PGN - Documento 201607091835026

Bogotá D.C., enero 28 de 2003 Concepto No. 6/2003 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr. DARIO QUIÑONES PINILLA

E. S. D.

Referencia: Expediente número 2925

Actor: AUGUSTO OSCAR TRUJILLO BRAVO Asunto: Apelación de la sentencia de 19 de febrero de 2.002, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual declaró la nulidad del nombramiento del señor Argemiro Astudillo Herrera, como Asistente Social Grado 18 del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Cali.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda El señor Augusto Oscar Trujillo Bravo, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, solicitó que por sentencia que hiciera tránsito a cosa juzgada se accediera a las siguientes pretensiones: “Se declaren nulos: la Resolución 959 del 25 de julio de 2.001, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, la Resolución No. 17 de 2.001 del Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali y el acta de posesión de octubre 31 de 2.001, mediante la cual el señor ARGEMIRO ASTUDILLO HERRERA 1 tomó posesión del cargo de Asistente Social Grado 18 del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y

Medidas de Seguridad de Cali. Lo anterior permitirá confeccionar una nueva Resolución -Lista, y el nombramiento de quien tiene el derecho legal de acceder al cargo”. A) Hechos El actor refirió que, en desarrollo del concurso de méritos para efectos de la provisión de cargos de carrera de los empleados de Tribunales y Juzgados, adelantado por el Consejo Superior de la Judicatura y los Consejos Seccionales de la Judicatura en el correspondiente ámbito territorial de su competencia, “la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, expidió entre otros, el Acuerdo No. 007 del 12 de marzo de 2.001 “Por medio del cual se conforma el Registro de Elegibles para proveer los cargos de carrera de empleados de los Juzgados y de los Centros de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de los Distritos Judiciales de Cali y Buga”. Que, en cumplimiento de dicho Acuerdo, se profirieron por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura las Resoluciones números 278 de 18 de abril de 2.001 y 959 del 25 de julio de 2.001, por las cuales se formulan ante el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, las Listas de elegibles del concurso de méritos para proveer en propiedad los dos cargos vacantes de Asistente Social Grado 18 de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali. Destacó el demandante que “Las listas de elegibles se formulan ante el Juez

Coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali. Luego, en reunión conducida por el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, con la participación de los Jueces de Ejecución de Penas, beneficiarios 2 del Centro de Servicios, se elige el aspirante que ocupa el primer lugar o los subsiguientes, cuando se presentan declinaciones. Finalmente el Juez Coordinador firma el nombramiento, en un todo acatando lo dispuesto en el Acuerdo No. 781 de marzo 24 de 2000, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”. Dijo el actor que, “3. La Resolución - Lista No. 959 del 25 de julio de 2.001 fue confeccionada erróneamente. Al elaborarse con posterioridad a la Resolución -Lista No. 278 de abril 18 de 2.001 y habiéndose producido el nombramiento correspondiente a la primera vacante y primera lista, recaído en la señorita Mariluz Ramírez G. identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 31.953.869 (anexo 5), lo que correspondía era confeccionar la Resolución No. 959 del 25 de julio de 2.001 encabezándola con la señora Maria Eugenia Escobar Montoya, cédula de Ciudadanía No. 38.862.044, quien ocupaba en el Registro de Elegibles el puesto siguiente a la señorita Ramírez Giraldo. Aquí cabe anotar que las listas de elegibles se confeccionan en orden descendente de puntaje, a partir del registro de elegibles, excluyendo a quienes ya

han sido nombrados o a quienes han declinado expresamente los nombramientos.” “4. Al ser confeccionada de manera errónea la Resolución No. 959 del 25 de julio de 2.001, encabezada por el señor ARGEMIRO ASTUDILLO HERRERA C.C.No. 16.642.967, quien realmente ocupaba el 7º lugar en el Registro de Elegibles original, se indujo a su vez en un error a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, al propio Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y al Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, quienes al aprobar el nombramiento de la persona que aparecía como el primero de la lista, autorizaron la producción de la Resolución No. 17 de octubre 10 de 2.001. 3 B) Normas violadas y concepto de la violación El demandante citó como fundamento de sus pretensiones los artículos 165, 166 y 167 de la ley 270 de 1.996, y la sentencia C-037 de febrero 5 de 1.996 que revisó la constitucionalidad del proyecto de Ley correspondiente. Expresó que según el artículo 165, “...La inscripción en el registro se hará en orden descendente...”. Por su parte, el artículo 166 establece que la lista de candidatos para la provisión de cargos se hará con listas superiores a cinco candidatos con inscripción vigente en el registro de elegibles. Finalmente, afirmó que en la sentencia C-037 de 1.996, al estudiar la

constitucionalidad del artículo 167, la Corte estableció: “.....Con todo, deberá advertirse, tal como se determinó en el artículo precedente, que el nombramiento que se realice deberá recaer sobre el candidato que encabece la lista de elegibles...”. C) Corrección de la demanda El actor, en escrito de corrección de la demanda, la adicionó, incluyendo como actos demandados: “El Acta No. 5 -Nombramiento de empleados de los Centros de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Ciudad de Cali de fecha 10 octubre de 2.001, documento que aparece en la demanda original como anexo No. 6”.

2. Admisión de la demanda El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto de 16 de noviembre de 2.001, admitió la demanda y ordenó las notificaciones de ley.

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3. Contestación de la demanda El señor Argemiro Astudillo Herrera, por medio de apoderado judicial contestó la demanda, y admitió como cierto algunos de los hechos de la demanda, mientras que en relación con los demás dijo estarse a lo que se probara en desarrollo del proceso. Sin embargo, aseguró que para el caso en estudio, lo que ocurrió fue un error en el cual el único perjudicado sería su prohijado, toda vez que renunció a su cargo de Asistente Social Grado 1 en el Juzgado Segundo de Familia, y que por un acto errado estaría a punto de perder el que actualmente desempeña en propiedad. Su representado -afirmó-, solo se ha atenido a lo que la Sala Administrativa ha producido, a la lista de elegibles que

encabezó, aceptando un nombramiento y posesionándose en él, sin que hasta el momento se haya demostrado que tal nombramiento haya sido irregular o ilegal. En ese mismo sentido, señaló que la tutela que protegía transitoriamente los derechos a la señora Mosquera Cañizales le concedió 4 meses para iniciar la acción por la vía administrativa; y que mientras ella se decide, su representado, quien tiene unos derechos adquiridos no podía verse afectado en sus ingresos y desmejoramiento de su calidad de vida. De igual forma, resaltó que hubo un desconocimiento absoluto de las garantías sindicales y laborales de su representado, ya que recurriendo a vías de hecho se le desconoció el fuero sindical como Presidente del Sindicato de Base o Empresa de los Empleados del Poder Judicial del Valle del Cauca.

4. Alegatos de conclusión.

Las partes dentro del término para alegar guardaron silencio.

5. Fallo de primera instancia

5 El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 19 de febrero de 2.002, declaró la nulidad de la Resolución No. 959 de 25 de julio de 2.001, proferida por la Sala Administrativa del H. Consejo Seccional de la Judicatura, como también de la Resolución No. 17 de 10 de octubre de 2.001, expedida por el señor Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santiago de Cali, y del Acto administrativo contenido en el Acta No. 5 de fecha 10 de octubre de 2.001 por medio del cual se nombró al señor Astudillo Herrera Argemiro como Asistente Social Grado 18 del Centro

de Servicios Administrativos de los juzgados de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Cali. Consideró la Corporación que, de conformidad con las pruebas obrantes al proceso, fácilmente se establecía que la lista de elegibles que le permitió al demandado acceder al cargo, se confeccionó de manera irregular, con violación al artículo 167 inciso 2º de la ley 270 de 1.996, toda vez que el aspirante no se encontraba dentro de los primeros cinco lugares en el correspondiente Registro de Elegibles, tal y como lo determina la ley. El señor Astudillo Herrera -dijo el Tribunal-, se encontraba en el séptimo lugar del Registro Seccional de Elegibles contenido en el Acuerdo 007 de 12 de marzo de 2.001 y, por lo tanto, no podía aparecer por expresa disposición legal dentro de los cinco primeros lugares de la Lista de Elegibles formulada mediante la Resolución No. 959 de 25 de julio de 2.001 ante el señor Juez Coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, y menos aún en el primer lugar de dicha lista. Por último, el juzgador de primera instancia sostuvo que si bien era cierto que el demandado se encontraba amparado por fuero sindical como Presidente del Sindicato de Base de los Empleados del Poder Judicial, ello no constituía óbice para acceder a las pretensiones de la demanda, ya que el requisito de la previa autorización judicial para los empleados públicos amparados por fuero sindical no se hacía necesario en el presente caso, en virtud de que no solo se trata de una acción electoral en donde se discutía la legalidad de los actos previos que

dieron lugar al nombramiento del demandado, sino que el mismo acto de 6 nombramiento en sí, es ilegal, por cuanto se basó en hechos violatorios de las normas que reglamentan el ingreso a los cargos de carrera judicial.

6. Recurso de apelación El demandado, en el mismo auto de notificación personal de la sentencia de primera instancia, dejó constancia de que apelaba la decisión, sin que dentro del expediente obre sustentación de la misma.

7. Concepto del Ministerio Público Este Despacho rindió el concepto No. 96 de fecha 8 de julio de 2002, que obra a folios 111 a 128, a través del cual solicitó la confirmación del fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por medio del cual declaró la nulidad de la “... Resolución No. 959 del 25 de julio de 2001: Resolución No. 17 del 10 de octubre de 2001, expedida por el Señor Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santiago de Cali; del acto

administrativo contenido en el Acta No. 5 de fecha 10 de octubre de 2001 por medio del cual se nombra al señor ASTUDILLO HERRERA ARGEMIRO como Asistente Social Grado 18 del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad de la ciudad de Cali”.

8. Actuaciones posteriores No obstante lo anterior, por medio de providencia del 19 de julio de 2002, el Consejo de Estado -Sección Quintadeclaró la nulidad de todo lo actuado a

partir incluso del auto admisorio de la demanda fechado el 16 de noviembre de 2001, porque, conforme al numeral 4 del artículo 128 del C.C.A, el competente para conocer de los procesos “...que se susciten con motivo de las elecciones 7 o nombramientos hechos por el Congreso, las Cámaras, la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno, o por cualquier autoridad, funcionario o corporación o entidad descentralizada del orden nacional”, es el Consejo de Estado. En el caso bajo estudio, la demanda pretende la declaración de nulidad de unos actos de nombramiento proferidos no por autoridad del orden departamental, distrital o municipal, sino del orden nacional como lo son el Consejo Seccional de la Judicatura y el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Cali, las cuales tienen competencia territorial para ejercer sus funciones en el respectivo departamento y circuito. Reanudada la actuación, mediante auto del 1 de agosto de 2002, el Consejo de Estado pidió que se aportara copia autenticada de los actos demandados, por lo cual, una vez allegados, dispuso la admisión del libelo y las notificaciones de ley. El 10 de septiembre de 2002, la señora Luz del Carmen Mosquera Cañizales, quien dijo hacer uso del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la C.N, presentó solicitud de nulidad de los actos administrativos demandados y que se mantuviera incólume la lista de elegibles conformadas por el acuerdo No. 007 de abril de 2001 y la resolución 278 del 19 de abril de 2001, para que

pudiese ser nombrada en el cargo de Asistente Social Grado 18 de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad de Cali y se le restituyeran sus derechos vulnerados a la igualdad y al trabajo (Arts. 13 y 53 de la C.N), cargo que a su parecer le corresponde por derecho, por haber superado el concurso de méritos convocado por el Consejo Superior de la Judicatura. La señora Mosquera refirió que en el Acuerdo 007 de 2001 aparecía en el quinto lugar y en el acuerdo 032 de 2001, en el tercer lugar de la lista de elegibles; que al ser nombrado el señor Astudillo Herrera se le vulneraron sus derechos, razón por la cual, interpuso acción de tutela la cual fue resuelta a su favor por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali. El 11 de noviembre de 2001, fue nombrada en propiedad en el cargo, siendo desvinculado el señor Argemiro Astudillo y el 26 de diciembre tomó posesión e inició labores. Señaló que la decisión de la Sala Penal fue impugnada por el señor Astudillo y por 8 Gloria Stella Canaval, Magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo de la Sala Penal del Tribunal. La interviniente añadió que mediante Resolución No. 012 de 2001, el Juez Coordinador (E) del Centro de Servicios, reintegró en el cargo al señor Argemiro Astudillo, siendo desvinculada inmediatamente, a pesar que el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca el 19 de febrero de

2002 con ponencia de la H. Magistrada Gloria Sánchez Gutierrez, declaró nulo el nombramiento del señor Astudillo Herrera; que el Consejo de Estado anuló el fallo anterior y ordenó a la Sala Administrativa subsanar la demanda. De otro lado, el 16 de septiembre de 2002, el Consejo de Estado libró despacho comisorio para que a través del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se notificara personalmente del auto admisorio al señor Argemiro Astudillo Herrera, la cual se produjo el 2 de octubre de 2002. El 3 de octubre de la misma anualidad el señor Argemiro Astudillo Herrera, mediante apoderado, contestó la demanda y tuvo como ciertos los hechos uno y dos. Respecto al hecho tres, pidió que se probara, pues los actos administrativos habían sido demandados con anterioridad, si se trató de un error o de un acto deliberado, para producir un perjuicio irremediable al funcionario del poder judicial perteneciente al sindicato de base de empleados y Trabajadores del poder judicial , que al ser separado del cargo gozaba del fuero sindical. Indicó que no existía persona diferente a él que hubiere resultado afectada con la resolución proferida por la Sala del Consejo Seccional de la Judicatura, siendo “víctima de las ‘posibles fallas’ de esta Sala y que estaba a punto de perder nuevamente el cargo en el que estaba en propiedad, siendo una flagrante violación al derecho al trabajo. Refirió que era conciente de que los jueces de ejecución actuaron de buena fe y pudieron ser inducidos en error, pero que tal yerro afectaba enormemente su

vida social y familiar, puesto que renunció a su anterior cargo gracias a un legítimo nombramiento. En cuanto a la aseveración de que la lista encabezada por su poderdante estaba mal confeccionada, dijo que debería probarse esta 9 situación, así como que existían personas que tuvieran mejor derecho que él, o en este último caso, que éstas personas no hayan renunciado o declinado el nombramiento. Reitera que participó en el proceso de selección, se le escogió en una lista de elegibles que encabezó, aceptó el nombramiento y se posesionó en el cargo, no habiéndose establecido que tal nombramiento haya sido irregular o ilegal. Finalmente, indicó que se le ha generado un grave e irremediable perjuicio y solicitó que, en aras a la transparencia dentro de este concurso de méritos, se conforme por parte del Consejo de Estado, una nueva lista con los puntajes actuales, tal como lo solicita el demandante en su acción. Recalcó que no se oponía a la elaboración de una nueva lista, siempre que ésta partiera de la actual situación del concurso de méritos, es decir, de los puntajes que dentro del mismo tenían los distintos aspirantes a la fecha. Durante el término para alegar de conclusión, las partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SEPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no encontrando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir el concepto de rigor que le corresponde.

1. La demanda de nulidad del acto de elección del señor Argemiro

Astudillo Herrera como Asistente Judicial Grado 18 del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, se basa en la consideración de que la misma resultaba contraria a las normas que regulan el sistema de concurso de méritos que impera en la Rama Judicial, por cuanto el designado no ocupaba en la lista de elegibles posición que privilegiara su derecho, por cuanto no había sido el opositor calificado con mayor puntaje luego de concluido el proceso de selección. 10

2. De conformidad con los documentos allegados al plenario se tiene lo siguiente: A) Que, por Acuerdo número 007 de 12 de marzo de 2001, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca

determinó conformar el Registro de Elegibles de Carrera de Empleados de Juzgados y Centros de Servicio de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de los Distritos Judiciales de Cali y Buga, el cual, según el listado adjunto, que hace parte integral del Acuerdo, se conformó con un total de 12 concursantes, quienes fueron identificados por el número de la cedula de ciudadanía. B) Que, por Resolución número 278 de 18 de abril de 2001, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca formuló ante el Juez Coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, la Lista de Elegibles, en orden descendente de puntaje total obtenido por quienes optaron para este Despacho, tomada del Registro Seccional de Elegibles, integrada por quienes aprobaron el Concurso de Méritos para cargos de empleados de Carrera

Judicial, convocado mediante Acuerdo numero 160 de 1994 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, destinada exclusivamente a proveer el cargo de Asistente Social – Grado 18, integrada con los siguientes concursantes: No. de Cédula Nombres y Apellidos Puntaje Orden 1 21.233.896 PULECIO AGUILERA 679.43

LETTY YOLANDA 2 29.532.701 GÓMEZ RAMÍREZ 613.33

AMANDA 3 31.953.869 RAMÍREZ GIRALDO 597.70

MARILUZ 11 4 38.862.044 ESCOBAR MONTOYA 576.84

MARIA EUGENIA 5 54.250.546 MOSQUERA 565.30

CAÑIZALES LUZ DEL CARMEN C) Que, la decisión anterior le fue comunicada al doctor GUILLERMO AFANADOR VACA – Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas, mediante oficio CSJ. CV.SA.S –1496 de 18 de abril de 2001, suscrito por la Secretaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca. D) Que, por Resolución número 959 de 25 de julio de 2001, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del CaucaSala Administrativaformuló ante el Juez Coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, la Lista de Elegibles, en orden descendente de puntaje total obtenido por quienes optaron para este Despacho, tomada del Registro Seccional de Elegibles, integrada por quienes aprobaron el Concurso de Méritos para cargos de

empleados de Carrera Judicial, convocado mediante Acuerdo numero 160 de 1994 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, destinada exclusivamente a proveer el cargo de Asistente Social – Grado 18, integrada con los siguientes concursantes: No. de Cédula Nombres y Apellidos Puntaje Orden 1 16.642.967 ASTUDILLO HERRERA 487.43

ARGEMIRO 2 16.279.225 ESPONDA VILLALOBOS 446.78

ALVARO 3 16.770.075 CIFUENTES CEBALLOS 438.69

JORGE HERNAN 4 14.886.527 GOMEZ 430.15

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DIEGO GERMAN 5 31.281.861 NAVARRO GARCES 408.89

BEATRIZ E) La decisión anterior le fue comunicada al doctor GUILLERMO AFANADOR VACA – Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas, mediante oficio CSJ – VC – SA -S – 3587 de 26 de julio de 2001, suscrito por la Secretaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca. F) Que, por Acta número 5 de 10 de octubre de 2001 – NOMBRAMIENTO DE EMPLEADOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE CALI-, se solicitó a los Jueces que procedieran a la designación del empleado para el cargo de Asistente Social grado 18, remitida en la Lista 959 del 25-07-01 de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, para el Centro de Servicios Administrativos de Cali, y se acordó el nombramiento del señor ASTUDILLO

HERRERA ARGEMIRO, como Asistente Social Grado 18. G) Que, por Resolución número 17 de 10 de octubre de 2001, el Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, nombró en propiedad al señor ARGEMIRO ASTUDILLO HERRERA en el cargo de Asistente Social Grado 18 del Centro Administrativo de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santiago de Cali.

3. De conformidad con el artículo 125 de la Carta Política “Los empleos en

los órganos y entidades del Estado son de carrera” y “El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes”, esa es la regla general y de ella no se excluye la Rama Judicial del Poder Público. 13 En efecto, ceñido al postulado del artículo 125 de la Carta Política el Legislador en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia – 270 de 1996señaló que “Son de carrera los cargos de magistrados de los tribunales y de las salas de los consejos seccionales de la judicatura, jueces y empleados que por disposición expresa de la ley no sean de libre nombramiento y remoción” y estableció como norma general, al regular el ingreso al servicio de la Rama Judicial del Poder Público, que éste se haría a través del concurso de méritos. Las normas de la Ley Estatutaria cuya aplicación resulta pertinente al asunto

en examen disponen: “ARTÍCULO 164. Concurso de méritos. El concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, de determina su inclusión en el registro de elegibles y se fija su ubicación en el mismo. “...” “Artículo 165. Registro de elegibles. La Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura conformará con quienes hayan superado las etapas anteriores, el correspondiente registro de elegibles para cargos de funcionarios y empleados de carrera de la rama judicial, teniendo en cuenta las diferentes categorías de empleos y los siguientes principios: “...”, “Artículo 166. Lista de candidatos. La provisión de cargos se hará de listas superiores a cinco (5) candidatos con inscripción vigente en el registro de elegibles y que para el caso envíen las Salas Administrativas del Consejo Superior o Seccionales de la Judicatura”. 14 “Artículo 167. Nombramiento. Cada vez que se presente una vacante en cargo de funcionario, la entidad nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes, a la correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según el caso. Recibida la lista de candidatos, procederá el nombramiento dentro de los diez días siguientes. La inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro años. Durante los meses de enero y febrero de cada año, cualquier interesado podrá actualizar su inscripción con los datos que estime

necesarios y con éstos se reclasificará el registro, si a ello hubiere lugar. Cuando se trate de cargos de funcionarios, o de empleados de las corporaciones judiciales nacionales el concurso y la incorporación al registro se hará por la Sala Administrativa del Consejo Superior; en los demás dicha función corresponde a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

Parágrafo: En cada caso de conformidad con el reglamento, los aspirantes, en cualquier momento podrán manifestar las sedes

territoriales de su interés”:

4. En relación con las normas transcritas, la H. Corte Constitucional, al ejercer la función de control de que trata el numeral 8° del artículo 241 de la

Carta Fundamental, señaló lo siguiente: (Artículo 164) “ La presente disposición acata fehacientemente los parámetros fijados por el artículo 125 superior y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el sentido de que el concurso de méritos, como procedimiento idóneo para proveer los cargos de carrera, debe cumplir una serie de etapas que garanticen a las autoridades y a los 15 administrados que el resultado final se caracterizó por la transparencia y el respeto al derecho fundamental a la igualdad (art. 13 C.P.). Por ello, al definirse los procesos de convocatoria, selección o reclutamiento, la práctica de pruebas y la elaboración final de la lista de elegibles o clasificación, se logra, bajo un acertado sentido, democrático, respetar los lineamientos que ha trazado el texto constitucional. Con todo, debe advertirse que “las pruebas” a las que se refiere el parágrafo segundo,

son únicamente aquellas relativas a los exámenes que se vayan a practicar para efectos del concurso”. (Artículo 165) “Este artículo, al ser consecuencia del anterior, no contraviene postulado constitucional alguno. Al contrario, nótese que al ordenar que la lista de candidatos se realice en orden descendente y al permitir que todos los interesados puedan actualizar los datos que allí se encuentran, se está garantizando el pleno ejercicio del derecho fundamental a la igualdad y a la corrección de información, que prevén los artículos 13 y 15 del estatuto superior. ( Artículo 166) “Para efectos de definir la constitucionalidad de la presente disposición, y de paso responder a los cuestionamientos que elevan los ciudadanos intervinientes, para la Corte resulta suficiente transcribir las consideraciones expuestas en una de sus providencias, a través de la cual se estableció que si bien para la escogencia de un candidato existen factores de índole subjetivo que una clasificación objetiva no puede determinar, en realidad un juicioso concurso de méritos llevará a ka conclusión de que sólo quien haya obtenido el mayor puntaje puede ser beneficiado con el respectivo nombramiento. Sobre el particular manifestó la Corte: “....” 16 Por tanto, quien ocupe el primer lugar, de acuerdo con el puntaje obtenido, será el ganador y excluirá a los demás, en orden descendente. Si se procede de otro modo, habrá que preguntarse, como lo hace el demandante, ¿ para qué el concurso de méritos y calidades, si el nominador puede elegir al candidato de sus preferencias?. De este campo, es preciso desterrar la arbitrariedad y, justamente, para ese propósito

se ha ideado el concurso. En él, por tanto, se ha de calificar no sólo la idoneidad profesional o técnica del aspirante, sino también su solvencia moral, su aptitud física y su sentido social, de acuerdo con la categoría del empleo y las necesidades del servicio. Hay que hacer de la carrera administrativa el instrumento eficaz para lograr una administración pública en la que se garantice la eficiente prestación del servicio público, la idoneidad y moralidad de sus funciones y al prevalencia del interés general sobre el particular. (Negrillas del texto que se cita) De acuerdo con lo expuesto, debe señalarse que la norma bajo examen, por el simple hecho de establecer que la lista de elegibles estará conformada por cinco candidatos, no vulnera la Constitución Política, pues dentro de dicha lista naturalmente estará incluido quien haya obtenido el mejor puntaje y, consecuentemente, ocupe el primer lugar en la clasificación final. Sin embargo, como se señalará en torno al artículo siguiente, el nombramiento que se efectúe con base en la lista de elegibles deberá recaer sobre el candidato al qu