PGN - Documento 201607091833486

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO N° 015 – 2.007 25 – I – 07

CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B”

CONSEJERO PONENTE: Dr. JESÚS MARÍA LEMOS

BUSTAMANTE

E. S. D.

REFERENCIA : PROCESO N° 5427 – 2.005

ACTORA : TERESA DE JESÚS LENIS VALENCIA

DEMANDADO : MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

ACCIÓN : NULIDAD y RESTABLECIMIENTO DERECHO

ASUNTO : VISTA FISCAL 2ª INSTANCIA

I. PRÓLOGO.- En oportunidad legal, procede esta Agencia del Ministerio Público a conceptuar en el referido expediente que, a instancias del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia desestimatoria de sus pretensiones, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el día 2 de julio de 2.004, conoce la Sección Segunda, Subsección “B”, de la máxima corporación de la jurisdicción contencioso administrativa.

II. ANTECEDENTES.- 2. 1. De la declaración de invalidez.

En ejercicio de la acción contenciosa subjetiva de que trata el artículo 85 del C. C. A. (Art. 15 del D. L. 2304 de 1.989), la demandante TERESA DE JESÚS LENIS VALENCIA, por intermedio de apoderado judicial especial, demando del citado 2 organismo judicial el día 26 de octubre de 2.001 (fl. 83), la nulidad

del “decreto 0380 del 27 de junio del año 2001, “por el cual se suprimen unos empleos en la planta de cargos de la Administración Central Municipal”, proferido por el señor Alcalde de Santiago de Cali y su respectiva comunicación”. 2. 2. Del resarcimiento laboral – económico deprecado. A título de restablecimiento del derecho pidió la libelista, dentro de los términos de ley, el reintegro al mismo cargo del que fue retirada por el acto acusado, sin solución de continuidad, con respeto de los derechos de carrera, y el reconocimiento y pago, indexado o actualizado “a la fecha en que se ejecutorié la providencia de todas las sumas correspondientes a sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías y demás emolumentos dejados de percibir, inherentes a su cargo, con efectividad a la fecha de supresión hasta cuando sea reincorporada al servicio, incluyendo el valor de los aumentos salariales que se hubieren decretado con posterioridad a su retiro.” 2. 3. Los hechos. El sustento fáctico de su reclamación en sede judicial se contrajo a manifestar que ingresó al servicio del Municipio de Santiago de Cali el 12 de septiembre de 1.978 para ocupar el cargo de Secretaria – Tesorera, dependiente de la Secretaría de Salud Pública; que en el desempeño de sus labores fue objeto de exaltaciones y reconocimientos; que fue inscrita y escalafonada en carrera administrativa a la luz de las previsiones contenidas en la Ley 27 de 1.992; que el día 29 de junio de 2.001 recibió la comunicación DDA

– 820 por la que se le informaba que su cargo de Secretaria, Código 540, había sido suprimido a partir del 30 de junio de 2.001, en virtud de lo resuelto por el Decreto Municipal N° 380 del 27 de mes y año referidos y en tanto estaba inscrita en carrera 3 administrativa podía optar por el eventual reintegro posterior o por la indemnización; y, que, efectuadas las averiguaciones relacionadas con los antecedentes de la reestructuración administrativa, encontró deficiencias en las calificaciones de los factores laborales, además del desconocimiento de la participación del representante de los empleados en la Comisión de Personal, circunstancias generadoras de violación directa de la ley y de falsa motivación. 2. 4. Preceptiva conculcada y el por qué de la infracción. La interviniente activa consideró desconocidos y violados con el acto administrativo atacado los artículos 6°, 29 y 125 de la Carta Política; 2°, 30, 31, 60 -8 y 9, y 68 de la Ley 443 de 1.998; 48,49, 54 y 56 del Decreto 1568 de 1.998; 1°, 25, 30 y 33 del Decreto 1570 de 1.998, y, de manera general, los Decretos 1572 y 2504 de 1.998, por cuanto al no tener en cuenta al representante de los trabajadores se adoptaron las medidas de reestructuración desconociendo y violando el debido proceso, el principio de legalidad que debe gobernar todas las actuaciones administrativas, pues: “ (…). En lo que constituye un importante avance entre lo dispuesto por la Constitución de 1886 y la Constitución Política de 1991,

trae una nueva declaración, que es entender el debido proceso a las actuaciones administrativas. Venía avanzando nuestra legislación en determinadas reglas cada vez más claras par regir la actuación del Estado y sus agentes, pero el derecho fundamental al debido proceso, de rango constitucional, sólo se entendía aplicable a las actuaciones judiciales, pero la jurisprudencia y la doctrina venían señalando de tiempo atrás que las actuaciones administrativas también existían una serie de normas que constituían garantías para la correcta administración de los servicios del Estado por parte de los gobernantes a sus gobernados y viceversa, el respeto de las normas por parte de los asociados para acudir ante sus autoridades. Hoy, esa relación entre administradores y administrados, 4 gobernantes y gobernados o Estado y asociados tiene el carácter de derecho fundamental al consagrarse la garantía del debido proceso para regir el destino de sus relaciones. No existe entre nosotros entonces ni absolutismos, ni despotismos y el desbordamiento de las competencias por parte de los funcionarios públicos se denomina abuso de autoridad y es causal de nulidad de los actos administrativos…”. Asimismo, enfatizó la parte actora que se incurrió en falsa motivación al proferirse el acto cuestionado con un estudio técnico “que aun cuando por los tiempos de la conjugación de sus verbos parecería que fue hecho después de expedido el acto administrativo, asunto que no es objeto de discusión en esta demanda; tal estudio tiene como razón de su existencia la circunstancia de que el Municipio debe ajustar sus gastos de personal a los topes que le permite la Ley 617 del año 2001. Siendo así las cosas es lógico concluir que el estudio debió recomendar una planta de personal

que ajustada en sus costos, permitiera cumplir con los deberes de la Administración Municipal, en perfecto arreglo con los principios de la función administrativa consagrada en el artículo 209 de la Constitución Política, todo lo anterior indica que como en la Administración Municipal sólo se quedaría el personal para el cual se pudiera gastar el tope permitido por la ley, esos empleados llamados a permanecer tenían que ser necesariamente lo mejor de lo mejor. Siendo así las cosas la única y exclusiva razón para seleccionar el personal que se quedaba se llama EL MÉRITO…”. (fls. 66 a 83). Los folios que anteceden al escrito demandatorio informan de: Poder judicial especial (fl. 1); Decreto N° 0380 de 27 de junio de 2.001 –acto acusado – (fls. 2 a 4); boletín oficial municipal N° 073 de 27 de junio de 2.001 (fl. 5); comunicación (fl. 6); documental de cruce de correspondencia relacionada con la intervención de la Comisión de Personal (fls. 7 a 20); primer informe del Estudio TécnicoEconómico (fls. 21 a 27), nombramientos y actas de posesión (fls. 28 a 35); Resolución N° 554 del 17 de enero de 1.995 inscripción en el escalafón de la Carrera Administrativa (fl. 5 36), evaluaciones del desempeño laboral y exaltaciones por los grandes logros (fls. 37 a 43); certificaciones de estudios y capacitaciones (fls. 44 a 59); Plan de Optimización y Modernización de la Administración Municipal y recibos de nómina salarial (fls. 60

a 65). La demanda se admitió por proveído del 6 de febrero de 2.002. (fls. 88-89).

III. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA DEMANDADA.- El ente territorial MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, por intermedio de apoderado ocurrió al proceso en defensa de la legalidad de su actuación, se opuso respecto de las peticiones expuestas por la parte actora, manifestando, sustancialmente, que con la expedición del acto censurado no se infringió ninguna norma constitucional ni legal, pues se avino a las disposiciones de competencia y oportunidad; la motivación que sustentó la supresión del empleo de la accionante y otras decisiones de similar índole, fue la reestructuración de la planta global municipal, basada, así mismo, en estudios técnicos y cuyo objetivo era el de optimizar los servicios y racionalizar gastos; y, que se le respetó el derecho de opción de indemnización o de reubicación, eligiendo la actora la primera de ellas, por lo cual no tiene derecho a la prosperidad de las solicitudes impetradas.

En lo particular adujo en su defensa: “(…). No tienen entonces fundamento legal alguno, los argumentos del apoderado pues la comisión no ejerce sus funciones de oficio sino a solicitud de parte, y aún encontrándose constituida, ésta conocía en primera instancia de las 6 reclamaciones de los servidores públicos, siendo la segunda instancia la Comisión Seccional del Servicio Civil, la cual había desaparecido del ámbito jurídico por sentencia C – 372 de 1999, que declaró inexequible su creación, lo cual dejaba un vacío en el procedimiento administrativo que

no permitía tener una decisión de fondo convirtiéndose en un procedimiento inconcluso. Ahora bien, el hecho que la Comisión de Personal se halle instalada o no, ello no es causal de nulidad del acto administrativo mediante el cual tuvo lugar la supresión del empleo, por cuanto las únicas exigencias para expedir el Acto Administrativo de supresión de empleos son el estudio técnico previo, el cual se efectuó y la motivación expresa en el acto que también se realizó. Además, se debe resaltar que dicho acto no es objeto de recursos, siendo la Comisión de Personal una instancia administrativa exógena a la formación del acto administrativo. Sobre el tema cabe resaltar que, si bien es cierto la Corte Constitucional mediante Sentencia C – 372 de 1999, declaró inexequibles las normas relacionadas con la composición de la Comisión Nacional del Servicio Civil (art. 44 ley 443 de 1998) y con la existencia de las Comisiones Departamentales del Servicio Civil y del Distrito Capital, ello,, sin embargo no significa que si el empleado estuviera desprovisto de los restantes mecanismos a que alude la norma, esto es, acudir a la vía jurisdiccional si el empleado no estaba conforme a la decisión de incorporación dentro del término de caducidad de la acción pertinente…”. En punto a la presunta infracción del principio de legalidad, también adujo en su defensa: “(…). En los entes territoriales del orden municipal, las mismas administraciones deben dar aplicación al principio de legalidad y esto lo consiguen a través de los mecanismos que la misma Ley le da. En este caso es la Ley 136 de 1993: “…”. El artículo 91 de la

misma Ley expresa que: “…”. Es así como el Alcalde de Santiago de Cali, expidió el Decreto Municipal 0380 de junio 27 de 2001, dando cumplimiento a la Constitución y a la Ley en lo que a sus deberes y obligaciones se refiere…De lo anterior debo manifestar que la atribución constitucional y legal para suprimir empleos en el Municipio está radicada en el Alcalde Municipal, funcionario que conforme a sus facultades expidió debidamente motivado el acto administrativo acusado”. Y, frente a la 7 falsa motivación alegó que: “El proceso de valoración o de evaluación de las personas que debían continuar en la administración así como las que debían de salir se efectuó conforme a los parámetros que el Departamento Administrativo de la Función Pública determinó en el documento: “Guía de Reestructuración de Entidades Territoriales”. Es necesario resaltar que el D. A. F. P., hace parte del Sistema Nacional de Carrera Administrativa y de la Función Pública integrado en el artículo 43 de la Ley 443 de 1.998, teniendo entre sus funciones las de fijar las políticas de administración pública en materia de organización administrativa del Estado en su estructura y planta de personal, propendiendo particularmente por la funcionalidad y modernización de las estructuras administrativas y la gestión del recurso humano en lo referente entre otras cosas a la vinculación y retiro de los servidores públicos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 443 de 1998…”. Propuso las excepciones de carencia de derecho sustancial y la innominada. (fls.97 a 108).

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.- 4. 1. La parte demandante alegó de conclusión ratificando los

planteamientos expuestos en el escrito demandatorio y enfatizando en la prosperidad de las pretensiones anulatoria y reivindicatoria patrimonial. (fls. 119 a 126). 4. 2. De igual modo, el extremo pasivo adujo sus argumentos de defensa, como se detalla a las páginas 140 a 145.

V. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.-

8 Fechada al 2 de julio de 2.004, denegatoria de las pretensiones expuestas y adoptada unánimemente por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se sustentó, básicamente, en el siguiente razonamiento: Frente a la excepción de carencia de derecho sustancial “como ella en sí misma no constituye verdadera defensa que deba ser definida previamente, será considerada al resolver sobre el mérito de la pretensión”; y, en cuanto al fondo controvertido, estimó el A Quo: “(…), observa la Sala que los reparos que la demandante expone con respecto al estudio técnico adelantado y que sirvió de fundamento para dictar el Decreto 0380/01, tampoco alcanzan a erigirse en causales de nulidad en virtud de que no fueron soportados mediante prueba alguna. Se entiende que los estudios técnicos a los cuales se refiere la ley, constituyen el marco general de la organización administrativa cubriendo todos los aspectos de formación, personal, estructura orgánica, forma de vinculación, jerarquización, clases de empleo, etc. El legislador presume que la modificación de la planta de personal, se ha adelantado por necesidades del servicio o por modernización del ente, circunstancias que son sustentadas en el estudio técnico previamente realizado, y esta

presunción no fue desvirtuada por la demandante. De otra parte se anota que conforme con el artículo 39 de la Ley 443 de 1998: “…”, no reposa en el expediente prueba que verifique que la señora TERESA DE JESÚS LENIS VALENCIA, al ser desvinculada de la Administración Central se le dio opción de escoger entre la incorporación o la indemnización. No obstante se deduce que el accionante opto por esta ultima (sic) tal y como se manifiesta en los hechos de la presente demanda. Por lo tanto, las exigencias legales fueron en consideración de esta Sala de Decisión, plenamente cumplidas sin que pueda afirmarse la existencia de alguna causal que afecte la validez de los actos acusados…”: (fls. 147 a 155). 9

VI. RECURSO DE APELACIÓN.- La alzada se sustentó por la parte actora impugnante manifestando

(i) su inconformidad con el argumento que no era indispensable la existencia y el pronunciamiento previo de la Comisión de Personal a la expedición del acto acusado; por lo que se incurrió en violación de la legalidad; (ii) consignando la arbitrariedad en la escogencia de los servidores que quedaron o subsistieron dentro de la nómina municipal; y, (iii) reiterando que el estudio técnico no contempló los factores de evaluación de desempeño y de conducta laboral, por lo que el acto enjuiciado se dicto con falsa motivación. (fls. 161 a 166).

VII. OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.- 7. 1. Criterio genérico.

Es consideración de esta Procuraduría Delegada que la recurrida sentencia debe ser CONFIRMADA, en atención a las siguientes

razones: 7. 2. Cuestión debatida . En esta etapa procesal, cuya demarcación, formalmente, la limita el contenido del recurso de apelación interpuesto, estima la Agencia Fiscal que el sub examine se contrae a determinar sí la desvinculación, por supresión del cargo, a consecuencia de la reestructuración administrativa, del empleo de Secretaria 10 dependiente de la Secretaría de Salud Municipal de Cali, que fungía la accionante TERESA DE JESÚS LENIS VALENCIA se ajustó al ordenamiento jurídico o, por el contrario, como lo expone la censora, el acto de la reestructuración incurrió en ilegalidad propiamente dicha por desconocimiento de las funciones de la Comisión de Personal; en arbitrariedad al escoger, para la reincorporación, personal sin mérito; y, en falsa motivación. 7. 3. Análisis. 7. 3. 1. Existencia y labor de la Comisión de Personal. Por metodología se dirá en principio que se demandó, entre otros, la nulidad total del Decreto 0380 de junio 27 de 2.001, de la Alcaldía de Santiago de Cali: “POR EL CUAL SE SUPRIMEN UNOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL” (fls. 2 a 4), esto es, que por la circunstancia temporal del acto y la condición laboral administrativa de aforada relativa de la parte activa le cobijaba la regulación contemplada, para los inscritos en el sistema técnico de administración de personal, la Ley 443 de 1.998 –junio 11 -: “Por la cual se expiden

normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”. Pues bien, como se sabe, tal preceptiva se sometió a examen de constitucionalidad, una de cuyas sentencias, la C – 372 de 1.99926 de mayo – M. P. Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO, se ocupó de revisar las normas relacionadas con la composición y las funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de las Comisiones Departamentales del Servicio Civil y del Distrito Capital, entre otras disposiciones (arts. 45 y 48 y 11 concordantes), siendo declaradas inconstitucionales varios apartes, cuyas decisiones con el presente asunto se ponen de presente con el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 3 de septiembre de 1.999 –Rad. 1213 -, con ponencia del ex consejero

CÉSAR HOYOS SALAZAR.

“(…) “2. 2. Respecto de los derechos de los empleados de carrera cuyos cargos sean suprimidos y que opten por la incorporación, en los términos del artículo 39 de la Ley 443 de 1998, y de los empleados de carrera que se encuentren en condición de desplazados por razones de violencia, según el artículo 71 de la misma: “2. 2. 1. Mientras se establece la nueva Comisión Nacional del Servicio Civil, corresponde velar por el derecho a la incorporación o reubicación de estos empleados, a las comisiones de personal de las entidades. “Además, el Departamento Administrativo de la Función Pública puede, con base en la información que posee sobre vacantes en las entidades, solicitar a los respectivos nominadores la

incorporación o reubicación de los mencionados empleados, en aplicación del principio de colaboración de las autoridades administrativas para el cumplimiento de los fines del Estado, consignado en el artículo 209 de la Constitución y la función de orientación a los organismos de la rama ejecutiva sobre la gestión pública, atribuida por el numeral 11 del artículo 56 de la citada ley. “2. 2. 2. El término de los seis meses siguientes a la supresión del cargo, para la incorporación en un empleo de carrera equivalente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 443 de 1.998, existe independientemente de que haya pronunciamiento o no de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que ordene la incorporación, razón por la cual sigue vigente. “(…)”. La lectura y el entendimiento que hace esta dependencia del Ministerio Público de lo precedente es: 12 .- La facultad de reestructuración administrativa que equivale, entre otras medidas, a supresión de cargos, no desapareció, como tampoco se sometió a condicionamientos, como los planteados por el impugnante, sencillamente porque en el caso de los entes territoriales locales –como el de autos-, la prerrogativa viene dada por la Constitución, en cabeza de su representante legal, a través del mandato contenido en el artículo 315 – 4 y 7, y por la ley en dos de sus disposiciones, la del artículo 91 de la 136 de 1.994 y la del 19 y armónicos de la Ley de Saneamiento Fiscal -617 de 2.000, octubre 6 -. .- El hecho de no haber tenido en cuenta la comisión de personal no

deja de ser una triste y lamentable actitud de descortesía, pero en nada incide en la validez o invalidez de los actos que en esta materia se dicten. Luego, si persiste en cabeza del Alcalde Municipal, de manera consensuada y concurrente con el Concejo, la obligación o el atributo de renovación de la respectiva planta de personal, no ha lugar a un consentimiento y concertación con la comisión de personal, pues como bien lo anota el municipio llamado a controversia, ésta es una circunstancia exógena que no ataca la validez de los actos dictados. Por ende, este cargo no tiene vocación de prosperidad. 7. 3. 2. Arbitrariedad en la escogencia de los nuevos funcionarios. No deja de ser una simple imputación subjetiva del censor, huérfana de respaldo probatorio y por tal motivo aquél incumplió el deber procesal de acreditar su aserto como lo ordena el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en tanto de conformidad con el 13 acto atacado se suprimieron los cargos de Secretario Código 540 en número total, reunidos los grados 1, 2 y 3, de 249, sin que en el expediente esté demostrado que subsistían las mismas funciones, en cargos equivalentes, y, por lo mismo, resulta imposible hacer el ejercicio de comparación que, en caso positivo, habilitaría la prosperidad de la reclamación. Igualmente resulta imposible el razonamiento de igualdad con un presunto par cunado no se menciona, no se identifica el presunto beneficiario de la reincorporación en el cargo o empleo que desempeñaba la parte actora.

Acerca de la legitimidad y legalidad de la provisión de plazas en casos de existencia de vacantes, la jurisprudencia del Consejo de

Estado al punto ha dicho: “(…) “La decisión de incorporar a un empleado en la planta de cargos que resulta de una supresión puede ocurrir por una de dos circunstancias: a) Porque el empleo específico no fue suprimido por el acto general; o b) Porque habiendo sido efectivamente suprimido por el acto general, en la nueva planta de personal subsisten igual o mayor número de cargos con funciones equivalentes, lo que permite al nominador deducir que el empleado que desempeñaba otro empleo, puede cumplir adecuadamente la tarea que los manuales asignan al nuevo cargo. “Por ello la administración podría negar la incorporación inmediata a los cargos de la nueva planta, con el consecuente retiro, cuando se den las circunstancias antes referidas: Que el cargo fue realmente suprimido de la planta de personal, lo que se entiende cuando su número se reduce; y que no existen en la nueva planta mayor 14 número de cargos con funciones equivalentes a las que cumplía el empleado retirado.“(…)”. 1

Así las cosas no está probada la alegada arbitrariedad en la presunta designación de los nuevos funcionarios en el empleo que fungía la señora TERESA DE JESÚS LENIS VALENCIA, y, si se hubiera presentado el o los nombramientos, habría de entenderse que se requería para la buena marcha de la administración pública, en cuanto la dinámica del servicio público así lo demandaba, más le obligaba a la actora demostrar que su reemplazo no reunía los

requisitos legales para ser nombrada. Es procedente manifestar que la jurisprudencia es prolija en determinar que la desvinculación de un servidor público es legalmente aceptable cuando la causa sea la supresión de los empleos, por cuanto ésta se adopta en aras del buen servicio público general, al cual debe someterse el interés particular del empleado. Igualmente que tratándose de servidor inscrito en carrera administrativa, su fuero de estabilidad no es absoluto, porque mediando la anterior circunstancia y la debida indemnización (hallada por la Corte Constitucional como legítima), como en el caso presente, en el que la demandante hace alusión a ella y se encuentra debidamente acreditada (fls. 192 - 193), la pretensión de reintegro no tiene vocación de prosperidad, salvo que se pruebe que realmente se afectó el servicio público que, como se ha venido de manifestar, en este plenario no se demostró fehacientemente. 7. 3. 3. La falsa motivación del acto acusado por no contemplar el estudio técnico soporte los factores de desempeño y conducta laboral. 1 Sentencia de 9 de noviembre de 2.006. Exp. 2191/2005. M. P. Ana M. Olaya F. 15 También acá el yerro de la accionante recae en la deficitaria probanza que arrimó para acreditar su exposición. En efecto, en su escrito demandatorio adujo como prueba el aporte de: “(…). 6. Fotocopia de los apartes pertinentes del estudio técnico realizado por el Municipio de Santiago de Cali, donde se comprueba que

las únicas variables para evaluar el personal y determinar su permanencia fueron las calidades académicas y la experiencia…” (fl. 82), la cual obra a los folios 21 a 27, más, sin embargo, de tal extracto no es posible inferir la falsa motivación que se predica, porque el Estudio Técnico es mucho más extenso, como se colige de leer los números de las páginas, por lo que comprende hartos aspectos de administración pública que en él no aparecen, que se hacen necesarios compendiarlos para tener un entendimiento global del contenido del estudio técnico. El anexo es una mínima parte del estudio y de él no se pueden deducir consecuencias anulatorias cuando su gran contenido se desconoce, aparte de que se produjo conforme a las orientaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, cuestión que pone de presente, salvo prueba en contrario, que cubrió todos los ítems que para casos de reestructuración contempla la teoría de la administración pública.

VIII. CONCLUSIÓN.- Por lo expuesto, se solicita de la Sala de Conocimiento fallo de segunda instancia CONFIRMATORIO DE LA DECISIÓN NEGATIVA de la recurrida sentencia, haciendo la aclaración esta Agencia del Ministerio Público que a ello ha lugar en aras de la 16 prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y en cuanto se observó que si bien es cierto se cuestionó la totalidad del acto general de reestructuración, se vino a individualizar la pretensión de la demandante con la petición de nulidad de la comunicación que le informó la supresión de su empleo de Secretaria, Código 540.

De los Consejeros, cordialmente,

GERMÁN BUITRAGO FORERO

Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado

GBF/MDC