PGN - Documento 201607091835018

Concepto No. S 001. Bogotá D.C., 21 de enero de 2003

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

E. S. D.

Consejero Ponente Dr. ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRIQUEZ Referencia: 11001-03-15-000-2002-0372-01

Radicado: 328

Asunto: Recurso extraordinario de súplica contra la sentencia de fecha 15 de febrero de 2002.

Proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado

Actor: COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS

S.A. CONFIANZA C/ LA NACIÓN –

DEIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS

NACIONALES.

En ejercicio de sus facultades legales, esta agencia del Ministerio Público procede a rendir concepto sobre el recurso extraordinario de súplica interpuesto por el apoderado especial de la Nación, UAE-DIAN.

1. El 13 de marzo de 1991, la Compañía Aseguradora de Finanzas S.A.

CONFINANZAS, constituyó, a petición de la Compañía PALMATEX Ltda. y a favor de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Barranquilla, una póliza de seguro de cumplimiento respaldando la devolución del impuesto a las ventas correspondiente al primer bimestre de 1991.

2. El 27 de abril de 1992, en ejercicio de sus facultades legales, la Administración de Impuestos de Barranquilla, profirió la Resolución Sanción No. 0075, a través de la cual se declararon improcedentes las devoluciones efectuadas a

PALMATEX Ltda.

Expediente No. 328 2 De la actuación mencionada se dio aviso al garante de la manera establecida en el artículo 6° del Decreto 2314 de 1989.

3. El 7 de mayo de 1997, la Administración de Impuestos de Barranquilla notificó el mandamiento de pago No. 00303 a la compañía aseguradora, por la suma de setenta y ocho millones doscientos doce mil pesos ($ 78.212.000 M.C.), correspondientes al reintegro de la devolución más los intereses moratorios doblados en un 50 % .

4. En respuesta a las excepciones propuestas por la demandante, la Administración, mediante Resolución No. 00041 de fecha 13 de julio de 1997, confirmó en todas sus partes la Resolución 00303 anteriormente mencionada.

5. Agotada la vía gubernativa, la actora demandó, ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, el mandamiento de pago contenido en la Resolución

00303.

6. El 15 de febrero de 2002, la Sección Cuarta del Consejo de Estado acogió las pretensiones de la demanda y declaró que el título ejecutivo, con el que se pretendía adelantar proceso de cobro coactivo a la actora, no fue integrado validamente según lo establecido en el numeral 4° del E.T.

Concretamente para la Sección, la Resolución Sanción, a través de la cual se declaró la improcedencia de las devoluciones, nunca quedó debidamente ejecutoriada debido a que ésta no fue oportunamente notificada a la sociedad garante.

7. No estando de acuerdo con la providencia citada, la UAE-DIAN, a través de un recurso extraordinario de súplica, impugnó la sentencia del Consejo de Estado a

fin se declarare acorde a derecho el acto demandado por La Compañía Aseguradora de Finanzas S.A.

8. Como sustento del recurso, la UAE-DIAN sostuvo que la providencia impugnada vulneraba, por falta de aplicación, los artículos 4°, inciso 2°, 83, 95-9, Expediente No. 328 3 228, 230, y 338 de la Constitución Política; 1° a 3°, 793 literal f), 828 numeral 4°, 828 –1 y 860 del Estatuto Tributario; 1568 a 1579 del Código Civil; 1036, 1037, 1045,1046,1054 y 1061 del Código de Comercio.

Adicionalmente, en el recurso en mención, se formularon como cargos por violación directa, por interpretación errónea, la desacertada interpretación de los artículos que van del 702 al 714 del E.T. y del artículo 837-1 del mismo estatuto. III SUSTENTACIÓN DEL RECURSO Los cargos fueron planteados de la siguiente forma.

1. Violación por inaplicación de normas Constitucionales. En criterio de la recurrente, la sentencia impugnada desconoció el principio de legalidad consagrado en el inciso segundo del artículo 4° de la Constitución Política, al tener en cuenta disposiciones generales del C.C.A. e inaplicar normas civiles, comerciales y tributarias de carácter especial, referentes a la materia objeto del litigio.

Concretamente, la DIAN sustentó el cargo propuesto sosteniendo que la sentencia acusada no tuvo en cuenta:  Lo señalado en el artículo 860 del E.T., por inaplicar las reglas de la

solidaridad en el caso bajo estudio.  Lo estipulado en el artículo 828 del E.T., por ignorar que las garantías y cauciones, prestadas a favor de la nación para afianzar el pago de obligaciones tributarias, constituyen título ejecutivo desde el incumplimiento o exigibilidad de la obligación garantizada.  Lo establecido en el artículo 6° del Decreto 2314 de 1989, por desconocer que para adelantar proceso de cobro coactivo sólo se exige el aviso de notificación del traslado de cargos. Expediente No. 328 4 Por otro lado, ya haciendo referencia a los demás cargos por inconstitucionalidad, debe señalarse que la Nación estimó desconocidos también el principio de la buena fe, consagrado en el artículo 83 de la C.P.; el deber en cabeza de todo ciudadano de participar en las cargas públicas del Estado, estipulado en el artículo 95-9 C.P.; el principio de dar aplicación prevalente a las normas de carácter sustancial sobre las normas procesales, contemplado en el artículo 228 C.P.; la obligación en cabeza de los jueces para fallar sólo bajo el imperio de la ley señalado en el artículo 230 C.P. y el principio de legalidad de los tributos, regulado en el artículo 338 de la Carta. En cuanto concierne al principio de la buena fe, la DIAN consideró que anular los actos acusados, con base en exigencias extralegales, puso en tela de juicio la seriedad y buena fe del procedimiento utilizado para determinar la procedencia de las devoluciones otorgadas a los contribuyentes. En lo referente a lo preceptuado por el artículo 95-9, para la Administración de

Impuestos, privar de validez al mecanismo mediante el cual se pretendía recuperar dineros del fisco constituyó un actuar que obstaculizó el deber, en cabeza de todos los ciudadanos, de participar en las cargas públicas del Estado. Por otra parte, además de las anteriores consideraciones, la impugnante señaló que en el pronunciamiento recurrido se dio más importancia a unos meros formalismos, como el de la notificación, y se ignoró el deber de dar aplicación prevalente al derecho sustancial. Específicamente, para este cargo se estimó que el fallador de segunda instancia prefirió hacer primar la exigencia de notificar personalmente de la resolución sanción al garante de la obligación tributaria, que dar aplicación a las normas sustanciales, reguladoras del vínculo jurídico existente entre el contribuyente y la administración. Adicionalmente, en criterio de la DIAN, la sentencia de la Sección Cuarta, al proferir una providencia que supuestamente se fundamentó principalmente en un Expediente No. 328 5 criterio jurisprudencial, desconoció la obligación en cabeza de todo juez de fallar sólo con base en el imperio de la ley. Finalmente, como último cargo de inaplicación de preceptos constitucionales, la DIAN sostuvo que proferir una sentencia en la que se equiparara la condición de garante a la de deudor de la obligación tributaria constituía un desconocimiento de los elementos de la relación tributaria consagrados en el artículo 338 de la Carta.

2. Violación por inaplicación de normas sustantivas de carácter tributario. En sentir de la recurrente, además de los cargos propuestos por inconstitucionalidad, en la providencia impugnada se dieron una serie de vicios

referentes a la inaplicación de lo establecido en los artículos 1°, 2°, 793 literal f), 828 numeral 4°, 828 – 1 y 860 del E.T. Específicamente, para la DIAN, la Sección Cuarta del Consejo de Estado no tuvo en cuenta que a un tercero ajeno a la relación tributaria no puede dársele tratamiento de sujeto en la determinación del tributo, ya que esta calidad se supedita a la generación del hecho gravable o a la obligación de responder por unos deberes complementarios. Igualmente, la recurrente sostuvo que la sentencia se apartó también del artículo 793 literal f) del E.T., por cuanto no permitió hacer efectiva la responsabilidad solidaria de la Compañía Aseguradora S.A., que como garante, se comprometió a pagar la obligación tributaria de Palmatex Ltda. Finalmente, en lo relacionado con la inaplicación de los artículos 828 y 860 del E.T., debe anotarse que la Nación utilizó los mismos argumentos esgrimidos contra el primer cargo de constitucionalidad en el mencionado escrito.

3. Violación, por inaplicación, de normas sustantivas de carácter Civil. En lo atinente a los cargos por inaplicación a las normas civiles, debe advertirse que éstos, en el recurso de súplica, hicieron referencia a la supuesta omisión que se hizo de las reglas que regulan la solidaridad en materia civil.

Expediente No. 328 6 Específicamente, se acusa a la sentencia de ignorar la facultad que dio el legislador a la administración, en aras de abreviar los tramites para el pago de

sumas adeudadas por contribuyentes, de vincular a terceros garantes como deudores solidarios.

4. Violación por inaplicación de normas sustantivas de carácter comercial.

En una interpretación bastante discutible, la DIAN, como último cargo instaurado por la causal 2° del artículo 194 del C.C.A., alegó el desconocimiento de lo preceptuado en el numeral 3° del artículo 100 del decreto 663 de 1993, norma en la que se establece una sanción, dirigida a las compañías aseguradoras, consistente en la revocación de la autorización para ejercer la actividad aseguradora cuando se utilice cualquier práctica con el fin de evadir el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de seguro. Para la recurrente, la sentencia creó un motivo de incumplimiento injustificado frente a la obligación contractual de cubrir el riesgo asegurado.

5. Violación por interpretación errónea de normas sustanciales de carácter tributario.

Finalmente, para la Administración de Impuestos de Barranquilla, la sentencia impugnada interpretó erróneamente los artículos que van del 702 al 714, el 837-1 y el numeral 4° del artículo 828 del E.T. Concretamente, para la recurrente, el fallo impugnado confundió la relación jurídica que surge del nacimiento a la vida del tributo, y su posterior determinación entre el Estado y el contribuyente, con la relación que se establece entre el estado y el garante de la obligación tributaria.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Expediente No. 328 7

Con el fin de pronunciarse en el proceso de la referencia, esta Agencia del Ministerio Público procede a estudiar los cargos propuestos por la recurrente,

para posteriormente emitir las consideraciones pertinentes. Violación directa inciso 2°, artículo 4 Constitución Política. Por no aplicar el numeral 4° del artículo 828, el artículo 860 del E.T. y el parágrafo del artículo 6° del Decreto 2314. Violación directa Por inaplicación del numeral 4° del artículo 828, del artículo 860 del E.T. y del parágrafo del artículo 6° del Decreto 2314. CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 4. “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.” ESTATUTO TRIBUTARIO ARTÍCULO 828. “Prestan mérito ejecutivo: (…) 4° Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas. (…)” ESTATUTO TRIBUTARIO ARTÍCULO 860. “…La garantía de que trata este artículo tendrá una vigencia de dos años. Si dentro de este lapso, la Administración Tributaria notifica liquidación oficial de revisión, el garante será solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de la sanción por improcedencia de la devolución, las cuales se harán efectivas junto con los intereses correspondientes, una vez quede en firme en la

vía gubernativa, o en la vía jurisdiccional cuando se interponga demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, el acto administrativo de liquidación oficial de improcedencia de la devolución, aún si éste se produce con posterioridad a los dos años.” Teniendo en cuenta que el cargo referente a la violación directa del inciso segundo artículo 4° de la Constitución Política y el concerniente a la violación Expediente No. 328 8 directa del numeral 4° del artículo 828, del artículo 860 del E.T. y del parágrafo del artículo 6° del Decreto 2314 comparten los mismos argumentos jurídicos, para facilitar la exposición de las consideraciones de la Delegada sobre esos dos puntos, a continuación se tratará en este mismo acápite el estudio de los dos cargos mencionados. Al respecto, después de examinar los motivos de inconformidad de la recurrente, el Ministerio Publico considera que si bien es cierto que las normas señaladas como inaplicadas hacen referencia al tema tratado en la sentencia, aquellas no guardan directa y estricta relación con lo debatido por la Sección Cuarta en su pronunciamiento. En efecto, aunque es cierto que las garantías y cauciones, prestadas a favor de la nación para afianzar el pago de obligaciones tributarias, constituyen título ejecutivo desde el incumplimiento o exigibilidad de la obligación garantizada, y que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6° del Decreto 2314 de 1989, para adelantar proceso de cobro coactivo, solamente es necesario, por parte de la Administración de impuestos, dar aviso de la notificación del pliego de cargos o

del requerimiento especial al deudor in solidum. La verdad es que, antes de dar aplicación a esos preceptos, es necesario analizar si el título ejecutivo, a través del cual se pretende iniciar el cobro está o no debidamente conformado. En ese sentido, debe advertirse que la Sección Cuarta, de manera acertada, antes de dar aplicación a las normas que la recurrente dice supuestamente obladas, estableció que el título ejecutivo con el que se pretendía iniciar el cobro coactivo no estaba debidamente conformado, debido a que la resolución sanción, elemento constitutivo del título, no había quedado en firme por no haber sido notificado al garante de la obligación. Por ese motivo, en sentir de esta Delegada, no existió una inaplicación de las normas citadas, sino la aplicación de normas jurídicas sustantivas y conceptos ignorados por la recurrente. Expediente No. 328 9 Violación directa por inaplicación del artículo 83 C.P. CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. Si se estudia detenidamente el artículo 57 de la Ley 446, se puede concluir que, dentro de los deberes del recurrente en súplica, está el de señalar específicamente cuales son las normas sustanciales infringidas y explicar los motivos que dieron pie a la infracción. Ahora bien, en el presente caso debe señalarse que dentro de los fundamentos del cargo analizado, la recurrente, a parte de manifestar la importancia del principio de la buena fe para la

preservación de la seriedad de los procedimientos administrativos, no explicó cabalmente cómo la Sección Cuarta desatendió la presunción constitucional mencionada. De hecho, en el recurso no se expresó en que manera la providencia puso en tela de juicio las intenciones de la administración o invirtió la presunción de la buena fe. Por ese motivo, esta dependencia considera que debe ser desechado el cargo, sin antes aclarar que la interpretación armónica de todos los preceptos legales referente al caso, y el establecimiento de una situación jurídica, cual es la indebida conformación del título ejecutivo, no pueden y no deben ser considerados hechos atentatorios de la buena fe. Violación directa por inaplicación del artículo 228 C.P. CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. Expediente No. 328 10 Como reiteradas veces lo ha señalado la doctrina de la Corte Constitucional, la necesidad de notificación, lejos de ser un formalismo jurídico, es uno de los pilares del derecho fundamental de defensa y uno de los elementos que deben entrarse a analizar, para determinar si en una actuación estatal hubo o no respeto del debido proceso. Por ese motivo, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, exigir que todos los actos administrativos constitutivos del título

ejecutivo estén debidamente expedidos, no conforma una conducta que contraríe lo consagrado en el artículo 230 superior, sino que constituye una consideración jurídica acorde a los principios del derecho constitucional y del derecho administrativo. Violación directa por inaplicación del artículo 230 C.P. CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Con relación al punto en mención, esta Delegada considera que el actuar de la Sección Cuarta se encontró ajustada al imperio de la ley, ya que la providencia impugnada solamente se limitó a dar una interpretación armónica de todas las leyes que regulaban la materia en disputa, dando prevalecía a las reglas de conformación de los actos administrativos y a los elementos que constituyen el título ejecutivo. Violación directa por inaplicación del artículo 338 C.P. CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 338. “En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. Expediente No. 328 11 La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como

recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”. Después de estudiar el presente cargo, el Ministerio Público considera que éste está llamado a no prosperar, debido a que la consideración de la Sección Cuarta relacionada con la conformación del título ejecutivo, no viola el principio de legalidad de los tributos, ya que a través de la apreciación jurídica mencionada, no se pretende convertir al garante en sujeto pasivo de la relación tributaria, sino exigir que se respete el derecho de defensa y el debido proceso en la conformación de medio de cobro, a través del cual se pretende iniciar el proceso de jurisdicción coactiva. Violación directa por inaplicación del artículo 1571 del Código Civil y 860 E.T. (Principio de solidaridad). CÓDIGO CIVIL ARTÍCULO 1571. “El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por este pueda oponérsele el beneficio de división.” ESTATUTO TRIBUTARIO ARTÍCULO 860. “…La garantía de que trata este artículo tendrá una vigencia de dos años. Si dentro de este lapso, la

Administración Tributaria notifica liquidación oficial de revisión, el garante será solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de la sanción por improcedencia de la devolución, las cuales se harán efectivas junto con los intereses correspondientes, una vez quede en firme en la vía gubernativa, o en la vía jurisdiccional cuando se interponga demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, el acto administrativo de liquidación oficial de improcedencia de la devolución, aún si éste se produce con posterioridad a los dos años.” Después de estudiar las razones que supuestamente dieron pie a la recurrente para invocar la presunta violación directa de algunas normas civiles y tributarias Expediente No. 328 12 referentes al principio de solidaridad, el Ministerio Público, como lo ha venido haciendo a lo largo del presente escrito, nuevamente, concluye que el cargo en cita carece de sustento jurídico, debido a que el fallo impugnado no dejó de aplicar el principio en mención. En efecto, si se estudian cuales son las consecuencias principales de la solidaridad pasiva, se encuentra que éstas pueden ser identificadas dentro del proceso, dejando sin razón de ser los argumentos de la súplica en estudio. De hecho, al recordar que los principales efectos de la solidaridad pasiva son la existencia de una unidad de objeto de la obligación y la presencia de una pluralidad de vínculos jurídicos entre el acreedor y los codeudores, debe observarse que la U.A.E-DIAN, en virtud de la solidaridad, pudiendo vincular al juicio de jurisdicción coactiva sólo a la sociedad Palmatex Ltda., o a la sociedad

mencionada y la Compañía Aseguradora de Finanzas Confianzas S.A., únicamente emprendió cobro coactivo contra la aseguradora, gracias a la pluralidad de vínculos existentes en la obligación tributaria garantizada que se discute en el presente proceso. Adicionalmente, debe advertirse que, desde un punto de vista puramente procesal, es gracias a la solidaridad pasiva que la Compañía Aseguradora de Finanzas Confianzas S.A. pudo ser admitida como parte en este proceso, ya que se encontraba legitimada sustancialmente por activa, debido a que, por ser codeudora, se encontraba facultada para demandar, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, los actos administrativos mediante los cuales se le quiso hacer exigible la póliza de seguro suscrita el 13 de marzo de 1991. En ese orden de ideas, resta por mencionar que lo planteado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado fueron consideraciones acerca de la conformación del título ejecutivo, mediante las cuales se pretendía establecer la exigibilidad del mismo y no argumentos tendientes a dejar sin efecto la solidaridad. Expediente No. 328 13 Violación directa por inaplicación de normas relacionadas con el contrato comercial de seguros. Con base en lo expuesto, en criterio de la recurrente, el fallo de la Sección Cuarta desestimó lo estipulado en el numeral 3° del artículo 100 del decreto 663 de 1993, norma en la que se establece una sanción, dirigida a las compañías aseguradoras, consistente en la revocación de la autorización para ejercer la actividad aseguradora, cuando se utilice cualquier práctica con el fin de evadir el

cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de seguro. Ahora, para esta Agencia del Ministerio Público, la norma que se dice inaplicada, no tiene uso en el caso de la referencia, debido a que la hipótesis jurídica manejada en la norma supuestamente infringida no guarda relación con lo sucedido. Concretamente, si se analiza la norma citada por la DIAN, debe obligatoriamente llegarse a la conclusión de que la hipótesis por ella planteada no se dio bajo ninguna circunstancia, debido a que un pronunciamiento jurisdiccional, proferido acorde a derecho no puede ser calificado como una causal de incumplimiento de las obligaciones surgidas de un contrato de seguros. Violación directa por interpretación errónea de los artículos que van del 702 al 714, el 837-1 y el numeral 4° del artículo 828 del E.T Expediente No. 328 14 Al examinar el fallo proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y confrontarlo con los argumentos expuestos por la recurrente, relacionados con la violación directa de normas de carácter tributario, el Ministerio Público encuentra que los cargos formulados carecen de fundamento, por las siguientes razones: En primer lugar, la delegada advierte que la Sección Cuarta no incluyó, en su fallo, argumentos tendientes a exigir la notificación de los actos administrativos de conformación de la obligación tributaria, como equivocadamente lo afirma la recurrente, sino que sus consideraciones estaban dirigidas a señalar la necesidad de notificar la Resolución Sanción al garante de la obligación tributaria, ya que dicho acto administrativo hace parte del título ejecutivo mediante el cual se

pretende iniciar el cobro coactivo. En ese sentido, el Consejo de Estado advierte, y así el Ministerio Publico lo considera, que la notificación en mención es necesaria para que la resolución sanción, fundamento del título ejecutivo, quede en firme. Igualmente, la Delegada comparte el razonamiento de la Sección por el cual el aviso del pliego de cargos, previsto en el artículo 6 del Decreto Reglamentario 2314 de 1989 y formulado al contribuyente al comienzo de la investigación para establecer la procedencia de la devolución, no es equiparable a la notificación que se exige para la Resolución Sanción a fin de que quede en firme. En efecto, si se estudia la naturaleza jurídica del aviso previsto en el artículo 6 del Decreto Reglamentario 2314 de 1989, se encuentra que éste consiste en un medio para convocar a la solidaridad del garante en el futuro, sin que por ello se entienda notificado del acto definitivo que determina la obligación garantizada en la póliza de seguros. Por ese motivo y teniendo en cuenta que la exigencia procesal contemplada en la sentencia recurrida, no encuentra su razón de ser en una equivocada interpretación de las normas tributarias, se estima que el cargo propuesto debe ser desechado. Ahora bien, teniendo en cuenta lo hasta ahora dicho, esta Expediente No. 328 15 Agencia del Ministerio Público considera oportuno denegar todas las peticiones del recurso de súplica interpuesto por la U.A.E.-DIAN y confirmar la providencia de fecha 15 de febrero de 2002 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Señores Consejeros.

LIDA BEATRIZ SALAZAR MORENO

Procuradora Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Proyectó J.M.U.R./Revisó L.B.S.M.