PGN - Documento 201607091833462

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 036-2007

Bogotá, D. C., 7 de febrero de 2007 Señores Magistrados

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN "B"

CONSEJERO PONENTE: Dr. ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

E.S.D.

No. REFERENCIA: 110010325000200500231 00

No. INTERNO: 9901-2005

ACTOR: CRISTIAN ALBERT USCÁTEGUI SÁNCHEZ

DEMANDADO: GOBIERNO NACIONAL

ACCIÓN: NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD

ASUNTO: NULIDAD APARTES DECRETO 4235 DE 2004.

INSCRIPCIÓN PARA EL CONCURSO DE DOCENTES

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA 1.1. PRETENSIONES El señor CRISTIAN ALBERT USCÁTEGUI SÁNCHEZ, en ejercicio de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, formula demanda ante el H.

Consejo de Estado, con el fin de obtener la nulidad y suspensión provisional de los apartes subrayados del artículo 1° del Decreto No. 4235 del 16 de diciembre de 2004, expedido por el Gobierno Nacional, “Por el cual se modifica parcialmente el decreto 3238 de 2004”, en relación con los requisitos para el ingreso al concurso de docentes. Los apartes demandados de esa norma son: 2 94. “Artículo 1°. Modifícase el inciso 1° del artículo 7° del Decreto 3238 de

2004, el cual quedará así: “Artículo 7°. Requisitos para el ingreso. Podrán inscribirse en el concurso de docentes quienes reúnan los requisitos señalados en los artículos 116 y 118 de la ley 115 de 1994, en concordancia con lo establecido en los artículos 3°, 10, 12 parágrafo 1°, 21 del Decreto ley 1278 de 2002. Para efectos del concurso de ingreso a la carrera administrativa docente, el título de tecnólogo en educación será equivalente al de normalista superior”. 1.2. SUSTENTACIÓN DE LOS CARGOS DE VIOLACIÓN Refiere el libelo que el Ministerio de Educación Nacional, al expedir la norma acusada, vulnera el derecho al trabajo y el derecho a la protección de los derechos adquiridos consagrados en los artículos 53 y 58 de la C.P. de los bachilleres pedagógicos graduados y escalafonados antes o durante el año de 1997. Agregó que esa norma les impide ilegítimamente el ejercicio de la profesión docente a los bachilleres pedagógicos, escalafonados antes de la entrada en vigencia del decreto 3012 de 1997, al no permitir su ingreso al proceso de selección de los docentes en el concurso de méritos. Que además invade las competencias del legislativo al reglamentar el ingreso al servicio educativo estatal de forma ilegítima. Insistió en que el Ministerio de Educación Nacional, al hacer la equivalencia del título de tecnólogo en educación con el título de normalista superior, sin hacer claridad sobre la situación de los mismos, frente al hecho de la inscripción en el escalafón nacional docente y además, excluyendo a los

3 bachilleres pedagógicos graduados antes o durante el año de 1997, que han consolidado su situación para obtener un derecho en su patrimonio individual, estaría reglamentando el ingreso al servicio educativo estatal de manera ilegítima e inconstitucional. 1.3. NORMAS VIOLADAS El accionante expuso el concepto de violación de los artículos 1°, 2°, 4°, 53, 58, 114. 123 y 125 de la C.P.; artículo 81 de la ley 812 de 2003, artículo 18 de la ley 715 de 2001; artículo 15 de la ley 91 de 1989; artículos 1° y 2° de la ley 4 de 1992; ley 115 de 1994 y D.L. 2277 de 1979. (fls. 16 al 40 del c.p.).

2. SUSPENSIÓN PROVISIONAL El actor pidió la suspensión provisional del acto acusado por infracción de normas superiores. La corporación no accedió a tal solicitud por considerar que de conformidad con el artículo 152 del C.C.A., para que proceda esa medida, se requiere que se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, y si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

Que la solicitud del actor no cumple con las exigencias mínimas señaladas, pues solamente alega la vulneración de la Constitución Política sin señalar cuáles disposiciones se han transgredido, omitiendo asimismo el desarrollo

jurídico de tal afirmación. (fls. 47 al 52). 4

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La apoderada del Ministerio de Educación Nacional solicitó negar las peticiones de la demanda. Analizó los antecedentes de la ley 715 de 2001 que concedió facultades extraordinarias al Presidente de la República, para

expedir el nuevo régimen de carrera docente y con base en ellas, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1278 de 2002 o Estatuto de Profesionalización Docente. Adujo que los títulos exigidos para ejercer la docencia están definidos en los artículos 116 y 118 de la ley 115 de 1994 y son: licenciado en educación, profesional universitario y normalista superior. En cuanto a los bachilleres pedagógicos y los normalistas superiores, señaló que los primeros son aquellos que salieron de las normales no reestructuradas y obtuvieron su título cursando los ciclos del bachillerato – educación básica y media -, con énfasis en pedagogía; y los segundos, son aquellos que salieron de las normales reestructuradas y cursaron además de la educación básica y media, cuatro semestres o dos años académicos en educación adicionales. Precisó que teniendo en cuenta que la ley general de educación data de 1994, los bachilleres pedagógicos contaron con más de diez años para profesionalizarse o cursar dos años más de estudios y ser normalistas superiores, como lo exige la norma para poder ser llamados al ejercicio de la docencia mediante concurso y no puede hablar entonces el demandante de derechos adquiridos. Aseguró que mediante el decreto acusado se modificaron los requisitos

para el ingreso a la docencia, incluyendo a los tecnólogos en educación. Finalmente adujo que no es cierta la aseveración del actor de que el 5 Gobierno no tiene competencia para regular la materia, porque la ley 715 de 2001 expresamente faculta al Gobierno Nacional para reglamentarla. (fls. 98 a 106).

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. La controversia de fondo gira en torno a establecer, si los apartes acusados del artículo 1° del Decreto No. 4235 del 16 de diciembre de 2004, expedido por el Gobierno Nacional, “Por el cual se modifica parcialmente el decreto 3238 de 2004”, en relación con los requisitos para el ingreso al concurso de docentes, viola normas superiores. 1.1. Ahora bien, sobre el fondo del asunto, es necesario señalar qué clase de acto es el que se impugna y seguidamente, si es violatorio de normas superiores. 1.2. El Decreto impugnado (Decreto No. 4235 del 16 de diciembre de 2004), fue expedido por el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, con base en el numeral 5.7 del artículo 5° de la ley 715 de 2001 y artículo 9° del decreto 1278 de 2002, con el objeto de modificar el inciso 1° del artículo 7° del decreto 3238 de

2004 que señaló los requisitos para el ingreso al concurso de la carrera docente. El artículo enjuiciado preceptúa: “Artículo 7°. Requisitos para el ingreso. Podrán inscribirse en el concurso de docentes quienes reúnan los requisitos

señalados en los artículos 116 y 118 de la ley 115 de 1994, en concordancia con lo establecido en los artículos 3°, 10, 12 parágrafo 1°, 21 del Decreto ley 1278 de 2002. Para efectos del concurso de ingreso a la carrera administrativa docente, el título de tecnólogo en educación será equivalente al de normalista superior”. 1.3. El actor endereza su acusación contra el referido artículo porque en su sentir, vulnera el derecho al trabajo y el derecho a la protección de los 6 derechos adquiridos consagrados en los artículos 53 y 58 de la C.P. de los bachilleres pedagógicos, escalafonados antes o durante el año de 1997, ya que les impide ilegítimamente el ejercicio de la profesión docente. 1.4. Para dilucidar lo anterior, es pertinente señalar las normas que regulan el ejercicio de la profesión docente y si dentro de esta se encuentran los bachilleres pedagógicos. El ejercicio de la profesión docente está regulado entre otras normas, por el decreto 2277 de 1979, la ley 115 de 1994 y D.L. 1278 de 2002. Las citadas normas en lo pertinente disponen: 1.4.1. Los artículos 2° y 5° del decreto 2277 de 1979, (anterior Estatuto Docente), definen la profesión docente y las condiciones para su ejercicio: “Art. 2°. Las personas que ejercen la profesión docente se denominan genéricamente educadores. Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación

en los distintos niveles de que trata este decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los términos que determine el reglamento educativo. Art. 5° A partir de la vigencia de este decreto sólo podrán ser nombrados para ejercer la docencia en planteles oficiales de educación quienes posean título docente o acrediten estar inscritos en el Escalafón Nacional Docente, de conformidad con los siguientes requerimientos para cada uno de los distintos niveles del Sistema Educativo Nacional: Para el nivel preescolar: Peritos o expertos en educación, técnicos o tecnólogos en educación con especialización en este nivel, bachilleres pedagógicos, licenciados en ciencias de la educación con especialización o con postgrados en este nivel, o personal escalafonado Para el nivel básico primario: Bachilleres pedagógicos, peritos o expertos, técnicos o tecnólogos en educación, licenciados en ciencias de la educación o con postgrados en este nivel, o personal escalafonado.(…).Subrayas extra texto 7 1.4.2. La ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la ley general de educación”, en los artículos 116 a 118 señala cuáles son los títulos aptos para el ejercicio de la docencia:

“ARTÍCULO 116. TÍTULO EXIGIDO PARA EJERCICIO DE LA

DOCENCIA. Para ejercer la docencia en el servicio educativo estatal se requiere título de licenciado en educación o de postgrado en educación, expedido por una universidad o por una institución de educación superior nacional o extranjera, o el título de normalista superior expedido por las normales reestructuradas, expresamente autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, y además estar inscrito en el Escalafón Nacional Docente, salvo las excepciones contempladas en la presente Ley y en el Estatuto Docente. PARÁGRAFO 1o. Para ejercer la docencia en educación primaria, el título de educación a que se refiere el presente artículo, deberá indicar, además, el énfasis en un área del conocimiento de las establecidas en el artículo 23 de la presente Ley. PARÁGRAFO 2o. Quienes en el momento de entrar en vigencia la presente Ley, se encuentren cursando estudios en programas ofrecidos por instituciones de educación superior conducentes al título de Tecnólogo en educación, podrán ejercer la docencia en los establecimientos educativos estatales al término de sus estudios, previa obtención del título e inscripción en el Escalafón Nacional Docente. ARTÍCULO 117. CORRESPONDENCIA ENTRE LA FORMACIÓN Y EL EJERCICIO PROFESIONAL DE EDUCADOR. El ejercicio de la profesión de educador corresponderá a la formación por él recibida. Para el efecto, las instituciones de educación superior certificarán el nivel y área del conocimiento en que hizo énfasis el programa académico. PARÁGRAFO. El título de normalista superior sólo acredita

para ejercer la docencia en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica primaria, en los términos de la presente Ley. ARTÍCULO 118. EJERCICIO DE LA DOCENCIA POR OTROS PROFESIONALES. Por necesidades del servicio, quienes posean título expedido por las instituciones de educación superior, distinto al de profesional en educación o licenciado, podrán ejercer la docencia en la educación por niveles y grados, en el área de su especialidad o en un área afín. Estos profesionales podrán también ser inscritos en el Escalafón Nacional Docente, siempre y 8 cuando acrediten estudios pedagógicos en el país o en el extranjero, en una facultad de educación o en otra unidad académica responsable de la formación de educadores, con una duración no menor de un año. PARÁGRAFO. El personal actualmente vinculado en las anteriores condiciones, tiene derecho a que se le respete la estabilidad laboral y a incorporarse al Escalafón Nacional Docente, siempre y cuando llene los requisitos indicados en este artículo”. Resaltado extra texto. 1.4.3. El artículo 5° de la ley 715 de 2001, “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias y se dictan disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud” prescribe: ARTÍCULO 5o. COMPETENCIAS DE LA NACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN. Sin perjuicio de las establecidas en otras normas legales, corresponde a la Nación ejercer las siguientes competencias relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en sus niveles preescolar, básico y medio, en el área

urbana y rural: 5.1. Formular las políticas y objetivos de desarrollo para el sector educativo y dictar normas para la organización y prestación del servicio. 5.2. Regular la prestación de los servicios educativos estatales y no estatales. 5.3. Impulsar, coordinar, financiar, cofinanciar y evaluar programas, planes y proyectos de inversión de orden nacional en materia de educación, con recursos diferentes de los del Sistema General de Participaciones. Con estos recursos no se podrá pagar personal de administración, directivo, docente o administrativo. 5.4. Definir, diseñar, reglamentar y mantener un sistema de información del sector educativo. 5.5. Establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas para los niveles de educación preescolar, básica y media, sin perjuicio de la autonomía de las instituciones educativas y de la especificidad de tipo regional. 5.6. Definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de la educación. 5.7. Reglamentar los concursos que rigen para la carrera docente. 9 1.4.4. Los artículos 3, 4°, 5° y 7°1 del decreto ley 1278 de 2002, “por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente”, disponen sobre la profesión docente: ARTÍCULO 3o. PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. Son profesionales de la educación las personas que poseen título profesional de licenciado en educación expedido por una institución de educación superior; los profesionales con título diferente, legalmente habilitados para ejercer la función docente de acuerdo con lo dispuesto en este

decreto; y los normalistas superiores. ARTÍCULO 4o. FUNCIÓN DOCENTE. La función docente es aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanzaaprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los establecimientos educativos. La función docente, además de la asignación académica, comprende también las actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en especial de los padres de familia de los educandos; las actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación y evaluación institucional; otras actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el proyecto educativo institucional; y las actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y programación relacionadas directamente con el proceso educativo. Las personas que ejercen la función docente se denominan genéricamente educadores, y son docentes y directivos docentes. ARTÍCULO 5o. DOCENTES. Las personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso enseñanza aprendizaje se denominan docentes. Estos también son responsables de las actividades curriculares no lectivas complementarias de la función docente de aula, entendidas como administración del proceso educativo, preparación de su tarea académica, investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, calificación, planeación,

disciplina y formación de los alumnos, reuniones de profesores, dirección de grupo, actividades formativas, culturales y deportivas, atención a los padres de familia y 1 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1169 de 2004. 10 acudientes, servicio de orientación estudiantil y actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en la educación. “ARTÍCULO 7o. INGRESO AL SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL. A partir de la vigencia de este decreto, para ingresar al servicio educativo estatal se requiere poseer título de licenciado o profesional expedido por una institución de educación superior debidamente reconocida por el Estado o título de normalista superior y, en ambos casos, superar el concurso de méritos que se cite para tal fin, debiendo ejercer la docencia, en el nivel educativo y en el área de conocimiento de su formación. Quienes posean título de normalista superior expedido por una escuela normal superior reestructurada, expresamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, podrán ejercer la docencia en educación primaria o en educación preescolar. PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional determinará los casos y términos en que, por tratarse de zonas de difícil acceso, poblaciones especiales o áreas de formación técnicas o deficitarias, puedan vincularse provisionalmente al servicio educativo personas sin los títulos académicos mínimos señalados en este artículo, pero sin derecho a inscribirse en el escalafón docente. Subrayas extra texto.

2. Ahora, en relación con la supuesta infracción a los artículos 53 y 58 superiores que el actor señala como infringidos al no permitir a los

bachilleres pedagógicos escalafonados, antes del año de 1997 el ejercicio de la profesión docente, hay que destacar que el decreto enjuiciado no señala específicamente que los bachilleres pedagógicos escalafonados no puedan inscribirse en el concurso docente, sino que prescribe que pueden inscribirse quienes reúnan los requisitos de los artículos 116 y 118 de la ley 115 de 1994, en concordancia con los artículos 3, 10, 12 y 21 del D.L. 1278 de 2002. 2.1. De conformidad con estas normas, podemos concluir que los títulos habilitados para el ingreso al servicio docente están definidos en los artículos 116 y 118 de la ley 115 de 1994, a saber: título de licenciado en educación o de postgrado en educación, título de normalista superior, 11 tecnólogo en educación y profesionales que acrediten estudios pedagógicos con una duración no menor de un año. 2.2. Esa misma norma señala que también pueden ejercer la docencia quienes estén dentro de las excepciones contempladas en esa ley y en el Estatuto Docente. Así, el Decreto 2277 de 1979 prevé en su artículo 2° que la profesión docente es el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este decreto. El artículo 5° de ese estatuto señala que podrán ser nombrados para ejercer la docencia en planteles oficiales de educación quienes posean título docente o acrediten estar inscritos en el Escalafón Nacional Docente. Para el nivel preescolar, pueden ejercer la docencia los

peritos o expertos en educación, técnicos o tecnólogos en educación, bachilleres pedagógicos, licenciados en ciencias de la educación con especialización o con postgrados en ese nivel, o personal escalafonado y las mismas personas están habilitadas para el nivel básico primario. 2.3. Quiere ello decir, que los bachilleres pedagógicos sí están legalmente facultados para ser docentes y por ende para inscribirse en el concurso docente, pero solamente para ejercer en los niveles de preescolar y de básica primaria.

3. Por otra parte, el actor aduce que el Ejecutivo invadió las competencias del legislativo al reglamentar el ingreso al servicio educativo estatal de forma ilegítima. Sobre tal acusación hay que señalar que el Gobierno Nacional tiene la potestad constitucional (189.11 C.P.), de ejercer la potestad reglamentaria para la cumplida ejecución de las leyes, a través de los decretos respectivos. Las facultades extraordinarias las otorgó el Congreso al Presidente de la República a través del artículo 111 de la ley

715 de 2001 así: ARTÍCULO 111. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. Concédase <sic> precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República por el término de seis (6) meses, para: 12 111.1. <Numeral INEXEQUIBLE> 111.2. Se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley para expedir un nuevo régimen de carrera docente y administrativa para los docentes, directivos docentes, y administrativos, que

ingresen a partir de la promulgación de la presente ley, que sea acorde con la nueva distribución de recursos y competencias y con los recursos. El nuevo régimen de carrera docente y administrativa se denominará Estatuto de Profesionalización Docente y tomará en cuenta entre otros los siguientes criterios:

1. Mejor salario de ingreso a la carrera docente.

2. Requisitos de ingreso.

3. Escala salarial única nacional y grados de escalafón.

4. Incentivos a mejoramiento profesional, desempeño en el aula, ubicación en zonas rurales apartadas, áreas de especialización.

5. Mecanismos de evaluación, capacitación, permanencia,

ascensos y exclusión de la carrera.

6. Oportunidades de mejoramiento académico y profesional de los docentes.

7. Asimilación voluntaria de los actuales docentes y directivos docentes contemplado en el Decreto-ley 2277 de 1979.

4. Con base en esas facultades extraordinarias, el Gobierno expidió el decreto 1278 de 2002, “por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente”. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1169 de 20042 declaró inexequible el artículo 7° del D.L. 1278 de 2002 arriba trascrito y del cual se extractan los siguientes apartes: (…)Con fundamento en las consideraciones que han sido expuestas, las cuales recogen fielmente la posición adoptada por la jurisprudencia en torno al ejercicio de las facultades extraordinarias, entra la Sala a establecer si a través del artículo 7° del Decreto-Ley 1278 de 2002, el Presidente de la República se excedió o extralimitó en la habilitación

legislativa conferida por el artículo 111.2 de la Ley 715 de 2001.

Se pregunta esta Corte: ¿Cuál fue entonces el límite material establecido por el Congreso a la habilitación legislativa conferida al Presidente de la República? 2 Expediente D-5206. Sentencia del 23 de noviembre de 2004. C-1169/04. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

13 Al respecto, como lo ha sostenido en otras ocasiones esta misma Corporación, el limite material se encuentra en la creación de un nuevo régimen de carrera docente y administrativa para los docentes, directivos docentes y administrativos, que ingresen a partir de la promulgación de la Ley 715 de 2001, al sector oficial de la educación. La carrera administrativa constituye, en los términos del artículo 125 de la Constitución Política, una herramienta jurídica para que todas las personas puedan acceder a través del concurso público a los cargos previstos en la Administración, con el propósito específico de realizar las tareas y actividades de los órganos del Estado. Por su parte, la Ley 446 de 1998 definió el concepto de carrera administrativa como un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación, la estabilidad en los empleos y la posibilidad del ascenso. Para alcanzar estos objetivos, el ingreso, la permanencia, y el ascenso en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, sin que motivos como raza, religión, sexo, filiación política o consideraciones de otra índole puedan tener influjo alguno.

(…) Así las cosas, el artículo 7° del Decreto-Ley 1278 de 2002, no guarda congruencia o plena concordancia con las materias habilitadas para ser regladas a través del ejercicio de las facultades extraordinarias previstas en el artículo 111.2 de la Ley 715 de 2001, pues lejos de regular exclusivamente los títulos exigidos para acceder a la carrera administrativa docente, estableció limitantes de ingreso para todo el servicio educativo estatal. Precisamente, la norma acusada establece que: “Artículo 7. Ingreso al servicio educativo estatal. A partir de la vigencia de este decreto, para ingresar al servicio educativo estatal se requiere poseer título de licenciado o profesional expedido por una institución de educación superior debidamente reconocida por el estado o título de normalista superior y, en ambos casos, superar el concurso de méritos que se cite para tal fin, debiendo ejercer la docencia, en el nivel educativo y en el área de conocimiento de su formación. Quienes posean título de normalista superior expedido por una escuela normal superior reestructurada, expresamente autorizada por el Ministerio de educación Nacional, podrán ejercer la docencia en educación primera o en educación preescolar”. A este respecto, nótese como los límites explícitamente reconocidos por el Legislador en la Ley 715 de 2001, se 14 referían exclusivamente a la regulación de los “requisitos de ingreso” de una parte de dicho servicio educativo estatal, es decir, de los educadores vinculados a la docencia oficial a través de la carrera administrativa docente, pero no, como lo hizo el Presidente de la República, reglando a toda la

docencia oficial. En estos términos, el artículo 111.2 de la Ley 715 de 2001 (disposición habilitante), determina que: “Se conceden facultades extraordinarias (...) para expedir un nuevo régimen de carrera docente y administrativa para los docentes, directivos docentes, y administrativos, que ingresen a partir de la promulgación de la presente ley, que sea acorde con la nueva distribución de recursos y competencias y con los recursos // (...) nuevo régimen de carrera docente y administrativa que se denominará Estatuto de Profesionalización Docente y tomará en cuenta entre otros los siguientes criterios: (..) 2. Requisitos de ingreso (...)”. En este sentido, el ejercicio de las facultades por parte del Presidente de la República debía limitarse a aquellas materias relacionadas con el nuevo régimen de carrera docente y administrativa, atendiendo, exclusivamente al criterio de los “requisitos de ingreso”, sin pretender regular todo el servicio educativo estatal, a través de la imposición de nuevos títulos para el ejercicio de la docencia. Dicha disposición, en los términos previstos por el Presidente de la República, sin estar expresamente facultado en la ley habilitante, implicaba la derogación del artículo 116 de la Ley 115 de 1994, que expresamente establece los requisitos para acceder a la docencia en el servicio educativo estatal. El siguiente cuadro comparativo permite demostrar la veracidad de la anterior afirmación: Ley 115 de 1994. Decreto-Ley 1278 de 2002. Artículo 116.- Título exigido para el ejercicio de la docencia. Para ejercer la docencia en el servicio educativo estatal se requiere título de licenciado en educación o de postgrado en

educación, expedido por una universidad o por una institución de educación superior nacional o extranjera, o el título de normalista superior expedido por las normales reestructuras, expresamente autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, y además estar inscrito en el escalafón nacional docente, salvo las excepciones contempladas en la presente ley y en el estatuto docente. PAR 1°. Para ejercer la docencia en educación primaria, el título de educación a que se refiere el presente artículo, deberá indicar, además, el énfasis en un área del conocimiento de las establecidas en el artículo 23 de la presente ley. PAR 2°. Quienes en el momento de entrar en vigencia la presente ley, se encuentren cursando estudios en programas ofrecidos por instituciones de educación superior conducentes al título de 15 tecnólogo en educación, podrán ejercer la docencia en los establecimientos educativos estatales al término de sus estudios, previa obtención del título e inscripción en el escalafón nacional docente. Por consiguiente, y conforme a lo expuesto, esta Corporación declarará en su integridad la inexequibilidad del artículo 7° del Decreto-Ley 1278 de 2002, toda vez que constituye una unidad normativa con las expresiones acusadas como inconstitucionales por el demandante, según lo expuesto en el artículo 6° del Decreto 2067 de 1991.(…) Lo anterior, en la práctica, implica la producción de dos consecuencias jurídicas, a saber: (i) Los títulos que se requieren para el ingreso al servicio educativo estatal, así como para acceder a la carrera administrativa docente, se encuentran previstos en el citado artículo 116 de la Ley 115

de 1994; (ii) La superación del concurso de méritos enunciada en la norma declarada inexequible, no conduce a la inconstitucionalidad de su exigibilidad, pues su obligatoriedad se deriva directamente del artículo 125 del Texto Superior, y de los artículos 8, 18, 21 y 22 del Decreto 1278 de 2002”. Subrayas extra texto.

5. El actor señala también que el decreto enjuiciado al asimilar el título de tecnólogo en educación al de normalista superior pasa sobre preceptos constitucionales. De conformidad con lo analizado en la sentencia anterior, el Gobierno Nacional en el ejercicio de las facultades extraordinarias estaba habilitado para regular los aspectos atinentes al nu