PGN - Documento 201607091834110

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PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO N° 025 – 2.006 10 - I - 06

CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B”

CONSEJERO PONENTE: Dr. ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

E. S. D.

REFERENCIA : EXPEDIENTE N° 4845 – 2.005

ACTOR : MAYLIN DEL SOCORRO SÁNCHEZ SILVA

DEMANDADO : SUPERINTENDENCIA DE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS DOMICILIARIOS

ACCIÓN : NULIDAD y RESTABLECIMIENTO DERECHO

ASUNTO : APELACIÓN SENTENCIA La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado, en oportunidad legal, conceptúa en el referido proceso, que conoce la Sección Segunda, Subsección “B”, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la providencia que profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, Sala de Descongestión, el día 28 de octubre de 2.004, mediante la cual, en primer término, se inhibió de pronunciarse respecto de los oficios de comunicación de la decisión administrativa y, en segundo lugar y en lo substancial, desestimó la prosperidad de las súplicas propuestas en el libelo introductorio.

1. ANTECEDENTES La parte accionante, mediante apoderado judicial especial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, (art. 85 C.C.A., modif. art.

2 15 Decreto 2304 de 1.989), formuló demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

1. La nulidad “del acto administrativo contenido en el oficio sin número y de fecha mayo 23 de 2002 suscrito por…en su calidad de Coordinadora de

Talento Humano de la Superintendencia de Servicios Públicos”.

2. La nulidad “del acto administrativo contenido en el oficio sin número y de fecha mayo 31 de 2002 suscrito por…en su calidad de Coordinadora Grupo del Talento Humano de la Superintendencia…le comunica a mi mandante que no existe vacante disponible en un cargo equivalente al que venía desempeñando”.

3. La nulidad “del acto administrativo contenido en la Resolución N° 08345 de mayo 31 de 2002 suscrito por…en su calidad de Secretaría General de la

Superintendencia…”

4. La nulidad “del acto administrativo contenido en la Resolución N° 010616 de fecha julio 8 de 2002, “Por el cual se distribuyen los cargos de la planta de personal y se ubica a los funcionarios en las dependencias de la Superintendencia de…”

5. Se ordene el reintegro, sin solución de continuidad, de la demandante al mismo cargo del cual fue desvinculada (Profesional Especializado Código 3010 Grado 19), o a otro de igual o superior jerarquía y el pago, indexado, sin perjuicio del reconocimiento de intereses moratorios y comerciales en caso de mora, y en los términos establecidos en el artículo 176 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, de todos los sueldos, primas,

vacaciones, cesantías, bonificaciones y demás emolumentos legales dejados de percibir por la accionante, “desde el momento en que se dejó de laborar hasta cuando sea reintegrada”. 3 La interviniente activa citó como disposiciones violadas los artículos 1º, 2°, 25, 29 y 209 de la Constitución Política; artículo 84 del Decreto 01 de 1.984; 12 y 39 de la Ley 443 de 1998; 47 del Decreto 1568 de 1998; 2° y 133 de Decreto 1572 también de 1998; y, 7° del Decreto 2504 de 1998. La actora, argumentó la pretensión instaurada señalando que ocupó, provisionalmente desde el 2 de octubre de 1997, el cargo de Profesional Especializada, Código 3010, Grado 19 al servicio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; se le nombró en periodo de prueba el 20 de mayo de 1998; se le inscribió en carrera administrativa el 19 de octubre de 1998; se le reubicó, el 14 de agosto de 2001, en la Oficina de Divulgación y Prensa; el 23 de mayo de 2002 se le comunicó “que mediante Decreto No. 991 de 2002 el empleo de Profesional Especializado Código 3010 Grado 19 que ostentara ha sido suprimido y que por tener derechos de carrera administrativa puede optar por ser indemnizada o incorporada a un empleo equivalente al suprimido”; optó por la reincorporación; se le comunicó, el 31 de mayo de 2002, por funcionario incompetente, que “no existe un cargo

vacante disponible en un cargo equivalente al que venía desempeñando” (sic); que: “No es cierto que no exista empleo equivalente al que le fuera suprimido a mi prohijada, toda vez que mediante Decreto 10616 del 8 de julio de 2002, incorporan en la nueva planta de personal a la señora…, en el empleo de Profesional Especializado Código 3010 Grado 20, empleo que se encuentra ubicado en el área administrativa, con funciones y requisitos equivalentes y similares a los que ostentara mi defendida…”; que el proceso de reestructuración no puede reclasificar en empleos superiores, pero que en su caso tenía derecho a la reincorporación en el Grado 20 porque los requisitos para acceder y las funciones a ejecutar son similares al cargo que se le suprimió, y, por el hecho de que al haber optado por la reincorporación siendo de carrera administrativa, prevalecía sobre la designada en provisionalidad. (fls. 37 a 45). Se anota que la foliatura que precede da cuenta de: Poder especial para accionar judicialmente (fl. 1); Resolución 004811 de octubre 2/97, 4 nombramiento provisional recaído en la actora (fl. 2); acta de posesión de 7 octubre de 1997 (fl. 3); Resolución 063300 de mayo 19 de 1998, por la que se establece una lista de elegibles (fls. 4 y 5); acta de posesión del 20 de mayo de 1998 (fl. 6); certificación de la Comisión Nacional del Servicio que la libelista se encuentra inscrita en carrera administrativa; acreditación títulos académicos (fls. 8 y 9); constancia de funciones adscritas al empleo

suprimido (fls. 10 y 11); memorando del 14 de agosto de 2001 disponiendo los servicios en la dependencia de Prensa; y los actos acusados (fls. 13 a 36).

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La parte demandada en lo substancial se opuso a las pretensiones del escrito introductorio, no sin dejar de advertir que el oficio del 23 de mayo de 2002 no es acto administrativo sino de ejecución; que se debe mantener la presunción de legalidad de los actos censurados al proferirse con fundamento en normas constitucionales y legales, en motivaciones plenamente justificantes en las necesidades de servicio y en la racionalidad de los empleos que demandaba la administración fiscalizadora de los servicios públicos, situación que se verificó a través de toda la actuación administrativa en la que se conjugó la conformación del grupo de trabajo, la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública, el estudio técnico, y la viabilidad presupuestal.

En lo pertinente, consignó la Superintendencia: “(…) Lo primero que hay que destacar, es que la accionante no demanda la nulidad de los actos por medio de los cuales se reestructuró la Entidad y se estableció la nueva planta de personal. Estos actos permitieron proferir los actos en donde se les comunicó a la exfuncionaria que el cargo había sido suprimido y que no existía cargo similar en donde se pudiera reincorporar. Estos actos hoy son objeto de discusión y mientras estén vigentes los actos que los originaron, estos se presumen legales. Por otro lado, es preciso anotar que los actos 5 administrativos que hoy demandan la nulidad, no son actos que hayan

modificado o extinguido situación alguna, por tanto estos actos no son susceptibles de controversia ante la jurisdicción contenciosa administrativa… No existe ningún cargo concreto respecto de la legalidad de la Resolución No. 0008420. Solo se hacen alusiones generales, vagas e imprecisas respecto de las incorporaciones. De conformidad con el artículo 4° del Decreto 991 de 2002 la incorporación de los empleados a la nueva planta de personal, debía hacerse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de publicación del Decreto. Sobre el proceso de reincorporación es preciso tener en cuenta que la designación de los funcionarios que integrarían la nueva planta correspondió a la estructura adoptada por el Decreto 990 de 2002, de conformidad con los resultados arrojados por el estudio técnico, en el cual se efectos atacados (por los anteriores motivos), la indebida acumulación de efectuó el análisis de las hojas de vida conforme a los lineamientos de la “Guía para la Reestructuración de Entidades Públicas” expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. En el procedimiento de análisis señalado se tuvieron en cuenta los antecedentes de formación académica y experiencia laboral. Así mismo se aplicaron las tablas de valoración de estudios formales y no formales, y valoración de la experiencia. Como criterios complementarios se tuvieron en cuenta las cargas de trabajo y perfiles arrojadas por el estudio técnico, así como el estudio comparativo de perfiles de la antigua planta con los requerimientos de la nueva organización administrativa de la Entidad. De este modo es claro que la incorporación del personal a la nueva planta se hizo con base en los resultados del estudio técnico, el cual determinó el número y perfil de los

cargos necesarios en cada una de las dependencias para el adecuado cumplimiento de las funciones de la Superintendencia. Así se desprende del cuadro en el cual se consigna el análisis de cargos existentes en la Entidad para el año 2001…Con relación a la Resolución No. 010616 de 8 de julio de 2002 por medio de la cual el Superintendente de Servicios Públicos distribuyó los cargos, no existe en el escrito de la demanda ningún cargo respecto de su ilegalidad. Sin embargo frente al citado acto administrativo corresponde reiterar lo expresado con respecto a la Resolución No. 0008420 6 del 6 de junio de 2002, además de señalar que la distribución de cargos se hizo conforme a las necesidades de cada dependencia, para lo cual se tuvieron en cuenta los perfiles de los funcionarios incorporados de conformidad con el Manual Específico de Funciones adoptado mediante Resolución No. 007596 del 22 de mayo de 2002…” (fls. 66 a 75).

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Solo la parte interviniente pasiva, registró alegación en este momento procesal y por medio de él persiste en sus argumentaciones defensivas (fls. 118 a 120).

La activa, en esta especial etapa procesal, no registró escrito.

4. CONCEPTO PROCURADURÍA No se vertió por la Procuraduría Judicial en Asuntos Administrativos ®, destacado ante el tribunal.

5. FALLO DE INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se inhibió de pronunciarse sobre las comunicaciones y denegó las pretensiones.

Respecto del cargo de ilegalidad imputado, previo el señalamiento del objeto

de la controversia: “Para resolver el problema planteado, la Sala analizará el cargo formulado, que se sintetiza en Violación de Normas Superiores, entendiéndose por tales las normas constitucionales invocadas y las disposiciones legales señaladas como infringidas. Tal cargo se sustenta afirmando que se violaron las disposiciones constitucionales y legales que amparan los derechos y 7 estabilidad de los funcionarios de carrera administrativa, específicamente porque la administración incorporó a la señora Angélica María Tócora Castro en el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Código 3010 grado 20 en forma provisional en la nueva planta de personal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien además fue indemnizada por la entidad demandada, transgrediendo de esta manera, los derechos de carrera de la demandante por cuanto dicho cargo era equivalente al desempeñado por la actora, quien gozaba de mejor derecho para ser incorporada. Teniendo en cuenta que la demandante optó por la incorporación y que su inconformidad radica en que no fue incorporada en el cargo de profesional Especializado 3010 – 20 de la nueva planta de personal de la entidad, la Sala deberá determinar sí le asiste razón al libelista.”; señaló la preceptiva aplicable (ley 443 de 1998 arts. 39 y 40 y Decreto Reglamentario 2504 de 1998 artículo 6°); verificó la justificación de la supresión del empleo efectuada por el estudio técnico y elaboró, frente al empleo en el que no se nombró a la libelista, las equivalencias de funciones entre la planta de personal antigua y la renovada, concluyendo: “1. El cargo de Profesional

Especializado 3010 – 19 fue suprimido de la planta de personal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por esta razón no podía ser incorporada en tal cargo. 2. Con relación al cargo de Profesional Especializado 3010 – 20, éste no es equivalente al cargo de Profesional Especializado 3010 – 19 y por tal motivo tampoco podía ser incorporada en el mismo. 3. Un cargo es equivalente a otro cuando pertenecen a un mismo nivel jerárquico, tienen una misma asignación salarial y las funciones y requisitos para su ejercicio son iguales o similares. 4. La falta de equivalencia de los cargos señalados, es razón suficiente para negar la incorporación de la demandante en el cargo de Profesional Especializado 3010-20. 5. Las funcionarias SÁNCHEZ SILVA y TOCORA CASTRO se encontraban inscritas en carrera administrativa. 6. Sumado a la falta de equivalencia de los cargos, la funcionaria que fue incorporada en el cargo de Profesional Especializado 3010 – 20 tenía un mejor perfil para ocupar dicho cargo; además, cumplía con la totalidad de los requisitos para su ejercicio. 7. El artículo 39 de la ley 443 de 1998, señala que a los empleados de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, podrán optar por ser incorporados a empleos equivalentes o a recibir indemnización. 8. De no ser posible la incorporación dentro de los seis (6) meses siguientes a la supresión del cargo, el funcionario tendrá derecho al reconocimiento y pago de la indemnización, en los 8 términos del artículo 137 del Decreto 2504 de 1998. 9. La Superintendencia de

Servicios Públicos Domiciliarios reconoció a la demandante indemnización por supresión de cargo, mediante la Resolución No. 013546 de 22 de noviembre de 2002, en cuantía de ...10. La parte actora no probó que a la señora Tocora Castro se le haya reconocido indemnización por supresión de cargo. 11. Con relación a la nulidad pretendida de la Resolución No. 008345 de 31 de mayo de 2002, por la cual la entidad reconoce y ordena el pago de unas prestaciones sociales por supresión de cargo de la actora, no se interpuso ningún cargo contra la misma, ni se señalaron los motivos que dieron lugar a la nulidad que alega la demandante, por lo tanto la Sala no se pronuncia de fondo sobre la misma.” (fls. 123 a 144).

4. RECURSO DE APELACIÓN La demandante apeló la decisión manifestando que las reestructuraciones de plantas de personal estatales, ordenadas por las respectivas regulaciones legales, se han prestado para cambiarle nominación al empleo, elevarlo o bajarlo de nomenclatura y trasladarlo a otra dependencia –que como el proceso de autos fue “avanzado al Despacho del Superintendente” -, pero que de todas maneras las funciones oficiales persisten, por lo que es dable la crítica contra la providencia impugnada en cuanto sólo observó y tuvo en cuenta dicha cuestión objetiva, más no se detuvo a considerar los aspectos subjetivos de la dignidad de la persona (arts. 1° y 2°), el derecho al trabajo

(art. 25), la interpretación favorable de las discusiones que se presenten dentro de la relación laboral (art. 53), y que no todos los derechos están

contemplados en la legislación positiva (art. 94), por lo cual se debe revocar la decisión para dar prevalencia a los planteamientos constitucionales. (fls.156 a 160).

5. ESCRITO ENTIDAD DEMANDADA En el obvio sentido de solicitar la confirmación de la sentencia, obra a los folios 165 a 167.

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6. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURIA DELEGADA Considera la Procuraduría Tercera Delegada que la recurrida sentencia debe ser CONFIRMADA, en atención a las precisiones jurídicas que más adelante se expondrán.

Respetando el marco que le impone a esta instancia el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo reglado en tal aspecto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, para esta Agencia Fiscal el problema jurídico en el sub examine se circunscribe a determinar sí a la accionante MAYLIN DEL SOCORRO SÁNCHEZ SILVA, como funcionaria inscrita y escalafonada en carrera administrativa que lo fue al servicio de la entidad oficial llamada a juicio, con la supresión del cargo que venia desempeñando y el consecuente retiro del servicio, pese a que se le reconoció, liquidó y pagó la correspondiente indemnización, se le irrespetaron los postulados constitucionales de su dignidad como persona, el de la favorabilidad en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico laboral, y el de protección especial al trabajo. No son de recibo las argumentaciones de la recurrente porque de la revisión y el análisis de las diferentes piezas procesales se observa que el cargo en el cual estaba inscrita en carrera administrativa la demandante, se suprimió,

y no fue el único, en ejercicio de plenas facultades legales contempladas integralmente en las Leyes 443 y 489 de 1998, amén de sus respectivas y pertinentes regulaciones reglamentarias, desarrolladas puntualmente para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en los Decretos 990 de 2002 que modificó su estructura orgánica; 991 de la misma anualidad que estableció la nueva planta de personal; y, en la Resolución 010616, también del mismo año, por medio del cual se distribuyó la nueva planta de personal. 10 Corolario del precedente dispositivo legal y reglamentario, que ha resguardado y ratificado su ajuste al ordenamiento jurídico y sostenido la presunción de legalidad, por hallarse constitucional la supresión de empleos por reestructuración, escisión de entes, saneamiento fiscal, etc., es que a la libelista se le garantizó la posibilidad legal de acceder a un nuevo empleo y no habiendo sido posible optó por la indemnización, cuestión que pone de relieve que sí se sometió a la carga pública de retirarse del trabajo oficial, recibió una reparación que, como es bien sabido, compensa a los empleados amparados por los derechos que emanan de la inscripción en carrera administrativa, más no así a los que acceden por libre nombramiento a los destinos oficiales. Habiéndosele respetado íntegramente las prerrogativas que de aquel sistema de administración de personal se generaban, mal puede consignar la transgresión de un valor absoluto como la dignidad humana. La atención de la regulación legal y reglamentaria en su caso, con compensación a bordo, habilita para manifestar claramente que no hubo tal violación.

Ergo, por este vicio no hay prosperidad de las pretensiones. En cuanto toca con el desconocimiento del principio mínimo fundamental de “la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”, para la Procuraduría Delegada lo anteriormente manifestado ya viene estableciendo que la situación de la parte actora no tenía porque someterse a un test o examen analítico acerca de la aplicación de esta o aquella preceptiva, pues como se ha expuesto su particular situación se gobernó por específicas y precisas normas de administración de personal dictadas al interior de la multicitada Superintendencia. Nada extraño a ese ordenamiento, fue el que en su caso se le tuvo en cuenta y se le aplicó. 11 Por ende, tampoco tiene prosperidad esta acusación de nulidad por inconstitucionalidad. Ahora bien, respecto de la última imputación relacionada con no habérsele protegido especialmente el derecho al trabajo, dígase igualmente que la Administración, habiéndose sometido a los cánones legales que regentaban la situación particular de la accionante, no atentó ni conculcó tal principio, pues el acatamiento de la ley corresponde igualmente a las entidades oficiales, y, en este orden de ideas no es de recibo aceptar el conflicto de intereses que plantea la recurrente en el sentido que prevalece el suyo sobre la obligación legal de la entidad de reestructurar la planta de personal. Así mismo, sobre este punto acótese que la interesada demandante no probó una su situación excepcional que la colocara, igualmente, en una situación excepcional, y, por lo mismo, eventual beneficiaria de un tratamiento especial, como serían los eventos de: Madre cabeza de familia,

viuda por el conflicto armado, etc. Deviene, entonces que el vicio alegado no se ha presentado, por lo que de lógica se deduce la improsperidad de esta acusación. Recábese sobre los empleos de carrera respecto de los cuales se ha dicho, jurisprudencial y doctrinariamente, que este especial método de administración de personal sirve para acceder a los destinos públicos (el artículo 125 constitucional lo plantea como la generalidad), genera estabilidad en el cargo, es decir, le garantiza al empleado la permanencia en el servicio público, siempre y cuando se cumpla con lealtad, eficiencia y honestidad los deberes del empleo, pero que no es óbice para proceder a la separación, en cuyo caso tendrá unos efectos particulares. Si bien es cierto, en el caso de autos, la decisión de la Administración recayó en cabeza de una empleada que desempeñaba un cargo de carrera, se puede establecer que la supresión del cargo es precisamente una de las 12 causales de retiro contempladas en la ley, frente a la cual puede verse avocado el empleado cuando las políticas institucionales así lo exigen bien sea por racionalización del gasto público, por reestructuración de entidades, reclasificación de empleos etc., se tiene entonces que la situación que protege un interés particular, debe ceder ante el interés general, que prima cuando el Estado, en desarrollo de facultades constitucionales y legales proceda a realizar los procesos de reestructuración en sus instituciones tanto del orden nacional como territorial. Así mismo está probado por la misma exposición de la demandante que la Administración le reconoció su situación foral y por ello, como ya se dijo,

mediante la comunicación de supresión de su cargo le dio la opción de escoger entre ser reincorporado al servicio o recibir la indemnización de que trata el artículo 137 del decreto 1572 de 1998, y que se le reconoció, liquidó y pagó la indemnización. Sobre el particular, el H. Consejo de Estado en sentencia del 10 de octubre de 2002, expediente No 2099-00, MP. Alberto Arango Mantilla, dijo: “(...) El articulo 125 de la Constitución Política inciso 3º determina: “ El ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la ley” .Resalta la Sala. “El inciso 1º del artículo 39 de la ley 443 de 1998 previó: “...los empleados públicos de carrera a quienes se le supriman los cargos de los cuales sean titulares como consecuencia de la supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o de modificación de la planta, podrán optar por ser reincorporados a empleos equivalentes o recibir la indemnización en los términos y condiciones que establezca el gobierno Nacional..” “En la sentencia T-374/00 la Corte constitucional reiteró el siguiente criterio: 13 “2.3 Indemnización para los empleos públicos pertenecientes a carrera administrativa cuyo cargo sea suprimido.

(...) “Es así como el artículo 39 de la ley 443 de 1998, se determinan los derechos que pueden ejercer los empleados públicos de carrera administrativa cuyos cargos hayan sido suprimidos como consecuencia de la liquidación o fusión de entidades o dependencias, del traslado de funciones de una entidad a otra, o de la modificación de la planta de personal del organismo al cual prestan sus servicios. En este orden de ideas dichos empleados pueden optar por una de estas dos (2) alternativas (di) ser incorporados a empleos equivalentes, siempre y cuando la vacante se presente dentro de los seis meses siguientes al retiro (ii) recibir una indemnización en los términos y condiciones que establezca el gobierno Nacional. “La indemnización consagrada en la ley por terminación unilateral del contrato de trabajo, constituye un elemento eficaz para resarcir el daño que pueda causarse al empleado público perteneciente a la carrera administrativa por razón de la supresión del cargo que venía desempeñando, abstracción hecha de que esa decisión haya obedecido a claros fines de interés general o de mejoramiento del servicio. “La indemnización es una reparación que tiene fundamento en el daño que recibe el trabajador a causa de su despido, como consecuencia del perjuicio económico que tiene como finalidad compensar el efecto negativo a que da lugar la finalización del contrato, debido a la reestructuración del organismo. (..) “Al respecto, la Corte en sentencia C-527 de 1994 MPH. Dr. Alejandro Martínez Caballero señaló: “Con respecto a los empleados retirados del servicio pero que estaban protegidos por la carrera, no hay la menor duda de que se

ha ocasionado un daño que debe ser reparado. En efecto, si bien es cierto que el daño puede catalogarse como legítimo porque el estado puede en función de la protección del interés general determinar la cantidad de sus funcionarios (art. 150-7 y 189-14 de la C.P.), esto no implica que el trabajador retirado del servicio tenga que soportar íntegramente la carga especifica de la adecuación del Estado, que debe ser asumida por toda la sociedad en razón del principio de igualdad de todos ante las cargas públicas (art. 13 C.P). Los derechos laborales entran a formar parte del patrimonio y no pueden ser desconocidos por leyes posteriores (art. 58-1 de la C.P.). Además, las autoridades de la república están obligadas a protegerlos (art. 2º de la C.P.). “Esto armoniza con una de las finalidades del Estado Social de Derecho: es la vigencia de su orden social justo (preámbulo de la Carta). Por ello “se trata de una indemnización reparatoria fundamentada en el reconocimiento que se hace a los derechos 14 adquiridos en materia laboral (sentencia C104/94 M.P. Alejandro Martínez Caballero)...”. Así las cosas, en el caso sub examine la administración actuó conforme a derecho, en cuanto se cumplieron los pasos exigidos por las normas reguladoras de los procesos de reestructuración de la administración pública y como se acreditó a la demandante se le indemnizó por la supresión del cargo. Por las razones descritas, este Despacho solicita a los Honorables Magistrados de la Subsección “B”, Sección Segunda, del Consejo de Estado, confirmar la sentencia de primera instancia, por encontrarse los actos

demandados conforme a derecho, en especial, al ordenamiento jurídico – legal y reglamentario – que, en su momento, reguló la situación especial y aforada de la demandante quien, por lo demás, no probó que la tal preceptiva no le podía ser aplicada, sino que estaba sometida a un tratamiento de alcance mayor como el previsto en los postulados constitucionales que en la apelación estimó infringidos con la actuación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Si el supuesto de hecho se encuentra plenamente reglado y estas reglas han sido atendidas, no pueden deducirse prerrogativas o derechos mayores de las que aquéllas gobiernan, con una interpretación genérica sustentada en principios constitucionales. De los Consejeros, cordialmente,

GERMÁN BUITRAGO FORERO

Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado

GBF / MDC.