PGN - Documento 201607091834261

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Mauro Solarte Portilla

E. S. D.

REF.: Casación interpuesta por la defensora del procesado Juan Carlos Cruz Bolaños contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que lo condenó por el delito de homicidio.

RAD. No.: 18.541

El Juzgado Décimo Penal del Circuito de Cali en sentencia del doce de septiembre de mil novecientos noventa y nueve condenó a Juan Carlos Cruz Bolaños a la pena principal de veinticinco años de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por diez años, al encontrarlo responsable del delito de homicidio. Apelada la decisión, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali mediante fallo del veintitrés de enero de dos mil uno confirmó de manera integral la sentencia recurrida. Contra la sentencia de segunda instancia la defensora del procesado interpuso acción de casación que sustentó con demanda que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia encontró ajustada a las exigencias de ley. Conforme con lo establecido en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal emitir concepto sobre la viabilidad del recurso. HECHOS El veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y nueve John Alexander Alegría Peña y algunos amigos suyos se encontraban en un establecimiento abierto al público situado en la calle 10 con carrera 10 de la ciudad de Cali,

tomando algunas bebidas embriagantes y jugando al sapo. 2 Por motivos desconocidos, en el local se formó una pelea en la que participaron varios de los circunstantes y en el curso de ella Juan Carlos Cruz Bolaños propinó dos heridas con arma blanca a John Alexander Alegría Peña, quien posteriormente falleció a causa de ellas. ACTUACION PROCESAL El levantamiento del cadáver y las primeras diligencias de investigación las adelantó la Fiscalía Ciento Trece de la Unidad de Reacción Inmediata de Cali, ante quien las autoridades de policía dejaron a su disposición, capturados como sindicados del delito, a John Jairo Cometa y a Juan Carlos Cruz Bolaños. La misma fiscalía delegada, con base en esta actuación, ordenó adelantar una investigación previa el veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y nueve, cuando también profirió una resolución en la que calificó como captura en flagrancia la aprehensión de los imputados. Mediante providencia del veintidós de febrero de mil novecientos noventa y nueve la Fiscalía Seccional Cuarenta y Ocho abrió investigación y ordenó oír en indagatoria a los capturados John Jairo Cometa Offo y Juan Carlos Cruz Bolaños, quienes tuvieron oportunidad de rendir sus descargos el veintitrés de febrero del año mencionado, debidamente asistidos por sendos apoderados. El veintiseis de febrero de mil novecientos noventa y nueve la fiscalía resolvió la situación jurídica de los indagados, con medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Cruz Bolaños por el delito de homicidio y absteniéndose de decretar medida restrictiva de sus derechos contra John

Jairo Cometa Offo, a quien dejó en libertad. Practicadas numerosas pruebas y cerrada la investigación, tanto la parte civil como la defensora del imputado presentaron sus alegatos precalificatorios y la Fiscalía Cuarenta y Ocho Seccional de Cali, con providencia del trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve, dictó resolución de acusación en contra de Juan Carlos Cruz Bolaños como autor del delito de homicidio y precluyó la investigación a favor de John Jairo Cometa Offo. La defensora del acusado interpuso recurso de apelación contra la providencia calificatoria y la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali la confirmó mediante resolución del veintinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve. 3 El nueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve el Juzgado Décimo Penal del Circuito avocó el conocimiento del proceso y abrió el juicio a pruebas, período dentro del cual la defensora del acusado solicitó la práctica de varias pruebas. Mediante memorial presentado el diez de septiembre de mil novecientos noventa y nueve la defensora de Cruz Bolaños pidió al juzgado que declarara la nulidad de la diligencia de reconocimiento en fila de personas practicada en la fase de investigación, así como la de la captura del procesado, petición que fue despachada adversamente por el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Cali en auto del doce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en el que también accedió a la práctica de las pruebas pedidas por la abogada. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con auto del diez de febrero

de dos mil, confirmó la providencia anterior, que había sido apelada por la defensora del acusado Cruz Bolaños. Luego de algunas incidencias procesales se inició la audiencia pública el veintiseis de enero de dos mil, acto durante el cual se evacuaron algunas pruebas, y terminó el diez de agosto de dos mil. En el curso de esta larga audiencia, la defensora del procesado solicitó la libertad provisional de Cruz Bolaños mediante memorial del veintisiete de julio de dos mil, petición que fue negada por el juzgado mediante auto del dos de agosto de dos mil, apelado por la defensora del acusado. El Juzgado Décimo Penal del Circuito de Cali dictó sentencia condenatoria en contra de Juan Carlos Cruz Bolaños el doce de septiembre de dos mil, decisión que fue apelada por la defensora del incriminado. El veintiocho de septiembre de dos mil el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó el auto mediante el cual se negó la libertad provisional del sindicado, y luego, el veintitrés de enero de dos mil uno, confirmó la sentencia condenatoria. SINTESIS DE LA DEMANDA DE CASACION Primer cargo Con fundamento en la causal tercera de casación, demanda la censora la nulidad de la sentencia de segunda instancia porque, en su entender, se 4 dictó en un juicio viciado de nulidad debido a irregularidades sustanciales que violaron del debido proceso. En este punto, enuncia cuatro causas de nulidad:

1. No se practicó un examen médico a la testigo Inés Díaz de Bejarano para determinar su agudeza visual y auditiva, ni se indagó por los antecedentes

de algunas personas. Las pruebas anotadas fueron solicitadas en el período probatorio del juicio, pero el juez no proveyó lo necesario para su práctica, de manera que la defensa no pudo, con base en ellas, ejercer el derecho a la contradicción. De otra parte, la testigo Díaz de Bejarano se presentó a declarar a la audiencia pública, oportunidad en la cual la defensa solicitó que fuera sometida a un examen siquiátrico para establecer su sanidad mental, pero esta prueba tampoco se pudo practicar debido a la desidia del funcionario judicial y a un alegado estado de peligro para la integridad personal de la testigo.

2. En el curso del proceso se practicaron las pruebas ordenadas de oficio y las pedidas por la parte civil, mas no las solicitadas por la defensa, con lo cual se violó el principio de investigación integral.

Adicionalmente a los errores reseñados, los funcionarios judiciales no tuvieron en cuenta que Inés Díaz de Bejarano dijo que habían sido dos los agresores de John Alexander Alegría Peña y, acorde con ello, se abstuvieron de establecer la identidad de este segundo agresor.

3. Se violó el principio constitucional de interdicción de la reforma peyorativa, porque el tribunal dispuso la investigación del delito de amenazas personales en contra del procesado, al dar credibilidad a la afirmación de Inés Díaz de Bejarano según la cual había sido amenazada por su participación en el proceso.

Con la disposición de estas copias, a juicio de la censora se violó el mentado principio porque se agravó la situación del acusado.

4. Se violó el principio de presunción de inocencia porque en la etapa del

juicio, antes de que se decidiera si el procesado tenía derecho a su libertad provisional, tal como lo había pedido la defensa, se dictó sentencia condenatoria y además se consideraron inconducentes algunas pruebas 5 cuya práctica había sido pedida en la etapa de investigación y luego en la fase probatoria del juicio. Señaladas estas irregularidades, la casacionista presenta argumentos para demostrar su incidencia en el contenido de la sentencia. Al efecto sostiene que se sometió al acusado a un juicio irregular en el que se violaron las garantías de contradicción, libertad y defensa del acusado. Las pruebas que sirvieron de sustento a la condena –prosigueno alcanzaron el valor de prueba plena, porque al omitir las solicitadas por la defensa no hubo medio de contrastarlas para llegar a la verdad. Segundo cargo También al amparo de la causal tercera de casación, la libelista estima que la sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad por violación del derecho a la defensa. Inicialmente sostiene la casacionista que en la fase probatoria del juicio se pidió un dictamen pericial que determinara la agudeza visual y auditiva de la testigo Inés Díaz de Bejarano, prueba a la que accedió el juzgado pero no hizo nada por realizarla efectivamente, pese a lo cual el ocho de febrero de dos mil el juzgado solicitó al Hospital Departamental el resultado de dicho peritaje que, en realidad, nunca se practicó. Llegado el momento de la audiencia pública la defensora observó en la testigo Díaz de Bejarano algunos signos que la hicieron pensar que padecía

una anomalía mental, razón por la que solicitó fuera sometida a un examen siquiátrico, a lo cual accedió el juez de la causa, pero la prueba nunca se practicó. Esta circunstancia limitó al procesado sus oportunidades de contradicción de la prueba y no pudo demostrar que la testigo no es confiable, aspecto sobre el cual la censora hace una amplia exposición. El juzgado no accedió a solicitar los antecedentes judiciales que pudieran tener John Alexander Alegría y algunos testigos de los hechos que, en opinión de la casacionista, pertenecían a la banda denominada Chicos Malos. La omisión de esta prueba redujo las posibilidades de contradicción de la prueba y, por consiguiente, lesionó el derecho a la defensa del procesado. Critica también la defensora al tribunal por haber negado unas pruebas que estimó inconducentes, pues en su opinión este proceder limitó las oportunidades de defensa. 6 A igual que en el anterior cargo, finaliza la censora destacado la trascendencia de las irregularidades en el fallo y citando las normas que estima infringidas. Por lo anterior solicita se declare la nulidad del fallo de segunda instancia desde la etapa del juzgamiento señalada en el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal. ALEGATOS DEL NO RECURRENTE La Procuradora 69 Judicial Penal, en su condición de no recurrente, acota que efectivamente las pruebas relacionadas en la demanda fueron omitidas, pero que la casacionista no demostró la trascendencia de ellas en el contenido de la sentencia, convirtiendo la demanda en un alegato de

instancia. Dice la no recurrente que la demanda afirmó la poca confiabilidad de la testigo, pero no confrontó esta tesis con los razonamientos del tribunal al respecto ni tuvo en cuenta que la testigo fue asertiva en su acusación y no mostró, de acuerdo con las actas procesales, deficiencia auditiva o visual alguna, a más de que su relato es intrínsecamente coherente y de ello se desprende que no padece anomalías síquicas. Además, para la Procuradora Judicial no es cierto que la sentencia tenga como fundamento principal el testimonio cuestionado, pues en las consideraciones de la sentencia se hallan otras pruebas importantes que también apuntan a deducir la responsabilidad penal del acusado. Asegura la no recurrente, a este respecto, que el tribunal soportó su decisión en todo el acervo probatorio que ubica al procesado en el lugar de los hechos, como que fue lesionado en la cabeza, y permitió conocer que el acusado fue encontrado por los policiales, después de ocurrida la muerte violenta, en el sitio en donde se refugió con algunos de los partícipes en la riña, con muestras de sangre en su camisa. En cuanto al segundo motivo, la no recurrente estima que con la orden de compulsar copias no se atenta contra el principio de interdicción de la reforma peyorativa porque se trata de tomar las precauciones legales para la investigación de un delito. Respecto a la violación del principio de presunción de inocencia, la no recurrente apunta, simplemente, que el artículo 203 del Código de 7 Procedimiento Penal regula el efecto de la apelación de la providencia referida a la libertad provisional del acusado, razón que impide reconocer en

el actuar de los juzgadores de instancias una irregularidad generadora de nulidad. CONCEPTO DEL PROCURADOR TERCERO DELEGADO PARA LA CASACION PENAL Primer cargo Plantea la recurrente la violación del debido proceso porque no se practicó un examen a la testigo Inés Díaz de Bejarano para determinar la sanidad de sus sentidos de la vista y el oído, y porque no se allegaron los antecedentes judiciales de la misma testigo, de John Alexander Alegría Peña y de los testigos Carlos Ariel Quijano Escobar y Hosmal Alfonso Londoño. Estas pruebas fueron pedidas mediante memorial que la defensa presentó ante el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Cali el diez de septiembre de mil novecientos noventa y nueve y fueron decretadas por el despacho judicial mediante auto del doce de noviembre del mismo año, no obstante que en el memorial en el que se hizo la solicitud no se justificó la pertinencia y necesidad de las pruebas. En desarrollo de esta disposición, el Juzgado ofició el veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y nueve a la Cárcel de Villahermosa requiriendo información sobre los antecedentes de John Alexander Alegría Peña, Carlos Ariel Escobar y Hosmal Alfonso Londoño, y a la cárcel de El Buen Pastor, con el mismo propósito respecto de Inés Díaz de Bejarano. Atendiendo al oficio circular librado por el Juzgado de conocimiento, el Juzgado Once Penal del Circuito de Cali informó, mediante oficio 3627 del veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que Alegría

Peña, Escobar y Londoño no registran antecedentes penales. En el mismo sentido se pronunciaron los juzgados Catorce (oficio 2522), Diecisiete (oficio 1655), Dieciocho (oficio 2475) y Veinte Penal del Circuito (oficio 3623). La Cárcel El Buen Pastor, por su parte, informó que la señora Inés Díaz de Bejarano no registra antecedentes en ese centro. La cárcel de Villahermosa, empero, no respondió la solicitud del juzgado. El veintiseis de enero de dos mil, con ocasión de otra petición elevada por la defensora, ésta anotó en su memorial que no se había oficiado a la autoridad competente con el fin de allegar los antecedentes judiciales que 8 había pedido como prueba. El juzgado no hizo pronunciamiento alguno al respecto. En relación con la prueba médico legal para determinar la sanidad de los órganos de la vista y el oído de la testigo Inés Díaz de Bejarano, la situación fue diferente. Pedida la prueba en el período probatorio del juicio, el juez ordenó su práctica mediante auto del doce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve y en desarrollo de tal orden citó a la testigo mediante oficio del veintitrés de los mismos mes y año y en la misma fecha solicitó al Instituto de Medicina Legal la realización de exámenes oftalmológico y auditivo. El Instituto de Medicina Legal comunicó al juez, con oficio 9912020013 del seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que allí carecían de

peritos O. R. L. (otorrinolaringólogos) que pudieran hacer el examen a la testigo y le sugirió acudir al hospital universitario para la práctica de la prueba, sugerencia que atendió el juzgado y pidió a dicho hospital la realización del examen mediante el oficio 045 del dieciocho de enero de dos mil. El hospital fijó cita a la testigo para el veinticinco de enero de dos mil pero, a pesar de haber sido requerido por el juzgado el ocho de febrero de dos mil para que remitiera los resultados de la consulta, no se supo de la suerte que haya podido correr la prueba, porque el hospital se abstuvo luego de responder al respecto. Mirada así la objetividad de la situación, podría pensarse que efectivamente se quebrantó el debido proceso, al no darse a la defensa la oportunidad de controvertir las pruebas de cargo reseñadas en la demanda, pues si bien fueron ordenadas por el juzgado las pruebas con las que se pretendía restar poder de convicción a los testimonios, no se lograron los resultados que con ellas se pretendían. No obstante, estima el Procurador Delegado que la alegación hecha por la recurrente no puede examinarse solamente desde su aspecto objetivo, pues la violación del debido proceso requiere ser examinada desde la perspectiva de la vulneración de un derecho sustancial. A este respecto, se tiene que el concepto de debido proceso y, en particular, el respeto a las formas propias del juicio no puede examinarse exclusivamente desde la óptica de los resultados obtenidos en la actuación procesal, sino que a este punto de vista debe agregarse el análisis de las

circunstancias objetivas en las que se adelanta la actuación judicial, porque 9 si el funcionario judicial hizo lo que razonablemente podía para procurar la obtención de las pruebas solicitadas por algún sujeto procesal y a pesar de tales esfuerzos no logró su recaudo, no se puede afirmar que se hayan violentado las reglas de procesamiento. La ley procesal trata de contemplar todas las situaciones que se pueden presentar en el trámite de un asunto y regula las formas propias del juicio teniendo en cuenta todas aquellas circunstancias que dificultan las diligencias judiciales, pero no puede, en todo momento, prever situaciones o condiciones que atentan contra la efectiva marcha de la administración de justicia. En ocasiones las reglas de procedimiento quedan reducidas, por efecto de las trabas burocráticas o de las dificultades geográficas, de comunicación, de efectividad de otros servidores públicos, de falta de colaboración de los ciudadanos o de los sujetos procesales, a regulaciones de situaciones ideales. El funcionario judicial, que no puede oponerse a aquellas circunstancias, cumplirá con el debido proceso siempre y cuando haga todo lo que racionalmente le pueda ser exigible para cumplir con sus obligaciones de aportar al expediente todas las pruebas necesarias para tomar la decisión. En este caso particular, respecto de los antecedentes judiciales solicitados por la defensora, el juez ofició a los jueces penales del circuito para que informaran sobre las anotaciones que en esos despachos registraran las personas mencionadas en la petición y obtuvo respuesta de algunos de ellos; no ofició a la Fiscalía General de la Nación para dichos efectos, como

tampoco lo hizo al Departamento Administrativo de Seguridad, organismo éste que tiene la competencia para certificar los antecedentes penales de las personas. Se ve aquí una falla en el procedimiento, quizás por el desconocimiento del juez sobre la entidad encargada de certificar los antecedentes, o bien por falta de una clara disposición del Código de Procedimiento Penal que ordene la búsqueda de antecedentes en el Departamento Administrativo de Seguridad. A pesar de ello, este aspecto no se revela como causal de nulidad de lo actuado porque junto a la anomalía en el procedimiento de recaudo de la prueba, el debido proceso como categoría para la determinación de una causal de anulación también exige que se determine en qué medida la omisión probatoria afectó el resultado de la actuación. Este tema, como se 10 demostrará cuando se estudie el segundo de los cargos formulados en la demanda, impide la declaración de nulidad solicitada. Por lo que tiene que ver con la práctica de los exámenes siquiátrico y de agudeza visual y auditiva de la testigo Inés Díaz de Bejarano, la situación es distinta, y más evidente la improcedencia de la petición de nulidad. En este evento el juez hizo todo cuanto la resultó razonable para tratar de incorporar las pruebas a la actuación y si no logró un resultado positivo a ese propósito, se debió a la carencia de especialistas otorrinolaringólos en la seccional del Instituto de Medicina Legal y a las dificultades que se presentaron para que la prueba fuera practicada en el Hospital Universitario, a donde la testigo no se presentó a la cita. La prueba siquiátrica fue también imposible. La testigo, rendida su versión

en la audiencia pública, desapareció del lugar habitual en donde permanecía y no pudo ser hallada a pesar de los esfuerzos que directamente desplegó un funcionario del juzgado. Como la testigo era habitante de la calle, imposible resultaba localizarla por los métodos tradicionales. Fracasados los intentos para aportar las pruebas, era procedente continuar con el procedimiento a fin de no repetir indefinidamente los esfuerzos de las autoridades judiciales para practicarlas, con desmedro del derecho del procesado a un juicio sin dilaciones injustificadas. La irregularidad denunciada, en consecuencia, no constituye, a juicio del Procurador Delegado, causal de nulidad y, por ello, este aspecto del cargo debe ser desestimado. El segundo motivo de nulidad que aduce la defensora en este mismo cargo es igualmente inexistente. En esta ocasión la defensora aduce que se quebrantó el debido proceso porque se violó el principio de investigación integral, proposición que desarrolla con los mismos postulados del anterior vicio denunciado en lo que tiene que ver con el testimonio de la señora Inés Díaz de Bejarano. La verdad que muestra el expediente es otra: el juzgado atendió oportunamente la solicitud para que la mencionada testigo compareciera a rendir su versión y en efecto escuchó a la señora Díaz de Bejarano en el curso de la audiencia pública, oportunidad en la que todos los sujetos procesales tuvieron ocasión de interrogarla ampliamente, como en efecto lo hicieron según sus intereses. 11 A tal punto se respetó la posición de la defensa sobre el punto, que se atendió su petición para que la testigo fuera examinada por peritos en

materia siquiátrica, y al efecto se requirieron los servicios del Instituto de Medicina Legal y del Hospital Universitario, sin que por ninguna de estas vías fuera posible realizar el examen correspondiente a la señora de Bejarano. Los esfuerzos del juzgado no fueron pocos. A la testigo se le buscó para conminarla a comparecer a las citas que se habían fijado para los exámenes, mas no pudo ser encontrada o, simplemente, la testigo no compareció a su evaluación. La prueba, en consecuencia, no se realizó, lo que no significa que se haya violado el principio de investigación integral, porque el examen siquiátrico no pretendía probar uno de los hechos del proceso, sino simplemente aportar elementos de juicio que ayudaran al juez a realizar la crítica testimonial, criterios que incorporó oficiosamente el juzgador a su análisis que concluyó con la aceptación de la veracidad de la prueba, por su contraste con otros elementos de convicción. La prueba siquiátrica –de haberse efectuadoaportaría en este momento un dato en relación con la posible perturbación anímica de la declarante, pero ello tampoco lleva indefectiblemente a rechazar su contenido por carente de veracidad, sino a estudiar su dicho con mayor cuidado, que fue el que tuvo el juez en el momento de analizar las pruebas, según quedó plasmado evidentemente en la sentencia de primera instancia. El tercero de los motivos de nulidad alegados en este sector de la demanda está planteado en forma inadecuada. La censora pretende que se reconozca la violación del principio de interdicción de la reforma peyorativa, sobre la

base de que en la sentencia se ordenó la expedición de copias para investigar un hecho punible que fue denunciado en el curso del proceso y que no había sido objeto de pronunciamiento alguno por la jurisdicción. Este hecho, es evidente, no tiene la potencialidad de desmejorar la situación punitiva del condenado recurrente único, que es a donde se extiende el mandato constitucional del artículo 31. En efecto, la norma de protección de la garantía prevé que “El superior no podrá agravar la pena cuando el condenado sea apelante único”, lo que supone que lo intangible, en este precepto, es la cantidad y la calidad de la pena que corresponde por el hecho objeto de la sentencia, y no las decisiones que no implican, en manera alguna, su incremento sino la 12 manifestación del poder punitivo estatal que tiene, dentro de sus obligaciones, la investigación oficiosa de las conductas delictivas. Investigar la posible comisión de un delito sobre la base de unos hechos conocidos dentro del proceso, en efecto, no es aumentar la pena. Ni aún en el hipotético caso de que el mismo procesado resulte responsable y sea penado por la conducta que se ordenó investigar, porque esta segunda eventual sanción no se impone por el mismo hecho al que se refiere la primera condena, sino por un delito distinto que no está cobijado con la decisión correspondiente. Como esta es la situación que se presenta en el expediente, forzoso es concluir que la demandante carece de razón y el cargo, en este aspecto, también merece ser desestimado. El cuarto factor generador de nulidad es igualmente improcedente. Las

razones son muy breves. El argumento de la defensora en este punto es que se violó el principio de presunción de inocencia porque se dictó sentencia antes de decidirse sobre la libertad provisional del imputado. Olvida la censora, en este aspecto, que la solicitud de libertad provisional se había elevado por el vencimiento de los términos, lo que no implicaba la discusión sobre la responsabilidad del procesado, sino el cumplimiento de los plazos para la realización de la audiencia pública, con lo cual, de plano, se descarta que el dictado de la sentencia antes de haberse resuelto en el fondo esta cuestión, pueda constituir un prejuzgamiento y la correlativa vulneración de la presunción constitucional de inocencia. Pero, además, aun cuando no hubiera sido ese el motivo de solicitud de libertad provisional, dictar sentencia antes de que se resolviera de fondo al respecto tampoco viola el principio de presunción de inocencia, como quiera que la restricción de la libertad provisional del imputado no constituye una declaración de su responsabilidad, sino la determinación de las condiciones respecto de su detención preventiva que son completamente diferentes a las que exige la sentencia. Ordenar la detención preventiva de una persona, así como negar su excarcelación, obedece a criterios legales, uno de los cuales está fijado en la naturaleza del hecho punible que se investiga –el homicidio, entre otrosy no implica un adelanto de la responsabilidad del incriminado, sino la necesidad de que éste comparezca al cumplimiento de la sentencia cuando hubiera lugar a la condena. 13 La norma procesal, acorde con los mandatos constitucionales, permite este

tipo de decisiones procesales, en la medida en que los criterios de imposición de la detención preventiva y de no excarcelación pueden dejar a salvo la presunción de inocencia. El cargo, en consecuencia, debe ser desestimado. Segundo cargo Los planteamientos que se hacen en este cargo son, guardadas proporciones, los mismos que expuso la demandante en el primero de los cargos formulados y tienen apoyo, también, en la causal tercera de casación aun cuando por considerar la libelista que se ha violado el derecho a la defensa del incriminado. El fundamento de la alegación es que las pruebas médicas (de agudeza visual y auditiva y siquiátrica) a las que se ha debido someter a la testigo Inés Díaz de Bejarano así como la recopilación de los antecedentes judiciales de los testigos y la víctima del delito que no se practicaron a pesar de haber sido solicitadas y ordenadas, limitaron a la defensa el derecho a la contradicción. Como se ve, este fundamento –que estuvo incorporado tangencialmente en el cargo anteriorapunta a demostrar que la vulneración del derecho a la contradicción afectó la situación procesal del acusado. A este respecto, se encuentra en el expediente que las pruebas solicitadas por la defensora tenían un propósito definido que no apuntaba a demostrar un hecho esencial del proceso, sino a proporcionar al juez de la causa elementos suficientes para la valoración de la prueba testimonial, como quiera que los antecedentes judiciales pretendían demostrar que quienes habían declarado sobre los hechos y quienes habían estado involucrados en el incidente que dio origen al delito, tenían registros de anteriores condenas

o se tenían noticias sobre su comportamiento social inaceptable, al paso que los exámenes a la testigo buscaban acreditar que ésta padecía algunas anomalías en sus órganos de la vista y el oído. Siendo este el fin que se perseguía con las pruebas que fueron ordenadas pero no pudieron evacuarse adecuadamente, fácilmente se puede concluir que la ausencia de sus resultados no lesiona el derecho a la contradicción porque los elementos de crítica probatoria que se pretendían introducir fueron expuestos debidamente ante el juez de la causa, quien informado de 14 ellos tuvo que analizar el contenido de las pruebas a partir de la discusión que se había propuesto al respecto. Evidentemente, la existencia de antecedentes judiciales o, cuando menos, el hecho de que la víctima del delito y algunos testigos formaban parte de una pandilla y, por consiguiente, habían cometido delitos con anterioridad, fue un hecho que conoció el juez, como también lo fue la acusación de que la testigo Inés Díaz de Bejarano padecía deficiencias en sus órganos de percepción. Estas dos circunstancias, sin embargo, no condujeron a la descalificación de los testimonios vertidos, no por simple capricho del juzgador, sino porque en el análisis que hizo de las pruebas encontró que su contenido corres