PGN - Documento 201607091833387

CASACIÓN 22.203

FERNANDO CAMACHO GUTIÉRREZ

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Dr. Jorge Luis Quintero Milanés Ref. Recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Fernando Camacho Gutiérrez, contra la sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca que lo condenó por los delitos de acceso carnal violento y lesiones personales.

Radicación: Nro. 22.203

Honorables Magistrados: El Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá profirió el 13 de agosto de 2003, sentencia condenatoria en contra de Fernando Camacho Gutiérrez y le impuso la pena principal de 106 meses de prisión como autor de los delitos de acceso carnal violento en concurso con lesiones personales. Lo condenó a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena principal.

Apelada la decisión, el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió el 16 de octubre de 2003 confirmar la decisión. El defensor del procesado interpuso recurso extraordinario de casación y lo sustentó con demanda que fue encontrada ajustada a las previsiones legales por la Corte Suprema de Justicia. Corresponde a la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal emitir concepto sobre la viabilidad del trámite.

1. HECHOS El 31 de agosto de 20002, la menor Natalia Agudelo se encontró con algunos amigos en el municipio de Sopó y en su compañía departió por algunas

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horas, después se trasladaron hasta el parque del pueblo, allí les solicitó que la acompañaran hasta su vivienda ubicada a 5 kilómetros de la población. Al lugar llegó otro grupo de personas, entre ellas Michel García, amigo de la menor, a quien ella le solicitó que la llevara hasta su casa. El señor Fernando Camacho Gutiérrez se ofreció a llevarla en una motocicleta, pero no se dirigió hacia el lugar de habitación de Natalia sino a otro lugar donde la agredió y la accedió carnalmente mediante violencia. La menor perdió el conocimiento y al despertar se trasladó al hospital de la población donde fue atendida por el médico de turno. El dictamen médico estableció la incapacidad por las lesiones y la violación de que fue víctima.

2. ACTUACIÓN PROCESAL El 31 de agosto de 2002, el señor Ciro Alfonso Mendoza Rincón, tío de la menor Natalia Agudelo Mendoza acudió ante la Fiscalía Seccional de la Calera para formular denuncia penal, en razón de la agresión sexual de que había sido víctima su sobrina. Relató que la persona que se ofreció a llevar a Natalia en una moto era el autor de los delitos.

El mismo día la fiscalía inició indagación preliminar; una vez se logró identificar al conductor de la motocicleta, se abrió investigación penal en contra del señor Fernando Camacho Gutiérrez, a quien se ordenó escuchar en indagatoria. La indagatoria fue recibida el 3 de septiembre de 2002 y se resolvió su situación jurídica el 5 de septiembre, la fiscalía impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Fernando Camacho

como autor de los delitos de acceso carnal violento, en concurso con lesiones personales. 2

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FERNANDO CAMACHO GUTIÉRREZ El 18 de septiembre el procesado amplió su indagatoria y señaló como autor del delito al señor Michel García Camacho. En razón al señalamiento la fiscalía ordenó el 19 de septiembre vincular al señor García. El señor García fue escuchado en indagatoria el 21 de septiembre, y se le resolvió situación jurídica el 25 de septiembre, la fiscalía le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva como coautor del delito de acceso carnal violento, en concurso con lesiones personales. Completa la investigación se ordenó su cierre el 2 de enero de 2003; la Fiscalía calificó el mérito del sumario el 31 de enero de 2003, profirió resolución de acusación en contra de Fernando Camacho Gutiérrez como autor del delito de acceso carnal violento en concurso con lesiones personales; precluyó la investigación a favor de Michel García Camacho. En firme la providencia, el expediente fue remitido al Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá, quien asumió su conocimiento el 10 de marzo de 2003. Una vez realizadas las audiencias, el Juzgado procedió a dictar el fallo condenatorio el 13 de agosto de 2003. Confirmado por el Tribunal Superior de Cundinamarca el 16 de octubre de 2003. Contra esta decisión se interpuso recurso extraordinario de casación.

3. SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN

Primer cargo: 3

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FERNANDO CAMACHO GUTIÉRREZ Invoca la causal primera de casación, violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho por falso juicio de identidad, en razón a que el juzgador de primera instancia y el Tribunal Superior omitieron tener en cuenta apartes importantes de la indagatoria del implicado, así como de los testimonios de personas presentes el día de los hechos. Se incurrió en una distorsión por supresión, y se cambió el sentido de la prueba. En relación con la indagatoria dice el censor que la Sala no se dio a la tarea de analizar su contenido y observar que ella daba cuenta exacta de la forma de ocurrencia de los hechos, y además, corroborada con las declaraciones de los testigos. - Primer error de hecho por falso juicio de existencia: indica que la Sala del Tribunal partió en su providencia de la denuncia instaurada por un tío de la víctima, sin embargo, se trata de una denuncia prematura, nacida de la nada, de oídas, basada en el dicho de la víctima; por lo que se incurrió en un error al ignorar el estado de inconciencia en que se encontraba la menor, así como su grado de embriaguez, lo que lo lleva a predicar que el Tribunal se basó en un juicio falso, pues olvidó leer la totalidad de la denuncia, por lo que distorsionó por transmutación la prueba. Se dice en la denuncia también que los hechos tuvieron ocurrencia alrededor de las 9:30 de la noche, y se incurre nuevamente en un error de hecho porque el Tribunal ignora que a esa hora el procesado se encontraba en el parque de Sopó departiendo con sus amigos, con lo que se demuestra lo

mendaz y contradictorio de las afirmaciones del denunciante. Esto significa que se hizo una lectura equivocada del texto y se configura el error denunciado. - El segundo error de hecho: la providencia de segunda instancia resalta algunos apartes de la declaración rendida por el señor Michel García 4

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FERNANDO CAMACHO GUTIÉRREZ Camacho ante los funcionarios de Policía Judicial, pero no transcribió todas las respuestas que se dieron en la investigación por parte de este testigo, en consecuencia, el tribunal incurrió en otro error en cuanto distorsiona la prueba por supresión, ya que solo analizó apartes del informe de policía. Resalta el censor que el tribunal manifestó como elemento de prueba en contra del procesado, que Fernando Camacho le pidió a Michel García que dijera que la víctima había resultado lesionada en una riña, en el fallo se omite que en su declaración el señor García afirmó que no sabía si la señorita Natalia fue golpeada en la pelea cuando intervino, lo que significa que la menor sí participó en la pelea, pero que no se sabe si resultó golpeada, de manera que esa petición del implicado lo que buscaba era que se dijera toda la verdad de lo sucedido. Vuelve el Tribunal a incurrir en un error al omitir tener en cuenta apartes importantes del testimonio que resultaban favorables para el procesado. -Tercer error: se refiere el libelista a la declaración de Raumir Monterrosa, que fue tomada como prueba por el sentenciador, y a la que le fue cambiado el sentido, lo que generó incongruencia y falta de certeza, lo que beneficia al procesado. - Cuarto error: omite el Tribunal como medios de prueba las declaraciones de

Camilo Flores, quien hace referencia al licor consumido por la víctima; la declaración de Pablo Martín Prieto quien da cuenta del estado anímico del procesado; Roberto Camacho quien informa que Natalia participó en la pelea. Estas exposiciones dejan ver la verdad de lo sucedido. Se desconoció por completo la declaración del señor Jhon Javier Gutiérrez Lozano, un testimonio contundente que no puede ser dejado de apreciar por el hecho de haberse aportado en la etapa del juicio, además, se ignoró que el interés resal fue esclarecer la verdad de los hechos. 5

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FERNANDO CAMACHO GUTIÉRREZ Segundo cargo: Lo plantea al amparo de la causal primera de casación, violación indirecta de la ley sustancial. En el proceso existen serias dudas sobre la forma de ocurrencia de los hechos y el autor del delito, por lo que debe darse aplicación al principio de in dubio pro reo. Afirma el censor que el tribunal incurrió en un error de hecho por falso juicio de identidad por negarle al procesado el in dubio pro reo. El sentenciador supuso la certeza sobre la responsabilidad de su protegido cuando no podía llegar a ese grado de convencimiento porque de las pruebas se deduce que los hechos dejan muchas dudas sobre lo sucedido. Para demostrar el cargo se refiere a las dudas existentes y que el Tribunal no vio; transcribe el censor apartes de la declaración de la víctima y de la indagatoria del procesado para señalar que el sentenciador da como ciertas todas las afirmaciones de la afectada y desecha las explicaciones del señor

Camacho sin ninguna argumentación, sin embargo, no hay en el material probatorio elementos que respalden tales desconsideraciones. Indica que el primer hecho que genera duda es el número de personas que realizaron el delito, la misma procesada no sabe con certeza cuantas personas la accedieron, y se pregunta, por qué creer entonces que realmente fue Fernando Camacho?, por qué tomar como verdad procesal lo dicho en perjuicio del implicado? En el proceso no se estableció con certeza y, en consecuencia, se observa una duda, sobre el sitio donde ocurrieron los hechos, son contradictorias las 6

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FERNANDO CAMACHO GUTIÉRREZ manifestaciones de la víctima y del implicado, pero toma fuerza el dicho del señor Camacho en el sentido de que se cayeron de la moto en el perímetro urbano y no en un potrero. Esto lo deduce de la declaración de la menor quien afirma que después de que despierta de su estado de inconciencia se dirige al hospital, lo que significa que el hecho si fue dentro del perímetro urbano. Aquí hay una duda que no fue reconocida a favor del procesado. Se observa que el tribuna incurrió en errores de hecho al no haber tenido en cuenta que el condenado desde su primera versión ha dicho la verdad, por lo que existe una duda sobre lo que realmente ocurrió en el proceso, sobre quien dice la verdad, si el condenado y los testigos, o la víctima; esta duda debe resolverse a favor del procesado.

Tercer cargo: Invoca la causal tercera de casación, acusa la sentencia de segunda instancia de haber sido proferida en un juicio viciado de nulidad. El fallador

de primera instancia equivocó la adecuación típica de la conducta y desconoció el principio de investigación integral, por no haber tenido en cuenta las citas que en su defensa hizo el procesado en la indagatoria, y la denegación del derecho a la defensa, todas estas circunstancias constituyen una causal supralegal de nulidad. El error se observa desde la etapa instructiva y adquiere mayor relevancia jurídica en el juicio, este no fue corregido por el Tribunal Superior de Cundinamarca. Es claro para el censor que desde la acusación se equivocó la ubicación típica de la conducta por error de hecho en la apreciación jurídica de las pruebas. 7

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FERNANDO CAMACHO GUTIÉRREZ Indica que afirmaciones gratuitas y sin respaldo como las que sustentan la resolución de acusación, violan las exigencias formales de las providencias emitidas pues erigen como verdad procesal un comportamiento que está lejos de enmarcarse en un delito de acceso carnal violento. Según el censor el análisis de las pruebas permite concluir que Fernando Camacho jamás tuvo la oportunidad, la finalidad o la actividad para realizar el delito, a lo sumo podría hablarse de unas lesiones personales. Agrega, que la prueba aportada muestra la inconsistencia de orden lógico, porque ni la misma denunciante puede dar fe cierta sobre la ocurrencia de los hechos, además, pruebas fundamentales como la de ADN no fueron practicadas. De manera que, ante la falta de idoneidad de la prueba de cargo debe concluirse que el señor Camacho no fue el autor del delito, si es que se produjo. No puede tenerse en cuenta la apreciación subjetiva para llegar a la

convicción de la realidad procesal, agrega. Sobre la procedencia de la nulidad señala que el error relativo a la calificación jurídica de una conducta se ha considerado por el legislador como una causal de nulidad; después se consagró la posibilidad de variar la calificación provisional de la conducta cuando se detectaran errores, por último, ante los cambios de la normatividad, considera que este vacío se debe suplir con la declaratoria de nulidad de la actuación, porque no hay otro camino para corregir el error. Se observa una clara violación al debido proceso ya que se condenó a una persona por una conducta que no realizó, agrega que al no haber extractado la realidad procesal, el Tribunal incurrió en una nulidad por error en el tipo penal, en detrimento de los intereses del procesado, el debido proceso y las formas propias del juicio. 8

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FERNANDO CAMACHO GUTIÉRREZ Solicita a la Corte que se invalide la sentencia impugnada y en su lugar se dicte la sentencia de reemplazo.

4. CONCEPTO DE LA PROCURADORA TERCERA DELEGADA PARA LA

CASACIÓN PENAL Tercer cargo: Se ocupará la Delegada en primer lugar del tercer cargo, formulado al amparo de la causal tercera de casación, en atención al principio de prioridad que rige el recurso.

Alega el libelista que la providencia de segunda instancia se profirió en un juicio viciado de nulidad, considera que los funcionarios equivocaron la ubicación típica de la conducta. Como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala, este tipo de errores no se

plantea bajo el amparo de la causal tercera de casación, sino de la primera, en razón a que el error no trasciende la estructura del proceso, así por ejemplo, en sentencia del 28 de noviembre de 2005, radicado 19.480 con ponencia del Magistrado Edgar Lombana, la Sala dijo:

1. El artículo 442 del Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991) vigente al tiempo de la calificación del mérito del sumario en el presente asunto, señalaba los requisitos formales de la resolución de acusación, y específicamente, en el numeral 3°: “La calificación jurídica provisional, con señalamiento del capítulo dentro del título correspondiente del Código Penal”, lo que limitaba al Juez para efectos de congruencia.

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FERNANDO CAMACHO GUTIÉRREZ Acorde con aquella normatividad, reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha indicado que el error en la calificación jurídica, cuando implicaba una nueva calificación o la variación de la competencia, debía postularse en casación a través de la causal tercera (nulidad), pero desarrollarse con arreglo a la causal primera, bien por violación directa de la ley sustancial, o bien por violación indirecta, demostrando en el último caso errores de hecho o de derecho en la apreciación probatoria. Ahora bien, en cuanto al supuesto error en la calificación jurídica, por que se trataba de lesiones personales, en lugar de tentativa de homicidio, la controversia gira en torno de la ubicación de la conducta en el Código Penal

anterior (Decreto 100 de 1980), en diferente capítulo de aquel por el que se profirió sentencia. En este caso, en vigencia del Código de Procedimiento Penal derogado (Decreto 2700 de 1991), la Corte venía sosteniendo que se presentaba un error in iudicando o de mérito, pero en cuanto su corrección implicaba volver a estructurar el proceso, el cargo en casación tenía que proponerse por la causal tercera, para solicitar la nulidad del trámite con el fin de que se enmendara con la debida calificación. Así, se ha precisado en reiterada jurisprudencia, que aún en el último evento, la demostración en sede casacional del error en la denominación jurídica de la conducta endilgada debe emprenderse con arreglo a la lógica que gobierna la causal primera; bien por violación directa de la ley sustancial, demostrando que el yerro se constata en la indebida selección o aplicación de la ley; o bien por violación indirecta, cuando el problema subyace en la errónea apreciación de las pruebas. Con todo, la Sala debe recordar que el Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, ya no exige que en la calificación del sumario se indique el capítulo dentro del cual esté contenido el tipo endilgado. Por tanto, un yerro como el que denuncia el libelista, que no implica variación de la 10

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FERNANDO CAMACHO GUTIÉRREZ competencia, ya no debe plantearse con arreglo a la causal tercera de casación (nulidad) y sustentarse conforme a la causal primera (violación de la ley sustancial), sino que debe formularse y demostrarse siguiendo por

entero los lineamientos de la causal primera, toda vez que tal situación ya no trasciende a la estructura del proceso, sino que a ello se habría llegado por un error de juicio sobre las normas jurídicas (violación directa), o sobre la apreciación probatoria (violación indirecta).

2. En síntesis, era imprescindible que el libelista demostrara que el fallo es violatorio de la ley sustancial, directa o indirectamente, por errores de hecho o de derecho, quedando a su cargo la obligación de ilustrar tal aserto.

En la demanda que se examina es evidente que el reproche tiende a cuestionar el fundamento probatorio de la decisión, siendo entonces obligatorio para el censor demostrar que el Tribunal violó indirectamente la ley sustancial, por incurrir en error de derecho (falso juicio de legalidad) o por el influjo de alguno de los errores de hecho (falso juicio de existencia, falso juicio de identidad, o falso raciocinio). Como ese deber no se cumplió, sino que todo el discurso se desenvuelve en la particular visión del asunto según el interés de la defensa, el cargo carece de demostración. Como en el caso al que se refiere la jurisprudencia, en este evento el censor no demostró el error de hecho que denuncia, el que llevó a los sentenciadores a equivocar la adecuación típica del comportamiento; los argumentos que utiliza son afirmaciones sin respaldo probatorio con los que intenta que se acoja la tesis de que el procesado Camacho no cometió el delito de acceso carnal violento. 11

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FERNANDO CAMACHO GUTIÉRREZ Además, desconoce toda la prueba técnica aportada al proceso y que da

cuenta de que se cometió un delito de acceso carnal violento, el censor pone en duda de que se haya realizado; tales razonamientos no sustentan el cargo formulado. No es con el desconocimiento de la prueba aportada, o con la manifestación de juicios de valor sobre el contenido de ella como se demuestra el error de hecho. Decir que el procesado jamás tuvo la oportunidad, la finalidad o la actividad para realizar el delito, cuando se demostró que fue la persona que llevó a Natalia en la moto y luego la accedió carnalmente y la agredió en su integridad, resulta a todas luces un argumento equivocado, carente de respaldo probatorio. Se evidencia aún más el desacierto del libelista cuando plantea que se estaría en el mejor de los casos ante un caso de lesiones personales culposas, toda vez que el propio implicado reconoció en su indagatoria que abofeteó en varias oportunidades a la víctima y que la agredió, por lo que se trata de un comportamiento doloso. Los mordiscos, los golpes y moretones no fueron el producto de una caída accidental de la motocicleta, fueron consecuencia de un actuar deliberado del señor Camacho. Las pruebas aportadas fueron, entonces, debidamente valoradas y se llegó a la convicción de que el procesado incurrió en los delitos de acceso carnal violento y lesiones personal dolosas, por lo que no se observa error alguno en la adecuación típica. Los argumentos expresados por el sentenciador no lograr demostrar el yerro que denuncia, en consecuencia, el cargo no debe ser estimado.

Primer cargo: 12

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El libelista plantea un error de hecho por falso juicio de identidad en la apreciación de varios medios de prueba. En principio se refiere a la diligencia de indagatoria y acusa al tribunal de incurrir en un yerro por no apreciar el contenido de esa pieza procesal. Debe señalar la Delegada que los argumentos utilizados por el censor reflejan su inconformidad con la valoración que hizo el sentenciador de la indagatoria del implicado y lejos de demostrar un error, lo que hace es defender a ultranza sus manifestaciones, como si intentara que ahora se diera credibilidad a sus dichos. En efecto, realiza afirmaciones sobre el contenido de la injurada y las respalda, y manifiesta que el sentenciador no las tuvo en cuenta, con un claro desconocimiento de los argumentos del Tribunal al valorarlas. Luego menciona los errores que observa en la providencia. El primero de ellos está referido a la apreciación y valoración de la denuncia instaurada por un tío de la víctima. En lugar de establecer cómo fue tergiversada la prueba o en qué consistió el cambio de sentido de su contenido, el censor cuestiona el presunto estado de inconciencia en que se encontraba la víctima, así como su estado de embriaguez. El argumento está dirigido a cuestionar no la denuncia, como lo señala inicialmente, sino la situación personal de la menor y afirma que no debe dársele credibilidad a su dicho. En este aparte se confirma que cada uno de los razonamientos del censor están dirigidos a cuestionar la credibilidad otorgada a los medios de prueba y no a demostrar errores en su apreciación. En segundo lugar se refiere a la declaración del señor Michel García. Afirma

que su testimonio fue distorsionado porque el sentenciador no transcribió todo el contenido de sus respuestas, pues en otros apartes este mismo declarante entrega información contradictoria. Sin embargo, en el desarrollo del cargo se refiere solamente a lo que este testigo dijo sobre el tiempo que 13

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FERNANDO CAMACHO GUTIÉRREZ demoró el implicado en regresar luego de llevar a Natalia, para expresar, a renglón seguido, una opinión personal sobre lo insuficiente del tiempo para llevar a cabo el delito. Con este argumento no demuestra error alguno de la providencia. Además, realiza el libelista interpretaciones acomodadas de las declaraciones y extracta de ellas lo que se quiso decir, en contravía de lo interpretado por el sentenciador, y se insiste, con tales razonamientos no se demuestra el cargo formulado. El tercer error está referido a la declaración del señor Raumir Monterrosa; afirma que la providencia cambia el sentido de la declaración porque le dio credibilidad a esta prueba, en razón a que también se la otorgó a la declaración de Michel García, estos testimonios difieren en cuanto al tiempo que demoró en regresar el señor Camacho al parque de Sopó. Insiste en que se genera una duda sobre la posibilidad de haber desarrollado el comportamiento delictivo en tan poco tiempo. Como se ha expresado al analizar los anteriores errores denunciados, el libelista no demuestra los presuntos yerros en los que incurrió el tribunal, únicamente expresa su particular punto de vista sobre la forma de ocurrencia de los hechos. El cuarto error tiene que ver con la omisión de algunos hechos contenidos en las declaraciones de Camilo Flórez, Pablo Martín Prieto y Roberto Camacho,

que en sentir del libelista demuestran la realidad de lo ocurrido. Pero no demuestra el censor la trascendencia de esta omisión, ni como habría variado la situación jurídica de su representado de haberse tomado en consideración esas declaraciones. 14

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FERNANDO CAMACHO GUTIÉRREZ Por último se refiere a la declaración rendida en la audiencia pública por el señor Jhon Javier Gutiérrez Lozano, desconocida por el tribunal. Respecto de este testimonio el sentenciador de segunda instancia dijo: 5) Por otro lado la declaración de JHON JAVIER GUTIÉRREZ LOZANO – auxiliar de un camión repartidor de leche “La Alquería” – quien aseguró haber visto aproximadamente a las 3 a.m. gracias a la buena iluminación del sector, al lado del Hospital de Sopó a una joven de 17 años, (…), no es digna de credibilidad porque su actitud…”de callarse para no meterse en problemas” (24-3), se aparta del común acontecer, pues, en eventos como este, las personas acuden a las autoridades a denunciar lo apreciado, máxime cuando se trata de un miembro practicante y líder de una iglesia cristiana, como él mismo lo aduce y lo reitera el sentenciado (19-3). Pero en todo caso, y aun admitiendo en gracia de discusión que las explicaciones de JHON JAVIER GUTIÉRREZ fueron ciertas, olvida el censor que preguntado el conductor del camión transportador de la leche, señor EDGAR RODRÍGUEZ PANTANO, acerca de si esa madrugada vio alguna

situación extraña, replicó que atisbó un grupo de muchachas y muchachos en una casa vieja al lado del Hospital, presumiendo, por la hora, que se trataba de borrachos, pero indicando que el sector estaba oscuro “y la única luz era la del carro “ (34). En ese orden de pensamiento, mal podría aseverar JHON JAVIER GUTIÉRREZ que entre los jóvenes no se encontraba CAMACHO

GUTIÉRREZ.

Lo trascrito permite afirmar que el sentenciador no le otorgó credibilidad a esta declaración, no que la desconoció como lo plantea el libelista; olvida el censor que el tema de la credibilidad que se otorgue a un medio de prueba no puede ser discutido en este recurso extraordinario. 15

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FERNANDO CAMACHO GUTIÉRREZ Además de los evidentes errores de técnica que se advierten en la formulación del cargo, el censor no se encarga de demostrar en debida forma los yerros que denuncia, además, utiliza argumentos que son propios de un alegato ante las instancias judiciales y no resultan apropiados para sustentar un cargo en casación. Las imprecisiones en que incurre el casacionista hacen que el cargo no prospere.

Segundo cargo: Plantea el censor que en el proceso existen algunas dudas que no le fueron reconocidas al procesado. La primera de ellas es el número de personas que realizaron el delito.

Este punto fue tratado en la resolución de acusación proferida por la fiscalía y allí se estableció: De otra parte y como quiera que la ofendida NATALIA manifestó ante el Médico de Turno que la atendió en la madrugada del 31 de agosto, que

escuchaba voces cerca al lugar de los hechos pero que igualmente expresó ante la Fiscalía que ella solo recordaba el momento en que fue agredida por FERNANDO CAMACHO porque luego perdió el conocimiento, de donde no se descarta la posibilidad de haber mas partícipes en estos hechos y porque además algunos de los declarantes afirmaron que en estos episodios al parecer hay mas involucrados, se dispone, ROMPER LA UNIDAD PROCESAL, para lo cual se compulsará copia de la actuación procesal, para continuar con la investigación en averiguación de otros presuntos responsables. 16

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FERNANDO CAMACHO GUTIÉRREZ Estas consideraciones de la Fiscalía para nada desvirtúan la participación del señor Camacho y su responsabilidad en los hechos investigados y sobre esa circunstancia no existe ninguna duda en la investigación. Los sentenciadores de instancia otorgaron plena credibilidad al dicho de la víctima y a las pruebas que respaldaban su versión y consideraron que el señor Camacho era responsable del hecho delictivo. Independientemente de esta circunstancia, se compulsaron las copias para investigar la posible participación de otras personas, esto no incide en el juicio de reproche elaborado en contra del implicado. La segunda duda que plantea está relacionada con el lugar donde ocurrieron los hechos. Esta situación no resulta trascendente pues para nada incide en la situación jurídica del implicado. El censor se inclina por respaldar la versión de su representado, pero no hay razones en el proceso para señalar que la víctima miente en su narración. Los demás argumentos expresados son consideraciones personales sobre lo que realmente sucedió, sin respaldo en el material probatorio que se aportó,

el cual demostraba la responsabilidad del señor Camacho; el sentenciador le otorgó credibilidad a la víctima y sus dichos le resultaron coherentes, acertados y respaldados con el dictamen pericial practicado por Medicina Legal, así como por las declaraciones de las personas que con ella se encontraban en el parque de Sopó, por tal razón se condenó a Camacho. No le asiste razón al libelista en su planteamiento, por tal razón el cargo no debe prosperar.

5. PETICIÓN

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FERNANDO CAMACHO GUTIÉRREZ Con fundamento en lo expresado, la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal, solicita a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, NO CASAR la sentencia impugnada. Señores Magistrados,

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA

Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal Bogotá, D.C., 9 de abril de 2007 Radicación 22.203 MLZA/tms 18