conocimientos, Experiencia Adicional, Capacitación y Publicaciones y Entrevista” obteniendo un puntaje total para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo de “662.96” y para el cargo de Juez Administrativo de “758.70” . Por tanto, el actor no fue seleccionado para continuar la segunda etapa del curso de formación judicial, precisamente, por no encontrarse dentro de los aspirantes que obtuvieron los puntajes más altos y hasta completar el número de 76 vacantes disponibles para ocupar el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo. En este orden de ideas, la entidad demandada simplemente aplicó los criterios ya esbozados en el Acuerdo No. 1550 que contiene la convocatoria al concurso, actos administrativos expedidos con base en lo dispuesto en el artículo 164 de la ley 270 de 1996, que califica a la convocatoria como norma reguladora del concurso y por consiguiente, sus condiciones y términos son de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, como el demandante no obtuvo el puntaje requerido (800 puntos) no podía, como es apenas lógico pasar a la segunda etapa, como en efecto ocurrió. Ahora bien, de folios 232 a 236 del expediente obra la resolución No. 2370 del

9 de junio de 2004, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, acto administrativo en el cual se reconsideró la calificación dada a la experiencia adicional acreditada por el demandante, al considerar que: “…Revisada de nuevo la documentación aportada por la aspirante, se tiene que acreditó una experiencia profesional de 3888 días, contados desde el 29 de abril de 1993 (fecha de grado) hasta el 16 de febrero de 2004, de manera ininterrumpida, de conformidad con las certificaciones allegadas en su oportunidad. De éstos deben descontarse 2880 días (8 años) que corresponden a la experiencia exigida para el cumplimiento del 9 requisito mínimo para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo y 1440 (4 años) para el cargo de Juez Administrativo, a los cuales aspira. Por tanto, como experiencia adicional sólo pueden ser valorados los días acreditados que excedan al requisito mínimo para cada cargo en concurso, así: Para Magistrado de Tribunal Administrativo, 1008 días que corresponden a 56.00 puntos en el subfactor experiencia adicional y, para el cargo de Juez Penal Municipal, 2.448 que representan 136.00 puntos; este es el puntaje que aparece en el factor “Experiencia Adicional y Docencia”. De otra parte, de conformidad con el literal b) del numeral 4.1 del artículo segundo del Acuerdo 1550 de 2002, que regula el puntaje del subfactor Docencia, la cátedra en áreas jurídicas dará derecho a diez (10) puntos por cada semestre de ejercicio de tiempo completo, y a cinco (5) puntos

por cada semestre de ejercicio en los demás casos. En la documentación presentada por el recurrente en su oportunidad, se encontró que acreditó docencia en áreas jurídicas en la Universidad Cooperativa de Colombia durante el segundo semestre de 1998 y el primero de 1999 y en la Universidad Antonio Nariño en el segundo período de 2001, los dos primeros semestres fueron valorados en la resolución impugnada y, respecto del segundo se omitió su valoración; en este sentido se modificará la decisión, para asignarle 15 puntos en el subfactor. En consecuencia, procede la modificación del puntaje asignado al recurrente en el factor “Experiencia Adicional y Docencia”, para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo de 66.00 a 71.00 y para el cargo de Juez Administrativo, de 146.00 a 150.00 puntos (máximo posible en el factor) “ (fl. 234). En ese orden de ideas, es claro que la entidad demandada se ajustó a las condiciones establecidas en la convocatoria a concurso mediante el Acuerdo No. 1550 de 2002 y para el cual el demandante aspiró a dos (2) cargos diferentes: uno, de Magistrado de Tribunal Administrativo y otro, de Juez Administrativo; por ello, la valoración de las pruebas y demás requisitos exigidos debe asignarse para cada cargo al cual aspiraba el demandante, como bien lo hizo la entidad demandada, reconsiderando dicho puntaje y aumentándolo respecto del factor “Experiencia Adicional y Docencia”; no así, respecto del factor entrevista, en donde se evaluaron correctamente los rasgos y características o atributos humanos del actor, “…difícilmente valorables mediante otros procedimientos, en especial, aspectos como la ética, la independencia

de criterios, la iniciativa y las relaciones interpersonales” (fl. 234), y entonces corresponde al evaluador, de acuerdo con su criterio, asignar la calificación al 10 evaluado que permita medir la idoneidad moral y condiciones de personalidad del aspirante; por tanto, la entidad demandada no modificó tal calificación, pues la que se otorgó al demandante era la que le correspondía de acuerdo con el desarrollo y dinámica que tuvo su entrevista personal. Es así como no le asiste razón al demandante para afirmar que como el puntaje otorgado a los dos subfactores antes descritos, es decir, “Experiencia Adicional y Docencia” y “Entrevista” fueron, a su juicio, bajos ello afectó el puntaje dado a los demás factores, pues, como bien lo afirma la entidad demandada en su escrito de contestación de demanda, el Acuerdo No. 1550 de 2002, base de la convocatoria a concurso en el cual participó el demandante es claro al establecer el porcentaje correspondiente a cada factor así: “- Prueba de conocimientos hasta 600 puntos - Entrevista hasta 100 puntos - Experiencia Adicional hasta 150 puntos, y - Capacitación y Publicaciones hasta 150 puntos Para un total de 1000 puntos” (fl. 235). Lo que indica, con meridiana claridad, que la entidad demandada no incurrió en error alguno en la valoración dada al subfactor entrevista, amén de que “… el número de aspirantes a realizar el curso concurso es adecuado para que el Registro de Elegibles que se integre sea suficiente para la provisión de las vacantes que llegaren a presentarse durante los cuatro años de su vigencia” (fl. 235 – 236).

Así las cosas, no puede admitirse por esta Agencia Fiscal que el demandante, cuestione la regulación hecha por la entidad demandada en la convocatoria en la cual participó, conociendo de antemano las condiciones, por la circunstancia de no haber obtenido el puntaje suficiente en cada uno de los factores evaluados por el Consejo Superior de la Judicatura y por ende, no haber sido enlistado para pasar a la segunda etapa del curso de formación judicial y tener así más opción de llegar a integrar la lista de elegibles, pues no debe olvidarse que la entidad demandada cuenta además de la facultad constitucional y legal para reglamentar dichos concursos, con la experiencia y conocimientos suficientes para iniciar y llevar a feliz término las convocatorias 11 correspondientes para proveer, mediante el sistema de mérito, los cargos públicos, en este caso, de la Rama Judicial del poder público. La jurisprudencia colombiana ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto al tema del concurso público de méritos, en sendas jurisprudencias; tal es el caso de la sentencia del 9 de diciembre de 2004, proferida por el H. Consejo de Estado en el expediente No. 2183-04, con ponencia de la Magistrada Ana Margarita Olaya Forero, que al respecto dijo: “El demandante obrando en nombre propio y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, solicita se declare la nulidad del artículo segundo, numeral 4.2 del Acuerdo 1548 del 17 de septiembre de 1002, mediante el cual la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, convocó al XI concurso de méritos, para proveer cargos de carrera judicial, magistrados

de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en los Consejos Seccionales de la Judicatura”. La Magistrada Ponente, luego de hacer el recuento normativo de los artículos de la ley 270 de 1996, que se estiman por el demandante como violados, estimó que: “Cuando el sentido que se deduce del tenor literal de una norma jurídica, además de ser claro, resulta ajustado al ordenamiento jurídico, - entendido como un conjunto de reglas y principios que armónicamente interactúan con una finalidad -; cualquier intento del intérprete por descubrir “fines” u objetivos distintos a los que la norma consagra, resulta incoherente e inadecuado. (…) La interpretación razonable y correcta por ajustarse al ordenamiento jurídico, deduce entonces que todo concurso de carrera judicial debe incluir instrumentos o pruebas que permitan la evaluación de los seis factores, que la ley estatutaria de la administración de justicia considera necesario evaluar en los procesos de selección de funcionarios judiciales, y que los funcionarios de todas esas pruebas deben incidir en los dos aspectos que la ley señala a saber: La incursión del concursante en el registro de elegibles y la ubicación u orden que corresponde a cada concursante dentro de dicho registro. Respetando la clara especificidad de la norma, el Consejo Superior de la Judicatura puede ejercer su facultad reglamentaria”. 12 Respecto de los factores que deben ser evaluados en los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera administrativa o judicial, la Corte Constitucional en sentencia C-040 de 1995, mediante la cual declaró la inexequibilidad del artículo 9º del decreto 1222 de 1993, que desarrollaba

los numerales 3 y 4 del artículo 29 de la ley 27 de 1992, expresó lo siguiente: Para esta Corporación es claro que un verdadero concurso de méritos es aquél en el que se evalúan todos y cada uno de los factores que deben reunir los candidatos a ocupar un cargo en la administración pública, dentro de una sana competencia para lograr una selección justa, equitativa, imparcial y adecuada a las necesidades del servicio público. En consecuencia, la administración habrá de señalar un valor determinado a cada uno de esos ítems, (condiciones profesionales, morales y personales) y, por consiguiente, el aspirante que obtenga el máximo puntaje es quine tiene derecho a ser nombrado en el cargo para el que concursó. Es que cuando se fijan en forma precisa y concreta cuáles son las condiciones que han de concurrir en los aspirantes y se establecen las pautas y procedimientos con arreglo a los cuales se han de regir los concursos, no existe posibilidad legítima alguna para desconocerlos y una vez apreciados éstos quien ocupará el cargo, será quine haya obtenido la mayor puntuación”. Posteriormente, transcribe apartes de las sentencias C-037 de 1996 y C-040 de 1995, proferidas por la misma Corporación, en las cuales se analizó la constitucionalidad de los artículos 165 y 167 de la ley 270 de 1996, y se declararon exequibles, por lo que el H. Consejo de Estado las tuvo en cuenta al momento de fallar: Al respecto, concluyó: “De ella destaca la sala el análisis que hace la Corte, en ejercicio de una competencia Constitucional, para exigir la nominador la designación del

concursante en el estricto orden de la lista de elegibles, con fundamento en que las normas que regulen el proceso de clasificación de los aspirantes en dicho registro, exijan la evaluación no solo de la idoneidad profesional o técnica del aspirante, sino también de su solvencia moral, su aptitud física y su sentido social, de acuerdo con la categoría del empleo y las necesidades del servicio”. Respecto del estudio constitucional del artículo 168 de la ley estatutaria en comento, el H. Consejo de Estado indicó que: 13 “…en las condiciones de exequibilidad que la Corte Constitucional definió, estipula que el curso de formación judicial debe estar abierto a todos los aspirantes interesados en formarse profesional y científicamente para el adecuado desempeño de la función judicial, y que tiene efectos eliminatorios cuando haga parte del proceso de selección en un concurso de carrera judicial. (…) Así pues, el curso de formación judicial sólo podría formar parte del proceso de selección con efectos eliminatorios porque de forma expresa y excluyente, la norma así lo define y no hay subreglas jurisprudenciales expedidas en ejercicio de competencias constitucionales, de las cuales se puedan deducir los efectos clasificatorios únicos que la norma excluye”. De acuerdo con lo anterior, es claro que el hecho de fijar en 76 el número de vacantes para ocupar el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo, de acuerdo con el mayor puntaje obtenido en las diferentes pruebas, no implica, como equivocadamente pretende hacerlo ver el demandante, que se esté anexando un requisito más para efectos de seguir a la siguiente etapa, pues es de resorte, como ya se dijo, del Consejo Superior de la Judicatura fijar las

condiciones sobre las cuales se desarrollan los diferentes concursos y una de ellas es precisamente determinar el número de vacantes disponibles para ocupar dicho cargo. Por tanto, este argumento del actor carece de total validez jurídica por lo que debe ser desestimado. En ese orden de ideas, debe entenderse que para ingresar al curso de formación judicial, que forma parte de la etapa de selección del concurso, con efectos exclusivamente eliminatorios el aspirante, en este caso el actor, debe obtener la calificación que el reglamento señala como aprobatoria de lo contrario, no puede ser incluido en la lista para continuar con la siguiente etapa como ocurrió en el caso objeto de estudio. A su vez, la ubicación en el respectivo curso concurso depende, exclusivamente, de los resultados obtenidos en la fase de oposición, que comprende la prueba de conocimientos y aptitudes, la evaluación de la experiencia adicional y docencia, la evaluación de la capacitación adicional y publicaciones y la entrevista, como está demostrado en el sub júdice. 14 Por las razones descritas, este Despacho solicita se NIEGUEN las pretensiones de la demanda, en cuanto el acto acusado no viola ninguna de las garantías contenidas en la Ley 270 de 1996, pues el fin perseguido por los actos administrativos expedidos debe ser, precisamente, preservar la armonía de las normas que integran el sistema jurídico colombiano, como en efecto ocurrió. De los Señores Magistrados,

GERMÁN BUITRAGO FORERO

Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado GBF/Macro.-