PGN - Documento 201607091834175

Señores Magistrados

H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente:

Dr. HERMAN GALAN CASTELLANOS

E. S. D.

Ref: Rad. 22.175 Casación Procesado: Enrique Rey Avendaño Delito: Falsedad material de particular en documento público agravada por el uso y otros Señores Magistrados: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 2 de septiembre de 2003 confirmó el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado 23 Penal del Circuito de la misma ciudad el 6 de agosto de 2002, mediante el cual condenó a Enrique Rey Avendaño a las penas principales de 80 meses de prisión y multa de $464.706.740, y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la prisión, como determinador y coautor penalmente responsable de los delitos de falsedad material de particular en documento público agravada por el uso, hurto agravado por la confianza y contrabando en concurso heterogéneo.

Inconforme con el fallo, el abogado de Enrique Rey Avendaño presentó demanda de casación que por haber sido declarada ajustada a las prescripciones legales, corresponde a la Procuraduría emitir concepto sobre su viabilidad.

1. SITUACIÓN FÁCTICA Reseñada por el juzgado en los siguientes términos:

Casación de Enrique Rey Avendaño Rad. 22.175 “En denuncia instaurada por ALEX FERNANDO VALENCIA AMAYA funcionario de la división de inteligencia de la Policía Fiscal y Aduanera de esta ciudad, se conoció luego de realizar las pesquisas correspondientes

en las Administración Especial de Aduanas, que las declaraciones de importación pertenecientes a la empresa de seguridad LIFE GARD SECURITY LTDA con sellos impresos de recibido 8 de abril de 1999 del Banco Colpatria –Sucursal Salitre Bogotá- y números de stiquers 1901762504522 preimpreso 19997090186145; 19017062504515 preimpreso 19997090186143 y 19017062504531 preimpreso 19997090186144 por valor de $35.35.235.421, $23.380.251 y $288.351 respectivamente y con las que se realizaron los levantes automáticos de las mercancías amparadas con éstas, números 030200001271, 03020001272 y 030200001274 pertenecientes a una misma guía área, resultaron ser apócrifas”. “Se estableció que el trámite de las declaraciones de importación fue encargado por la empresa de seguridad LIFE GARD SECURITY LTDA a la compañía ALL TRADE INTERNACIONAL, específicamente a su representante legal ENRIQUE REY AVENDAÑO, quien recibió a través de su asistente JUAN CARLOS ZAPATA los documentos en mención, así como el cheque No. 5652203-4 del Banco Colpatria cuenta corriente N° 016103111-9 por valor de $58.904.023, para efectos de cancelar los tributos aduaneros que el trámite demandaba. No obstante el título valor nunca ingresó a las arcas del Estado, sino que fue consignado el 8 de abril de 1999 en la –Sucursal Salitre –Bogotá en la cuenta corriente No. 17103093-5 a nombre de DISTRIPARTES y de donde fue retirada la millonaria suma una vez hizo el correspondiente canje, pese a que

contaba con el sello restrictivo de cancelarse solo a órdenes del primer beneficiario y que no era otro diferente que la corporación COLPATRIA”. 2.- SINOPSIS PROCESAL Segunda Delegada para ala Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 2 Carrera 5 No. 15-80 Pbx 33600113520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Enrique Rey Avendaño Rad. 22.175 Con fundamento en las diligencias adelantadas por la policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía 27 de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos Delegada ante la DIAN, el 4 de agosto de 2000 dispuso la apertura de investigación y la vinculación mediante diligencia de indagatoria de Enrique Rey Avendaño (fol. 80/82/132/145 C.1), luego de lo cual le fue resuelta su situación jurídica el 9 de octubre de 2000, con medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de contrabando en concurso heterogéneo con los de falsedad de particular en documento público agravado por el uso y hurto agravado por la confianza (fols. 248/263 C.1). Clausurada la fase instructiva el 23 de enero de 2001 (fol. 89 C.2), la Fiscalía 15 de la misma Unidad Nacional, profirió resolución de acusación el 27 de febrero de 2001 en contra de Enrique Rey Avendaño como presunto determinador del delito de falsedad material de particular en documento público agravado por el uso y coautor de los delitos de hurto agravado por la confianza y contrabando (fols. 111/121 C.2).

Le correspondió conocer de la causa al Juzgado 23 Penal del Circuito, despacho que el 14 de marzo de 2001 corrió el traslado del artículo 446 del C. P. P., y el 27 de junio del mismo año, dio inicio a la diligencia de audiencia pública, la cual se realizó en dos sesiones. En sentencia del 6 de agosto de 2002, el mencionado juzgado condenó a Enrique Rey Avendaño a las penas principales de 80 meses de prisión y multa de $464.706.740, y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un lapso igual a la prisión, en condición de determinador y coautor penalmente responsable de los delitos de falsedad material de particular en documento público agravada por el uso, hurto agravado por la confianza y contrabando, en concurso heterogéneo. Recurrido en apelación el fallo por el defensor del procesado fue confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá el 2 de septiembre de 2003. 3.- DEMANDA El defensor de los intereses de Enrique Rey Avendaño presenta dos cargos en contra de la condena proferida por el Tribunal: Segunda Delegada para ala Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 3 Carrera 5 No. 15-80 Pbx 33600113520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Enrique Rey Avendaño Rad. 22.175 3.1.- Primer cargo Con fundamento en la causal tercera de casación demanda la nulidad de la sentencia por estimar que se vulneró el derecho de defensa al omitir la práctica de los testimonios de Augusto N. y Saul N, con el argumento de que no obraba medio

que permitiera ubicarlos, sumado a la extemporaneidad de la petición, pese a que se justificó debidamente. Anota que su defendido aportó telefónicamente el número celular No. 3157215, abonado correspondiente a Guillermo Augusto López Arias, al tiempo que la Fiscalía 27 Seccional mediante oficio 1511 del 28 de septiembre de 2000 le solicitó a CELUMOVIL la documentación correspondiente al mencionado número (fol. 209 C.1) y el 24 de noviembre de 2000 se remitió fotocopia de la cédula correspondiente al citado (fol. 37 C.2). La omisión radicó inicialmente en la Fiscalía 27 a cargo de la instrucción y posteriormente en el Juzgado 23 Penal del Circuito, ante el cual pidió de oficio se llamara al menos como declarante a López Arias y a través de él se localizara a Saul N., y el despacho creyó que se trataba de la misma persona cuando en realidad eran dos. Añade que la documentación de Celumóvil la aportó de nuevo en fotocopia a través de memorial y pese a ello, el despacho estimó que no obraban medios que permitieran la ubicación de los señores; apeló pero convino con el juzgado renunciar a la impugnación para que se ordenaran de oficio los testimonios de las personas denunciadas por su defendido y descritas físicamente por Diana Patricia Rivera y Alfredo Hernández Leyton. Reseña apartes de la sentencia e insiste en que se erró al sostener que no obraba información que permitiera ubicar a los citados señores, que con la comparecencia

de López Arias se habría logrado la de Saúl N. porque eran inseparables, que en la audiencia pública se dejó constancia de dónde se podían localizar y se dispuso la práctica oficiosa de pruebas, atendiendo a la información suministrada por el procesado y a las fotocopias obrantes en el expediente. Dice que la pereza, la abulia e irresponsabilidad de Rey Avendaño no permiten edificar su responsabilidad en delito alguno, máxime cuando éste señaló que los Segunda Delegada para ala Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 4 Carrera 5 No. 15-80 Pbx 33600113520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Enrique Rey Avendaño Rad. 22.175 anteriores señores eran quienes lo reemplazaban y que su empleado de confianza era de apellido Zapata, personas a quienes no llamó la fiscalía y cuando lo hizo el juzgado ya era tarde. Y añade que ni siquiera se reconoció la duda por la imposibilidad de practicar y recaudar pruebas. La omisión se traduce en un yerro y falta de diligencia en la investigación porque se habría podido dar con el paradero de los mencionados. Se desconoció el artículo 29 de la Constitución y se incumplió el artículo 234 del C. de P. Penal sobre la imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba, lo que llevó a los falladores a incurrir en errores desfavorables a su defendido y que no consultan la realidad. Como las pruebas omitidas respaldaban las afirmaciones de su defendido, se vulneró el derecho de defensa y el debido proceso, por lo que solicita la nulidad a partir del

momento en que se consolidaron las irregularidades. 3.2.- Segundo cargo Con fundamento en la causal primera de casación, motivo segundo, el censor demanda la sentencia por estimar que se incurrió en error al apreciar la prueba desconociendo los postulados de la sana crítica. Transcribe apartes de la sentencia de primera instancia cuando pregona que el comportamiento del implicado se desarrolló con éxito gracias a la colaboración de Saúl N. y Augusto N., y que se recurrió a la falsedad de los documentos y al apoderamiento de dinero, para sostener que los argumentos no son válidos pues al contrastarlos con lo manifestado por su defendido se corrobora que el cheque no tenía fondos suficientes, como se acreditó en la inspección judicial practicada a la empresa Life Gard Segurity, en la que además se verificó el estado de liquidez de la cuenta para la época de los hechos investigados. Asegura que la primera instancia magnifica la responsabilidad de su defendido, dejando de lado la mala instrucción, en especial, la no realización de diligencias tendientes a la ubicación de Augusto N. y Saúl N., quienes desde la primera oportunidad fueron señalados como responsables. No se advirtió que los experticios no señalaban al procesado como autor o partícipe de los hechos, ni se analizó que Segunda Delegada para ala Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 5 Carrera 5 No. 15-80 Pbx 33600113520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Enrique Rey Avendaño Rad. 22.175 no participó en la consignación del cheque, ni la relación con la empresa

DISTRIPARTES y su representante legal Carlos Alberto González, desconociendo lo manifestado por el procesado y calificándolo como ingenuo e increíble. Dice que aún cuando en la sentencia se consideraron someramente los planteamientos de la defensa en la audiencia pública, no se refutaron ni aceptaron como era lo debido. Tilda de desacertado al Tribunal al referirse a un caso de secuestro y homicidio no imputado al procesado. Censura la deducción de los indicios de oportunidad, presencia, capacidad para delinquir inferidos por el fallador contra el procesado en torno a la concepción de la idea y realización del hurto a través de la falsedad de documentos públicos. Igualmente la inadecuada justificación de su comportamiento al haber dejado en manos de desconocidos el pago del impuesto y las manifestaciones posteriores al delito. Reitera en que no se consideró la prueba grafológica, ni se reconoció la duda sobre el estado de las cuentas bancarias del procesado y las de su empresa donde no se observó aumento de sus ingresos para la época de los hechos, ni se analizó la carencia total de antecedentes, ni las declaraciones sobre su conducta ejemplar. Se niega la existencia de Augusto y Saúl y señala a Juan Carlos Zapata como la persona que realizaba los trámites ante la aduana, sin tener en cuenta que para el día de los hechos se encontraba enfermo. Desconoce las explicaciones de su defendido sobre el cheque principal, y resta credibilidad a José Alfredo Hernández Leyton y a Diana Patricia Blanco. También niega la complicidad con los empleados bancarios que estuvieron relacionados con la consignación, su cambio y el aprovechamiento del dinero, olvidando que los hechos originaron una investigación

interna y otra penal. Y se ocupa el Tribunal de hechos diversos al aludir a la resolución de la DIAN por medio de la cual decomisaron mercancías. Por lo anterior solicita se case la sentencia y se profiera el fallo que corresponda. Agrega como otro sí, las anotaciones de su representado sobre el desconocimiento del Tribunal frente a la denuncia por él formulada y que arrojó como resultado la aprehensión de mercancía por valor de $27.303.000.oo, y la tergiversación que hizo sobre esto al deducir la proclividad del procesado a infringir la ley y evadir el pago de impuestos. De otro lado anota que el instructor no analizó la documentación aportada por el procesado en su indagatoria con la que pretendía demostrar la utilización Segunda Delegada para ala Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 6 Carrera 5 No. 15-80 Pbx 33600113520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Enrique Rey Avendaño Rad. 22.175 dolosa por parte de extraños de su empresa y las irregularidades cometidas por la DIAN al ordenar la entrega de mercancías a personas ajenas a la empresa de su defendido y desconocidas para él. 4.- CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA 4.1. Primer cargo. Nulidad. El censor formula el cargo con fundamento en la causal tercera porque en su criterio la sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad por vulneración al derecho de defensa, originada en una indebida omisión probatoria, más exactamente, en no haber vinculado al proceso a los señores Augusto N., y Saúl N, y ni siquiera haber

intentado oírlos en declaración. Cuestiona a la par que el juzgador ante su solicitud declarara la extemporaneidad cuando estaba justificada debidamente y que además manifestara que no obraba medio que permitiera ubicarlos cuando la realidad procesal evidenciaba lo contrario. La nulidad la reclama a partir del momento en que se presentaron las violaciones. A pesar de que la causal tercera de casación no demanda una técnica depurada como las restantes, es exigible distinguir y separar las distintas hipótesis de nulidad, por lo que al formular el cargo se debe precisar el motivo concreto, expresar los fundamentos, la garantía desconocida, la trascendencia y el estadio procesal desde el cual resulta afectado el proceso. El censor no lo dice expresamente pero la demanda enseña que la garantía procesal que se considera vulnerada es la investigación integral que conforma el debido proceso y que goza de rango constitucional como quiera que aparece descrita en el artículo 250 de la Constitución, en concordancia con el 29 ibídem; además tiene desarrollo legal en los artículos 20 y 234 del C. de P. P., el primero de los cuales le asigna valor de norma rectora de la ley procesal penal. En consecuencia su desconocimiento por vía de la indebida omisión probatoria afecta la garantía del debido proceso y constituye nulidad de la actuación procesal al tenor del numeral 2 del artículo 306 del C. de P. P. Por ello la censura se emprende a través de la causal tercera de casación. Segunda Delegada para ala Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 7

Carrera 5 No. 15-80 Pbx 33600113520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Enrique Rey Avendaño Rad. 22.175 El casacionista relaciona las diligencias probatorias omitidas en el proceso pero se queda corto en la acreditación ponderada de la admisibilidad, pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas omitidas. Se centra en sostener y comprobar que en el proceso existían datos para lograr la ubicación de Augusto N. y por intermedio de éste la de Saúl N., y que a pesar de ello, el juzgador erradamente afirmó que no obraba documentación al respecto. Y de manera genérica asevera que la omisión trasgredió el derecho de defensa y el del debido proceso, puesto que las citadas probanzas respaldaban las explicaciones de su defendido, pero no ahonda en la real incidencia que los elementos aportarían al devenir probatorio. Es deber del casacionista recabar sobre la relevancia de las pruebas cuya práctica fue omitida, de modo que éstas habrían tenido, sobre bases ciertas y no hipotéticas, la potencialidad de modificar favorablemente el sentido de la decisión impugnada, conforme un análisis de las pruebas dejadas de practicar desde la óptica de aquellas que conformaron el fundamento de la decisión que se ataca mediante la vía extraordinaria. Bien a partir del grado de responsabilidad deducido, frente a la sanción impuesta, o porque el conjunto probatorio que se echa de menos, podría desvirtuar razonablemente la existencia del hecho punible o acreditar circunstancias benéficas frente a la imputación que soporta.

En otras palabras, la trascendencia no radica en la omisión de la prueba, sino que se deriva de la confrontación concreta y específica que se realiza con el contenido del caudal probatorio en que se soportó la sentencia, pues solo si logra desquiciarlo al mostrar que la decisión habría sido diversa a la asumida, el cargo puede prosperar. Pese a las falencias que en el tema presenta la demanda, la Procuraduría acometerá su estudio a partir de los elementos de juicio que se estiman indebidamente omitidos y verificará si la omisión en verdad origina vulneración al deber de investigación integral. El 21 de septiembre de 2000 el imputado Enrique Rey Avendaño en diligencia de indagatoria al ser interrogado por la cancelación de impuestos de importación que le fue encomendada por la empresa Lifegard Security Ltda y cuyo pago fue consignado en la cuenta de un tercero y no en el Banco Colpatria como era lo debido, señaló que recurrió para tal trámite a Saúl y a Augusto por cuanto él se encontraba cansado de Segunda Delegada para ala Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 8 Carrera 5 No. 15-80 Pbx 33600113520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Enrique Rey Avendaño Rad. 22.175 realizar diligencias de importación. Que el pago del tributo en el Banco Cafetero, lo realizó su colaborador Juan Carlos Zapata, en tanto el de Colpatria lo efectuó Saúl quien ingresó a la sucursal Salitre del banco mientras que Augusto y él lo esperaban afuera y que al salir aquél le entregó los documentos debidamente sellados y con los

respectivos stikers. Afirmó que los antes mencionados le manifestaron que el gerente de dicha sucursal era amigo de ellos y que ese mismo día las declaraciones fueron presentadas en el depósito, donde imaginó se tuvo que verificar el pago y por ello pensó en que el procedimiento había sido correcto y no dudó de ellos. No recuerda si la mercancía salió ese día o al siguiente, por cuanto esos detalles los delegaba a Zapata. Relató que Saúl N., Augusto y la Mona agilizaban documentos, como reportes de pagos a la DIAN y se ubicaban por el INCOMEX, en las instalaciones de la Aduana Interior, en los centros Comerciales como el Dorado Plaza y que tenía un número celular que trataría de aportarlo. Reconoce que cometió un grave error al utilizar los servicios de estos señores pero afirma ser ajeno a los hechos, añade que conoce al representante de le empresa LIFEGARD por cuanto fue su jefe en el año 1992 y posteriormente le prestó servicios profesionales a él y a sus amigos, al igual que a la empresa, tiempo durante el cual lo reconocieron como una persona íntegra y honesta, y finalmente dice que pueden dar fe de la existencia de Saúl N y Augusto N., los señores Juan Carlos Zapata, Diana Rivera, Alfredo Hernández, de quienes suministra el número telefónico y Carlos Ardila. (fol. 132140 C.1). En esta primera oportunidad el procesado radica la responsabilidad de lo ocurrido en los presuntos agilizadores, pero no señala de manera concreta su identificación ni el lugar de ubicación, lo que impedía para el momento que el instructor los citara. No obstante, la fiscalía en resolución del 25 de septiembre de 2000 dispuso entre

otras pruebas, escuchar en declaración a Juan Carlos Zapata, Diana Rivera, Alfredo Hernández, Carlos Ardila, personas mencionadas por el indagado y a Carlos Alberto Álvarez Arbeláez. Posteriormente, la Fiscalía 27 Seccional ofició a CELUMOVIL el 28 de septiembre de 2000 requiriendo la información correspondiente al número 3157215 (fol. 209 C.1). A su turno, la empresa de telefonía celular el 24 de noviembre de 2000 señaló que el mencionado abonado había sido asignado a Guillermo Augusto López Arias con Segunda Delegada para ala Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 9 Carrera 5 No. 15-80 Pbx 33600113520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Enrique Rey Avendaño Rad. 22.175 contrato suscrito el 16 julio de 1997, en el que se identificó con C.C. No. 19.373.536, registró como dirección la carrera 77 C No. 52 A-50 de Bogotá, teléfono 2951140, oficina calle 49 No. 20-03, teléfonos 2452936 - 2751140 y como actividad técnico en comercio exterior. Entre otros documentos la empresa envió la fotocopia de la cédula de ciudadanía e informó que se estaba procesando el registro de llamadas recibidas entre enero de 1999 y abril de 2000, de lo que se infiere que para la época de los hechos dicho celular se encontraba activo (fol. 22 s.s C.2) Clausurada el 23 de enero de 2001 la etapa investigativa, el 27 de febrero siguiente

se profirió resolución de acusación en contra de Enrique Rey Avendaño, y en la misma determinación se dispuso investigar por separado la participación de otras personas en los hechos con el objeto de determinar el destino final de los dineros hurtados, la falsedad realizada en los trámites adelantados en el banco y la intervención de personal del depósito en el levante de la mercancía. Precisó que la responsabilidad que en ellos podían tener otras personas no eximía al procesado frente a los ilícitos atribuidos y además agregó que sus exculpaciones denotaban su interés de desvincularse de los hechos dolosos y aducir que entregó el cheque a terceras personas, que así fueren identificables obviamente lo iban a negar (fols. 119/120/121 c.2) Esta argumentación explica, en concepto de la Delegada, el que el instructor no hubiera insistido en indagar acerca de los señores Augusto N. y Saúl N., tal como lo reclama el demandante, máxime cuando señala que el procesado aceptó haber recibido el cheque para el pago de los tributos aduaneros de Life Gard Security Ltda., que se consignó en cuenta diversa a la estatal y que realizó las declaraciones de importación cuyos stikers de pago resultaron falsos, siendo inaceptable que pese a su experiencia se haya valido de dos personas que no trabajaban para él y a las que solo conocía por el nombre y solo respecto de una de ellas dijo tener un número celular, cuando la labor encomendada le demandaba haberla asumido personalmente o en su defecto haber ejercido estricto control. Consideró la fiscalía además, que este no fue un caso aislado por cuanto en el

radicado 477473 se detectaron 8 declaraciones de importación tramitadas por el procesado a la firma Security Sistems Ltda., con presuntas adulteraciones en los stikers, que según se determinó no correspondían a dichas cancelaciones, sino a Segunda Delegada para ala Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 10 Carrera 5 No. 15-80 Pbx 33600113520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Enrique Rey Avendaño Rad. 22.175 pagos realizados por otros conceptos correspondientes a empresas diferentes a las de él y de los que también el procesado responsabilizó a Saúl N., y a Augusto N. Es importante destacar que en escrito del 31 de octubre del año 2000 (fol. 284 C. 1), el defensor sustentó el recurso de apelación interpuesto contra la medida de aseguramiento y cuestionó la falta de verificación de la información relacionada con Augusto y el número celular suministrado, pero desistió del recurso (fol. 293 C. 1), y no solicitó con posterioridad la práctica de pruebas tendientes a determinar lo anterior. Y de otro lado, el instructor aunque pidió la información relacionada con el mencionado celular el 28 de septiembre de 2000, solo obtuvo respuesta el 24 de noviembre siguiente. Ahora, en la etapa de causa, concretamente el 14 de mayo de 2001, vencido el traslado del artículo 446 del C. de P. Penal, el defensor solicitó que de manera oficiosa se vinculara al proceso como testigo o como implicado a Guillermo Augusto López Arias, al igual que a Saúl N., por ser los verdaderos autores de los ilícitos

atribuidos a su defendido, indicando además que no le fue posible hacer la petición oportunamente por haber sido objeto de un atraco (fol. 26 c. causa). El despacho judicial, en auto del 18 de mayo de 2001, una vez concluido el mencionado traslado, se abstuvo de pronunciarse sobre la práctica de pruebas solicitada por la defensa por haber sido presentada de manera extemporánea. No obstante, examinó la posibilidad de disponer su práctica de manera oficiosa concluyendo que no obraba en el paginario medio que permitiera ubicar a los señores Augusto N. y Saúl N. para escucharlos en declaración. Indicó además que si la pretensión de la defensa era la vinculación de los antes mencionados como imputados, ello solo era posible a través de la compulsación de copias ante la Fiscalía General, decisión que en su momento adoptaría si consideraba que existía mérito para ello. Lo anterior, tal como lo destaca el impugnante, no consulta la realidad procesal en consideración a que, como se indicó en precedencia, en el proceso existía información en relación con la persona citada por el procesado como Augusto N, no así en relación con Saúl N., razón por la cual fue desatinada la apreciación del despacho sobre el particular. Por lo demás, desconoció el funcionario que ya la fiscalía había dispuesto la compulsación de copias a fin de que se investigara la Segunda Delegada para ala Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 11 Carrera 5 No. 15-80 Pbx 33600113520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co

Casación de Enrique Rey Avendaño Rad. 22.175 posible participación de otras personas en los hechos (fols. 119/121 C.2). Aunque la determinación fue recurrida en apelación por el defensor, posteriormente desistió del recurso (fols.38/ 84 c. causa). En la primera sesión de la diligencia de audiencia pública realizada el 27 de junio de 2001, el juzgado con fundamento en lo previsto en el artículo 448 inciso 2º del C. de

P. P., y atendiendo lo manifestado por el procesado en torno a las personas que intervinieron en el pago de impuestos de importación y su posible localización, dispuso la práctica oficiosa de varias diligencias, entre ellas, la declaración del señor Guillermo Augusto López Arias, llamado por el procesado como Augusto o Saúl (sic), y solicitar a la dirección del trabajo información sobre su posible ubicación y el envío de su hoja de vida, y por su intermedio citara a Saúl. En su defecto, dispuso enviar la copia de la cédula de ciudadanía de López Arias a la Registraduría Nacional a fin de que remitiera la tarjeta decadactilar con el objeto de lograr su ubicación (fol. 91 c. causa).

Dando cumplimiento a lo anterior se ofició a la Registraduría Nacional del Estado Civil el 27 de junio de 2001 (fol. 95), se citó a Guillermo Augusto López Arias a la Carrera 77 C No. 52 A-50, dirección que registró como lugar de residencia en el contrato suscrito con CELUMOVIL a fin de que compareciera para practicar diligencia dentro de la causa (fol. 97), se ofició a los residentes en el inmueble ubicado en la

calle 49 No. 20-03 con el fin de que informaran si ahí trabajaba o había laborado Guillermo Augusto López Arias, y en caso afirmativo se remitiera su hoja de vida (fol. 100 c. causa). El 3 de julio de 2001 la secretaria del despacho judicial informó que no fue posible radicar el oficio últimamente relacionado en consideración a que el No. 20-03 no existía en la calle 49 (fol. 101), y respecto del otro oficio no se obtuvo respuesta. De manera que, el juzgado iniciada la audiencia pública hizo lo posible por lograr la comparecencia al proceso como declarante de Augusto N., lo cual no se consiguió, porque justamente uno de los datos que reposaba en el expediente resultó inexacto, y del otro no se obtuvo respuesta, ello conllevó a que a su vez, el antes mencionado no suministrara información sobre el señor Saúl N. para que éste fuera citado al proceso. Si bien, los funcionarios que tuvieron a cargo la instrucción y juzgamiento no realizaron prontamente las diligencias a su alcance para lograr que las personas Segunda Delegada para ala Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 12 Carrera 5 No. 15-80 Pbx 33600113520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Enrique Rey Avendaño Rad. 22.175 citadas por el procesado Rey Avendaño pudieran ser citadas y comparecieran al proceso a rendir testimonio, cuando de oficio se dispuso lo pertinente las informaciones resultaron fallidas y Guillermo Augusto López Arias no pudo ser

localizado. Pero aún aceptando la inercia investigativa, lo realmente importante, destacado por el acusador como por el sentenciador, es que el proceso contaba con la prueba suficiente para imputar a Rey Avendaño el concurso delictivo a título de determinador en el delito de falsedad material de particular en documento público agravado por el uso y coautor de los delitos de hurto agravado por la confianza y contrabando, al tiempo que se aceptaba la participación de otras personas en el desarrollo de los hechos, lo que hizo que en su momento la fiscalía dispusiera la compulsación de copias con miras a que la investigación se extendiera en contra de otros no vinculados. No debe perderse de vista que al juez de la causa le corresponde verificar si la hipótesis plasmada en resolución de acusación y no otra, puede descartarse o confirmarse en la fase del juicio. Todo esto tiene su razón de ser en el hecho de q