PGN - Documento 201607091834267

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO N° 0152 – 2.005 12 – V - 05

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

CONSEJERA PONENTE: Dr. ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

E S. D.

REFERENCIA : EXPEDIENTE N° 1818 – 2.001

ACTORA : DISNEY DALMERIA BEDOYA PARRA y otros

DEMANDAD0 : NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

ACCIÓN : NULIDAD ASUNTO : ALEGATO Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro del término legal, a emitir su concepto en el proceso de la referencia, que conoce el Consejo de Estado, Sección Segunda –Subsección “B”, en única instancia, en virtud de lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, por ser proferidos, los actos acusados, por autoridad nacional.

I. ANTECEDENTES Mediante el ejercicio de la acción de nulidad o contenciosa objetiva prevista en el artículo 84 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989, se pide, con solicitud de suspensión provisional (fls. 118 a 127), por el doctor DIEGO LEÓN CESPEDES SOLANO en nombre y representación de la señora DISNEY DALMEIRA BEDOYA PARRA y otros, declaración de nulidad de

los Acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura –Sala Administrativa -, números 160/1994 –noviembre 29 -: “Por el cual se convoca a un concurso de méritos” (fls. 94 a 108 y 152 a 167); 166/1994 –diciembre 13 -: “Por medio del cual se formula ante la Corte Suprema de Justicia la lista 2 de candidatos para proveer un cargo de Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá” (fls. 109 y 151); 90/1996 –mayo 14 -: “ Por medio del cual se dictan disposiciones sobre modificación y actualización de la inscripción dentro del concurso de méritos para la conformación de los Registros de Elegibles para los cargos de empleados de Carrera de la Rama Judicial” (fls. 111-112 y 168-169); 281/1996 –noviembre 8 -: “Por medio del cual se incluyen unos cargos al concurso de méritos convocado mediante Acuerdos Nos. 160 y 166 de 1994 y Nos. 04 y 14 de 1995” (fls. 113 a 115 y 170 a 172); 298/1996 –diciembre 3 -: “Por medio del cual se reabre el término de inscripción al concurso de méritos convocado mediante Acuerdos Nos. 160 y 166 de 1994, 04 y 14 de 1995” (fls. 116-117 y 173-174); y, 481/1999 –abril 6 -: “Por medio del cual se reglamenta la opción de sedes y despachos, dentro de los concursos de méritos para empleados de carrera de los Tribunales y Juzgados” (fls. 175 y 176).

El mencionado procurador judicial de los demandantes considera violados el artículo 209 de la Carta Política; 66 del Código Contencioso Administrativo; y, 85, 156, 162, 164, 165, 166, 167 y 168 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia o Ley 270 de 1996, porque, a su juicio y entender, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura infringió los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que enmarca la función administrativa, la cual, como se sabe está al servicio de los intereses generales, “pues el convocado mediante el Acuerdo 160 de 1994 solo vino a concluir siete años después, causando con ello además violación al principio de economía administrativa, por lo cual sí se ejecuta ahora el resultado del Concurso el mas grave perjudicado va a ser no solo el Estado sino la Rama Judicial del Poder Público, por cuanto el Consejo Superior de la Judicatura omitió durante todos este tiempo el cumplimiento de lo ordenado por el artículo 168 que impone el deber de llevar a cabo de manera constante y continua Curso de formación judicial, lo cual no se ha llevado a cabo, perjudicándose con esta situación la Administración de Justicia y agudizando aun más la situación de represamiento y lentitud de los procesos asignados a los despachos judiciales. … no se llevaron a cabo cada dos años las convocatorias a que estaba obligado…Si no se llevaron a cabo estas convocatorias, se violaron los principios de eficiencia, 3 celeridad y economía que consagra la Constitución como obligatorios de todo

aquel que tenga a su cargo el desempeño de una función administrativa…se ha violado de manera flagrante lo dispuesto por el numeral segundo del artículo 167 de la ley 270 /96, pues no se cumplió con la obligación allí impuesta y muchos de los funcionarios vinculados a la rama judicial del poder público permanecieron en provisionalidad por más de seis meses habiéndose de esta manera conculcado el derecho a la estabilidad en los cargos a que tenían derecho los ciudadanos vinculados a la rama judicial…Habiéndose convocado el concurso de méritos para acceder a los cargos de la rama judicial del poder público a que se alude en el Acuerdo 160 de 1994 sin que este se hubiere llevado a cabo dentro de los cinco años siguientes a su convocatoria, procede a aplicar la perdida (sic) de fuerza ejecutoria de dicho acto y esto se impetra en virtud de que el acto administrativo contenido en el Acuerdo 160, no puede hacerse ejecutorio contra los empleados de la Rama Judicial, que han venido ocupando los cargos en provisionalidad por más de seis meses, pues de hacerlo se estarían violando las disposiciones de la ley 270 de 1996, específicamente en cuanto hace a lo dispuesto en el artículo 132 que indica las formas de provisión de los cargos y por lo tanto la perdida (sic) de fuerza ejecutoria que establece el artículo 66 del C.C.A., tiene operancia en el presente caso, pues, de no aplicarse, la Rama Judicial del Poder Público del Estado va a ser la más perjudicada. El Acuerdo 481 de abril 6 de 1999 en su artículo 1 se encuentra en abierta oposición a lo dispuesto por la norma superior

que es la ley 270 de 1996 en el Paragrafo (sic) del artículo 165 pues contradice lo allí dispuesto al limitar la opción de sedes a las cuales puede aspirar el concursante o aspirante. Lo que aquí se encuentra es que la norma reglamentaria está en abierta oposición a la norma reglamentada, lo cual contradice los principios del derecho consagrados en la ley 153 de 1887, pues el reglamento jamas (sic) puede estar por encima o en contradicción con la ley que reglamenta…..”. En relación con la abierta contradicción con normas superiores, es decir, con el supuesto de la medida preventiva, el accionante, expuso: “(…) Si se comparan los Acuerdos demandados con las normas superiores de la Ley 270/96 se encontrará, prima facie, su abierta oposición con la norma superior y por lo tanto, procede, en aras de la legalidad, ordenar la suspensión provisional de tales actos 4 administrativos. Cabe además la suspensión provisional de los actos administrativos acusados, porque el acto inicial, o sea el Acuerdo 160 de 29 de noviembre de 1994 del cual se desprenden los demás que son complementarios, ha perdido su fuerza ejecutoria, al haber desaparecido los fundamentos de hecho que le sirvieron de base, pues las situaciones jurídicas que pretendió regular, ya han sido rebasadas por el transcurso del tiempo, por la ineficacia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al no haber cumplido con las obligaciones señaladas en los artículos 85, 164, 168 de la Ley 270/96…”

II. ADMISIÓN DEMANDA y DECISIÓN FRENTE A MEDIDA CAUTELAR Se admitió por intermedio del proveído calendado al 6 de marzo de 2.003 y dentro de la misma providencia se negó la suspensión provisional, porque: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 del C.C.A., la medida de suspensión provisional deprecada en el sub - lite no reúne las exigencias legales, toda vez que la parte solicitante se limitó a efectuar una transcripción textual de los artículos 85 numeral 23, 164 numeral 2° (sic) y 168 de la Ley 270 de 1996 sin indicar concretamente las razones por las cuales considera que existe la vulneración de los actos acusados con las citadas normas. Igualmente, no se indicó con claridad el cargo consistente en que los actos acusados incurren en “perdida de fuerza ejecutoria” (sic) y adicionalmente, se tiene que sí ello fuere así, tal situación no es causal de nulidad de los actos administrativos sino de obligatoriedad en virtud del artículo 66 del C. C. .A….” (fls. 143 a 149).

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El Consejo Superior de la Judicatura concurrió al proceso, se opuso a la prosperidad de las peticiones anulatorias formuladas y, en suma, expuso en defensa de la legalidad de su actuación, reflejada en los actos cuestionados, que con fundamento en la facultad reglamentaria conferida a la Sala Administrativa y a las Salas Seccionales por los artículos 85, 162, 164 y 165 de la Ley 270 de 1.996

se busca materializar el principio del acceso por méritos consagrado por el artículo 5 125 de la Constitución Política, y, en ese derrotero, desde la expedición del Acuerdo N° 034 de 1.994 se reguló de manera general, y con antelación a la fecha de convocatoria al concurso de empleados, la programación de los concursos para los cargos de carrera de la Rama Judicial; acto administrativo que fue demandado en nulidad y el Consejo de Estado, a través de su providencia fechada al 18 de septiembre de 1.997 la declaró respecto de los 2° a 5° y 36, y, de la expresión “como en provisionalidad”, contenida en el su artículo 41. En cuanto al ataque contra el Acuerdo N° 160 de 1.994, expuso el ente oficial, que: “…fue expedido conforme a lo establecido en el Decreto 052 de 1987, el que indicaba, en su artículo 22, las condiciones requeridas para convocar a un concurso de méritos, tales como generalidades del empleo, requisitos, documentos exigidos, características y demás informaciones pertinentes y de la simple lectura …se establece que dichas condiciones fueron cumplidas a cabalidad. Si bien es cierto, los Acuerdos Nos. 166 de 1994; 4 de 1995; 14, 281, 273 y 298 de 1996; 196 de 1997; y 467, 481 y 599 de 1999, complementaron y adicionaron el Acuerdo No. 160 de 1994, hay que aclarar que los cambios no obedecieron a falencias o vacíos presentados en este último acto administrativo, como lo expresa el actor, sino en razón a la necesidad de ajustar la normatividad a

la Ley 270 de 1996, que entraba a regular lo relacionado con el concurso. No es de recibo el argumento de la supuesta ilegalidad de los actos administrativos relacionados con el concurso de méritos en mención, ya que, en varias oportunidades su legalidad ha sido revisada por el H. Consejo de Estado, el cual se pronunció sobre la regulación que hizo el Acuerdo No. 160 de 1994 sobre el concurso, de esta forma, mediante las sentencias del 18 de septiembre de 1997, expediente 10224 y del 5 de febrero de 1998, expediente 10339, dicha Corporación se abstuvo de anular el artículo 16 del Acuerdo 34 citado. Así mismo, en sentencia del 13 de febrero de 1997, expediente 11066, negó la acción de nulidad intentada en contra del Acuerdo N° 160 de 1994, salvo el numeral 2.3. del artículo 3, en cuanto incluía delitos culposos y políticos; a tiempo que en los fallos de febrero 5 citado y del 17 de octubre de 1996, expediente 10343, indicó que con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, se convalidaron los posibles vicios de legalidad en que se hubiere incurrido al expedir dichos actos administrativos.” 6 Sobre la duración del concurso de méritos, que ya se estudió por el Consejo de Estado y no le encontró reparo de ilegalidad alguno, aludió que el tratamiento que se les da a la carrera administrativa y judicial por, respectivamente, las Leyes 443 de 1.998 y 270 de 1.996, es diferente, por cuanto en aquélla, “por norma general,

los concurso se convocan frente a la existencia y para vacantes determinadas”, entretanto, y, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 164 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en la carrera judicial se tiene en cuenta que la inscripción en el registro de elegibles dura cuatro años, previendo que “la convocatoria se realizara ordinariamente dos años después de iniciado tal término, considerando prudencialmente que el nuevo proceso se adelantara durante los dos años siguientes, coincidiendo su terminación con la expiración de dicha vigencia” En cuanto al decaimiento de los concursos por haber superado el término de 5 años, sin que se hubiesen provisto los cargos allí enlistados, anota el Consejo Superior de la Judicatura que no es causal de nulidad; no ha existido desidia o mora de su parte al tener que cumplirse con todo el procedimiento ordenado por el canon 125 de la Carta Política, la Ley Estatutaria de Justicia y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, y dar trámite a cada una de las peticiones que efectúan los interesados, en especial, con los cambios de sede, que se reglamentó por el Acuerdo 481 de 1.999, y, que: “Esta decisión se fundamentó en la necesidad de limitar el número de sedes territoriales, para hacer razonable y efectivo el derecho consagrado en el parágrafo del artículo 165, en consideración a que la amplitud de la misma originaba su inaplicación…” (fls. 188 a 194).

IV. ALEGATO DE CONCLUSIÓN Sólo la parte accionada alegó de conclusión, reiterando y ratificando los planteamientos esbozados en la respuesta al libelo introductorio, como se observa

al folio 201. 7

V. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO A juicio de esta Procuraduría Delegada, las objeciones de nulidad propuestas en el presente proceso deben ser DESESTIMADAS, por las razones que a continuación se plasman. 5. 1. Asuntos objeto de debate 5. 1. 1. ¿Son nulos, por inconstitucionales e ilegales, el Acuerdo 160 de noviembre 29 de3 1994 y sus actos complementarios, proferidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al infringir los principios de celeridad, economía y eficacia, en desmedro de los intereses generales de la función administrativa, a causa del incumplimiento de los mandatos de la

regulación especial de carrera judicial, que prevén cursos constantes y continuos de formación y que ordena, así mismo, convocatorias a concursos de méritos cada dos años? 5. 1. 2. Por lo anterior y como resultado, al colocar en situación de provisionalidad a los funcionarios y empleados judiciales que participaron en los concursos de méritos, ¿ha operado, respecto de ellos, la pérdida de su fuerza ejecutoria, y, por lo tanto, también por este motivo, devienen nulos los actos acusados? 5. 1. 3. ¿El límite de dos (2) ubicaciones dentro de un mismo tribunal o despacho de igual categoría y especialidad, para optar por cada cargo, viola el artículo 165 de la LEAJ? 5. 2. Regulaciones presuntamente infringidas 5. 2. 1. De rango constitucional los artículos 125 y 209:

“Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre miramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinada por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso 8 público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes…” “Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización , la delegación y la desconcentración de funciones.” 5. 2. 2. De orden legal los artículos 85, 156, 162, 164, 165, 166 y 168 de la LEAJ y el 66 del Decreto 01 de 1.984: “Artículo 85. – Funciones administrativas. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura: 1…17. Administrar la carrera judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley…” “Artículo 156. - Fundamentos de la carrera judicial. La carrera judicial se basa en el carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la

permanencia y la promoción en el servicio.” “162.- Etapas del proceso de selección. El sistema de ingreso a los cargos de carrera judicial comprende las siguientes etapas: Para funcionarios, concurso de méritos, conformación del registro nacional de elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación. Para empleados, concurso de méritos, conformación del registro seccional de elegibles, remisión de listas de elegibles y nombramiento. Parágrafo. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a lo dispuesto en la presente ley, reglamentará la forma, clase, contenido, alcances y los demás aspectos de cada una de las etapas. Los reglamentos respectivos deberán garantizar la publicidad y contradicción de las decisiones.” “Artículo 164. Concurso de méritos. El concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, 9 aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina su inclusión en el registro de elegibles y se fija su ubicación en el mismo. Los concursos de méritos en la carrera judicial se regirán por las siguientes normas básicas: 1°. Podrán participar en el concurso los ciudadanos colombianos que de acuerdo con la categoría del cargo por proveer, reúnan los requisitos correspondientes, así como también los funcionarios y empleados que encontrándose vinculados al servicio y reuniendo esos mismos requisitos, aspiren a acceder a ocupar cargos de distinta especialidad a la que pertenecen. 2°. La convocatoria es norma obligatoria que regula todo el proceso de selección mediante concurso de méritos.

Cada dos años se efectuará de manera ordinaria por la Sala Administrativa de los consejos Superior y seccionales de la Judicatura, y extraordinariamente cada vez que, según las circunstancias, el registro de elegibles resulte insuficiente. 3°. Las solicitudes de los aspirantes que no reúnan las calidades señaladas en las convocatorias o que no acrediten el cumplimiento de todos los requisitos en ella exigidos, se rechazarán mediante resolución motivada contra la cual no habrá recurso en la vía gubernativa. 4°. Todo concurso de méritos comprenderá dos etapas sucesivas de selección y clasificación. La etapa de selección tiene por objeto la escogencia de los aspirantes que harán parte del correspondiente registro de elegibles y estará integrada por el conjunto de pruebas que, con sentido eliminatorio, señale y reglamente la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La etapa de clasificación tiene por objetivo establecer el orden de registro según el mérito de cada concursante elegible asignándole a cada uno un lugar dentro del registro para cada clase de cargo y de especialidad. Parágrafo 1°. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará de manera general el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas, y señalará los puntajes correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la primera. Parágrafo 2°. Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como también toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen carácter reservado.” 10 “Artículo 165. Registro de elegibles. La Sala Administrativa de los consejos superior o seccional de la Judicatura conformará con quienes

hayan superado las etapas anteriores, el correspondiente registro de elegibles para cargos de funcionarios y empleados de carrera de la rama judicial, teniendo en cuenta las diferentes categorías de empleos y los siguientes principios: La inscripción en el registro se hará en orden descendente, de conformidad con los puntajes que para cada etapa del proceso de selección determine el reglamento. La inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro años. Durante los meses de enero y febrero de cada año, cualquier interesado podrá actualizar su inscripción con los datos que estime necesarios y con éstos se reclasificará el registro, si a ello hubiera lugar. Cuando se trate de cargos de funcionarios, o de empleados de las corporaciones judiciales nacionales el concurso y la incorporación al registro se hará por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; en los demás casos dicha función corresponde a las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura. Parágrafo. En cada caso de conformidad con el reglamento, los aspirantes, en cualquier momento podrán manifestar las sedes territoriales de su interés.” “Artículo 166. Lista de candidatos. La provisión de cargos se hará de listas superiores a cinco (5) candidatos con inscripción vigente en el registro de elegibles y que para cada caso envíen las Salas Administrativas del Consejo superior o seccionales de la Judicatura. “Artículo 168. Curso de formación judicial. El curso tiene por objeto formar profesional y científicamente al aspirante para el adecuado desempeño de la función judicial. Puede realizarse como parte del proceso de selección, caso en el cual revestirá, con efecto eliminatorio, la

modalidad de curso-concurso, o contemplarse como requisito previo para el ingreso a la función judicial. En este último caso, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los contenidos del curso y las condiciones y modalidades en las que el mismo podrá ser ofrecido por las instituciones de educación superior…”. “Artículo 66 del C. C. A. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o 11 suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 1o) …3o) Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos….” 5. 3. Estudio y decisión previa de constitucionalidad del articulado estatutario judicial. Como se sabe, por mandato constitucional (art. 241 – 8 conc. art. 152-b), la corporación guardiana de la integridad y supremacía de la Carta Política, profirió al efecto la sentencia C-037 de 1996 – 5 de febrero -, con ponencia del Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA, cuyos apartes pertinentes a la materia examinada precisaron, respectivamente de cada uno de los artículos, lo siguiente: Respecto del artículo 85: “La Corte estima que las diversas funciones contempladas en la norma que se estudia, salvo las que a continuación de relacionarán, se avienen a la naturaleza de las responsabilidades que debe desempeñar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con los preceptos constitucionales (Arts.

252 y 257) y los lineamientos que jurisprudencialmente ha determinado esta Corporación en la Sentencia N° C265/93, principalmente...” Ant e el artículo 156: “Como se ha expresado a lo largo de esta providencia, el sistema de carrera de que trata el artículo 125 constitucional busca garantizar la eficiencia en las labores que desempeñan órganos y entidades estatales –entre los que se encuentran los que hacen parte de la rama judicial -, así como ofrecer a los asociados las mismas oportunidades para acceder a los cargos públicos, capacitarse, permanecer en ellos y ascender de conformidad con el régimen legal y las decisiones administrativas que adopten las autoridades competentes. Sobre la característica de este sistema conviene transcribir los siguientes argumentos de la Corte Constitucional, los cuales, si bien se refieren a la carrera administrativa, son igualmente aplicables al caso de la carrera judicial. 12 ““El sistema de carrera administrativa tiene como finalidad la realización de los principios de eficacia y eficiencia en la función pública, así como procurar la estabilidad en el desempeño de las mismas. Se busca que la Administración esté conformada por personas aptas desde los puntos de vista de capacitación profesional e idoneidad moral, para que la función que cumplen sea acorde con las finalidades perfectivas que el interés general espera de los empleados que prestan sus servicios al Estado. No se trata de una permanencia en el cargo por razones ajenas a la efectividad de los buenos resultados, ni el ingreso al empleo sin una vinculación fundada en motivos diferentes a la capacidad. Igualmente, el retiro se hará por hechos determinados legalmente, inspirados en la

realidad de la eficiencia laboral. En definitiva, lo que se protege es el interés general.”” “Como puede apreciarse, el artículo bajo examen se encuentra en concordancia con las consideraciones expuestas, pues procura que dentro del régimen de carrera judicial se aplique siempre el derecho fundamental a la igualdad y se le otorguen plenas garantías a los trabajadores que se vinculen a la administración de justicia, todo ello de conformidad con los artículos 25, 53, 122, 125 y 288 de la Carta Política. “Por lo demás, conviene establecer que, de acuerdo a lo expuesto a lo largo de esta providencia, resulta propio de una ley estatutaria sobre administración de justicia el fijar los principios generales que regularán la carrera judicial, todo ello sin perjuicio de las leyes de carácter ordinario que sobre el particular expida el Congreso de la República, con base en las facultades constitucionales anteriormente citadas. No obstante, dentro de estos parámetros debe precisarse que las leyes ordinarias que se dicten sobre estos asuntos deberán en todo caso, ceñirse a los preceptos que sobre la materia contiene la estatutaria cuyo precepto se revisa y, lógicamente, a los postulados constitucionales.” Frente al artículo 162: “De acuerdo con el artículo 125 de la Carta Política, el nombramiento de los servidores públicos pertenecientes al sistema 13 de carrera se hará por concurso público, salvo que la Constitución o la Ley determinen una situación diferente. Dentro de ese mismo orden de ideas, la norma superior faculta al legislador para establecer tanto los requisitos y condiciones necesarios para ingresar a la carrera o para ascender dentro de ella, como las

calidades o méritos de los aspirantes. Ahora bien, al determinar la disposición bajo examen que el sistema de ingreso a la carrera judicial comprende una serie de etapas que se diferencian dependiendo si se trata de empleados o de funcionarios, se está desarrollando lo previsto en el precepto constitucional citado, razón por la cual no cabe objeción de inexequibilidad alguna. “De otra parte, encuentra la Corte, que –contrario a lo que argumentan los ciudadanos intervinientes – la facultad conferida a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para reglamentar las etapas del proceso de selección en comento, se apoya en lo previsto en el numeral 3° del artículo 257 del Estatuto Fundamental, toda vez que se trata de la adopción de medidas necesarias de orden laboral que sin duda alguna procuran garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia.” Respecto del artículo 164: “La presente disposición acata fehacientemente los parámetros fijados por los artículos 125 superior y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el sentido de que (sic) el concurso de méritos, como procedimiento idóneo para proveer los cargos de carrera, debe cumplir una serie de etapas que garanticen a las autoridades y a los administrados que el resultado final se caracterizó por la transparencia y el respeto al derecho fundamental a la igualdad (Art. 139. Por ello, al definirse los procesos de convocatoria, la práctica de pruebas y la elaboración final de la lista de elegibles o clasificación, se logra, bajo un acertado sentido democrático, respetar los lineamientos que ha

trazado el texto constitucional. Con todo, debe advertirse que “las pruebas” a las que se refiere el Parágrafo Segundo, son únicamente aquellas relativas a los exámenes que se vayan a practicar para efectos del concurso.” Lo anotado sobre el artículo 165: 14 “Este artículo, al ser consecuencia del anterior, no contraviene postulado constitucional alguno. Al contrario, nótese que al ordenar que la lista de candidatos se realice en orden descendente y al permitir que todos los interesados puedan actualizar sus datos, se respeta el pleno ejercicio fundamental a la igualdad y a la corrección de información que prevén los artículos 13 y 15 del Estatuto Superior. La norma será declarada exequible.” Acerca del artículo 166: “Para efectos de definir la constitucionalidad de la presente disposición, y de paso responder a los cuestionamientos que elevan los ciudadanos intervinientes, para la Corte resulta suficiente transcribir las consideraciones expuestas en una de sus providencias, a través de la cual se estableció que si bien para la escogencia de un candidato existen factores de índole subjetivo que una clasificación objetiva no puede determinar, en realidad un juicioso concurso de méritos llevará a la conclusión de que sólo quien haya obtenido el mayor puntaje puede ser beneficiado con el respectivo nombramiento. Sobre el particular, manifestó la Corte: ““Para esta Corporación es claro, que un verdadero concurso de méritos es aquél en que se evalúan todos y cada uno de los factores que deben reunir los candidatos a ocupar un cargo en la administración pública, dentro de una sana competencia para lograra una selección justa, equitativa, imparcial y

adecuada a las necesidades del servicio público. En consecuencia, la administración habrá de señalar un valor determinado a cada uno de esos ítems (condiciones profesionales, morales y personales) y, por consiguiente, el aspirante que obtenga el máximo puntaje es quien tiene derecho a ser nombrado en el cargo para el que concursó. ““Es que cuando se fijan en forma precisa y concreta cuáles son las condiciones qu