PGN - Documento 201607091834447

Bogotá D.C. Abril 12 de 2.004 Concepto No. 08/2004 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr. FILEMÓN JIMÉNEZ OCHOA

E. S. D.

Referencia: Expediente número: 3120

Actor: SILVIA DEL SOCORRO RIVERA LÓPEZ Asunto: Nulidad de la Resolución No. 008 del 29 de marzo del 2.002, expedida por la Juez Primero Civil del Circuito de Puerto Tejada (Cauca), por medio del cual se nombra en propiedad al señor Enrique García Carvajal como Citador Grado 3 de ese Despacho.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda La señora Silvia del Socorro Rivera López, obrando en su propio nombre, en ejercicio de la acción pública de nulidad de carácter electoral, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Cauca, para que, previos los trámites del proceso contencioso administrativo, se efectuaran las siguientes declaraciones: “1. - Que es nula la Resolución 008 del 29 de marzo de 2.002, por medio de la cual, la Doctora DORA EUGENIA SÁNCHEZ DE QUINTERO, en su condición de Juez Primero Civil del Circuito de Puerto Tejada, nombró en propiedad en el cargo de Citador Grado 3 de ese despacho, al señor

1 ENRIQUE GARCÍA CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía número 10.531.330 de Popayán. “2. - Que es nula la Resolución 009 de 10 de abril de 2.002, mediante la cual se aclara la resolución 008 de 20 de marzo de 2.002, respecto de la fecha.”

A) Hechos El actor refirió que mediante Acuerdo 068 del 9 de febrero del 2.001, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura formuló ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Puerto Tejada ( Cauca) la lista de elegibles para la provisión en propiedad del cargo de carrera de Citador Grado 3, vacante en forma definitiva. La lista la conformaban las siguientes personas: Nombre Cédula Puntaje Ordóñez Argemiro 10.537.439 740.58 Mosquera Pino Leonidas 10.537.031 739.48 Ortega López Diego María 10.531.940 717.93 Piamba Bolaños Oscar Iraldo 10.529.236 711.76 Guampe Escobar Leider Alfonso 10.546.880 686.78 Según la actora, la Juez Primero Civil del Circuito de Puerto Tejada (Cauca) expidió la Resolución 008 del 29 de marzo de 2.002 nombrando al señor Enrique García Carvajal, quien no figuraba en la única lista de elegibles que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura del Cauca formuló al despacho, mediante el Acuerdo 068 de 2.001. B) Normas violadas y concepto de la violación 2 La actora invocó como normas violadas las siguientes:  Los artículos 153, 167 inciso 2º de la Ley 270 de 1.996 - Estatutaria de la Administración de Justicia -.  Las Leyes 78 de 1.986, 14 de 1.988 y 446 de 1.998.  El artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

Como concepto de la violación, expresó que la única lista de elegibles que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca formuló ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Puerto Tejada, era la contenida en el Acuerdo 068 del 9 de febrero de 2.001, y que en la misma no aparecía el señor Enrique García Carvajal. Que, de conformidad con la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, tratándose de vacantes “el nominador a más tardar dentro de los tres días siguientes solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional que corresponda, el envío de la lista de elegibles que se integrará con quienes ocupen los cinco primeros lugares en el registro de elegibles, previa verificación de su disponibilidad. La Sala remitirá la lista dentro de los tres (3) días siguientes y el nombramiento se hará a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes.” Así las cosas, sostuvo que el señor Enrique García Carvajal aparecía inscrito en el puesto décimo (10°) de la lista conformada por el Consejo Seccional de la Judicatura, y que de acuerdo con la Ley Estatutaria, la lista para el nombramiento debía conformarse con quienes ocuparan los cinco primeros lugares, de tal manera que el nombramiento efectuado por fuera de la lista de elegibles resultaba contrario a la Ley y a la Constitución.

2. Admisión de la demanda El Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, mediante auto del 29 de abril del 2.002, admitió la demanda y ordenó las notificaciones de ley.

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3. Contestación de la demanda y alegatos de conclusión

Dentro del término de ley, la parte demandada guardó silencio. Tan sólo la parte actora presentó escrito de alegatos y en él reiteró lo ya dicho en la demanda.

4. Declaratoria de nulidad de la actuación El Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de auto del 26 de septiembre del 2.002, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, y ordenó la notificar a la Juez que profirió el acto, al nombrado y al

Consejo Seccional de la Judicatura.

5. Contestación de la demanda Una vez notificada la admisión de la demanda, los señores Dora Eugenia Sánchez de Quintero y Enrique García Carvajal se pronunciaron a través de apoderado judicial, oponiéndose a todas y cada una de sus pretensiones. Aclararon que el cargo de Citador Grado 3 venía siendo ejercido en provisionalidad por el señor Enrique García Carvajal, quien tenía fuero sindical, razón por la cual la Juez Primero Civil del Circuito se abstuvo de declarar su insubsistencia, hasta tanto no se produjera el levantamiento del mismo.

Que si bien era cierto que la lista conformada en el mes de enero de 2.001 estaba integrada por las personas descritas por el actor, la misma había perdido su vigencia, al haber transcurrido más de un año; sin embargo, al no haber sido actualizada por el Consejo Seccional de la Judicatura, se nombró al primero que conformaba la citada lista, quien no aceptó por estar ejerciendo otro cargo, nombrándose finalmente al demandado. 4 La designación del señor Enrique García Carvajal se ajustaba a ley, toda vez que

estando el señor Enrique García ocupando el puesto décimo de la lista, y cinco de sus antecesores nombrados y laborando en diferentes despachos, podía designarse al señor García Carvajal, atendiendo el alcance de la sentencia de 5 de julio de 2.001, con ponencia de la Magistrada Leonor Perdomo Perdomo, que expresaba que no era obligatorio nombrar al primero de la lista de elegibles.

6. Fallo de primera instancia El Tribunal, a través de sentencia del 4 de marzo del 2.003, declaró la nulidad de la Resolución 008 del 29 de marzo de 2.002, por medio de la cual se nombró en propiedad en el cargo de Citador Grado 3 del Juzgado Primero Civil del Circuito al señor Enrique García Carvajal, y la nulidad de la Resolución 009 de 10 de abril de 2.002, por medio de la cual se aclaraba la primera respecto de la fecha.

Consideró que, de conformidad con las normas que regulan el procedimiento de selección y elección de funcionarios y empleados de la Rama Judicial, así como de las pruebas obrantes al proceso, el señor Enrique García Carvajal no formaba parte de la lista de elegibles remitido para la provisión del cargo de Citador Grado 3, y que tal nombramiento era violatorio de la Constitución y de la ley, toda vez que los requisitos establecidos para estos casos eran: el haber presentado concurso de méritos, formar parte del registro seccional de elegibles, y estar incluido en la remisión de la lista de elegibles. Además, señaló que si bien el señor García Carvajal ocupaba el cargo de citador en

provisionalidad, dicha vinculación no le daba ningún fuero de estabilidad, y que, menos aún, podía el fuero sindical estar por encima de las normas superiores que regulaban las formas de vinculación a la Rama Judicial. De igual forma, indicó que una cosa era el registro de elegibles, conformado por quienes hubieren superado las etapas de concurso de méritos, y otra la lista de candidatos o lista de elegibles, esto es aquella que se debe utilizar para la provisión de cargos, lista en la que no figuraba el demandado. Tampoco, adujo, existía prueba de que cada uno de los que figuraban en la lista hubieren sido nombrados y en forma escrita no hubieren 5 aceptado el cargo; sin embargo, ante dicha circunstancia tampoco podía la juez nombrar a cualquier persona, pues debía informar nuevamente al Consejo Seccional de la Judicatura para que le proveyera de la lista en los términos del artículo 167 de la Ley Estatutaria.

7. Apelación y declaración de nulidad de la actuación Recurrida por la parte demandada el fallo que declaró la nulidad del acto acusado, el Consejo de Estado, mediante auto del 4 de junio del 2.003, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, indicando que las pruebas practicadas conservarían su validez y que tendrían eficacia respecto a quienes tuvieron la oportunidad de contradecirlas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del C.C.A. Consideró el máximo juez de lo contencioso administrativo que los cargos de los órganos judiciales eran del orden nacional, en

tanto pertenecen a la Rama Judicial del Poder Público y que, por lo tanto, era al Consejo de Estado a quien le correspondía conocer en única instancia de los procesos de nulidad de las elecciones o nombramientos hechos por el Gobierno nacional o por cualquier autoridad, funcionario, corporación o entidad descentralizada del orden nacional, según lo dispuesto en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. Posteriormente, la Sección Quinta de la Corporación, a través de providencia del 4 de julio del 2.003 admitió la demanda y ordenó las notificaciones de ley. En esta oportunidad, el apoderado del señor Enrique García Carvajal contestó la demanda, reiterando los argumentos ya expuestos ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca. Dentro del término de traslado a las partes para alegar, éstas guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

6 En el escrito de contestación de la demanda, obrante a folios 254 y siguientes del cuaderno principal, bajo el número 3 del acápite denominado “HECHOS”, el apoderado de la parte opositora manifestó lo siguiente: “Es cierto pero aclarando que la resolución es del 20 de marzo del 2002 por lo tanto al momento de interponer la acción, frente a ésta se había operado la caducidad de que habla el art. 7 de la ley 14 de 1988, en armonía con el art. 136 de la ley 446 de 1998” El acto acusado, por razón de la aclaración de que fuera objeto en cuanto a la fecha

de expedición del mismo, se entendería expedido en la fecha que se señala en el acto de aclaración, es decir, el 20 de marzo. Ahora bien, el término de caducidad de la acción electoral se ha señalado en veinte (20) días, los cuales, dado que no se califican por el legislador, siguiendo la regla de hermenéutica consignada en el artículo 70 del Código Civil, subrogado por el artículo 62 de la Ley 4ª de 1913, se entienden hábiles y por lo tanto suprimidos los festivos y de vacancia. La disposición citada señala: “En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y anos se computan según el calendario; pero si el ultimo días fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”. Ahora bien, en el asunto en examen se tiene que la demanda, de conformidad con el matasello que aparece en la parte superior derecha del folio 1, fue presentada en la Oficina Judicial de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Cauca - el 24 de abril del 2002 y de esta fecha a la de expedición del acto acusado se tiene que los veinte días hábiles -excluida la Semana Santa por ser de vacanciase ajustan ese día, es decir, que la acción se impetró dentro del término señalado por la Ley. Así las cosas, la caducidad de la acción no está llamada a prosperar y se impone decidir el fondo del asunto planteado. 7

Verificados los presupuestos procesales y no encontrando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir el concepto de rigor. En el caso sub examen se demandó la nulidad del acto por medio del cual la Juez Primero Civil del Circuito de Puerto Tejada (Cauca) designó en propiedad al señor Enrique garcía Carvajal en el cargo de Citador Grado 3. Sostuvo la demandante que el acto cuya nulidad demanda contraría la Ley, en especial, las normas que rigen la Carrera Judicial y que se contienen en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, toda vez que el designado no se encontraba incorporado en la Lista de Elegibles que le fuera remitida al Despacho por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Administración de Justicia. De conformidad con el artículo 125 de la Carta Política “Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera” y “El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes”. Esta disposición contiene la regla general en relación con la provisión de los empleos en el sector público y de ella no se exime la Rama Judicial del Poder Público. Siguiendo el postulado del artículo 125 de la Carta Política el Legislador al expedir la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia – Ley 270 de 1996 - señaló que “Son de carrera los cargos de magistrados de los tribunales y de las salas de los

consejos seccionales de la judicatura, jueces y empleados que por disposición expresa de la ley no sean de libre nombramiento y remoción” y estableció como norma general, que el ingreso al servicio de la Rama Jurisdiccional del Poder Público se haría a través del concurso de méritos. Las disposiciones de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia cuya aplicación resulta pertinente al asunto en examen disponen: 8 “ARTÍCULO 164. Concurso de méritos. El concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, de determina su inclusión en el registro de elegibles y se fija su ubicación en el mismo. “...” “Artículo 165. Registro de elegibles. La Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura conformará con quienes hayan superado las etapas anteriores, el correspondiente registro de elegibles para cargos de funcionarios y empleados de carrera de la rama judicial, teniendo en cuenta las diferentes categorías de empleos y los siguientes principios: “...”, “Artículo 166. Lista de candidatos. La provisión de cargos se hará de listas superiores a cinco (5) candidatos con inscripción vigente en el registro de elegibles y que para el caso envíen las Salas Administrativas del Consejo Superior o Seccionales de la Judicatura”. “Artículo 167. Nombramiento. Cada vez que se presente una vacante en cargo de funcionario, la entidad nominadora comunicará la novedad, a más

tardar dentro de los tres (3) días siguientes, a la correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según el caso. Recibida la lista de candidatos, procederá el nombramiento dentro de los diez días siguientes. La inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro años. Durante los meses de enero y febrero de cada año, cualquier interesado podrá actualizar su inscripción con los datos que estime necesarios y con éstos se reclasificará el registro, si a ello hubiere lugar. Cuando se trate de cargos de funcionarios, o de empleados de las corporaciones judiciales nacionales el concurso y la incorporación al registro se hará por la Sala Administrativa del Consejo Superior; en los demás dicha función corresponde a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

Parágrafo: En cada caso de conformidad con el reglamento, los aspirantes, en cualquier momento podrán manifestar las sedes territoriales de su interés”: Las normas transcritas, por hallarse incorporadas en una Ley Estatutaria, fueron objeto de un examen anterior a su vigencia efectuado por la Corte Constitucional, corporación judicial que al ejercer la función de control de que trata el numeral 8° del 9 artículo 241 de la Carta Fundamental, en relación con cada una de las indicadas

señaló lo siguiente: (Artículo 164) “La presente disposición acata fehacientemente los parámetros fijados por el artículo 125 superior y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el sentido de que el concurso de méritos, como procedimiento idóneo para proveer los cargos de carrera, debe cumplir una serie de etapas que

garanticen a las autoridades y a los administrados que el resultado final se caracterizó por la transparencia y el respeto al derecho fundamental a la igualdad (art. 13 C.P.). Por ello, al definirse los procesos de convocatoria, selección o reclutamiento, la práctica de pruebas y la elaboración final de la lista de elegibles o clasificación, se logra, bajo un acertado sentido, democrático, respetar los lineamientos que ha trazado el texto constitucional. Con todo, debe advertirse que “las pruebas” a las que se refiere el parágrafo segundo, son únicamente aquellas relativas a los exámenes que se vayan a practicar para efectos del concurso”. (Artículo 165) “Este artículo, al ser consecuencia del anterior, no contraviene postulado constitucional alguno. Al contrario, nótese que al ordenar que la lista de candidatos se realice en orden descendente y al permitir que todos los interesados puedan actualizar los datos que allí se encuentran, se está garantizando el pleno ejercicio del derecho fundamental a la igualdad y a la corrección de información, que prevén los artículos 13 y 15 del estatuto superior. ( Artículo 166) “Para efectos de definir la constitucionalidad de la presente disposición, y de paso responder a los cuestionamientos que elevan los ciudadanos intervinientes, para la Corte resulta suficiente transcribir las consideraciones expuestas en una de sus providencias, a través de la cual se estableció que si bien para la escogencia de un candidato existen factores de índole subjetivo que una clasificación objetiva no puede determinar, en realidad un juicioso concurso de méritos llevará a ka conclusión de que sólo quien haya

obtenido el mayor puntaje puede ser beneficiado con el respectivo nombramiento. Sobre el particular manifestó la Corte: “....” Por tanto, quien ocupe el primer lugar, de acuerdo con el puntaje obtenido, será el ganador y excluirá a los demás, en orden descendente. Si se procede de otro modo, habrá que preguntarse, como lo hace el demandante, ¿ para qué el concurso de méritos y calidades, si el nominador puede elegir al candidato de sus preferencias?. De este campo, es preciso desterrar la arbitrariedad 10 y, justamente, para ese propósito se ha ideado el concurso. En él, por tanto, se ha de calificar no sólo la idoneidad profesional o técnica del aspirante, sino también su solvencia moral, su aptitud física y su sentido social, de acuerdo con la categoría del empleo y las necesidades del servicio. Hay que hacer de la carrera administrativa el instrumento eficaz para lograr una administración pública en la que se garantice la eficiente prestación del servicio público, la idoneidad y moralidad de sus funciones y la prevalencia del interés general sobre el particular. (Negrillas del texto que se cita) “De acuerdo con lo expuesto, debe señalarse que la norma bajo examen, por el simple hecho de establecer que la lista de elegibles estará conformada por cinco candidatos, no vulnera la Constitución Política, pues dentro de dicha lista naturalmente estará incluido quien haya obtenido el mejor puntaje y, consecuentemente, ocupe el primer lugar en la clasificación final. Sin embargo, como se señalará en torno al artículo siguiente, el nombramiento que se efectúe con base en la lista de elegibles deberá recaer sobre el candidato al que se ha hecho referencia.

(Artículo 167) “La constitucionalidad de esta norma se debe a que ella es corolario de las anteriores, pues se limita a regular aspectos procedimentales relacionados con el nombramiento de los funcionarios y empleados cada vez que resulte una vacante dentro de la rama judicial. Con todo, deberá advertirse, tal como se determinó en el artículo precedente, que el nombramiento que se realice deberá recaer sobre el candidato que encabece la lista de elegibles, esto el que ha obtenido el mayor puntaje” (Negrillas de este Despacho) Ahora bien, de acuerdo con el acervo probatorio allegado al plenario se tiene lo siguiente:  Mediante Acuerdo número 068 del 9 de febrero del 2001, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, procede a formular ante el Juez Primero Civil del Circuito la Lista de Elegibles destinada a la provisión en propiedad del cargo de Citador Grado 3 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Puerto Tejada (Cauca), la cual se integraba con los siguientes nombres: Nombre Cédula Puntaje

1. Ordóñez Argemiro 10537439 740.58

2. Mosquera Pino Leonidas 10537031 739.48

3. Ortega López Diego María 10531940 717.93

4. Piamba Bolaños Oscar 10529236 717.76

5. Guampe Escobar Leider Alfonso 10546880 668.78 11  Mediante escrito del 15 de febrero del 2001, la señora Juez Primero Civil del Circuito, le manifestó al Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, que dado que el empleado que se encontraba en

ejercicio de la función, el señor Enrique García Carvajalino “... tiene en la actualidad fuero sindical en su calidad de socio fundador según comunicación recibida el 9 de febrero del presente año, suscrita por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – Inspección de Trabajo de Santander de Quilichao – Cauca” y que “Como el despido de trabajadores amparados con fuero solo procede previo el levantamiento de fuero por el empleador conforme a las normas que regulan el fuero sindical arts. 405 y 406 del C.S.T. modificado 204/57 se hace necesario para efecto de desvincularlos de sus cargos adelantar la correspondiente acción judicial para no incurrir en violación a derechos sindicales cinstitucionales (sic) y legales y en consecuencia este Despacho suspenderá el respectivo nombramiento hasta tanto se efectúe el trámite judicial correspondiente o se ordene directamente por esa corporación actuación diferente” (Destacado no es del texto que se cita)  Con fundamento en el argumento anterior, a más de los consignados en el cuerpo del acto, la autoridad nominadora se aparta de la Lista de Elegibles que le fuera remitida por el Consejo Seccional y procede a expedir la Resolución número 008 del 29 de marzo del 2002 (la fecha del acto es 29 de marzo pero ésta se aclaró mediante la Resolución 009 de abril 10 del 2002 y se indicó que era 20 de marzo y no como se había consignado en el acto), por medio de la cual designó en propiedad en el cargo de Citador Grado Tres del Juzgado Primero Civil del Circuito de

Puerto Tejada (Cauca) al señor Enrique García Carvajal. Los antecedentes que obran en el plenario demuestran, de manera fehaciente, que el designado Citador Grado 3, señor ENRIQUE GARCIA CARVAJAL, si bien se encontraba conformando el registro de elegibles para este cargo, como no se ubicó dentro de los primeros cinco (5) puestos que determinó el estricto orden de resultados del concurso de méritos, no fue incluido en la Lista de Elegibles (Lista de candidatos según el artículo 166), que el Consejo Seccional remitió al Despacho nominador para efectos de la designación, a la cual, imperativamente se tenía que someter el nominador, sin que resultara válidas para omitir su aplicación las motivaciones plasmadas en el acto acusado, pues ellas no pueden enervar la sujeción a la Ley a la que se halla sometida la autoridad nominadora al expedir el acto de nombramiento. Así las cosas, como la provisión de los cargos, al tenor de lo preceptuado en el artículo 166 de la Ley Estatuaria de la Administración de Justicia, se debe efectuar 12 imperativamente de las listas que para el caso envíen las Salas Administrativas, demostrado como está que la Juez Primera Civil del Circuito de Puerto Tejada (Cauca), omitió considerar la Lista de Candidatos que le remitiera la Sala Administrativa del Consejo Seccional, sin hesitación alguna habrá de concluirse en la manifiesta contradicción del acto acusado con las normas que regulan el régimen de la Carrera Judicial, debiendo por tanto accederse a la anulación del acto impugnado.

Ahora bien, el fuero sindical que amparaba al designado y al que se aludió por la nominadora para eludir el cumplimiento de la Ley y omitir el sometimiento del acto de designación a la Lista de Elegibles que le remitiera la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, no resulta admisible como argumento justificativo de tal comportamiento, pues la condición de aforado sindical en eventos como el que es objeto de consideración en donde la Ley determina la persona a la cual debe nombrarse, no impide el ejercicio de la función nominadora, ni la de desvincular del servicio, por cuanto que en este caso, la actuación de la autoridad nominadora no puede ser considerada arbitraria o motivada en la condición de sindicalista del empleado.

III. CONCLUSIÓN Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa esta Agencia del Ministerio Público le solicita a esa H. Corporación que declare la nulidad de la Resolución número 008, aclarada por la Resolución número 009 del 1 de abril del 2002, por medio de la cual la Juez Primero Civil del Circuito de Puerto Tejada

(Cauca) nombró en propiedad en el cargo de Citador Grado 3 de ese Despacho Judicial al señor Enrique García Carvajal. De igual manera, teniendo en cuenta la abierta desatención legal de parte de la Juez Primera Civil del Circuito de Puerto Tejada, Dra. Dora Eugenia Sánchez de Quintero, en el trámite de nombramiento antes examinado, le solicita al Consejo de Estado que remita copias del expediente con destino al Consejo Superior de la Judicatura a efectos de que esta autoridad investigue disciplinariamente el comportamiento de la funcionaria. 13 De los Honorables Consejeros,

JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado 14