PGN - Documento 201607091834527

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO N° 155 – 2.003 28 – IV – 03

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: De. JESÚS MARÍA LEMOS BUSTAMANTE

E. S. D.

REFERENCIA : PROCESO 1735 – 02

ACTOR : JOSÉ OTERO SALTARÍN

DEMANDADO : INSTITUTO DISTRITAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE

BARRANQUILLA

ACCIÓN : NULIDAD y RESTABLECIMIENTO DERECHO ASUNTO : APELACIÓN SENTENCIA En oportunidad legal, procede esta Agencia del Ministerio Público a conceptuar en el referido expediente que, a instancias del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia desestimatoria de sus pretensiones, conoce la Sección Segunda, Subsección B, de la máxima corporación de la jurisdicción contencioso administrativa.

I. ANTECEDENTES Los elementos de juicio, fácticos y probatorios, sustento de las súplicas invocadas en el libelo introductorio, junto con el compendio de normas presuntamente transgredidas y sus correlativos conceptos de violación, se encuentran descritos y desarrollados en el texto de la demanda y en sus anexos, los que son visibles a los folios 1 a 35, y, con arreglo a lo preceptuado por el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 38 del Decreto 2304 de 1989, fueron literalmente asentidos

por el Juzgador de Primera Instancia – Sala de Descongestión del Departamento de Antioquia, Sala Novena de Decisión -, dentro del cuerpo de su providencia, obrante a los folios 258 a 285, que, oportunamente recurrida y sustentada por el demandante, es objeto de la presente vista fiscal, previo el traslado especial de que trata el artículo 2 210 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 59 de la Ley 446 de 1998.

II. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA DEMANDADA El Establecimiento Público Descentralizado del Orden Distrital, INSTITUTO DISTRITAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANQUILLA, por intermedio de apoderado ocurrió al proceso en defensa de la legalidad de su actuación y respecto de las peticiones expuestas por la parte actora se opuso, manifestando, sustancialmente, que por medio del Acuerdo 004/98 – julio 31 -, la Junta Directiva faculta al Director del Instituto para la reestructuración organizacional y administrativa del Instituto, y, por tanto, éste, “es un acto administrativo ajustado a la ley y al reglamento de la entidad”, pues “a efecto de adoptar su estructura orgánica a los modernos conceptos de eficiencia y eficacia expidió a través de unos Acuerdos de su Junta Directiva (Acuerdo 008 de 1998), una modificación a sus estatutos y adoptó una nueva estructura interna (Acuerdo 009 de 1998), las cuales debía ser ejecutados (sic), por quien más indicado para ello que su Director General, actos administrativos autónomos, generales y por ende impersonales”; que el Acuerdo 008/98 – septiembre 21 -, a través del cual la Junta Directiva modifica los estatutos, “se

expidió en ejercicio de las facultades legales establecidas en el Acuerdo 003 de 1996, expedido por el Consejo (sic) Distrital de Barranquilla, y es acto ajustado a la ley, expedido por los órganos competentes, sin que se sale ningún vicio tanto en su forma como en su esencia, actos administrativos autónomos, generales y por ende impersonales”; que igual apreciación surge del análisis del Acuerdo 009/98 – octubre 6 -, en el que la Junta Directiva establece la estructura interna del Instituto y se determinan las funciones de sus dependencias; que también es acto administrativo legal, el Acuerdo 0010/98 – octubre 6 -, por cuanto recae en la Junta Directiva la competencia para fijar el sistema de nomenclatura, clasificación y escala salarial de sus empleados, y, que “restarle éstas funciones administrativas a una entidad es negarle su propia existencia, e ir en contravía de su propio Estatuto”; que la supresión y establecimiento de la planta de personal le corresponde a la Junta Directiva y, por ende, el Acuerdo 0011/98 – octubre 6 -, se torna igualmente ajustado a derecho; que la petición dirigida a la nulidad de la Resolución N° 1253/98 – octubre 16 – por el que se suprimieron unos cargos de carrera administrativa, nombramientos provisionales y cargos vacantes de la Planta de Personal, “es un acto administrativo con efectos particular y concreto proferido como desarrollo de los actos administrativos generales a que se ha hecho referencia anteriormente”; 3 que la solicitud de restablecer la estructura y planta de personal existente en el ente

accionado antes de la expedición de los actos acusados, no procede por las razones antes expuestas y porque además ha habido una indebida acumulación de pretensiones, en cuanto que los Acuerdos emanados de la Junta Directiva son pasibles de la acción de simple nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, mientras que la resolución que suprimió el cargo al actor lo es de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 85 ídem); y, que por haberse expedidos los actos con arreglo a lo dispuesto en la ley, no es procedente el resarcimiento económico propuesto por la parte accionante. De otra parte, replica, así mismo, la parte demandada, que el fuero sindical circunstancial es incompatible con el interés general que debe prevalecer en la administración pública y que al instituto jurídico del fuero sindical, instituido por el artículo 39 de la Constitución Política y reglamentado por el artículo 147 del Decreto 1572 de 1998, acceden los representantes o directivos sindicales, que no es el evento del actor, por lo que es imposible, por esta causa, acceder a la solicitud de reintegro; que no se está frente a un sólo acto sino ante varios, uno de carácter particular y otros generales; que es factible la supresión de un cargo de carrera administrativa, al tenor de lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 443 de 1998; y, que la modificación de las plantas de personal se fundamenta en necesidades del servicio, en razones de modernización estatal y basarse en estudios técnicos, premisas que fueron atendidas por el INSTITUTO DISTRITAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANQUILLA, por lo que su actuación se sometió al ordenamiento jurídico, ante lo

cual, no deben prosperar las peticiones anulatorias y resarcitorias formuladas en el libelo introductorio. Con fundamento en todo lo anterior, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida acumulación de pretensiones y por inexistencia del agotamiento de la vía gubernativa. (fls. 60 a 84).

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN El ente público llamada a juicio, en esta especial etapa procesal, a través de su mandatario judicial, reitera la solicitud de “denegar todas las peticiones formuladas por el 4 demandante en su libelo y en consecuencia se absuelva a la Entidad demandada, ya que a lo largo del desarrollo del proceso se ha demostrado hasta la saciedad que la Entidad que represento, solo actuó conforme a la Constitución Política y a la Ley, tal como se ha demostrado con las pruebas fehacientes y pertinentes, las cuales fueron admitidas, decretadas y practicadas en legal forma y se encuentran anexas al expediente.” Como sustento de la afirmación, esbozó que el INSTITUTO fue creado por el Concejo Distrital de Barranquilla mediante el Acuerdo 003 del 11 de enero de 1996, en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 6° del artículo 313 de la Carta Política, y por dicho acto administrativo se dispuso, de igual manera, que su Junta Directiva era el máximo organismo de dirección y administración y la dependencia competente para adoptar y reformar la estructura de la entidad, su planta de personal, la nomenclatura y escala salarial de los respectivos cargos; de otra parte, que con fundamento en dicha norma la Junta Directiva expidió el Acuerdo N° 004 de 1998, julio 31, y facultó al

Director para efectuar la reestructuración administrativa y organizacional, para lo cual se contrató el servicio de asesoría con la Universidad del Norte, a cuyas recomendaciones se profirieron los Acuerdos 008, 009, 0010 y 0011, que, a su vez, fueron el sustento para dictar la Resolución 1253 de 1998 –octubre 16por medio de la cual se suprimieron algunos empleos de la planta de personal del establecimiento público descentralizado del orden distrital; que la reestructuración obedeció a la política de austeridad del gasto público adoptada por el Alcalde ante la grave situación deficitaria fiscal y se sujetó a las previsiones contenidas en la Ley 443 de 1998 (art. 39) y su Decreto Reglamentario 1572 de 1998 (arts. 137 y 153), “reconociendo y pagando la correspondiente indemnización de que habla la Ley, como consecuencia de haberse agotado el término de los seis meses para el proceso de revinculación”. Concluye el apoderado manifestando que el fuero sindical alegado por el demandante no se probó, por lo que esta presunta causal de nulidad de los actos censurados no tiene vocación de prosperidad, pero que si eventualmente se llegare a determinar que gozaba del beneficio del fuero, por tratarse de empleado público, no era indispensable tramitar la solicitud de permiso de levantamiento, pues sólo basta la motivación del acto, cuya declaratoria de legalidad o ilegalidad, por la vinculación legal y reglamentaria, le compete al juez administrativo. (fls. 241 a 250). Por su parte, el demandante alegó de conclusión en los siguientes y sustanciales

términos: Que el acto cuestionado, esto es, la Resolución 1253, fue dictada con flagrante violación de las normas en que debían fundarse, expedida irregularmente y 5 motivada falsamente, por cuanto desconoció la preceptiva contenida en el artículo 153 del Decreto Reglamentario N° 1572 de 1998, que exige la comunicación por parte de la respectiva entidad pública del inicio de las diligencias tendientes a la modificación de sus plantas de personal, a la comisión departamental o distrital del servicio civil, con indicación de sí tal proceso lo adelantará de manera directa o a través de la ESAP, o de personas naturales o jurídicas, caso en el cual se deben designar dos (2) empleados representantes para la ejecución del estudio; que sólo se observa, a este respecto, que el estudio técnico elaborado por la Fundación Universidad del Norte fue producto de una consultoría iniciada a mediados de marzo de 1998 para adelantar un diagnóstico integral de la administración central y algunos institutos descentralizados del Distrito; que se pretermitieron etapas previas e inaplazables de la carrera administrativa al acompañar extemporáneamente, dentro del aludido estudio técnico, un supuesto memorando dirigido por el señor HUGO RAMÍREZ VÁSQUEZ, Director, a la Jefe de Recursos Humanos del Instituto, por intermedio del cual le informa que, junto con la Directora Jurídica y la Ingeniera MARTHA ISABEL ROA H, conformaban el grupo de trabajo “que acometerá las actividades que requiere el desarrollo del mencionado proyecto de modificación de la planta de personal de nuestra institución” (fls. 95 y 96, del

cuaderno anexo); como también, la comunicación librada a la Comisión del Servicio Civil Departamental (fl. 94, ídem); que el accionante gozaba de fuero circunstancial porque el Sindicato, mediante escrito de 14 de septiembre de 1998, había radicado un pliego de peticiones; “que el acto administrativo acusado, tenía efectos retroactivos a partir del 6 de Octubre de 1.998, esto es con anterioridad a la fecha de su comunicación que se cumplió el día 16 de octubre de 1998, contrariándose así no sólo la ley sino la teoría general de los actos administrativos, pues sabidos es que los actos administrativos surten efectos desde su ejecutoria”; que la suma presupuestada para el rubro de indemnizaciones resultaba insuficiente; y, que los actos que modifican la planta de personal de las entidades territoriales deberán motivarse expresamente. (fls. 251 a 256).

IV. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Fechada al 15 de junio de 2.001, denegatoria de las pretensiones expuestas y adoptada unánimemente por la Sala Novena de Decisión, de la Sala de Descongestión del Departamento de Antioquia, se sustentó, básicamente, en el siguiente

razonamiento: 6 No hay lugar a decretar la excepción de inepta demanda, por indebida acumulación de acciones, porque es evidente que frente a los actos generales, en este caso los Acuerdos de la Junta Directiva del Instituto Distrital de Tránsito y Transporte de Barranquilla, no fue admitida la demanda, sino solamente ante el acto individual, el que suprimió el empleo que desempeñaba el demandante, es decir, la Resolución N° 1253

del 16 de octubre de 1998. Tampoco prospera la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, toda vez que el demandante optó por la revinculación a un cargo de igual nivel y categoría, el que pasados los seis meses no fue posible proveerle, por lo que recibió la indemnización, y, además, no interpuso los recursos de ley frente a la decisión administrativa que le suprimía el cargo. Respecto del asunto de fondo controvertido estimó el A Quo, utilizando la máxima según la cual “donde existen los mismos hechos, existe el mismo derecho”, pues con antelación había conocido y fallado un caso similar de un Teniente de Tránsito adscrito a la Unidad de Control y Vigilancia, del Instituto Distrital de Transportes y Tránsito de Barranquilla, que: Se demostró fehacientemente que la entidad demandada, al suprimir el cargo de carrera administrativa del actor, en virtud de su gestión administrativa, sustentada en la necesidad de combatir el déficit fiscal, “lo hizo respaldado por las normas legales y constitucionales que le otorgan la facultad”, y se procedió conforme al artículo 39 de la Ley 443 de 1998, “procediendo la entidad a reconocer y pagar la correspondiente indemnización de que habla la ley, como consecuencia de haberse agotado el término de los seis meses para el proceso de revinculación sin que se hubiere presentado una vacante para ser reincorporado.” Igualmente, se probó la existencia de la reserva presupuestal para el financiamiento de la reestructuración administrativa que tuvo como uno de sus corolarios la

desvinculación del actor; como también se acreditó que estuvo acompañada y respaldada por el estudio técnico exigido por el artículo 153 del Decreto 1572 de 1998, por lo cual las alegadas causales de nulidad de los actos por estos preciso motivos no prosperan. 7 Se verificó que el demandante no gozaba de “fuero sindical por cuanto no era miembro de la Junta Directiva del Sindicato, ni aparece acreditado tal hecho en el proceso, como tampoco que lo fuera de la Comisión de Reclamos.” (fls. 258 a 285).

V. RECURSO DE APELACIÓN En síntesis, haciendo salvedad que el acto acusado no está fundado en el estudio técnico sino que el procedimiento seguido por la administración no se ajustó a las previsiones legales, lo sustentó el impugnante procurador judicial del actor en aspectos adjetivos tales como que aquél no se fundamentó en verdaderas necesidades administrativas relacionadas con el buen servicio público; no se adelantó por el número de personas ni conforme a las ritualidades ordenadas por la ley, por lo cual se infringieron normas sustanciales; de otra parte, “que el acto acusado desconoce lo normado en los artículos 164 transitorio del Decreto 1572 de 1998 y 1° del 1330 del mismo

año, que garantizan a los empleados que desempeñan empleos de carrera en provisionalidad su derecho a la estabilidad laboral, pues las normas transcritas, consagran que los empleados que desempeñan cargos de carrera en provisionalidad, como es el caso de mi mandante, gozan de estabilidad, en cuanto que sus nombramientos no pueden ser declarados

insubsistentes, hasta tanto no culmine el proceso de selección para su designación definitiva”; y, en último término, insiste en la existencia de fuero sindical circunstancial de su patrocinado “habida cuenta de que para aquella fecha se estaba discutiendo con Sindicato de Trabajadores del Instituto Distrital de Transportes y Tránsito de Barranquilla, SINDITRAB un pliego de peticiones; por lo tanto de conformidad al artículo 405 y 406 literal d), el actor se hallaba desde luego protegido y amparado el fuero sindical, que impedía a la demandada desvincularlo del servicio...” (fls. 286 a 292). (sic).

VI. OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Es consideración de esta Procuraduría Delegada que la providencia recurrida debe ser CONFIRMADA, en atención a las siguientes razones: Cuestión debatida. En esta etapa procesal, cuya demarcación la limita el contenido del recurso de apelación interpuesto, estima la Agencia Fiscal que el sub examine se contrae a determinar sí la desvinculación, por supresión del cargo a consecuencia de la reestructuración administrativa, del empleo de Teniente Código XXXX, Grado XXX, 8 adscrito al Instituto Distrital de Transporte y Tránsito de Barranquilla, que fungía el ciudadano accionante JOSÉ MEDARDO OTÉRO SALTARÍN, se ajustó al ordenamiento jurídico o, por el contrario, como lo expone el censor se desconocieron trámites que transgreden normas sustanciales, no se tuvo en cuenta su condición de empleado amparado por la situación administrativa de provisionalidad, y, se vulneró el

fuero sindical que le asistía. Asunto preliminar. Del estudio y revisión del libelo introductorio, que corre a los folios 1 a 16, se verifica que no se relacionó como hecho, base de una de las peticiones, el que el actor estuviere “en carrera administrativa en provisionalidad”, antes por el contrario, el presupuesto fáctico rotulado al numeral 2.3., de manera clara y enfática menciona la inscripción “en el Escalafón de la Carrera Administrativa el día 6 de Noviembre de 1997 en el folio No. 40 y No. De orden 1435, como consta en certificado del 4 de diciembre de 1997, expedido por la Secretaría Técnica de la Comisión Seccional del Servicio Civil del Departamento del Atlántico, además el cargo que desempeñaba es de carrera y su inscripción en el escalafón se encuentra vigente”, hecho que se acompasa con la solicitud distinguida en el literal B) del numeral 1.2. de las pretensiones, que a su tenor literal reza: “Reintegrar al señor JOSE OTERO SALATARÍN, al empleo de TENIENTE, que venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría.” (fl. 2). Aparte que dentro de nuestro sistema de administración de personal no existe la provisionalidad en carrera administrativa, resulta contrario a la lealtad procesal y rompe con el postulado de la congruencia solicitar, en segunda instancia, una súplica no propuesta en la primera y en las etapas pertinentes, esto es, dentro del cuerpo del libelo introductorio y en el término de fijación en lista. Con todo, no sobra advertir que, efectivamente, se halla acreditada la inscripción del

actor en el escalafón de carrera administrativa, como se documenta a través del folio 20, contentivo de la certificación signada por el Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Civil. Para resolver el fondo del asunto, la Procuraduría estima necesario plantearse el interrogante de: ¿El trámite dado por el Distrito de Barranquilla al programa de reestructuración administrativa que conllevó la supresión del empleo del demandante, en el que supuestamente se pretermitieron etapas previas manifestadas, en particular, 9 por no habérsele indicado a la Comisión del Servicio Civil si se adelantaba de manera directa, por la ESAP o con persona jurídica privada o pública; por la no designación de dos de los empleados para la ejecución del estudio técnico; por la elaboración de éste por parte de un profesional adscrito a la Fundación Universidad del Norte; por conformar el equipo de trabajo después que el estudio había sido entregado; por no remitírsele a la Comisión, una vez producido; por no enviársele la planta finalmente adoptada; y, de otra parte, por no haber respetado el fuero sindical del accionante, hacen nulo el acto acusado por expedición irregular y por falsa motivación? Haciendo abstracción, por ahora, del ítem relacionado con el presunto beneficio de fuero sindical, dirá la Agencia Fiscal que el complejo interrogante venido de plasmar ha de resolverse, en el orden expuesto, negativamente a las pretensiones del censor. La razón de lo anterior se sustenta en el examen y análisis cuidadoso del “ESTUDIO

TÉCNICO MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL” (único anexo del

informativo), y en lo sustancial del asunto controvertido, como más adelante se precisará, pues si bien es cierto que a página 94 se le informa, el 10 de septiembre de 1998, a la Comisión del Servicio Civil la conformación “conjuntamente con el representante de la Universidad del Norte, del equipo de trabajo que acometerá el estudio”; que a los folios 95 y 96 se designan, el 7 de septiembre, los funcionarios que acometerán “las actividades que requiere el desarrollo del mencionado proyecto de modificación de la planta de personal”; que a página 16 obra la misiva de la UNINORTE, de julio 2, por medio de la cual hace entrega del documento anexo de diagnóstico integral; y, que a la hoja 4 se lee: “ANTECEDENTES”, es decir, el resumen total o prólogo de la labor encomendada a la fundación universitaria, sin que de este texto en particular se pueda colegir, como lo hace la parte impugnante, que desde mediados de marzo de 1998 el estudio técnico ya estaba elaborado, no puede significar que la extemporaneidad en las etapas previas y de comunicación sea de tal magnitud que irrogue la ilegalidad pretendida, por cuanto lo real y verídico del caso debatido es que al demandante se le suprimió el empleo con fundamento en una necesidad del servicio y se le indemnizó una vez culminado el término de nombramiento en una vacante de igual categoría, así se encuentra acreditado a folio 234. Respecto de la prevalencia de la necesidad del servicio y de la indemnización, ha dicho la jurisprudencia del H. Consejo de Estado: 10 “(...) “Sobre la violación de las disposiciones Constitucionales y legales protectoras de la

carrera administrativa, dirá la Sala que ésta como sistema de administración de personal, propende por la eficiencia del servicio y otorga al empleado escalafonado, determinadas prerrogativas, entre ellas, el derecho a la estabilidad. Es decir, el empleado amparado por dicho status, no puede ser removido sino en los términos señalados en la Constitución y en la ley. La supresión del cargo es precisamente una de las causales de retiro contemplados en la ley, frente a la cual puede verse avocado el empleado cuando las políticas institucionales así lo exigen racionalización del gasto público, reestructuración de entidades, reclasificación de empleos, etc. ... “(...)” 1 “(...) “El artículo 125 de la Constitución Política inciso 3° determina: “El ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se harán previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la ley.” (Resalta la Sala). “El inciso 1° del artículo 39 de la Ley 443 de 1998 previó: “...Los empleados públicos de carrera a quienes se les suprimen los cargos de los cuales sean titulares, como consecuencia de la supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o de modificación de la planta, podrán optar por ser reincorporados a empleos equivalentes o recibir indemnización en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional...”

“En la sentencia T – 374/00 la Corte Constitucional reiteró el siguiente criterio: “2.3. Indemnización para los empleados públicos pertenecientes a carrera administrativa cuyo cargo sea suprimido. “(...) “Es así como en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998, se determinan los derechos que pueden ejercer los empleados públicos de carrera administrativa cuyos cargos hayan sido suprimidos como consecuencia de la liquidación o fusión de entidades o dependencias, del traslado de funciones de una entidad a otra, o de la modificación de la planta de personal del organismo al cual prestan sus servicios. En ese orden de ideas dichos empleados pueden optar por una de estas dos (2) alternativas: (i) ser incorporados a empleos equivalentes, siempre y cuando la vacante se presente dentro de los seis meses siguientes al retiro (ii) recibir una indemnización en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional. “La indemnización consagrada en la ley, por la terminación unilateral del contrato de trabajo, constituye un instrumento eficaz para resarcir el daño que pueda causarse al empleado público perteneciente a la carrera administrativa por razón de 1 Sentencia de sept. 12/02. Exp. 0360-02. M. P. Dr. Alejandro Ordóñez M. 11 la supresión del cargo que venía desempeñando, abstracción hecha de que esa decisión haya obedecido a claros fines de interés general o de mejoramiento del servicio. “La indemnización es una reparación que tiene fundamento en el daño que recibe el trabajador a causa de su despido, como consecuencia del perjuicio económico que tiene como finalidad compensar el efecto negativo a que da lugar la finalización del

contrato, debido a la reestructuración del organismo. “(...) “Al respecto la Corte en sentencia C – 527 de 1994, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero señaló: “Con respecto a los empleados retirados del servicio pero que estaban protegidos por la carrera, no hay la menor duda de que se ha ocasionado un daño que debe ser reparado. En efecto, si bien es cierto que el daño puede catalogarse como legítimo porque el Estado puede en función de la protección del interés general determinar la cantidad de sus funcionarios (arts. 150 – 7 y 189 – 14 de la C. P.), esto no implica que el trabajador tenga que soportar íntegramente la carga específica de la adecuación del Estado, que debe ser asumida por toda la sociedad en razón del principio de igualdad de todos ante las cargas públicas 8C.P. art. 13). Los derechos laborales entran a formar parte del patrimonio y no pueden ser desconocidos por leyes posteriores (art. 58 – 1 de la C. P.). Además, las autoridades de la república están obligadas a protegerlos (art. 2° de la C. P.). Esto armoniza con una de las finalidades del Estado Social de Derecho: es la vigencia de su orden social justo (Preámbulo de la Carta). Por ello “se trata de una indemnización reparatoria fundamental en el reconocimiento que se hace a los derechos adquiridos en materia laboral (sentencia c – 104/94 M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado). “Este mismo criterio ha sostenido la Sección Segunda del Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia. Sin lugar a dudas, el empleado que ha accedido al servicio

mediante concurso y, como consecuencia, ha sido inscrito en el escalafón de la carrera administrativa, adquiere un derecho, pero esta situación, que protege un interés particular, debe ceder ante el interés general, que prima cuando el Estado, en desarrollo de facultades constitucionales y legales, moderniza la administración y suprime empleos desempeñados por servidores escalafonados. Y, ante el perjuicio que esta determinación legítima causa debe proceder a resarcir los perjuicios, para lo cual cuenta con un mecanismo previsto por el legislador, como es la indemnización. “(...).” 2 Así las cosas, ha de concluirse que los derechos de los que el demandante requiere amparo de la jurisdicción contenciosa administrativa, no se le conculcaron a raíz del procedimiento tildado de irregular, que sea anotar, no infringió su derecho de defensa, pues la reestructuración fue motivada en el acto administrativo complejo, a través de las reglas de derecho contenidas en los Acuerdos del Concejo Distrital y de la Junta 2 Sentencia de oct. 10/02. Exp. 2099 – 00. M.P. Dr. Alberto Arango Mantilla. 12 Directiva del Instituto, como se observa del acto, en últimas, objeto de impugnación, la Resolución N° 1253 –16 de octubre de 1998- (fls. 33 a 36). En cuanto hace referencia a la violación de la garantía emanada del fuero sindical, no hay en el expediente ningún elemento probatorio que indique que el demandante está amparado por dicha garantía. Sólo se acreditó la existencia de un pliego de peticiones

presentado por el Sindicato de Servicios Públicos del Instituto Distrital de Tránsito y Transporte de Barranquilla, que no le da la calidad de aforado al actor y que no conlleva ninguna protección especial para los empleados públicos; además de lo anterior no hay competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para pronunciarse sobre el particular por cuanto los asuntos sobre fuero sindical de los empleados públicos corresponde conocerlos a la jurisdicción ordinaria laboral, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 362 de 1997, que modificó al artículo 2° del Código Procesal del Trabajo, adoptado por el Decreto Ley N° 2158 de 1948. De los Honorables Consejeros de la Sala de Conocimiento, cordialmente,

GERMÁN BUITRAGO FORERO

Procurador Tercero Delegado mdc