PGN - Documento 201607091833278

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

ALEGATO No. 135-2007

Bogotá, D. C., 19 de junio de 2007 Señores Magistrados

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN "B"

CONSEJERO PONENTE: ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

E.S.D.

No. REFERENCIA: 110010325000200600001 00

No. EXPEDIENTE: 0003-2006

ACTOR : GLORIA INÉS GIRALDO GARCÍA

DEMANDADO : CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

ASUNTO : NO INCLUSIÓN EN LISTA DE ELEGIBLES

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA 1.1. PRETENSIONES La señora GLORIA INÉS GIRALDO GARCÍA, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, formuló demanda ante el H. Consejo de Estado, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad parcial de la resolución No. 285 de 2 2005, expedida por la demandada, contentiva del registro de elegibles para el cargo de juez administrativo, por no incluirla en el llamado curso concurso, no obstante haber superado la prueba de conocimientos, eliminatoria de la fase I del concurso.

Como restablecimiento del derecho, pidió ser llamada por el Consejo Superior de la Judicatura al curso concurso y poder formar parte del registro de elegibles para el cargo de juez administrativo, y se cumpla la sentencia en los términos de los

artículos 176 y 178 del C.C.A. 1.2. HECHOS Refirió la demandante que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo No. 1550 del 17 de septiembre de 2002, convocó a concurso de méritos para la provisión de cargos de juez administrativo y magistrado de tribunal administrativo. Que la actora se inscribió para esos dos cargos y fue admitida; luego fue llamada a entrevista para el cargo de juez, pero no fue llamada al curso concurso, resultando excluida del concurso de méritos. Aclaró que la etapa de selección estaba integrada por la prueba de conocimientos y aptitudes cuya calificación oscilaba entre 0 y 1.000 puntos, la cual se aprobaba mínimo con 800 y la actora obtuvo 802.2, aprobando la misma. Agregó que el acuerdo 1550 de 2002 incluyó el curso de formación judicial, como fase del proceso de selección, pero incluyó un elemento no previsto en la ley 270 de 1996 que era el de obtener los mayores puntajes en la fase I y un estimativo de vacantes, tampoco previsto en la ley. Precisó que la R. 1751 de 2004 indica los resultados de todos los concursantes, en orden descendente del número de cédula, con los factores evaluados correspondientes a la fase I del acuerdo 1550 de 2002. Que estos resultados contenían a todos los participantes de las convocatorias de los acuerdos 1547 a 3 1550 de 2002, sin que se hubieran clasificado según los cargos ni el puntaje obtenido, y, por tanto, no se podía determinar el renglón en que se encontraba ubicado, quienes eran los participantes ni contra cuáles estaba compitiendo, así

como tampoco se podía establecer si iba a ser llamado al curso concurso. 1.3. NORMAS VIOLADAS El accionante expuso el concepto de violación de los artículos 13, 29, 53, 125 y 209 de la Constitución Política; artículos 156, 162, 163, 164 num. 4° y parágrafo 1°, 165. 166 y 168 de la Ley 270 de 1996 y arts. 2° y 3° del C.C.A. (Fls. 3° al 18 del c.p.).

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La entidad demandada se opuso a las pretensiones. Señaló que la actora fundamenta su acción en una interpretación sesgada y descontextualizada de los artículos 164, 165 y 168 de la ley 270 de 1996. Agregó que el concurso de méritos acoge los parámetros del artículo 125 superior y que el proceso de convocatoria, la práctica de pruebas y la elaboración final de la lista de elegibles o clasificación, se logró bajo un acertado sentido democrático y con observancia de los lineamientos constitucionales.

Precisó que la exigencia de la demostración del mérito constituye el presupuesto ineludible que deben acreditar los ciudadanos interesados en acceder a los cargos de carrera de la Rama Judicial, el cual fue desarrollado por el acuerdo 1549 de 2002. Se refirió a la potestad reglamentaria de la demandada. Que no existe duda acerca de la función que le fue asignada a la Sala Administrativa para administrar la carrera judicial y expedir los reglamentos generales, el contenido, desarrollo, 4 procedimiento y puntajes de cada una de las etapas que comprenden los procesos

de selección a su cargo. (Fls. 37 a 51 del c.p.).

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 1ª. Se pretende, por la actora, la declaratoria de nulidad parcial de la resolución No. 285 de 2005, expedida por la demandada, contentiva del registro de elegibles para el cargo de juez administrativo, por no haberla incluido en el curso concurso, no obstante haber superado la prueba de conocimientos, eliminatoria de la fase I del concurso. 2ª. La entidad demandada argumentó que la actora fundamenta su acción en una interpretación sesgada y descontextualizada de los artículos 164, 165 y 168 de la ley 270 de 1996. Que el concurso de méritos acoge los parámetros del artículo 125 superior, y que el proceso de convocatoria, la práctica de pruebas y la elaboración final de la lista de elegibles o clasificación se logró bajo un acertado sentido democrático y con observancia de los lineamientos constitucionales. 3ª. Primeramente, esta Agencia Fiscal considera conveniente precisar que la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, prescribió en los artículos 164, 165 y 168, normas que consideró el actor violadas con el acto acusado, lo siguiente: “ARTÍCULO 164. CONCURSO DE MÉRITOS. El concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar

cargos en la carrera judicial, se determina su inclusión en el Registro de Elegibles y se fijará su ubicación en el mismo.

Los concursos de mérito en la carrera judicial se regirán por las siguientes normas básicas: 5

1. Podrán participar en el concurso los ciudadanos colombianos que de acuerdo con la categoría del cargo por proveer, reúnan los requisitos correspondientes, así como también los funcionarios y empleados que encontrándose vinculados al servicio y reuniendo esos mismos requisitos, aspiren a acceder o a ocupar cargos de distinta especialidad a la que pertenecen.

2. La convocatoria es norma obligatoria que regula todo proceso de selección mediante concurso de méritos. Cada dos años se efectuará de manera ordinaria por la Sala Administrativa de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, y extraordinariamente cada vez que, según las circunstancias, el Registro de Elegibles resulte insuficiente.

3. Las solicitudes de los aspirantes que no reúnan las calidades señaladas en la convocatoria o que no acrediten el cumplimiento de todos los requisitos en ella exigidos, se rechazarán mediante resolución motivada contra la cual no habrá recurso en la vía gubernativa.

4. Todo concurso de méritos comprenderá dos etapas sucesivas de selección y de clasificación.

La etapa de selección tiene por objeto la escogencia de los aspirantes que harán parte del correspondiente Registro de Elegibles y estará integrada por el conjunto de pruebas que, con sentido eliminatorio, señale y reglamente la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La etapa de clasificación tiene por objetivo establecer el orden de registro según el mérito de cada concursante elegible, asignándosele a cada uno un lugar dentro del Registro para

cada clase de cargo y de especialidad. 6 PARÁGRAFO 1o. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará de manera general el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas, y señalará los puntajes correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la primera. PARÁGRAFO 2o. Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como también toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen carácter reservado. ARTÍCULO 165. REGISTRO DE ELEGIBLES. La Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura conformará con quienes hayan superado las etapas anteriores, el correspondiente Registro de Elegibles para cargos de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial, teniendo en cuenta las diferentes categorías de empleos y los siguientes principios. La inscripción en el registro se hará en orden descendente, de conformidad con los puntajes que para cada etapa del proceso de selección determine el reglamento. La inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro años. Durante los meses de enero y febrero de cada año, cualquier interesado podrá actualizar su inscripción con los datos que estime necesarios y con éstos se reclasificará el registro, si a ello hubiere lugar. Cuando se trate de cargos de funcionarios, o de empleados de las corporaciones judiciales nacionales el concurso y la incorporación al registro se hará por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; en los demás casos dicha 7 función corresponde a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

PARÁGRAFO. En cada caso de conformidad con el reglamento, los aspirantes, en cualquier momento podrán manifestar las sedes territoriales de su interés. ARTÍCULO 168. CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL. El curso tiene por objeto formar profesional y científicamente al aspirante para el adecuado desempeño de la función judicial. Puede realizarse como parte del proceso de selección, caso en el cual revestirá, con efecto eliminatorio, la modalidad de curso-concurso, o contemplarse como requisito previo para el ingreso a la función judicial. En este último caso, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los contenidos del curso y las condiciones y modalidades en las que el mismo podrá ser ofrecido por las instituciones de educación superior. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Hasta tanto la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla se encuentre en condiciones de ofrecer los cursos de formación de acuerdo con lo previsto en este artículo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá contratar su prestación con centros universitarios públicos o privados de reconocida trayectoria académica Resaltado extra texto. 3.1. A su vez, el artículo 125 Superior, que la demandante cita como violado con el acto acusado prescribe: “ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. 8 Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los

mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción”. 4ª. De acuerdo con las normas transcritas, queda claro para esta Agencia Fiscal, que el acto acusado debe declararse nulo parcialmente, en cuanto no incluyó a la actora en la lista de elegibles, por cuanto el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, al no permitirle participar en el curso concurso desconoció los artículos 164 y 165 de la ley 270 de 1996, normas que rigen el concurso de méritos y el registro de elegibles, lo que vicia de nulidad parcial el acto que puso fin a la actuación administrativa. 4.1. Obsérvese que los numerales 2° y 4° del artículo 164 de la ley Estatutaria de la Administración de Justicia señalan expresamente que la convocatoria es norma obligatoria que regula todo el proceso de selección mediante concurso de méritos y que el concurso de méritos comprende dos etapas sucesivas, a saber: la etapa de selección y la de clasificación. 4.2. El inciso segundo del numeral 4° ibídem refiere que la etapa de selección tiene por objeto la escogencia de los aspirantes que harán parte del correspondiente Registro de Elegibles, y estará integrada por el conjunto de

9 pruebas que, con sentido eliminatorio, señale y reglamente la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 4.3. A su vez precisa que la etapa de clasificación tiene por objetivo establecer el orden de registro según el mérito de cada concursante elegible, asignándole a cada uno un lugar dentro del Registro para cada clase de cargo y de especialidad. 4.4. El artículo 165 ibídem prevé que el registro de elegibles se conforma con quienes hayan superado las etapas anteriores y que la inscripción en el registro se hace en orden descendente, de conformidad con los puntajes que para cada etapa del proceso de selección determine el reglamento. 4.5. El acuerdo 1550 de 2002 que convocó al XIII concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera de la Rama Judicial señaló que el concurso comprende dos etapas, la etapa de selección y la de clasificación. La de selección: conformada por la prueba de conocimientos y aptitudes (hasta 600 puntos); experiencia adicional y docencia (hasta 150 puntos); capacitación adicional y publicaciones (hasta 150 puntos); y la entrevista (hasta 100 puntos); todas con efectos eliminatorios; y la etapa clasificatoria: que tiene por objeto establecer el orden de clasificación en el registro de elegibles de conformidad con los resultados del curso de formación judicial. 4.6. La actora superó la etapa de selección denominada Fase I “Oposición” así: en la prueba de conocimientos obtuvo 481 puntos; en la experiencia adicional logró 150 puntos; en capacitación adicional y publicaciones alcanzó 15 puntos; y en la entrevista 65.63 puntos; para un total de 711.95 puntos, ocupando el puesto

198, y, por tanto, tenía derecho a ser llamada a la siguiente fase del concurso, denominada etapa clasificatoria o curso de formación judicial. El único requisito para seguir a la etapa subsiguiente, según la ley 270 de 1996, es el de haber superado las etapas anteriores y esto lo logró la demandante conforme al puntaje obtenido en la Fase I aportado por la demandada, visible a folio 2° del cuaderno No. 2. 10

5. Por otra parte, se observa que la entidad demandada no tenía la facultad legal para adicionar un factor de selección no contemplado en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (art. 164 Ley 270/96) al establecer que sólo los aspirantes que obtengan los mayores porcentajes en la Fase I, hasta la cantidad de vacantes existentes adicionada en un 25% podían continuar en el concurso, ya que quienes aprobaron la fase I tienen derecho a participar en la siguiente etapa sin cortapisa alguna. Con esa limitante, significa que no todos los concursantes que superaron la prueba de conocimientos podían continuar en el proceso de selección, como acaeció en el asunto sub examine. Así pues, se debe aplicar la excepción de ilegalidad frente a este requisito señalado en el acuerdo 1550 de 2002. 5.1. La actora aprobó las diferentes etapas de la fase I del concurso, y, según el numeral 4° del artículo 164 Ley 270/96, la etapa de selección tiene por objeto la escogencia de los aspirantes que harán parte del registro de elegibles y, por ende, la escogencia de los aspirantes debe estar integrada por quienes aprobaron el conjunto de pruebas eliminatorias; significa lo anterior que todos los concursantes

que aprobaron la primera fase necesariamente debían ser convocados al curso concurso, como última etapa de la selección. 5.2. Además, señalar que sólo un número de aspirantes hasta la cantidad estimada de vacantes existentes, adicionado en un 25%, podían continuar en el concurso, no obedece a los criterios de méritos con carácter eliminatorio establecido en la ley; esta condición no atiende además criterios equitativos y de justicia para con los que aprobaron la primera fase, quienes, al haber superado satisfactoriamente esta etapa, debían ser admitidos a la subsiguiente fase sin limitación alguna.

7. El H. Consejo de Estado, mediante providencia del 19 de mayo de 2005, decretó la suspensión provisional de la expresión: “hasta la cantidad estimada de vacantes existentes al momento de expedirse el Registro de Elegibles y de las que se produzcan dentro del término de vigencia del mismo, adicionadas en un 25%”, contenida en la Fase II Curso de Formación Judicial del artículo 2° numeral 4.1 de 11 los Acuerdos 1547, 1548 y 1550 de 2002, con ponencia de la Dra. Ana Margarita Olaya Forero, y expresó los siguientes criterios: “2. En lo tocante a la Fase II Curso de formación Judicial, en el Acuerdo 1549 de 2002, se observa que ya existe pronunciamiento jurisprudencial, por lo cual la Sala estará sujeta a lo decidido en la providencia de fecha 7 de abril de 2005, recaída en el expediente No. 1872-05 con Ponencia del doctor Alberto Arango Mantilla. Dicha providencia

señaló lo siguiente: “... las normas demandadas adicionaron un factor de selección no establecido en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, al disponer que solo los aspirantes que obtengan los mayores puntajes en la Fase I, hasta la cantidad estimada en vacantes existentes al momento de expedirse el Registro de Elegibles y de las que se produzcan dentro del término de vigencia del mismo, adicionadas en un 25%, continuarán en el concurso. Factor que no puede ser tenido en cuenta porque las circunstancias determinadas por la ley, ya fueron evaluadas en el proceso selectivo, del cual resultan quienes harán parte del curso de formación judicial, que forma parte de la etapa de selección del concurso, con efectos exclusivamente eliminatorios, como lo manifestó esta Corporación en sentencia de 9 de diciembre de 2004, con ponencia de la doctora Ana margarita Olaya Forero. (exp. 2183-04). Así mismo, se viola el artículo 165 de la Ley 270 de 1996, según el cual, el correspondiente Registro de Elegibles se conformará con quienes hayan superado las etapas establecidas en el artículo 164, que no incluyen, como ya se 12 dijo, la exigencia de la cantidad estimada en vacantes ni porcentaje adicional alguno”. De igual manera, en cuanto a esta misma Fase en lo que concierne a los Acuerdos 1547, 1548 y 1550 del 2002 la Sala acogerá el planteamiento señalado en la providencia citada, para decretar en ellos la suspensión provisional pretendida”. Subrayas son del texto.

8. El artículo 168 de la Ley 270 de 1996 preceptúa que el curso de formación

judicial: “Puede realizarse como parte del proceso de selección, caso en el cual revestirá, con efecto eliminatorio, la modalidad de curso-concurso”, y el curso concurso hace parte de la etapa de selección, según lo definido en el acuerdo 1550 de 2002. Por ende, como la demandante acreditó que superó la etapa de selección, Fase I “oposición” debió ser convocada al curso concurso ya que este hace parte integral de la etapa de selección del concurso, el cual debe tener también efectos eliminatorios. 9ª. Según las anteriores consideraciones, esta agencia fiscal solicita convocar a la actora al curso concurso y de aprobar el mismo, incluirla en la respectiva lista de elegibles, contenida en la resolución 285 de 2005, por cuanto el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa desconoció las normas de la ley 270 de 1996 que rigen el concurso de méritos y el registro de elegibles para acceder a cargos de carrera en la Rama Judicial. CONCLUSIÓN Consecuencialmente, esta agencia del Ministerio Público, solicita comedidamente de la Sección Segunda, Subsección “B” del Honorable Consejo de Estado, ACCEDER A LAS SÚPLICAS DE LA DEMANDA y DECRETAR LA NULIDAD PARCIAL del acto acusado, pero sólo en cuanto no convocó a la actora a efectuar 13 el curso concurso, para que se le convoque a su realización y de aprobar el mismo, incluirla en la respectiva lista de elegibles. De los señores Consejeros. Atentamente,

FANNY ESTHER RAMÍREZ ARAQUE

Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado

FERA.MÁMC.

Consejodeestado2@procuraduria.gov.co