PGN - Documento 201607091834491

PROCURADURIA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Alegato No. 221 Bogotá, D. C., 20 de junio de 2003 Doctor

ALBERTO ARANGO MANTILLA

CONSEJERO PONENTE

H. CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF: Expediente No. 2791 - 2001

ACCION: NULIDAD

ACTOR: MIGUEL ANGEL LEON COTE

DEMANDADO: NACION – RAMA JUDICIAL SALA

ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA

ANTECEDENTES El señor MIGUEL ANGEL LEON COTE, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción consagrada en el Art. 84 del C. C. A., demandó la nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de los siguientes Acuerdos emitidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura: a) Todas las normas contentivas del Acuerdo No. 740 de 14 de marzo de 2.000, “Por medio del cual se dictan disposiciones para la conformación de los Registros Seccionales de Elegibles para los cargos de Empleados de Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del país”. 2 b) La integridad preceptiva del Acuerdo No. 880 del 30 de agosto de 2.000, “Por medio del cual se dictan disposiciones para la conformación de los Registros Seccionales de Elegibles para los cargos de Empleados de Tribunales y Juzgados del País”. c) Todas las disposiciones que conforma el Acuerdo No. 918 del 4 de octubre de 2.000, “Por medio del cual se dictan disposiciones para la

conformación de los Registros Seccionales de Elegibles para los cargos de Empleados de Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Empleados de Juzgados del País”. El libelista sustentó las pretensiones señalando que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dicto el Acuerdo No. 14 del 7 de julio de 1.993 mediante el cual se crearon los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y, a través del Acuerdo No. 95 del 30 de noviembre de 1.993, estableció su planta de personal con los cargos de Asistente Jurídico, Asistente Social, Oficinista Operador de Sistemas con funciones de escribiente y Conductor Mensajero con tareas de notificador. Agregó, que con el Acuerdo No. 281 de 1.996, esta Sala incluyó los cargos de: Operador de Sistemas, Conductor Mensajero, Asistente Jurídico y Social, para los cuales adelantó el concurso de meritos efectuado en el año de 1.996. Expresó el actor, que el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, fue creado por el Cuerpo Colegiado precitado según acuerdo No. 605 de 1.999, modificado a su vez por el Acuerdo No. 840 del mismo año con los siguiente empleados judiciales: Un Secretario Nominado, un Oficial Mayor, Dos Asistentes Sociales, Un Auxiliar Judicial de Sistemas, Dos Escribientes y Dos Citadores. 3 Sostuvo finalmente, que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la

Judicatura mediante Acuerdo No. 740 de 2.000, instauró la no normativa figura de la homologación, con miras a que quienes superaron el concurso de meritos para los cargos de Operador de Sistemas grado 11 y Conductor Mensajero grado 6, aspiren a los recién establecidos de Auxiliar Judicial en Sistemas grado 4 y Citador grado 3. Así mismo, mediante Acuerdo No. 880 de 2.000, contempló la homologación en la inscripción para proveer las vacantes definitivas en los cargos de Empleados de Tribunales y Juzgados que hubiesen seleccionado exclusivamente tales despachos, y por Acuerdo No. 918 de ese mismo año, determinó la conformación del Registro Seccional de Elegibles para proveer las vacantes definitivas de Secretario, Oficial Mayor, Escribiente Nominado y Asistente Administrativo grado 6 de dicho Juzgados, mediante la homologación de los Cargos de Secretario, Oficial Mayor y Escribiente de los Juzgados Penales del Circuito. El libelista expuso el concepto de la violación de los artículos: 1°, 4°, 29, 121, 125 y 128, 150-23 y 152-B de la Constitución Política; 85, 129, 132, 156, 160, 163, 164 y 165 de la Ley 270 de 1.996, Estatutaria de la Justicia, que estimó infringidos por los actos acusados. Adujo el demandante que, fueron violados los artículos constitucionales indicados al no respetarse la jerarquía piramidal que demanda el sistema de normas, que le es dada al legislador pero no a la entidad demandada, dado

que se transgredió el principio piramidal indicado, Ley Suprema, lo mismo que el debido proceso, pues la acción se funda en la incompetencia, extralimitándose en el ejercicio de funciones, sin estar facultado el Consejo Superior de la Judicatura para nombrar mediante la citada homologación, restringiendo el acceso a la función judicial mediante el mecanismo público y abierto del concurso. 4 Además, sostuvo la violación de la Ley Estatutaria de la Justicia porque si bien el Consejo Superior de la Judicatura tiene facultades para reglamentar la carrera judicial, no puede extralimitarse determinando una homologación, que solo le es dable al legislador, quebrantando cánones superiores, tal como lo señaló la H. Corte Constitucional al examinar la constitucionalidad de la citada Ley Estatutaria. Finalmente expresó, refiriéndose a la carrera judicial que esta es prenda de garantía en la igualdad de posibilidades de acceso a dicha función, no siendo entendible que solo se pueda acceder a los mencionados cargos de Ejecución de Penas, a través de la homologación y no en virtud de un proceso de selección abierto y público para quienes cumplan con los requisitos que para el caso se exijan. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La apoderada de la Nación – Rama Judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, sosteniendo que los actos acusados se expidieron conforme a derecho. Dicha profesional aseveró que mediante el numeral 22 del artículo 85 de la Ley 270 de 1.996, se le otorgaron funciones administrativas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para reglamentar la

carrera judicial, por lo cual en aras del derecho a la igualdad y en razón que los cargos homologados mediante los Acuerdos acusados, fueron suprimidos de la lista de cargos a proveer por parte de la administración, se les dio oportunidad a los aspirantes que superaron el concurso de meritos para que 5 continuaran en la lista de elegibles, ubicándolos en cargos creados mediante Acuerdo 605 de 1.999. Sostuvo que al homologar las listas, adaptadas a la norma vigente y estudiados los requisitos que cada cargo exige, fue probable que algunas personas no cumplieran con el lleno de estos requisitos, lo que podría generar, debido a la generalidad de los acuerdos, la exclusión del elegido sin que se pueda endilgar ilegalidad alguna en dicho procedimiento. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO 1ª. Esta Agencia Fiscal para una mejor ilustración, estima necesario transcribir las normas constitucionales y las correspondientes de la Ley 270 de 1.996, que regulan la materia objeto de la presente controversia, así:

1.1.- CONSTITUCION POLITICA

CARRERA ADMINISTRATIVA “Art. 125.- Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los

aspirantes…”. 6 COMPETENCIAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA “Art. 256.- Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: 1ª) Administrar la carrera judicial…” FUNCIONES A DESARROLLAR POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Art. 257.- Con sujeción a la ley, el Consejo superior de la judicatura cumplirá las siguientes funciones: …

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esa atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador…” 1.2.- Ley Estatutaria de la Justicia No. 270 de 1.996 7 “Art. 85. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura

…

22. Reglamentar la carrera judicial …”

“Art. 156. Fundamentos de la Carrera Judicial. La carrera judicial se basa en el carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento

principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio” Art. 157. Administración de la Carrera Judicial. La administración de la carrera judicial se orientará a atraer y retener los servidores más idóneos, a procurarles una justa remuneración, programas adecuados de bienestar y salud ocupacional, capacitación continua que incluya la preparación de funcionarios y empleados en técnicas de gestión y control necesarias para asegurar la calidad del servicio, exigiéndoles al mismo tiempo, en forma permanente conducta intachable y un nivel satisfactorio de rendimiento. “Art. 162. Etapas del Proceso de Selección. El sistema de ingreso a los cargos de Carrera Judicial comprende las siguientes etapas: Para funcionarios, concurso de méritos, conformación del Registro Nacional de Elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación. Para empleados, concurso de méritos, conformación del Registro Seccional de Elegibles, remisión de listas de elegibles y nombramiento…” 8 Art. 163. Programas del Proceso de Selección. Los procesos de selección serán permanentes con el fin de garantizar en todo momento disponibilidad para la provisión de las vacantes que se presenten en cualquier especialidad y nivel dentro de la Rama Judicial. Todos los procesos de selección para funcionarios y empleados de Carrera de la Rama Judicial serán públicos y abiertos. 2ª. De acuerdo con las normas transcritas, no cabe duda que el propósito de instaurar en la Constitución Política de 1.991, un sistema de carrera administrativa basado en criterios que garanticen claros objetivos y programas de la organización del Estado, como son la igualdad, moralidad,

eficacia, celeridad y honestidad en que debe desarrollarse la función administrativa, obligó a que se estableciera en la Carta que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley o reglamento, a fin de determinar los méritos y calidades de los candidatos. Así las cosas, si bien la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, tiene entre sus funciones reglamentar todo lo relativo a los concursos de la Rama Judicial, en el presente caso desconoció las disposiciones que determinan que la convocatoria es norma obligatoria que debe regular todo proceso de selección mediante concurso de mérito, el cual no podía obviarse con una simple homologación o traslado de inscripción, dado que el hecho de estar inscrito en el registro de elegibles en determinado cargo no constituye derecho adquirido a integrar los Registros de Elegibles para otros cargos, de similar categoría y especialidad, sin 9 agotarse las etapas correspondientes de convocatoria, selección, concurso de méritos, clasificación, registro de elegibles y nombramiento. 3ª. La H. Corte Constitucional en sentencia No. C – 030 de enero 30 de 1.997, sobre la inscripción automática en la carrera administrativa, expresó: “…La Constitución de 1991, en su artículo 125, establece los principios mínimos que deben tenerse en cuenta para el ingreso del personal a la administración pública. Esta Corporación, en diversos fallos, ha desarrollado este precepto constitucional. En general, ha sentado las siguientes premisas que deben ser tenidas en cuenta, al momento de determinar el alcance de la norma mencionada:

1. Los empleos de los órganos y entidades del Estado son de

carrera. Esta es la regla general. Excepcionalmente, en razón a la naturaleza y características del cargo, pueden existir empleos de libre nombramiento y remoción (sentencias C-071 de 1993, C356 de 1994 y C-194 de 1995).

2. Las excepciones que el legislador puede establecer al sistema

de carrera, deben responder al tipo de vinculación o ingreso a la administración pública, y a la función que desempeñe el empleado, como las que suponen la confianza del nominador (sentencias C-356 de 1994 y C514 de 1994). Igualmente, la facultad dada al legislador para establecer excepciones al sistema de carrera, no puede desnaturalizar el mandato constitucional contenido en el artículo 125.

3. La carrera administrativa debe ser entendida como el instrumento idóneo para el manejo de quienes ejercen la función pública. La idoneidad de este sistema, se refleja en la medida que facilita el cumplimiento de principios y fines del Estado, como los de la igualdad, la eficacia y la celeridad ( sentencias C356 de 1994 y C-194 de 1995).

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4. El pilar de la carrera administrativa está en el mérito y la capacidad de quien es seleccionado para ingresar a ella

(sentencias C-479 de 1992 y C-40 de 1995). Por tanto, el mecanismo y los requisitos que se empleen para la selección de esta clase de personal, deben tener como fin determinar la capacidad profesional o técnica del aspirante, sus aptitudes personales, solvencia moral y sentido social de acuerdo con el empleo y necesidades del servicio ( sentencia C-040 de 1995).

5. El concurso de méritos, es aquel donde se evalúan todos y cada uno de los requisitos y capacidades que debe reunir un aspirante a ocupar un cargo en la administración (sentencia C040 de 1995), requisitos y capacidades que podrá definir el legislador o, en su caso, el manual de personal y funciones que dicte cada entidad ( sentencia C-130 de 1994).

6. Existen factores de carácter objetivo y subjetivo que hacen parte de la evaluación a la que debe someterse el aspirante a un cargo público. En razón a la dificultad que presenta la calificación de los elementos de carácter subjetivo, tales como la solvencia moral, estos podrán ser calificados discrecionalmente por el nominador, discrecionalidad que no debe confundirse con arbitrariedad. ( sentencia C-040 de 1995).

7. A cada uno de esos factores (subjetivo y objetivos), la ley o reglamento que establezca el sistema de selección, debe asignarles un puntaje que permita, al finalizar el proceso, determinar de manera objetiva, cuál de los aspirantes, en razón a su calificación, debe ocupar la vacante a proveer (sentencia C040 de 1995).

8. El nominador está obligado a nombrar a quien ocupe el primer puesto en el concurso de méritos, excepto si el nominador no participó en el proceso de selección, caso en el cual, se le permite escoger entre la lista de candidatos ( sentencia C-040 de

1995). Segunda.- Análisis de los cargos contenidos en la demanda. 11 Las normas acusadas, en su orden, los artículos 5o. y 6o. de la

ley 61 de 1987, y el 22 de la ley 27 de 1992, las primeras aplicables a los empleos del nivel nacional, el segundo, a los empleos del nivel territorial, señalan, en términos generales, que, a su entrada en vigencia, los empleados que ocupen un cargo de carrera, podrán, dentro del año siguiente, solicitar su inscripción en la carrera administrativa, previa acreditación de los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional o por los decretos que prevean las correspondientes equivalencias. Igualmente, consagran la posibilidad de que las personas que ocupen esos cargos y no puedan acreditar los requisitos en el término que ellas prevén accedan a la carrera, cuando logren acreditar esos requisitos. Estas normas, tal como lo indica el actor, permiten el ingreso automático a la carrera administrativa, de funcionarios que reúnan dos condiciones, a saber: la primera, estar ocupando un cargo que la ley ha definido como de carrera; la segunda, acreditar una serie de requisitos contemplados en leyes y decretos, en un período de tiempo determinado. De esta manera, esas normas facilitan el ingreso y permanencia en la carrera administrativa de cierto grupo de personas que, por estar en cierta condición (desempeñando un cargo de carrera), no requieren someterse a un proceso de selección para evaluar sus méritos y capacidades. Así se desconocen, no sólo el mandato constitucional contenido en el artículo 125 de la Constitución, que exige la convocación a concursos públicos para proveer los cargos de carrera, sino los principios generales que este sistema de selección tiene implícitos, tales como la igualdad y la eficacia en la administración pública (artículos 13 y 209 de la

Constitución). La excepción que establecen las normas acusadas para el ingreso a la carrera administrativa, desnaturaliza el sistema mismo, pues se dejan de lado conceptos como el mérito y capacidades, para darle paso a otros de diversa índole, permitiendo que la discrecionalidad de los nominadores rija este sistema, e impidiendo que todos aquellos que crean tener las condiciones para desempeñar un empleo de esta naturaleza a nivel nacional o territorial, tengan la oportunidad de acceder a 12 ellos, simplemente porque no hay un mecanismo que permita la evaluación de sus méritos y capacidades. En tres casos similares al analizado en esta sentencia, la Corte ha sido absolutamente clara: no puede existir norma alguna dentro de nuestro ordenamiento que permita el ingreso automático a cargos de carrera. Por esa razón, ha declarado inexequibles normas que permitían el ingreso a la carrera, en distintos organismos, sin mediar un proceso de selección, tales como la Aeronáutica Civil (sentencia C-317 de 1995), la rama judicial (sentencia C-037 de 1996) y el escalafón docente ( sentencia C-562 de 1996).

En conclusión: las normas acusadas desconocen el mandato general del artículo 125 de la Constitución, y los principios de igualdad y eficacia que deben regir la administración pública.

Razón por la que se declarará la inexequibilidad de los artículos 5o. y 6o. de la ley 61 de 1987 y 22 de la ley 27 de 1992. 4ª. De igual forma, esta misma Corporación en sentencia No. 037/96, al

examinar la legalidad de la ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia dijo: “…la Corte estima que las diversas funciones contempladas en la norma que se estudia, salvo las que a continuación se relacionarán, se avienen a la naturaleza de las responsabilidades que debe desempeñar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con los preceptos constitucionales (Arts. 256 y 257 C.P.) y los lineamientos que jurisprudencialmente ha determinado esta Corporación en la Sentencia No. C-265/93, principalmente. Las atribuciones sobre cuya constitucionalidad se amerita un comentario especial son, pues, las siguientes: 13 El numeral 8o., contrario a lo que argumentan algunos de los ciudadanos intervinientes, es exequible, con base en las argumentaciones que se expondrán al analizar el artículo 99 del presente proyecto de ley. Con todo, deberá advertirse que la designación de los empleados de la Sala, habrá de hacerse de conformidad con las normas que regulan el sistema de carrera. El numeral 9o, a través del cual se determina la estructura y la planta de personal de las corporaciones y juzgados, se ajusta a los parámetros de la Carta Política, aunque su ejercicio deberá realizarlas de conformidad con los parámetros legales y los lineamientos expuestos en esta providencia. (....) El término "judiciales" contenido en el numeral 13, es constitucional únicamente dentro de los parámetros que fija el artículo 93 del proyecto de ley, pues los trámites de esa índole que comprometan la acciones judiciales y el debido proceso sólo

pueden ser definidos por el legislador, de acuerdo con las funciones previstas en el numeral 2o del artículo 150 del Estatuto Fundamental. Por tanto, no puede la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de las atribuciones contempladas en el artículo 257-3 de la Carta, ocuparse de regular asuntos de carácter judicial, toda vez que sus funciones deben estar encaminadas a reglamentar únicamente materias administrativas y funcionales de la administración de justicia y, si es el caso, tan sólo a proponer proyectos de ley relativos a códigos sustantivos y procedimentales. De acuerdo con lo previsto en el artículo 256-1 de la Carta, al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la tarea de administrar la carrera judicial. Para el efectivo ejercicio de esta atribución, entiende la Corte que a la citada Corporación le asiste la facultad de reglamentar algunos aspectos de dicho sistema de carrera, siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador, en los términos previstos en los artículos 125 y 150-23 de la Constitución. En otras palabras, para la Corte la facultad de reglamentar en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, no significa necesariamente suplantar las atribuciones propias del legislador. Por tal motivo, el numeral 22 será declarado exequible. 14 Al examinar la legalidad del artículo 196 de ley 270 de 1996, expuso: “En concordancia con las consideraciones hechas en torno al artículo 193 del proyecto, respecto del derecho a la igualdad en el sistema de carrera -las cuales se recalcan en esta oportunidad-, y teniendo en cuenta los argumentos expuestos por los

intervinientes, la Corte encuentra que la presente disposición debe ser declarada inexequible, pues establece como principio general lo que el artículo 125 de la Carta Política ha previsto como excepción. En otras palabras, se permite que ciertos funcionarios de la rama judicial sean vinculados automáticamente al sistema de carrera, sin haber siquiera participado, en las mismas condiciones que otros interesados, en un concurso público que demuestre que los nombrados en cada uno de los cargos fueron quienes lograron los más altos puntajes de acuerdo con sus capacidades, conocimientos, preparación y profesionalismo. Como en varias oportunidades lo ha señalado la Corte, y se ha reiterado en esta providencia, el propósito fundamental del artículo 125 superior es el de garantizar la eficacia y la eficiencia en la función pública, bajo el supuesto general de que las personas interesadas cuentan con igualdad de oportunidades para acceder a los cargos y órganos del Estado. Pero si se permite, como lo hace la norma bajo examen, que quienes sean nombrados en provisionalidad ingresen inmediatamente al sistema de carrera, sin necesidad de concurso y de providencia que así lo determine, entonces se está permitiendo que personas que no han llenado los requisitos mínimos para ejercer las responsabilidades a ellas asignadaspor eso están nombrados en provisionalidad-, puedan gozar de los beneficios y de la estabilidad laboral que garantiza la carrera, en detrimento de otras a quienes, de habérseles dado la oportunidad, hubieran podido aspirar en las mismas condiciones al respectivo cargo. Así, entonces, la evidente violación del derecho fundamental a la igualdad (Art. 13 C.P.) que representa la norma que se revisa, se

constituye en argumento suficiente para declarar su inexequibilidad...”. 15 5ª. Ahora bien, la Sección Segunda del H. Consejo de Estado en asunto similar a este caso, mediante sentencia del 16 de marzo de 2.000, con ponencia del Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda, sentó el siguiente criterio: “Para la Sala es evidente, como lo planteó el Ministerio Público con apoyo en jurisprudencia sobre la carrera administrativa, que la judicial también garantiza, a quienes accedieron al cargo con fundamento en el mérito (art. 156 Ley 270de 1.996), su permanencia y la promoción en el servicio. En efecto, tal disposición establece: “Fundamentos de la carrera judicial. La carrera judicial se basa en el carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio. Pero, a términos de la misma norma, de los derechos a la permanencia y promoción, no puede fundarse otro, no contemplado en la ley, como es el que les reconoce el Acuerdo acusado, de formar parte del Registro de Elegibles para proveer cargos similares, porque ello va en contra vía de la igualdad en las posibilidades de acceso que tal precepto garantiza, frente a los demás candidatos que todavía no han ingresado en la carrera judicial. A juicio de la Sala no es posible extender los efectos del concurso que habilitó para ser nombrado en un cargo de carrera

de la rama judicial, más allá del respectivo nombramiento, pues, con éste, se consuman y agotan las consecuencias jurídicas de haber salido avante en aquél, porque a partir de la vinculación los 16 derechos que se generan son los de permanencia y promoción, en los términos de la ley, o sea, a no ser removido sino por las causas y los procedimientos previamente establecidos, y a la posibilidad de participar en los concursos, para ocupar los cargos de mayor nivel. Por consiguiente, la Sala no acoge la tesis expuesta en el Acuerdo acusado y en la vista fiscal, según la cual estar inscrito en la carrera judicial, constituye derecho adquirido a integrar los Registros de Elegibles para poder ser nombrado en cargos de similar categoría y especialidad, por las razones ya expuestas…” Entonces, la Sala ha verificado las denuncias formuladas por el demandante en cuanto a la violación de los artículos 13 y 125 de la Constitución Política y 156, 162, 164 y 165 de la Ley 270 de 1.996, suficientes para declarar la nulidad del Acuerdo acusado, pues no solo se infringió el derecho a la igualdad, según se vio, sino que se soslayó el cumplimiento de las normas constitucionales y legales sobre el concurso público que debe llevarse a cabo para el nombramiento de los cargos de la carrera judicial”. Tal criterio, que comparte esta Agencia Fiscal, fue reiterado en fallo del 19 de septiembre de 2002, expediente 2281, con ponencia de la Dra. Ana Margarita Olaya Forero, y coincide con algunos planteamientos de la demanda, porque si no se

puede extender los efectos de un concurso que inscribió a un funcionario en la carrera para formar parte del Registro de Elegibles en cargos similares, tampoco podría aplicarse a aquellos funcionarios que solo forman parte de un Registro de Elegibles por haber participado en un concurso de meritos, sin hacer parte de la carrera judicial. 6ª. En conclusión, esta Delegada del Ministerio Público acoge los argumentos expuestos tanto en las jurisprudencias transcritas como los esbozados por la parte actora, en el sentido de que las figuras de la homologación y traslado de inscripción 17 en el registro de elegibles contemplada por el Consejo Superior de la Judicatura en los actos acusados, no puede obviar el proceso de selección establecido en las normas constitucionales y legales transcritas, relacionadas con la obligatoriedad de realizar un concurso público para efectuar el nombramiento de los cargos de la carrera judicial. CONCLUSIÓN Con base en las anteriores consideraciones, la Procuraduría Segunda Delegada solicita respetuosamente a la H. Sala acceder a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad de los Acuerdos demandados. Del H. Consejero Ponente, atentamente,

FANNY ESTHER RAMÍREZ ARAQUE

Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado