PGN - Documento 201607091833492

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 287-06

03-11-06

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: TARCISIO CÁCERES TORO

E. S. D.

REFERENCIA EXPEDIENTE No. 41001-23-31-000-8742-01

No. Interno 1594-2001

ACTOR ALÍ CABRERA GUTIERREZ

DEMANDADO LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL-CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA

ACCIÓN NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO ASUNTO APELACIÓN SENTENCIA Teniendo en cuenta que la prueba documental obrante a folios 149 a 163, allegada después de haberse decretado la nulidad, no modifica el análisis jurídico que esta Agencia Fiscal efectuó en el concepto No. 95 del 26 de marzo de 2004, pues no aporta ningún elemento de juicio diferente que permita variar la solicitud formulada, ya que se limita a relacionar el listado de servidores de la Rama Judicial de la Seccional de Huila que se acogieron al régimen salarial y prestacional contenido en los Decretos 57 y 110 de 1993, entre ellos el demandante, a continuación reiteramos nuestra posición sobre el tema: 2

1. ANTECEDENTES El demandante en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, formuló demanda ante el Tribunal Administrativo del Huila con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones 5866 del 29 de

diciembre de 1996, 1519 de 4 de octubre de 1995 y el Oficio del 23 de agosto de 1995. Actos administrativos que fueron proferidos por la Dirección Seccional de la Administración Judicial de Neiva y que a su turno determinaron negar el reconocimiento y pago de los intereses de plazo y mora causados por la no cancelación oportuna de las cesantías reconocidas y pagadas al actor. Subsidiariamente, solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos: La Resolución 5866 del 29 de diciembre de 1995, 1519 de 4 de octubre de 1995 y el contenido del Oficio del 23 de agosto de 1995, dictados por la Dirección Nacional y la Dirección Seccional de la Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales negaron el pago de intereses a las cesantías. Como consecuencia de lo anterior, el apoderado del accionante solicitó se ordene a la Nación Ministerio de Justicia y del Derecho Consejo Superior de la Judicatura Dirección Nacional de Administración Judicial reconocer y pagar los intereses de plazo y moratorios causados sobre el valor de las cesantías reconocidas a la demandante. Declarar que las instituciones demandadas están obligadas a dar cumplimiento a la sentencia respectiva en el término establecido en el artículo 177 del C.C.A. y prevenirlas del pago de los intereses sobre el valor de la condena como lo ordena el artículo 177 del C.C.A. 3 1.1 HECHOS El accionante manifiesta que está vinculado a la Rama Judicial desde el 19 de julio de 1972 y en la actualidad se encuentra desempeñando el

cargo de Magistrado de la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. Señala que optó por el régimen salarial y prestacional contemplado en los Decretos 57 y 110 de 1993 y el pago de cesantías se acogió a lo dispuesto por el Decreto 3118 de 1968 y la Ley 33 de 1985, normas respecto de las cuales debe liquidarse y pagarse el auxilio de cesantía. La Dirección Seccional de la Administración Judicial con sede en Neiva, le liquidó al demandante las cesantías causadas hasta el 31 de diciembre de 1992, mediante la Resolución 768 de 29 de octubre de 1993, reconociéndole como valor neto la suma de $13.720.779. Manifiesta que el pago de las cesantías liquidadas a 31 de diciembre de 1992 se hizo sólo hasta noviembre de 1993, en consecuencia, se generaron intereses de plazo y de mora sobre el valor de la cesantía que no fueron satisfechos a favor del demandante. 1.2. NORMAS VIOLADAS Citó como normas violadas los artículos 1º, 2º, 13, 15 y 53 de la Constitución Política; Decreto 57 y 110 de 1993; artículos 49, 50 y 51 del Decreto Extraordinario 3118 de 1968 y 2º del Decreto 3135 de 1968. 4 El demandante argumentó la pretensión instaurada señalando que la entidad accionada no canceló los intereses de plazo y mora cuya causación obedece, en punto de interés de mora, al criterio de sanción legal, en virtud del no pago oportuno de la referida prestación social, a

cargo del empleador estatal o particular y en lo que toca con los intereses de plazo, su razón de ser estriba en evitar la desmejora del trabajador en lo que atañe con tal prestación social. Afirma que las normas salariales y prestacionales del sector público deben aplicarse siempre a favor de los servidores según lo establece la Constitución Política, que entre otros principios consagra el de favorabilidad y el de la irrenunciabilidad de los derechos.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El apoderado de la NaciónRama Judicialpor su parte se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con base en el Decreto 110 de 1993 expidió el Acuerdo 48 de 16 de septiembre de 1993, regulación última que estableció la obligación a la entidad de liquidar las cesantías hasta el 31 de diciembre de 1992 a funcionarios y empleados de la Rama Judicial que hubiesen optado al régimen salarial y prestacional previsto en el Decreto 057 de 1993 o que ingresaran a partir del 1º de enero de 1993.

Indica que al tenor de lo dispuesto por el artículo 4º del Acuerdo 48, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público consignaría las cesantías parciales liquidadas bajo el régimen consagrado en el Decreto 57 de 1992, atendiendo las instrucciones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, según lo haya indicado el funcionario o empleado, y liquidaría el auxilio de cesantía y lo 5 depositaría en el Fondo Nacional del Ahorro o en Sociedad Privada en la cuenta de cada empelado.

Señala que antes de la vigencia de la Ley 33 de 1985, los empleados y funcionarios de la Rama Judicial para efectos de la cesantía se regían por el Decreto 1726 de 20 de agosto de 1973 que consagraba la retroactividad y fue a estos servidores que el Decreto 57 de 1997 les ofreció la opción de continuar en ese régimen o acogerse al nuevo que eliminaba la retroactividad y los que escogieron la nueva regulación se les liquidó las cesantías retroactivamente hasta el 31 de diciembre de 1992, con base en la remuneración que se estableció para el año de 1993 y de ahí en adelante se dispuso que el reconocimiento se haría cada año al tenor de lo dispuesto por el Decreto 3118 de 1968 y en la Ley 33 de 1985, liquidando intereses del valor estimado. En consecuencia, considera que no le asiste razón al demandante, pues no existe norma legal que consagre el derecho a reconocer el pago de intereses por las cesantías que venían percibiendo atendiendo los privilegios que se consagraron para el régimen de retroactividad. El apoderado del Ministerio de Justicia, propuso las excepción de indebida legitimación por pasiva, porque si bien para el presente caso se debe demandar a la Nación, su representación esta en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2652 de 1991, ya que es este, el ente encargado de adelantar las actividades administrativas de la Rama Judicial y de ejecutar su presupuesto, por lo tanto, si bien con anterioridad esta función la cumplía el Ministerio de Justicia, en la actualidad no le corresponde.

3. FALLO DE INSTANCIA El Tribunal Administrativo del Huila encontró probada la excepción por indebida legitimación por pasiva, por cuanto, atendiendo los hechos del libelo demandatario, la llamada a responder la demanda es la Nación6

Rama Judicial representada legalmente por la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, conforme lo dispone el numeral 8º del artículo 99 de la Ley 270 de 1996, no obstante, como este organismo se hizo parte en el proceso dentro de los términos legales, hizo el estudio de fondo. Así mismo, a pesar de que la entidad accionada no propuso la excepción por el no agotamiento de la vía gubernativa, hizo el análisis respectivo, declarándola no probada, porque consideró que si bien el actor no interpuso recurso de apelación de la resolución inicial que liquidó la cesantía, por tratarse de una prestación social irrenunciable e imprescriptible no tienen límites temporales o formales y su titular puede presentar la solicitud en cualquier tiempo para luego acudir al Contencioso Administrativo. Sobre el asunto de fondo, negó el reconocimiento de los intereses de plazo de las cesantías, pues teniendo en cuenta que el demandante se vinculó a la Rama Judicial desde el 19 de julio de 1972, no le es aplicable las normas del Decreto 3118 de 1968 sino el Decreto 1726 de 20 de agosto de 1973, que estableció la retrospectividad de las cesantías las que no se liquidan con intereses; accedió a la pretensión atinente a los intereses de mora del periodo comprendido entre el 1º de abril al 8 de diciembre de 1993, ya que con fundamento en los

Decretos 90 de 1992 y 57 de 1993, las cesantías de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, a partir del año de 1993 serían administradas por los fondos públicos y privados que autorizó la Ley 50 de 1990, por lo tanto, dichas sumas tienen que devengar los correspondientes intereses. Concluye que, como la entidad accionada solo consignó en el Fondo de Cesantías Horizonte el 9 de diciembre de 1993 la suma liquidada a diciembre de 1992 (folio 136), este tiene derecho a que se le reconozca los intereses de mora, puesto que no se hizo dentro de los primeros meses del respectivo año como lo dispone la Ley 50 de 1990 y aplicó por analogía el porcentaje que establece el Decreto 3118 de 7 1968 a partir del 1º de abril de 1993 hasta el día en que fueron consignadas las cesantías del accionante, esto es el 9 de diciembre de 1999.

4. RECURSO DE APELACIÓN El apoderado de la entidad accionada sustentó la impugnación aduciendo que no existe norma jurídica que ordene la liquidación y cancelación de intereses moratorios sobre la suma correspondiente al valor de la liquidación de las cesantías a 31 de diciembre de 1992, efectuada al tenor de lo consagrado por el Decreto 057 de 1993, por lo tanto, no se puede afirmar que la Administración Judicial haya incurrido en mora en el pago de esta prestación.

Señala que de conformidad con el artículo 12 del decreto 057 de 1993, modificado por el Decreto 110 del 18 de enero de 1993, el Gobierno

Nacional ordenó a los servidores que tomaran dicha opción, les liquidara con base en la nueva remuneración y este último también estableció que la prestación se liquidaría con fundamento en el Decreto 3118 de 1968 y la Ley 33 de 1985. Manifiesta que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo 048 el 16 de septiembre de 1993, por medio del cual reglamentó la forma como se debía realizar la liquidación de las cesantías de los servidores que optaron por el nuevo régimen salarial y prestacional, advirtiendo que aquel que no estuviera de acuerdo con el estimativo podía interponer los recursos de ley, por ende, al accionante mediante la Resolución 768 se le liquidó y reconoció la cesantía causada hasta el 31 de diciembre de 1992, con el sueldo que devengaba en el año de 1993, por todo el tiempo laborado, decisión que le fue notificada haciéndole saber que tenía derecho a instaurar los recursos de reposición o apelación, no obstante, no manifestó ninguna inconformidad en ese momento. 8

5. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DELEGADA El problema jurídico se circunscribe en determinar, si el accionante tiene derecho o no al reconocimiento de los intereses de plazo y mora ocasionados por el retardo en que pudo incurrir la entidad demandada, en consignar en el Fondo Privado el valor de las cesantías que le liquidaron a 31 de diciembre de 1992, por haber optado por el régimen salarial y prestacional contemplado en el Decreto 57 de 1993.

Atendiendo que lo que pretende el actor en primer lugar, es el

reconocimiento de los intereses de plazo a los que tenía derecho por los meses de enero, febrero y marzo de 1993, tasados en un valor equivalente al 1% y en segundo lugar los de mora por los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 1993 en 2%, estima este Despacho necesario precisar lo siguiente: Del petitum de la demanda se desprende que el accionante no está solicitando el reconocimiento de los intereses que derivan del valor de la cesantía que le fue liquidada a 31 de diciembre de 1992 correspondientes al año 1992, sino aquellos que según el demandante, se generaron por el tiempo que se tomó la entidad para consignar las cesantías, esto atendiendo que optó por el régimen salarial y prestacional consagrado en el Decreto 57 de 1993. En consecuencia, no comparte esta Delegada el análisis que hace el A–quo cuando señala que este no tiene derecho a que se le reconozcan los intereses de plazo sobre la suma estimada a esa fecha porque su regulación hacía parte de un sistema de retroactividad que no contemplaba tal beneficio. Si bien se comparte la decisión de que no tiene derecho a los intereses de plazo, a esta conclusión se ha de llegar pero por otras razones, como se explicará más adelante. 9 Por otra parte, es cierto y en eso le asiste razón al demandante, cuando afirma que por haberse acogido al Decreto 57 de 1993, tenía derecho a partir del 1º de enero de 1993 a que se le liquidaran los intereses que derivan de la prestación, que para cada caso varía atendiendo si escogió un fondo público o privado, así si revisamos lo

consagrado por el artículo 33 del Decreto 3118 de 1968, tenemos que el Fondo Nacional del Ahorro debe liquidar y abonar los intereses del 9% anual sobre las cantidades que a 31 de diciembre de cada año figuren a favor de cada empleado, porcentaje que fue elevado al 12% mediante la Ley 41 de 1975 y a partir de 1998 con la Ley 432 se estableció un interés equivalente al sesenta porciento de la variación anual del índice de Precios al Consumidor, I.P.C. y al tenor de lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 33 de 1985, quienes hayan ingresado a partir del 1º de enero de 1985 a la Rama Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Registraduría Nacional del Estado Civil y las Notarías, se regirán por las normas del Decreto 3118 de 1968 y las que lo adicionen o reglamenten, es decir que, con estas normas sí se previó el pago de intereses sobre el valor anual de las cesantías. Ahora bien, también es verdad que la entidad accionada estaba en la obligación de liquidar y consignar las cesantías en el Fondo privado que eligió el actor, no obstante y si bien la operación la realizó solo hasta el 9 de diciembre de 1993, no existía norma legal que consagrara el plazo máximo de consignación y que fijara intereses durante el plazo y de carácter moratorios. De suyo, de la lectura del artículo 2º del Decreto 57 de 1993 se advierte que los interesados tenían plazo para acogerse a su regulación

hasta el 28 de febrero de 1993, se podría interpretar entonces que es a partir de ese momento que el ente demandado debía iniciar la liquidación de las cesantías y cumplir con la obligación de consignarlas en la nueva cuenta del funcionario, pero en todo caso el legislador no estableció un plazo para llevar a cabo la liquidación y correspondiente consignación de cesantías. Recuérdese que las cesantías se liquidaban 10 a 31 de diciembre de 1992, pero con el salario de 1993, como hecho extraordinario en virtud del cambio de régimen salarial. Se puede decir, que por no haberse cumplido con el depósito de los recursos en la entidad financiera una vez se ejerció el derecho de opción, que dicho sea de paso, se desconoce cuando se dio esto en el presente caso, el demandante dejó de percibir los intereses a que tenía derecho de parte del respectivo fondo, no obstante, no existe un supuesto normativo que nos permita colegir que esos intereses deban ser asumidos por el organismo accionado como tampoco los de mora que reclama. Sumado a lo anterior, cuando se alega la nulidad del acto que negó el pago de intereses de plazo y de mora es necesario citar la disposición que consagra el derecho que se pretende y en este caso el actor en el capítulo de disposiciones violadas y concepto de violación no relacionó ningún precepto que lo contenga, se limitó en señalar en forma genérica los Decretos 57 y 110 de 1993, los artículos 49, 50 y 51 del Decreto Extraordinario 3118 de 1968 y 2º del Decreto 3135 de 1968, disposiciones que no regulan ningún plazo, ni intereses moratorios,

requisito indispensable para poder estudiar y definir si es procedente o no reconocer lo nulidad y restablecimiento que se demanda. Criterio que fue expuesto por el H. Consejo de Estado en la sentencia del 18 de noviembre de 2003, en el Expediente I-j0039, con ponencia del Magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda, donde se consideró: “Han considerado la doctrina universal y la jurisprudencia patria, con fundamento en el ordenamiento positivo, que las sentencias deben ser consonantes, es decir, circunscribirse a lo que constituye el objeto litigioso que se le plantea al juzgador, quien debe, por consiguiente, resolver de modo cabal los asuntos que se le hayan planteado. En otras palabras: Debe decidir las súplicas elevadas en el escrito introductorio del proceso así como las excepciones o defensas que se hayan propuesto, aduciendo los argumentos racionales y jurídicos que sean 11 pertinentes, de modo que la determinación que se adopte sea la solución al conflicto de intereses surgido entre las partes. Esto significa que el límite planteado por los litigantes debe ser respetado por el juzgador, todo en aras del debido proceso, cuya regulación se encuentra contenida en mandatos de orden público, y también del derecho de defensa, a fin de que la actuación judicial sea, como es menester en todo Estado de Derecho, instrumento eficaz para la realización de los derechos consagrados en los preceptos sustantivos, regla ésta de oro que se consagró en la ley 105 de 1931 y luego se retomó como fundamental criterio interpretativo de las normas de procedimiento en el artículo 4º del actual

Código de Procedimiento Civil. “ Ahora bien, surge la inquietud entonces de cuál sería el mecanismo legal para que el demandante pueda reclamar el reconocimiento tanto de los intereses de plazo y mora por haberse tardado supuestamente la administración en consignarle las cesantías. Pues bien, a nivel jurisprudencial la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, en la sentencia del 2 de noviembre de 2000, en el Exp. 781 de 1998, actor María Odalinda López de Gómez, con ponencia del Magistrado Tarcisio Cáceres, consideró que si bien no se podía acceder a los intereses de mora, sí era viable reconocer la indexación de la cesantía reconocida y pagada por el lapso correspondiente a la consignación tardía, cuando el demandante así lo solicita: “De los intereses por la mora en la consignación de las cesantías. Se reclamaron a partir de dic. 31 de 1992 y hasta la fecha señalada en la demanda por la consignación tardía del valor de las cesantías de los funcionarios judiciales que se acogieron al nuevo sistema salarial - prestacional del Dcto. L. 57 de 1993. El A-quo acertadamente señaló que la legislación aplicable sólo autoriza el pago de intereses a partir del primero de enero del año correspondiente; por lo tanto, la reclamación de intereses por el lapso señalado no tiene asidero en derecho y de ahí que no prospere esta pretensión. 12 De la indexación de la cesantía reconocida y pagada por el lapso correspondiente a la consignación

tardía. Subsidiariamente se reclamó la indexación de la cesantía a que se ha hecho referencia desde su fecha de exigibilidad hasta su consignación tardía; esta pretensión fue acogida en el fallo apelado. En efecto, el A-quo accedió a ella al considerar que es el instrumento jurídico financiero eficaz para lograr el mantenimiento del poder adquisitivo cuando no se cancelan oportunamente. La Sala considera acertado este criterio, más con apoyo en la Sentencia T-.098 de marzo 3 de 1997 de la H. Corte Constitucional que sustenta el derecho de recibir una prestación social con un valor actualizado y que en lo pertinente dice: “… los demandantes no sólo tienen el derecho a recibir de forma completa y efectiva el pago de sus dineros que por concepto de cesantía parcial les adeuda el Estado, sino que además, dicha suma debe representar un valor actual, que sin reparar en el sistema jurídico que se encuentre vigente en el momento, afecte la capacidad económica y el poder adquisitivo a que tienen derecho... ... Al respecto la Corte Constitucional señaló lo siguiente: ‘De ninguna manera las reformas del sistema jurídico en materia laboral pueden llevar consigo la pérdida o la relativización del derecho que tiene todo trabajador, por el hecho de serlo, con independencia del régimen laboral que lo cobije, al pago puntual y al reajuste periódico de salarios, pensiones y prestaciones sociales, ni al justo e inalienable derecho de reclamar que se le reconozcan intereses moratorios, acordes con la tasa real vigente en el mercado, cuando el patrono -oficial o privado-, la respectiva entidad de seguridad social o el

fondo de pensiones y cesantías al que pertenece, según el caso, incurre en mora en el pago o cubrimiento de tales factores. Las trabas burocráticas, el descuido y la inmoralidad son inadmisibles, frente a los postulados constitucionales, como posibles excusas para el retraso, mientras que la insolvencia o la iliquidez temporal del patrono o los problemas presupuestales, en los casos de entidades públicas, pueden constituir explicaciones de aquél pero jamás justificación para que sean los trabajadores quienes asuman sus costos bajo la forma de la pérdida del poder adquisitivo de la 13 moneda.’ “ (Gaceta de la Corte Constitucional, Tomo 3, marzo de 1997, página 778). En cuanto al período de esa indexación el A-quo lo fijó por el tiempo que va desde abril 1º de 1993 (fecha razonable contada a partir de Feb. 28/93 –cuando venció el plazo para acogerse al nuevo sistema salarial y prestacional, que conllevaba la liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías acumuladas hasta dic. 30/92 y los 15 días que da el C.C.A. para resolver peticiones en interés particular, a pesar que la Administración sólo reconoció la cesantía en julio 9/93) hasta el día anterior a la fecha de su pago efectivo (Nov. 25/93, pues al día siguiente se hizo su pago, como lo reconoce la Parte Demandante). Históricamente citó el plazo de gracia de 90 días para pago de prestaciones a trabajadores oficiales que contempló el Decreto 797 de 1949 y los plazos para

reconocimiento y pago de prestaciones de servidores públicos consagrados en los arts. 1 y 2 de la Ley 244 de 1995 (posterior a los hechos), pero al final se inclinó, aplicando el criterio de la razonabilidad, por el que acogió. Esta situación ya fue acogida en la Sentencia de junio 15 del 2000 del Exp. No. 643-98 de la Subsección “B” de la Sección 2ª del Consejo de Estado con ponencia del Dr. Silvio Escudero, la cual se comparte. De la indexación o ajuste al Valor correspondiente. Veamos la situación respecto de esta pretensión El A-quo lo decretó (por el lapso de la mora en la cancelación de las cesantías) es decir, por el período de abril 1º a nov. 24 de 1993. En este caso se partió del valor de las cesantías ($15958.384,12) al cual se aplicó la fórmula tradicional que arrojó un valor ajustado ($17474.085,14). Y al restar del valor ajustado el valor pagado resulta una diferencia de $1515.701,02 que corresponde al ajuste al valor de la cesantía por el tiempo de mora en su pago. No existe reparo alguno a esta liquidación y reconocimiento. Así las cosas, sin embargo, para el presente caso se observa al revisar las pretensiones de la demanda que el actor no solicitó la indexación, por ende, no es dable hacer el análisis correspondiente, sin que sobre señalar, atendiendo el contenido de la sentencia transcrita, que el reajuste de que trata el artículo 178 del C.C.A., se debe aplicar es

14 sobre las sumas que resulten de las condenas que se imponen y este no sería el caso. Se concluye entonces, que no es posible declarar la nulidad y hacer el reconocimiento al que aspira el demandante, porque no se evidencia el supuesto normativo que consagre el derecho que pretende, por lo tanto, se podría pensar que no era mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho como podía obtener el reconocimiento de la indemnización por el perjuicio que se pudo ocasionar, porque es bien claro que el demandante dice que esta situación se generó por la omisión en la que incurrió la administración, y en este caso para obtener el resarcimiento del derecho se debe acudir es a la acción de reparación directa que consagra el artículo 86 del C.C.A.: “ La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa por la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos o cualquier otra causa.” En este orden de ideas, esta Agencia del Ministerio Público le solicita al

H. Consejo de Estado revoque el fallo que profirió el Tribunal Administrativo del Huila y en su lugar niegue las pretensiones de la demanda, por cuanto, atendiendo las consideraciones expuestas anteriormente, se colige que no es procedente declarar la nulidad de los actos acusados y hacer el reconocimiento de los intereses de plazo y mora de las cesantías que solicita el actor.

De los Honorables Consejeros, cordialmente,

FANNY ESTHER RAMÍREZ ARAQUE

Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado

FERA/RABM