PGN - Documento 201607091834228

Señores Magistrados Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN REF: Recurso de Casación interpuesto por el Procurador Judicial 106 Penal y el Fiscal Quinto Delegado ante el Tribunal Superior de Manizales contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales que absolvió a Jorge Enrique Rojas Quiceno de los cargos formulados por el delito de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.

RAD. Nº: 22.044

Honorables Magistrados: De conformidad con el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal, procedo a rendir concepto sobre la legalidad de la sentencia proferida por el Tribunal

Superior de Manizales. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales, en sentencia del cuatro de febrero de dos mil tres, condenó a Olga Inés Rojas Quiceno, Jhon Faber Osorno Naranjo y a Jorge Enrique Rojas Quiceno, a las penas principales de treinta y seis meses de prisión y multa de quince salarios mínimos legales mensuales, para los dos primeros en calidad de partícipes, y a cuatro años de prisión y multa de veinte salarios mínimos legales mensuales, a este último como autor, responsables del delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, así como a la accesoria de interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por período igual al de la pena privativa de la libertad. Además les impuso la obligación de pagar los perjuicios materiales ocasionados con la infracción.

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JORGE ENRIQUE ROJAS QUICENO Apelada la sentencia por la apoderada de los sindicados y el Fiscal Quinto de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales desató el recurso mediante fallo del veintisiete de agosto de dos mil tres en el que absolvió al procesado JORGE ENRIQUE ROJAS QUICENO y confirmó la condena proferida contra Olga Inés Rojas Quiceno y John Faber Osorno Naranjo, a quienes les atribuyó la calidad de coautores del delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades y les modificó la pena, para condenarlos a las penas principales de cuatro años de prisión y multa de diez salarios mínimos legales mensuales. Contra el fallo de segunda instancia el Fiscal Quinto de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior y el Procurador 106 Judicial Penal interpusieron recurso de casación que sustentaron con demandas que la Corte Suprema de Justicia encontró ajustadas a los requisitos legales. De las demandas se ha corrido traslado a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal, a fin de que emita su concepto sobre la viabilidad del recurso.

1. HECHOS Para la realización del primer censo educativo que se llevó a cabo en la ciudad de Manizales el primero de agosto de mil novecientos noventa y ocho, el médico Jorge Enrique Rojas Quiceno, alcalde de dicha localidad, invitó a varias empresas, entre ellas la Terminal de Transportes de Manizales, en cuya Junta Directiva tiene asiento el primer mandatario de la municipalidad, e igualmente a el

Diagnosticentro Automotor de Caldas, con quien además suscribió el municipio de Manizales convenios para acordar la participación de los recursos provenientes de la revisión del parque automotor de esa ciudad, al igual que Aguas de Manizales, empresa en la que participa accionariamente el municipio y en donde actúa como miembro de la Junta Directiva el alcalde de Manizales, a las cuales solicitó una 2

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JORGE ENRIQUE ROJAS QUICENO colaboración consistente en el aporte de unas camisetas con las que se distinguirían los empadronadores. El alcalde Rojas Quiceno indicó a los aportantes que en dichas camisetas se imprimiría el logotipo de cada una de las empresas vinculadas al censo educativo. Una empresa en la que figuraba como representante legal el señor Jhon Faber Osorno Naranjo fue la encargada de la gestión de compra-venta de las referidas prendas de vestir, y en esos trámites estuvo involucrada Olga Inés Rojas Quiceno, hermana de Jorge Enrique Rojas Quiceno, ya que recibió varios cheques, girados a su nombre por concepto del pago de dichas camisetas, y quien además se encargó de las gestiones encaminadas a la confección de las camisetas y la impresión de los logotipos, cheques que posteriormente fueron consignados a una cuenta corriente cuya titular era la señora Rojas Quiceno.

2. ACTUACIÓN PROCESAL El nueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, la Fiscalía Décima de la Unidad Seccional de Manizales, atendiendo una comunicación dirigida por el Director Seccional de Fiscalía con sede en dicha ciudad inició una investigación

preliminar. Una vez recibidas las versiones de algunos de los gerentes de las empresas vinculadas con la donación de las camisetas, quienes aportaron parte de la documentación relacionada con el proceso de adquisición de las mismas y la suministrada por la Secretaria Administrativa de la Alcaldía y practicadas unas inspecciones judiciales a las dependencias de la Terminal de Transportes y de la Alcaldía de Manizales, se dispuso la apertura de la investigación en proveído calendado el diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en el que se ordenó vincular mediante indagatoria a Jorge Enrique Rojas Quiceno. 3

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JORGE ENRIQUE ROJAS QUICENO Escuchado el imputado, se resolvió su situación jurídica mediante resolución del veinte de noviembre de mil novecientos noventa y ocho con medida de aseguramiento de detención preventiva como sindicado del delito de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. La anterior providencia fue recurrida en reposición y subsidiariamente en apelación, concluyendo el trámite de las impugnaciones con la decisión de marzo cuatro de mil novecientos noventa y nueve del Fiscal Veintiséis Delegado ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, despacho encargado de surtir la segunda instancia, por cuanto la investigación fue reasignada a una Unidad Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá mediante resolución 002 del 4 de enero de 1.999 emanada de la Dirección Nacional de Fiscalías, instancia en la que al desatarse el recurso de apelación pendiente, decretó la nulidad de lo

actuado a partir de la interposición del recurso de reposición presentado por el defensor del sindicado Jorge Enrique Rojas Quiceno, pronunciamiento en el que se consideró vulnerado el debido proceso por el indebido trámite que se le impartió a las referidas impugnaciones. Una vez se practicaron algunas pruebas con las cuales la fiscalía consideró que existían meritos para investigar a familiares del ex alcalde Rojas Quiceno, se ordenó, mediante resolución del cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, la vinculación mediante indagatoria de los hermanos Olga Inés, José Jahir y Rubén Darío Rojas Quiceno, allí mismo se dispuso también la vinculación de John Faber Osorno y Luis Carlos Dávila, este último en su calidad de propietario de un taller en donde aparecen familiares del ex alcalde como copropietarios y el mismo burgomaestre como accionista, y en donde el mandatario local ordenó el arreglo de un máquina del cuerpo de bomberos de Manizales. Escuchados los imputados en indagatoria, el Fiscal Ciento Noventa y Cuatro de la Unidad Tercera de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá, quien asumió el conocimiento de la actuación de conformidad con lo dispuesto por la 4

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JORGE ENRIQUE ROJAS QUICENO Dirección Nacional de Fiscalías, les resolvió situación jurídica mediante resolución de junio treinta de mil novecientos noventa y nueve, en la que se dispuso imponer medida de aseguramiento de detención preventiva a Olga Inés Rojas Quiceno y a John Faber Osorno Naranjo como sindicados del delito de violación del régimen

legal de inhabilidades e incompatibilidades y se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en contra de José Jahir Rojas Quiceno y Luis Carlos Dávila García. El defensor de los sindicados Rojas Quiceno y Osorno Naranjo interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión que les definió su situación jurídica y la fiscalía se abstuvo de revocar la medida de aseguramiento impuesta y modificó, en la decisión que desató el recurso de apelación, la imputación provisional que se le hizo a los procesados al considerar que era a título de coautores del delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades que deberían responder los sumariados. Practicadas numerosas pruebas se ordenó el cierre parcial de la investigación en relación con Jorge Enrique Rojas Quiceno mediante resolución del ocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, decisión que fue objeto del recurso de reposición interpuesto por su defensor y al cual se le dio respuesta mediante proveído del primero de julio de mil novecientos noventa y nueve en el cual se revocó el cierre decretado y se dispuso la practica de unas pruebas testimoniales. Luego de algunas diligencias de instrucción y practicadas unas pruebas, el defensor del procesado Jorge Enrique Rojas Quiceno solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento, y el fiscal del conocimiento se abstuvo de revocarla, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. Apelada la providencia por el defensor del procesado Rojas Quiceno, la Fiscalía Veintiséis Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, en

resolución del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y nueve, la confirmó íntegramente. 5

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JORGE ENRIQUE ROJAS QUICENO Perfeccionada la investigación se ordenó su cierre mediante resolución del treinta de julio de mil novecientos noventa y nueve y luego de presentadas las alegaciones por los sujetos procesales, la Fiscalía Ciento Noventa y Cuatro Delegada ante los Jueces Penales del Circuito calificó el mérito del sumario el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y nueve con resolución de acusación en contra de Jorge Enrique Rojas Quiceno, Olga Inés Rojas Quiceno y John Faver Osorno Naranjo como presuntos coautores responsables del delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades con relación a los hechos que tienen que ver con la adquisición de las camisetas destinadas al censo educativo, se ordenó compulsar copias de la actuación para que se investigara a los gerentes o directores de las empresas que contrataron la confección y adquisición de las mencionadas prendas de vestir y se precluyó la investigación a favor de Luis Carlos Dávila, Jorge Enrique y José Jahir Rojas Quiceno en relación a los hechos que tienen que ver con el arreglo de unos vehículos al servicio del municipio de Manizales en un taller de esa ciudad. Una vez confirmada la providencia por la Fiscalía Veintiséis Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, mediante proveído del once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el expediente se remitió a los juzgados del circuito. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales avocó

conocimiento del proceso el trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. El mencionado despacho judicial con fundamento en el artículo 446 del Decreto 2700 de 1.991, mediante auto del doce de enero de dos mil, ordenó abrir el juicio a pruebas. Dentro del término, los representantes del Ministerio Público, de la parte civil y de la defensa solicitaron la práctica de un número plural de pruebas de orden testimonial y documental, las cuales se ordenaron y se practicaron en el transcurso de las dos sesiones en las que se desarrolló la diligencia de audiencia pública. El Procurador Regional de Caldas había solicitado con anterioridad la 6

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JORGE ENRIQUE ROJAS QUICENO práctica de una prueba grafológica la cual se aportó a la actuación luego de finalizada esta etapa procesal. Culminada la vista pública el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales profirió sentencia condenatoria el veintisiete de julio de dos mil y condenó a los procesados Jorge Enrique y Olga Inés Rojas Quiceno al igual que a Jhon Faber Osorno Naranjo como autores del delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. Apelada la decisión el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales en providencia del quince de diciembre de dos mil decretó la nulidad de lo actuado a partir del inicio de la etapa de juzgamiento, sustentando dicha decisión en que el experticio grafológico solicitado por la Procuraduría Regional de Caldas fue aportado a la actuación en el curso del trámite de la impugnación y que dicha

prueba tenía incidencia en la resolución de este asunto, por lo que era conveniente incorporarla a la investigación en tiempo oportuno. El veintitrés de enero de dos mil uno el juez del conocimiento acatando lo decidido por el superior y para efectos de reponer la actuación invalidada decidió correr de nuevo traslado a los sujetos procesales en los términos del artículo 446 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época. Evacuado el período probatorio en el cual se aportó un nuevo dictamen grafológico con conclusiones diversas a las arrojadas en el experticio solicitado por la Procuraduría Regional de Caldas, se llevó a cabo la diligencia de audiencia pública, al término de la cual se dictó de nuevo sentencia condenatoria el cuatro de febrero de dos mil tres cuyos resultados fueron ya reseñados, decisión que fue modificada por el Tribunal Superior de Manizales el veintisiete de agosto de dos mil tres en la sentencia que es objeto del recurso de casación. 7

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3. SÍNTESIS DE LAS DEMANDAS DE CASACIÓN 3.1. Demanda presentada por el señor Procurador Judicial 106 en asuntos penales Por vía de la Causal Tercera de casación, el demandante acusa la sentencia de haberse dictado en un juicio viciado de nulidad por cuanto, en su opinión, la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales incurrió en irregularidades que atentan contra el debido proceso.

Estima el libelista que con la providencia en la que el Tribunal Superior decretó la nulidad de lo actuado, a partir del inicio de la etapa de juzgamiento, se violaron las

formas propias del juicio, debido a que no era procedente dicha invalidación de la actuación cuando lo que le correspondía era haber desechado la prueba grafológica que se consideró necesaria para decidir de fondo. En opinión del recurrente la irregular y tardía incorporación del medio probatorio no era suficiente para declarar la nulidad ya que jurisprudencialmente se tiene establecido que cuando un medio probatorio no ha sido solicitado, practicado y aportado legalmente, lo procedente es el rechazo del medio de convicción en esa forma concebido. El dictamen grafológico requerido por la Procuraduría Regional de Caldas fue aportado, a juicio del recurrente, en forma irregular, razón por lo que el Tribunal ha debido rechazarlo y no decretar la nulidad como lo hizo la segunda instancia al momento de resolver la impugnación a la sentencia de primer grado, ya que dicho proceder constituye, para el libelista, una ilegalidad por haber dispuesto el Ad Quem la nulidad de la actuación. La nulidad decretada por la segunda instancia al momento de resolver el recurso de apelación es para el recurrente un procedimiento arbitrario, debido a que con 8

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JORGE ENRIQUE ROJAS QUICENO ello el Tribunal ha irrespetado el principio de preclusión de las etapas procesales, que indican que los medios probatorios deben ser aportados en la oportunidad señalada por el procedimiento determinado en las normas adjetivas, normas que además señalan la ritualidad de las formas del juicio, principio también desconocido por la decisión del sentenciador de segundo grado. En este sentido, el proceder de los funcionarios jurisdiccionales de segundo grado

es para el libelista contrario al debido proceso y se debe declarar la nulidad de la actuación para reponerla en debida forma a partir de la providencia del quince de diciembre del año dos mil en la que se decidió a cerca de la invalidación procesal. Solicita el recurrente que se case la sentencia impugnada para que en su lugar se decrete la nulidad a partir de la providencia del Tribunal que decidió sobre la nulidad cuestionada y en su lugar se ordene a la Sala Penal del Tribunal de Manizales proferir el correspondiente fallo. 3.2. Demanda presentada por el Fiscal Quinto Delegado ante el Tribunal Superior de Manizales Con fundamento en la Causal Primera de casación (artículo 207 de la Ley 600 de 2.000), cuerpo segundo, el demandante plantea un único cargo en contra de la sentencia recurrida y contra ella dirige un reproche constitutivo de violación de una norma de derecho sustancial por errores de hecho derivados de un falso raciocinio y un falso juicio de existencia. 3.2.1. Primer error Con el propósito de sustentar el cargo aduce que el primer error que se advierte en la sentencia se presenta por la equivocada apreciación que hace el Tribunal de las pruebas aportadas al proceso, particularmente las de orden testimonial y otra documental de las cuales se infiere, a la luz de la sana crítica, que el ex alcalde sí 9

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JORGE ENRIQUE ROJAS QUICENO tenía conocimiento de todo el proceso de contratación de las camisetas en el cual intervino. Luego de transcribir apartes de la sentencia recurrida en casación resalta que el

fundamento de la absolución de Jorge Enrique Rojas Quiceno fue la inadecuada apreciación de las pruebas que realizó el sentenciador de segundo grado que le llevó a concluir que el proceso de contratación de las camisetas era desconocido por el otrora alcalde municipal de Manizales, quien además ignoraba las gestiones que realizaba su hermana para dotar a los encuestadores de la ya mencionada prenda a través de la empresa Uniformar, cuya representación legal la ostentaba el procesado Osorno Naranjo. Sostiene el libelista que ese desconocimiento que el Tribunal atribuye al procesado Rojas Quiceno contraría la realidad probatoria, debido a que, acorde con la prueba testimonial arrimada a la actuación y la adecuada valoración de ella bajo los parámetros de la sana crítica, se infiere que el conocimiento y la consecuente intervención del ex alcalde en el proceso de adquisición de las camisetas es un hecho cierto del que se deriva suficientemente la prueba para demostrar su responsabilidad. En efecto, luego de analizar apartes de los testimonios de la Secretaria Administrativa de la Alcaldía de Manizales, Gloria Inés Arias de Delgado, de los gerentes de la Terminal de Transportes de esa municipalidad, Jaime Ocampo Charry y del Diagnosticentro Automotor de Caldas, Diego Franco Molina, al igual que el de una asistente y el Tesorero de la Terminal, Sandra Milena Quintero Mejía y Silvio Arturo Buriticá respectivamente, manifiesta el censor que claramente se infiere que el procesado Rojas Quiceno tenía pleno conocimiento de que su hermana Olga Inés era la persona que intervenía en el proceso de elaboración de las camisetas y del posterior pago con recursos provenientes del erario.

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JORGE ENRIQUE ROJAS QUICENO Además de lo anterior, insiste el recurrente, que las cartas enviadas a las empresas que donaron las camisetas demuestran con claridad la intervención del mandatario local en el proceso contractual que culminó con la adquisición de las prendas, en donde el ex alcalde intervino en las fases de tramitación y aprobación del contrato de compraventa. Finaliza su reproche en este aparte de la censura señalando que las sentencia condenatoria de primera instancia en contra de Olga Inés Rojas Quiceno demuestra que toda la prueba indica que dicha procesada intervino en calidad de coautora del comportamiento por el cual se le formuló acusación y que extrañamente el Tribunal confirmó esta decisión y desvinculó a su hermano cuya gestión logró favorecer a dicha procesada. 3.2.2. Segundo error En otro aparte de la censura el demandante reclama la necesidad de apreciar unas pruebas echadas de menos por el Tribunal, con las que se verificaría la autenticidad de la firma que aparece en el documento objeto de la peritación y cuyos resultados fueron contradictorios, puesto que el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional llegaron a conclusiones diferentes. El recurrente sostiene que de haberse tenido en cuenta las declaraciones de Gloria Inés Arias y la indagatoria de Jorge Enrique Rojas, se habría concluido que la firma que aparece en dicho documento –la carta de cobro dirigida al Diagnosticentro-, pertenece al ex alcalde.

En efecto, afirma el libelista que es el mismo procesado quien al ser interrogado en la diligencia de indagatoria acerca de que si la firma que aparece en la carta de cobro dirigida al Diagnosticentro le pertenecía, manifiesta que la abreviaturas del 11

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JORGE ENRIQUE ROJAS QUICENO visto bueno y recibido no fueron impresas por él, pero que la firma sí es la que el utilizaba en todos sus actos que tuvieran que ver con los asuntos del municipio. Lo propio, sostiene el recurrente, indica el testimonio de la Secretaria Administrativa -Gloria Inés Ariasquien afirmó en su declaración que apreció el momento en que el ex alcalde estampó su firma en dicho documento. De esta manera, concluye el censor, que de haberse apreciado tanto la indagatoria como el testimonio, el Tribunal hubiese tomado partido por aceptar que la firma que aparece en la carta de cobro es la de Jorge Enrique Rojas Quiceno y que, en consecuencia, de ese hecho se pude inferir que el ex alcalde sí tenía conocimiento e intervino en el proceso de adquisición de las camisetas utilizadas en el censo educativo. A juicio del recurrente existe una violación indirecta de los artículos 232 y 238 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2.000) que regulan la actividad probatoria, a la cual se llega por falta de aplicación del artículo 144 del Decreto 100 de 1.980, por lo que solicita se case parcialmente la sentencia materia de impugnación y se dicte fallo de carácter condenatorio en contra de Jorge Enrique Rojas Quiceno.

4. ALEGATOS DEL NO RECURRENTE

El defensor del procesado se opone a las pretensiones de los casacionistas y en su escrito, encaminado a rebatir las tesis propuestas, señala. 4.1. Frente a la demanda de casación presentada por el Procurador 106 Judicial Penal 12

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JORGE ENRIQUE ROJAS QUICENO Con relación al cargo propuesto por el representante del Ministerio Público, expresa que no tiene vocación de prosperidad, debido a la falta de fundamento jurídico, en tanto que la decisión del Tribunal al decretar la nulidad de lo actuado a partir del inicio de la etapa de juzgamiento, para incorporar una prueba que resultaba determinante para alcanzar los fines esenciales del proceso, fue acertada desde todo punto de vista legal. Critica al Procurador Judicial por su propuesta de nulidad, ya que en la audiencia de sustentación del recurso de apelación interpuesto, este mismo funcionario fue el que solicitó al Tribunal la invalidación de lo actuado para permitir la incorporación de ese medio de convicción. Concluye señalando que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales decretó la nulidad por advertir irregularidades que atentaban contra el debido proceso. 4.2. Frente a la demanda presentada por el Fiscal Quinto Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales En opinión del defensor del sindicado, en su condición de no recurrente, los cargos propuestos por el casacionista deben ser desestimados, ya que después de analizar cada una de las pruebas frente a las cuales se alega un error de hecho, manifiesta su discrepancia con las pretensiones del demandante.

El no recurrente señala que cada uno de los testimonios, frente a los cuales reclama el censor una adecuada valoración probatoria, deben ser desestimados debido a su manifiesta contradicción, la que se percibe no solo de cara a cada una de las versiones suministradas por los declarantes que en diferentes oportunidades expresaron su parecer con relación al proceso de adquisición de las camisetas, sino que también se contradice con las versiones que ofrecieron cada uno de los deponentes. 13

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JORGE ENRIQUE ROJAS QUICENO Para indicar los aspectos, en los que según el no recurrente se contradicen los testigos, transcribe las declaraciones de la Secretaria Administrativa del ex alcalde, así como las de los gerentes de la Terminal de Transportes de Manizales y el Diagnosticentro de Caldas, quienes a su juicio urdieron el plan para presentar el episodio de las camisetas como un acto irregular del mandatario local debido a ciertas animadversiones y presiones que se ejercieron por diferencias políticas entre los protagonistas del episodio relacionado con la compra de las camisetas. El defensor no recurrente sostiene que debido a la forma como se presenta dicha prueba testimonial, el Tribunal no le concedió credibilidad a los dichos de Jaime Ocampo Charry, Diego Franco Molina y Gloria Inés Arias, que fueron contradictorios también con el resto de las demás versiones recogidas a lo largo de la investigación. Con relación al otro aspecto de la censura, quien no presenta el recurso extraordinario manifiesta su desacuerdo con el casacionista en el sentido de que las pruebas que este considera echadas de menos no podían darle el carácter de

plena prueba al dictamen grafológico por la inconsistencia y contradicción que se advierte en el testimonio de Gloria Inés Arias, y, además, opina que el peritazgo del C.T.I fue rendido atendiendo todos los requerimientos técnicos y científicos necesarios, aspectos no observados en el presentado por la Escuela de Criminalística de la Policía. Para terminar, confronta la técnica utilizada y las conclusiones de cada uno de los dictámenes grafológicos, señalando que debe ser acogido el rendido por el funcionario investigador del C.T.I en razón de su mayor técnica, seriedad y precisión. Por todo lo expuesto solicita a la Corte no casar la sentencia objeto del recurso extraordinario. 14

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5. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA 5.1. Demanda presentada por el señor Procurador Judicial 106 en asuntos penales El reproche aducido por el representante del Ministerio Público se extiende a realizar críticas a la decisión del sentenciador de segunda instancia que decretó la nulidad de lo actuado en el trámite del recurso de apelación, que no obstante merece ser cuestionada, lejos está de proponer un juicio a la legalidad de la sentencia objeto de impugnación, ya que se reduce a una serie de comentarios sobre lo que reiteradamente se ha sostenido a cerca de los presupuestos necesarios para la invalidación de los actos procesales.

En esta sede no puede invocarse la nulidad para llevar a cabo una exposición que refleje la inconformidad interpretativa acerca de la indebida aplicación de una

norma procedimental o la inadecuada manera de incorporar un medio de prueba a la actuación, puesto que la nulidad no es un espacio abierto al que se pueda acudir con ese exclusivo propósito, a riesgo de desconocer los presupuestos mínimos y básicos que orientan la casación, y en particular la proposición de nulidades. De esta manera, el censor no logra acreditar el desconocimiento de las bases fundamentales de la instrucción o el juicio, y más bien desconoce la reiterada jurisprudencia de la Corte que ha sostenido que si bien la causal tercera de casación permite una mayor amplitud para su formulación, ello no equivale a relevar al demandante de respetar los principios que orientan la invalidación. Obligada referencia, en cuanto a los principios que orientan la declaratoria de las nulidades, se debe hacer del principio de la aplicación residual o extrema de la 15

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JORGE ENRIQUE ROJAS QUICENO medida, si tenemos en cuenta sus efectos en el sentido de que como ella es la forma mas agravada de ineficacia del acto procesal, se hace extensiva a los actos consecutivos que del mismo dependan. Obsérvese en uno de los apartes de la sentencia recurrida en la que el Tribunal hace una referencia al principio de economía procesal y de contera sostiene e insiste en que, aunque el acto de incorporación extemporánea del dictamen grafológico es irregular, considera innecesario decretar nuevamente la nulidad. Ese desconocimiento, claro está, generaría quebrantamiento de garantías, pero en virtud al largo tiempo transcurrido desde el inicio de la etapa del juicio a la fecha (3 años y ocho meses) no imputable a los

procesados ni a sus defensores, y a la decisión a la que arribará la Sala, no consideramos necesario decretar una nueva nulidad.1 Por esas razones no debe abusarse de la invocación de este remedio procesal, acudiéndose a esta institución únicamente frente a casos realmente graves y frente a actuaciones que verdaderamente vulneren los mínimos principios y formas previstas por el ordenamiento penal adjetivo, si existe otro mecanismo mas expedito para subsanar una irregularidad. Si bien es cierto la medida adoptada por el sentenciador de segundo grado reviste caracteres irregulares al invalidar la actuación para la incorporación procesal de un medio de convicción, no obstante ello, la legitimidad de la instrucción y del juicio no se afectaron con la declaratoria de nulidad por parte del Tribunal al momento de desatar el recurso de apelación que se interpuso en contra de la decisión de primera instancia. Adicionalmente le correspondía al recurrente demostrar la trascendencia que el vicio denunciado tuvo en el proceso y la imposibilidad de remediarlo sin acudir a 1 Página 15 sentencia de segunda instancia. 16

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JORGE ENRIQUE ROJAS QUICENO este extremo mecanismo procesal y no quedarse en afirmaciones que no alcanzan siquiera a poner en entredicho la