PGN - Documento 201607091833320

Señores Magistrados Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Magistrada Ponente: Dra. María del Rosario González de Lemos

E. S. D.

Ref: Demanda de casación interpuesta por el defensor de José Belarmino Corredor, contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que lo condenó por el delito de homicidio agravado en la modalidad de tentativa.

Honorables Magistrados: El Juzgado 12 Penal del Circuito, mediante fallo del 28 de octubre de 2003, condenó a José Belarmino Corredor, a la pena principal de 9 años y siete meses de prisión, a la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo período de la pena principal y al pago de daños y perjuicios.

Apelada la decisión por el defensor del procesado, el 15 de marzo de 2004, el Tribunal Superior de Bogotá, confirmó en su integridad la sentencia objeto de impugnación. El defensor de José Belarmino Corredor, interpuso recurso extraordinario de casación y lo sustentó con demanda que la Corte Suprema de Justicia declaró ajustada a las previsiones legales; corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal conceptuar sobre la viabilidad del recurso.

1. HECHOS El 1o de noviembre de 1999, aproximadamente a las 22 horas, a la altura de la Diagonal 39 Transversal 35 sur del barrio Claret, fue capturado José Belarmino

1 Corredor, por agentes de la Policía Nacional quienes le incautaron un revolver marca Smith & Wesson con salvoconducto Nro. P0550730, arma con la que fue

lesionada María Fidedigna León Herrera, en el interior de su establecimiento – cantina-, por José Belarmino Corredor, quien le pidió le sirviera un trago de aguardiente y al no ser atendido por ella, accionó el arma contra la mencionada señora, causándole heridas que determinaron incapacidad definitiva de 35 días y como secuelas deformidad física de carácter permanente.

2. ACTUACIÓN PROCESAL Con fundamento en las diligencias practicadas el 2 de noviembre de 1999, la Unidad de Reacción Inmediata URI, Fiscalía 302 Local, profirió resolución de apertura de investigación previa.

El 16 de noviembre de 1999 asumió el conocimiento de las diligencias por asignación las Fiscalía Local 250, ordenando la práctica de varias pruebas. Mediante resolución del 11 de febrero de 2000, la Fiscalía Local 250 declaró abierta la instrucción, en la que además de otras pruebas ordenó oír en indagatoria a José Belarmino Corredor. Oído en indagatoria el 14 de julio de 2000, se le resuelve situación jurídica a José Belarmino Corredor, el 31 de julio de 2000, con medida de aseguramiento consistente, en detención preventiva, como presunto responsable del delito de lesiones personales dolosas. Cerrada la investigación el 9 de 0ctubre de 2000, se profirió resolución de acusación contra José Belarmino Corredor, como presunto responsable de lesiones personales dolosas, en la que se revocó el beneficio de libertad 2 provisional, por lo que la Fiscalía Local 250 ordenó la respectiva orden de

captura. Mediante auto del 9 de enero de 2001 el Juzgado 79 Penal Municipal de Bogotá, admite demanda de parte civil. Corrido el término de traslado del artículo 447 del C. de P. P, se realizó la audiencia pública el 27 de marzo de 2001. El 23 de abril de 2001 al momento de dictar sentencia de primera instancia el Juzgado 79 Penal Municipal, al advertir irregularidad a partir de la resolución que resolvió situación jurídica, declaró la nulidad de lo actuado con apoyo en lo consignado en el artículo 306-2 del Código de Procedimiento Penal, devolviendo las diligencias a la oficina de asignaciones de la Fiscalía General de la Nación. El 23 de mayo de 2001 la Fiscalía Ventiuna de la Unidad Segunda de Vida avocó el conocimiento de las diligencias y resolvió la situación jurídica del procesado el 25 de mayo de 2001, con medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto responsable del delito de homicidio en la modalidad de tentativa. Mediante resolución del 31 de agosto de 2001, la Fiscalía 21 Delegada, profirió resolución de acusación contra José Belarmino Corredor, como presunto responsable del delito de homicidio simple tentado. Realizada la audiencia pública el 3 de junio de 2002, el Juzgado 12 Penal del Circuito, dictó sentencia condenatoria contra José Belarmino Corredor por el delito de homicidio en grado de tentativa. Apelada la anterior decisión por el defensor del procesado, el Tribunal Superior de Bogotá al resolver el recurso, confirmó en su integridad el fallo impugnado, en

sentencia que es objeto del recurso extraordinario de casación. 3

3. SÍNTESIS DE LA DEMANDA Cuatro cargos invoca el censor contra la sentencia de segunda instancia, los dos primeros al amparo de la causal tercera de casación por haberse dictado en un juicio viciado de nulidad, el tercero con fundamento en la causal primera cuerpo segundo de casación, por error de hecho en la apreciación probatoria incurriendo en falso juicio de identidad y el cuarto y último cargo por falta de congruencia entre la resolución de acusación y la sentencia, conforme lo dispone la causal segunda del artículo 207 del Código de Procedimiento Penal.

Primer cargo: Dice el censor que en el presente caso la sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad porque, a su juicio, el Juzgado 79 Penal Municipal al asumir el conocimiento de las diligencias declaró la nulidad de la actuación a partir del auto que resolvió situación jurídica incluida la resolución de acusación, decisión que contraria al mandato legal establecido en el artículo 402 de la Ley 600 de 2000, vigente al momento de los hechos, con la consecuente vulneración del principio de legalidad.

Luego de transcribir extensos apartes de las sentencias de primera y segunda instancia y del contenido de la citada norma, aduce el libelista que, el Juzgado debió proponer colisión de competencia ante el juzgado del circuito, para que tanto el Fiscal 250 Delegado o el procesado tuviesen al oportunidad de controvertir ante el superior la calificación dada por el Juzgado Penal Municipal en el auto que declaró la nulidad, del que trascribe lo pertinente.

Al conocer el caso el Fiscal Segundo Seccional, nuevamente resolvió la situación jurídica del procesado José Belarmino Corredor, acogiendo calificación de homicidio tentado dada por el juzgado en la mencionada nulidad. 4 Relaciona el censor varias normas y principios que a su juicio fueron vulnerados con la declaración de nulidad, además de los principios fundamentales consagrados en la Ley 153 de 1887, los que transcribe. Luego de referirse al contenido de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia de la que trascribe lo resuelto y que a su turno fue confirmada por el Tribunal, señala que con la declaración de nulidad la que condujo a la agravación de la conducta del procesado al cambiar la calificación de lesiones personales dolosas por la de homicidio tentado, se procedió de manera injusta. De esta manera, la sentencia de segundo grado resulta violatoria directamente del principio de legalidad artículo 6º Ley 600 de 2000, del derecho de defensa y de lealtad procesal, así como de los principios consagrados en la Ley 153 de 1887, que señalan expresamente la ley aplicable al proceso, y el tránsito de la vigencia de una ley a otra. Solicita a la Corte Suprema se dicte sentencia por lesiones personales conforme las pruebas obrantes en el proceso.

Segundo cargo: Con los mismos argumentos del primer cargo, fundamenta el censor su ataque con apoyo en la causal tercera de casación, por no haberse respetado las formas propias del juicio con la consecuente vulneración al debido proceso.

Para demostrar el cargo, transcribe in extenso la sentencia de primera instancia,

y concluye, que al no haber sido iniciativa del Fiscal 250 la declaración de nulidad sino del Juez Penal Municipal, quien en la diligencia de audiencia pública debió dar traslado a los sujetos procesales para informarles las determinaciones a 5 tomar, sin que le fuera permitido variar la calificación previo el procedimiento señalado en el artículo 404 numeral 2º del Código de Procedimiento Penal, violándose con ello el principio de legalidad artículo 6º del Código Penal y en consecuencia el debido proceso. Por tanto el artículo 404 del Código Penal resultó vulnerado de manera directa por el Tribunal.

Tercer cargo: En esta ocasión soporta el demandante el ataque con fundamento en la causal primera cuerpo segundo de casación, porque a su juicio se tergiversaron varias pruebas testimoniales incurriendo el sentenciador de segundo grado en error de hecho por falso juicio de identidad.

Las pruebas, son las siguientes: Testimonio de Carlos Alfonso Rodríguez Matiz, quien afirma: “Ese día yo llegué de Fusagasugá estaba con mi suegra Maria León, el cónyuge de doña María me brindó una cerveza mas o menos dure 10 a 15 minutos, estábamos hablando cuando llegó un señor la puerta estaba entrecerrada la empujó y le dijo a mi suegra doña María que le sirviera un aguardiente pero que se lo sirviera como ella le gustaba pero con irrespeto entonces ella no le sirvió sino que mandó al cónyuge y el lo sirvió al hombre que llegó tal vez no le gusto que el cónyuge de María le hubiera servido cuando yo vi fue que retrocedió y sacó un arma y tenía el aguardiente en la mano y salió yo escuché tres disparos entonces mi suegra fue

como a salir a cerrar la puerta y cuando yo vi fue que cayó al piso casi en frente de la puerta”. 6 Por lo anterior, aduce que el testigo constata la orden de María Fideligna a su compañero Emiliano Cantillo de servir el trago solicitado por José Belarmino, premisa complementada por Emiliano quien manifestó: “…por un señor que entró al establecimiento y pidió un aguardiente que se lo sirviera MARIA porque ella era la dueña del establecimiento. El dijo sírvamelo doña MARIA misma y ella me mandó a mi me dijo sírvaselo y yo fui y se lo serví y el cogió el aguardiente hacia la mitad del establecimiento hacia la puerta y de un momento a otro desenfundó el revolver. Cuando yo vi que desenfundó el revolver yo pegué carrera hacia la puerta a entrecerrar la puerta cuando el hombre empezó a disparar faltaban 10 centímetros para cerrar la puerta cuando yo me di cuenta que la mujer mía estaba en el piso…”. Dice el censor que ya hay dos elementos en la prueba testimonial, primero, que Fideligna delegó en su compañero Emiliano que hiciera el servicio, y, segundo, que este lo realizó al visitante (procesado). Manuel Cante Garzón declaró lo siguiente: “Llegó el caballero, el que está aquí presente y pidió un aguardiente y se lo tomó y al momento como a los dos o tres minutos, no se que hablaron con palabras soeces y de pronto no se que pasó, escuché como dos o tres disparos y la señora cayó…”. De lo anterior dice el recurrente, que además de los dos elementos mencionados

surge dos elementos más que resultan de este testigo Cante, es decir que luego de recibir Corredor el trago, lo ingirió y como a los dos o tres minutos Emiliano y Belarmino se pronunciaron entre sí “palabras soeces”, y agrega “y no se que pasó” y enseguida dice Cante: se escucharon dos o tres disparos que fue cuando se desplomó Maria Fedeligna. 7 Estima el censor que de esta sucesión de hechos, varias no corresponden a las conclusiones del sentenciador, y que de la prueba testimonial no se puede llegar a la premisa del Tribunal, con las que crea la culpabilidad del procesado, además que para el Ad quem el altercado no se produjo entre la dueña del establecimiento y el procesado sino entre éste y Emiliano. De otro lado la lesionada María Fedeligna León Herrera, en su primera versión refirió lo siguiente: “..Yo llegué el día de este año y abrí la tienda donde vendo cervecitas, como a las nueve de la noche yo estaba con otro señor que vive en la casa que es mi yerno que se llama Manuel Cante, y Carlos Alfonso Rodríguez y yo estaba también el muchacho que vive con mi hija que se llama Emiliano Castillo Hernández, entonces estábamos ahí, en la casa, yo estaba sentada por fuera del mostrador, cuando en esas llegó el señor Corredor, el que me dio los tiros, me dijo María véndame un aguardiente doble, dio los tiros entonces yo le dije al muchacho que vive conmigo que se llama Emiliano Castillo, llévele un aguardiente al señor Corredor, entonces la respuesta que hizo el señor Corredor, fue porque no lo hace

usted misma que usted estaba muy buena, entonces le dijo el muchacho que vive conmigo no sea así, con la señora, respete, entonces ahí mismo el señor se enfureció y nos dijo groserías cuando el hombre salió a la puerta y estaba parado en la puerta y fue cuando disparó y yo me puse la mano en el pecho y fue cuando dijo Manuel ahí mataron a María y yo me desmayé…”. Dice le demandante que el dicho de la testigo complementa las cuatro circunstancias que ha puntualizado narradas por los otros testigos. Sin embargo de lo explicado por los testigos mencionados, el Tribunal en la sentencia se apartó de estas declaraciones al confirmar la sentencia de primera instancia se refirió al diálogo beligerante que se produjo entre la lesionada y el procesado, y no entre este y Emiliano Castillo, lo que no resulta acorde con lo manifestado por quienes estuvieron presentes la noche que ocurrieron los hechos. 8 Luego de transcribir la parte de la sentencia correspondiente, dice el censor que el fallador de segunda instancia erró al apreciar la prueba al hacer decir en la sentencia lo que los testigos no dijeron, concluyendo en la tesis del homicidio tentado. De esta manera, tanto el fallo de primera instancia como del Ad quem, dan a los testimonios un significado distinto incurriendo en error de hecho por falso juicio de identidad que llevaron a convertir el delito de lesiones personales en María Fideligna León, en la conciencia de llevar su ánimo de matar; o sea el delito de homicidio agravado en calidad de tentativa. Otro error que atribuye el censor al Tribunal, consistió en el análisis de la prueba indiciaria los que refiere de la siguiente manera:

Se le imputan a Belarmino Corredor, cinco indicios: a) el arma empleada o revolver, b) la distancia de cuatro metros, entre el autor y la lesionada, María Fideligna León, c) su condición de ex agente de la policía, d) el disparo hecho de frente, e) exhibir un estado de embriaguez, f) el motivo fútil; hechos de los cuales dice el Tribunal, “la presión psicológica que vive quien decide matar”, y que, se acredita la idea, la preparación y alistamiento del arma. Aspectos estos que a juicio del demandante, no ofrecen la convicción de prueba de la intencionalidad de la gente que utiliza el arma, sin hacer un previo análisis del momento que fue empleada. Arma amparada con salvo conducto y el porte no lleva consigo propósito alguno de producir daño a la vida de otra persona, lo que no constituye indicio o hecho indicador del alistamiento del instrumento para herir o matar…”. Respecto a la circunstancia que se presume, disparar el arma, no se demostró, ni se practicó inspección judicial, que permita afirmar la distancia, así como el hecho de que el procesado sea ex agente de la policía no permite inferir que esa 9 condición le impedía entrar a un lugar de esparcimiento; además, no se allegó prueba de que Belarmino hubiese trasgredido su buena conducta como miembro de la policía. De igual forma, el estado de embriaguez tampoco constituye un hecho indicador para atentar contra la vida de la dueña de la tienda, sobre la misma prueba el censor hace una serie de consideraciones relativas al estado del procesado y al razonamiento del Tribunal sobre algunos hechos que estimó probados con base

en dicha circunstancia, para concluir la responsabilidad del imputado y convertir el comportamiento en un homicidio tentado. Resalta luego el libelista, aspectos relativos a la concordancia entre la acusación y el fallo, y transcribe la parte de la sentencia de primera instancia correspondiente, por lo que cita un pronunciamiento del Magistrado Fernando Arboleda Ripoll, y agrega que los hechos señalados por el Ad quem, como constitutivos de la prueba indiciaria contra el procesado, no son hechos concordantes ni convergentes, incurriendo en error por falso juicio de identidad. Para respaldar el ataque, trae a colación el libelista doctrina referente a las circunstancias con causales, las que trascribe, y concluye que el Tribunal omitió realizar un análisis profundo de la prueba testimonial lo que lo condujo a tomar como evidentes circunstancias no referidas por los declarantes.

Cuarto cargo: Con apoyo en la causal segunda de casación acusa el censor la sentencia de segunda instancia, por no corresponde el fallo con los cargos formulados en la resolución de acusación.

Dice el demandante, que el Fiscal 21 Seccional, al momento que dictó la resolución de acusación, contra José Belarmino Corredor, calificó el mérito del 10 sumario como homicidio tentado, en la referida calificación no habló de agravación del ilícito. Luego de transcribir el contenido de la parte resolutiva de la acusación, aduce que en la sentencia del 28 de octubre de 2003, se aplicó el agravante contenido en los artículos 103 numeral 4º y 17 del Código Penal, igual ocurrió al momento de que el Tribunal confirmara el referido fallo.

Luego de algunas consideraciones doctrinales, sobre “consonancia”, resalta el libelista el contenido del artículo 27 del Código Penal, sobre la tentativa con el fin de que se tenga en cuenta el quantum de la pena, la que a su juicio debió imponerse con base en el delito de lesiones personales dolosas y no como tentativa de homicidio, lo que agrava la situación del procesado. Solicita a la Corte Suprema de Justicia casar la sentencia y proferir fallo de reemplazo conforme las normas señaladas en los cargos presentados contra la sentencia del Tribunal.

5. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA Cargos primero y segundo: En atención, a que los dos primeros cargos, planteados al amparo de la causal tercera de casación, se refieren a violaciones a las garantías fundamentales que denuncia el censor están relacionadas y afectan tanto el debido proceso como el derecho a la defensa, la Delegada realizará un análisis conjunto de los cargos en los aspectos que lo permitan.

Se queja el libelista de que la sentencia del Tribunal, fue dictada dentro de un juicio viciado de nulidad, porque el juzgador omitió aplicar el artículo 402 del 11 Código de Procedimiento Penal -Ley 600 de 2000-, el que dispone al juzgador provocar la colisión de competencia negativa, con la consecuente vulneración de las garantías fundamentales del procesado. De igual forma hecha de menos el censor el que la Juez Penal Municipal hubiera desconocido lo preceptuado por el artículo 404 de la Ley 600 de 2000, que consagra la variación de la calificación jurídica provisional de la conducta punible.

Además, en el Segundo cargo le adiciona la vulneración del principio de legalidad al no aplicar el Juez Setenta y Nueve Penal Municipal el artículo 404 de la Ley 600 de 2000, relativo a la variación de la calificación. Resulta innecesario referirse el Ministerio Público a los temas tratados por el demandante relacionados con la vulneración del principio de legalidad, del desconocimiento de los trámites previstos en la ley, sino fuera porque existe una razón clara y precisa que le impedía al Juez Penal Municipal aplicar los artículo 402 y 404 de la Ley 600 de 2000, como que dicha ley entraba a regir hasta el 24 de julio de 2001, como consta en el Diario Oficial 44.097 del 24 de julio de 2000. La Ley 600 de 2000, fue promulgada por el Presidente de la República el 24 de julio de 2000 y entró a regir hasta el 24 de julio de 2001, como lo dispuso expresamente el artículo 476 sobre vigencia: “Este Código entrará a regir un (1) año después de su promulgación”, razón por la cual, todos los actos anteriores a dicha fecha, debían continuar bajo el amparo del Decreto 2700 de 1991, normatividad procesal anterior a la Ley 600 de 2000. Ahora bien, según consta en el expediente, a folio 147 del cuaderno original número 1, el Juzgado Setenta y Nueve Penal Municipal, el 23 de abril de 2001, declaró la nulidad de lo actuado, a partir inclusive de la resolución en la que se profirió medida de aseguramiento de detención preventiva a José Belarmino Corredor.

12 La Fiscalía Veintiuna Delegada, el 25 de mayo de 2001 resolvió la situación jurídica de José Belarmino con fundamento en las normas pertinentes de los Decretos 100 de 1980 y 2700 de 1991. Por eso resulta hoy extraña su petición, cuando para esa apoca, -6 de junio de 2001-, le requirió a la Fiscalía provocar la colisión de competencia a su superior inmediato, con fundamento en los artículos 97, 100, 444 y 446 del Decreto 2700 de 1991. Inclusive el cierre de investigación (11 de julio de 2001) se surtió con fundamento en el Decreto 2700 de 1991, y los trámites secretariales posteriores, como el traslado para alegar, se iniciaron con base en la nueva ley, como así consta a folio 209 del cuaderno original número 2. Por tanto, no le asiste razón al demandante, porque para la fecha en que el juzgado de conocimiento resolvió decretar la nulidad, no estaba vigente la Ley 600 de 2000, sino el Decreto 2700 de 1991, razón por la cual el trámite se surtió en acatamiento al principio de legalidad. Por las anteriores consideraciones el cargo no debe prosperar.

Tercer cargo: El error de hecho por falso juicio de identidad, requiere la demostración por parte del censor, de que los medios de prueba, fueron tergiversados, distorsionados, adicionados o suprimidos por el sentenciador, lo que obliga al demandante a demostrar sobre qué medio probatorio recae el error, lo que de el se dijo en la sentencia y las diferencias entre ellos.

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El falso juicio de identidad, propuesto por el censor, lo fundamenta en un error de hecho por distorsión de los contenidos de las declaraciones de las personas que presenciaron los hechos. En primer lugar el ataque se hace a los testimonios de Carlos Alfonso Rodríguez Matiz y Emiliano Castillo, personas que se encontraban en el lugar de los hechos y sindican a José Belarmino Corredor, como el autor de las lesiones de María Fideligna León, a los que el demandante les resta toda credibilidad por motivos de amistad y simpatía entre estos, dado que Castillo es el cónyuge de la lesionada y Rodríguez, conocido de ambos. En el presente caso, a pesar de existir relaciones de pareja entre la lesionada y Emiliano, así como de amistad con Rodríguez Matiz, ello no demuestra que el acusado no haya sido el autor responsable de la agresión a María Fideligna, habida cuenta que los testigos en sus diferentes declaraciones así como la versión de la propia lesionada, demostraron la firmeza y coherencia suficiente de cómo ocurrieron los hechos al ser testigos presenciales de los mismos. El hecho de que Manuel Cante Garzón, conocido por espacio de cinco años por la lesionada, al ser interrogado por el juez en diligencia de audiencia publica, señalara que: “el procesado llego y pidió un aguardiente y se lo tomó, y al momento como a los dos o tres minutos no se que hablaron con palabras soeces y de pronto no se qué pasó escuché como dos o tres disparos…”, indica que el funcionario judicial analizo tanto lo favorable como lo desfavorable y los confronto con los demás medios probatorios que se aportaron al expediente, para concluir

que lo expresado por Rodríguez Matiz, Emiliano Castillo y la propia lesionada, resulto ser más convincente, que lo señalado por Cante Garzón. La pretendida disparidad que aduce el censor de este testimonio, no surge de la confrontación con los demás, sino desde su personal punto de vista, con lo cual no 14 logra demostrar el falso juicio de identidad, ni la manera como afectó la legalidad de la sentencia. Lo mismo puede decirse respecto de lo que el censor denomina “serios indicios”, que a juicio de la Delegada, no pueden catalogarse como pruebas indiciarias, porque lo que en el expediente se tiene, son pruebas directamente percibidas y vividas por quienes presenciaron los hechos y por quien resulto directamente lesionada, la misma víctima, pruebas que comprometen la responsabilidad del procesado en el punible que se le endilga, homicidio en grado de tentativa, como quiera que Belarmino, en su condición de sargento pensionado de la policía, tenía pleno conocimiento del manejo de las armas de fuego y el peligro que puede representar al disparar en recintos cerrados como lo era la tienda de María Fideligna, donde se vendía licor al público, con el agravante de que se encontraba en estado de alicoramiento, (embriaguez aguda positiva grado uno), conforme el dictamen médico legal, lo que reviste su conducta de mayor peligrosidad y compromete aún más su responsabilidad. De otro lado, la crítica de que el error del Tribunal, lo llevó a convertir el delito de lesiones personales en homicidio agravado tentado, tampoco encuentra en el expediente asidero real, como quiera que, la historia clínica de la ofendida da

cuenta de la gravedad de la lesión en parte vital de su cuerpo y que gracias a la oportuna acción de quienes la acompañaban esa noche, fue trasladada rápidamente al hospital, donde de forma inmediata fue intervenida quirúrgicamente, lo que evidencia la tentativa del ilícito que por factores y razones ajenas a su voluntad, no se concluyó. De otra lado, la circunstancia que alega el censor, sobre el supuesto enfrentamiento violento entre el procesado y María Fedeligna, para desvirtuar su responsabilidad, carece de la entidad suficiente, para quebrantar la sentencia, además, si el Tribunal, al realizar el análisis del material probatorio allegado, no le otorgó credibilidad a las exculpaciones del procesado, fue porque estas se 15 presentan contradictorias en torno a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, cual fueron, que: “disparó como a 1.500 metros de distancia con la cantina, que fue atacado en un potrero donde perdió todos los objetos que llevaba, y que como estaba oscuro no percibió las personas que lo atacaron a piedra y a cuchillo”…, exculpaciones que de haber sido ciertas, se hubiesen presentado más acorde con la realidad procesal y no aparecer como un relato parcial y no general de lo ocurrido. Lo que pretende el censor con dicha crítica, es restarle responsabilidad a José Belarmino Corredor, en el reprochable hecho, el que además de aparecer inverosímil resulta contradictorio con lo relatado por los acompañantes de la lesionada la noche de ocurridos los hechos, como quiera que resulta extraño,

colocar al procesado en un estado de indefensión y legítima defensa ante un presunto ataque, cuando está plenamente probado y demostrado, por quienes acompañaban a la lesionada y por ella misma, que fue Belarmino Corredor, quien al solicitar le vendieran un aguardiente doble, el que a su vez María Fideligna, pidió a Emiliano su cónyuge, sirviera, lo que motivó al procesado a reaccionar de manera violenta y con groserías contra la lesionada. De esta manera, las referidas contradicciones, hicieron que el sentenciador apreciara la prueba pero sin otorgarle el valor de prueba determinante de la no responsabilidad del procesado Corredor, como lo pretende el censor, valoración que en manera alguna, indica un error de hecho por falso juicio de identidad. Por las anteriores consideraciones el cargo no debe prosperar.

Cargo cuarto: Pretende el recurrente demostrar una inconsonancia entre la sentencia y la resolución de acusación con apoyo en la causal segunda de casación, sin 16 establecer si las diferencias entre una y otra decisión judicial obedecen a defectos de construcción de la resolución de acusación, o en el fallo, sin determinar si al procesado, les fueron respetadas las necesarias oportunidades de defensa y con ello garantizar la protección de sus garantía fundamentales.

Conforme los hechos conocidos y las normas vigentes en el momento de la elaboración de la resolución de acusación, esta resulta conforme y legalmente formulada, por cuanto la Fiscalía instructora en el momento de calificar el mérito del sumario precisó que con la conducta del procesado se realizó el tipo penal descrito y sancionado en el artículo 103 en consonancia con el 27 del Código

Penal, cual es homicidio en grado de tentativa. Por su parte el sentenciador de primera instancia, al momento de proferir el fallo, advirtió que la fiscalía incurrió en una irregularidad, al omitir incluir el agravante de que trata el numeral 4º del artículo 104 del Código Penal vigente, cual es el motivo fútil o baladí, que llevo al procesado a proceder de manera tan agresiva y violenta contra María Fideligna, ante la negativa de esta de servirle el trago de aguardiente y en su lugar mando a su compañero. Hasta aquí le cabría razón al recurrente en su ataque, pero quien omitió leer o comprender el texto completo del pronunciamiento de juzgador de primera instancia fue el libelista que de haberlo tenido en cuenta, se hubiese ahorrado el planteamiento del cargo por lo siguiente: Dice así el juez: “Sin embargo dicha falencia ya no puede ser subsanada, pues al hacerlo en esta oportunidad comportaría violación a la congruencia que debe existir entre la resolución de acusación y la sentencia, habida cuenta que a la luz de la Corte Suprema de Justicia, los supuestos de hecho que estructuran circunstancias que implican incremento punitivo específicas o genéricas, valorativas o no valorativas 17 deben aparecer claramente imputados en la acusación o su equivalente, aunque el precepto que los describe no haya sido mencionado en aquella. Este criterio ha sido expuesto en varios pronunciamientos entre los cuales transcribe el juez de primera instancia el fallo de abril 4 de 2001, radicación 10.868, M. P., Fernando Arboleda Ripoll.

Concluye así el juez:

“Por tanto, como en este asunto la fiscalía en la resolución de acusación no imputó ese motivo fútil pues en las consideraciones expresó que “… el señor JOSE BELARMINO CORREDOR llego a la tienda que atendía la señora MARÍA FIDELI