PGN - Documento 201607100719257

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Perjuicios por la ocupación permanente de la Infantería de la Armada Nacional en un predio de un particular DAÑO ANTIJURÍDICO-Se encuentra demostrado Para ésta Delegada, que en el presente caso bajo estudio, se presentó una ocupación al predio ubicado en la vereda Bocas de Pulvuza, Rio Tapaje, municipio el Charco (Nariño), por parte de los uniformados del Batallón de Infantería de Marina, de conformidad con los testimonios recepcionados y los documentos allegados al sub lite. Por consiguiente se evidenció un daño antijurídico, que los demandantes no estaban en la obligación de soportar y en consecuencia surge el derecho a obtener indemnización. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-Provenientes de la ocupación jurídica del inmueble Dentro de los perjuicios derivados de la afectación del derecho que ostentaba la señora en calidad de poseedora, se encuentran también los perjuicios provenientes de la ocupación jurídica del inmueble, por la limitación al ejercicio de las facultades propias de los derechos reales y del menoscabo del derecho de posesión que se ejerce respecto del predio ocupado, puesto que en el caso bajo análisis, la parte actora ejercía en el predio mencionado actividad comercial de venta de licores, gaseosas y juegos de billares, según el certificado de la Cámara de Comercio de Tumaco. Por consiguiente esta Delegada, obrará conforme a los planteamientos expuesto por el a quo, en el sentido de solicitar al Consejo de Estado, condenar a la entidad demandada en abstracto, para que con

posterioridad mediante un incidente de regulación de perjuicios se logre establecer con certeza el valor de estos y sufridos por la parte actora, toda vez que dentro del acervo probatorio no existe documento que permita inferir el valor de los perjuicios solicitados en la modalidad de daño emergente y lucro cesante. Lo contrario sería vulnerar los valores fundamentales de la Constitución Política, de justicia y equidad. RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR RIESGO EXCEPCIONAL-Por falla del servicio restringiendo el uso y goce pacífico del predio de la demandante Es evidente para esta Delegada, que en el caso bajo estudio se configuró a título de falla en el servicio en cabeza de la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional, la ocupación del predio ubicado en la vereda Bocas de Pulvuza, Rio Tapaje, municipio el Charco (Nariño), por parte de los uniformados del Batallón de Infantería de Marina, que conculcaron de manera flagrante el derecho de poseedora sobre el predio en mención que ostentaba la propietaria, restringiendo con ello el uso y goce pacífico. En tal sentido es claro que le asiste responsabilidad a la entidad demandada y en consecuencia es procedente acceder a las súplicas de la demanda a título de reparación por los daños ocasionados. El título de imputación es el de riesgo excepcional, es decir, responsabilidad administrativa objetiva, razón por la cual no hay lugar a incoar acción de repetición. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 53396 520012331000201000597 01 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-En cabeza de la Armada Nacional Es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, en el presente caso, se configuró responsabilidad administrativa por la ocupación temporal del predio ubicado en la vereda Bocas de Pulvuza, Rio Tapaje, municipio el Charco (Nariño), por tales motivos ésta Delegada concluye que la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional, es administrativamente responsable de los perjuicios irrogados a la actora, y proferirá concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del caso objeto de estudio, por los argumentos expuestos. OCUPACIÓN DE INMUEBLE-Jurisprudencia del Consejo de Estado CARGA DE LA PRUEBA-Jurisprudencia del Consejo de Estado

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Expediente No. 53396 520012331000201000597 01

CONCEPTO No. 107 / 2015

Bogotá, D.C., 23 de junio de 2015

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 520012331000201000597 01 (53396)

ACCIÓN: Reparación Directa

ACTOR: Elizabeth Manyisela Ortiz y otros.

DEMANDADO: Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR el fallo. Temas: Se configuró la falla en el servicio por la ocupación del predio ubicado en la vereda Boca de Pulbuza, Rio Tapaje, del municipio del Charco (Nariño) / La parte actora cumplió con la carga probatoria para demostrar el daño antijurídico y los perjuicios materiales sufridos. / Cuando se ha acreditado la existencia de los perjuicios, pero del material probatorio no se puede establecer el quantum, el Consejo de Estado ha manifestado que se debe condenar a las entidades demandadas en abstracto para que mediante el respectivo incidente de liquidación de perjuicios se determine el monto de los perjuicios irrogados.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y Patrimonio Público.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

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Expediente No. 53396 520012331000201000597 01 La señora Elizabeth Manyisela Ortiz y otros, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entabló demandada contra la NaciónMinisterio de Defensa-Armada Nacional, para que se le declare administrativamente responsable por los perjuicios causados como consecuencia de la ocupación permanente del bien inmueble de su propiedad, por parte de miembros del Batallón N° 10 de la Infantería de la Armada Nacional, como base militar por su ubicación geográfica, desde el 27 de marzo de 2007 hasta la fecha de presentación de la demanda. 1.2. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Nariño, falló en sentencia del 25 de julio de 2014, accediendo a las pretensiones de la demanda, manifestando los siguientes argumentos:  Si bien la propiedad del bien no se acreditó, dado que no obra prueba de la existencia del registro de la escritura pública de compraventa en la Oficina de Instrumentos Públicos, ni tampoco que haya sido presentada por la comunidad afrodescendiente, la solicitud para la titulación correspondiente, se encontró acreditada la calidad de poseedora de la demandante sobre el inmueble cuya ocupación se alega, por tanto es evidente que la parte actora se encuentra legitimada para actuar, toda vez que, la calidad demostrada se desprende del documento privado de compraventa del

terreno, la certificación expedida por el Consejo Comunitario Prodefensa Rio Tapaje y la prueba testimonial.

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Expediente No. 53396 520012331000201000597 01  Precisó que el daño que se le causó a la señora Elizabeth Manyisela Ortiz, es imputable bajo el título de imputación objetivo por ocupación de inmueble por parte de la Fuerza Pública, toda vez que se demostró el derecho de posesión de la demandante sobre el bien inmueble y la ocupación del mismo, conforme a los hechos probados y a las pruebas documentales y testimoniales, desde el 27 de marzo de 2007, dejándolo en ruinas. 1.3. Argumentos de la apelación. La apoderada de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Armada Nacional, presentó escrito de apelación y expone su inconformidad respecto del fallo, bajo los siguientes argumentos:  De conformidad con las certificaciones emanadas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, se concluye que no existe propiedad inmueble registrada a nombre de la demandante Elizabeth Manyisela Ortiz, es decir que no se acreditó en debida forma la legitimación en la causa por activa.  De acuerdo con los testimonios, la ocupación por parte de miembros de la

Armada Nacional se produjo a partir del 27 de marzo de 2007, durante 3 o 4 meses, es decir que si la demanda se presentó el 28 de mayo de 2009, es evidente que operó la caducidad de la acción al tenor del artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo.  Afirmó que la providencia desconoce que, la ocupación del predio de la demandante por parte de miembros de la Armada Nacional, aparece desvirtuada con las constancias emitidas por la Personería Municipal de

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Expediente No. 53396 520012331000201000597 01 Charco, quien certifica que en visita realizada al predio, en el mes de agosto de 2009, las unidades de la Infantería de Marina no se encontraban ocupando de manera estacionaria el predio de la señora Elizabeth Mayisela Ortiz.  Señaló que la sentencia otorgó pleno valor probatorio a los testimonios recepcionados en el proceso, desconociendo que los citados no reunían las condiciones para ser considerados medios de prueba, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, ya que se observó que las preguntas formuladas a los declarantes fueron insinuantes en las respuestas y al contestar los testigos se limitaron a repetir lo que se les preguntaba.  Expuso que la parte actora incumplió con la carga probatoria, que le

correspondía, pues según el principio de derecho probatorio, para lograr que el Juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, es necesario demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho.  Que el concepto de perjuicios materiales in genere, contraviene lo dispuesto en la norma legal, por cuanto dicha modalidad solo es procedente, cuando la cuantía de los perjuicios no hubiere sido establecida en el proceso, pero no ocurre lo mismo cuando el daño no ha sido demostrado.

II. Consideraciones del Ministerio Público 2.1. Problemas jurídicos. 2.1.1. Problemas planteados por la Nación-Ministerio de Defensa-Armada

Nacional.

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Expediente No. 53396 520012331000201000597 01  ¿La parte actora demostró el derecho que ostentaba sobre el bien ocupado y objeto de la litis?  ¿En el caso bajo análisis, operó la caducidad de la acción de reparación directa?  ¿El valor probatorio otorgado a los testimonios cumple con los requisitos exigidos por la ley y las reglas de la sana crítica?  ¿La parte actora cumplió con la carga probatoria para demostrar el daño antijurídico alegado? 2.1.2. Problemas planteados por el Ministerio Público.

 ¿De acuerdo a como se presentaron los hechos, operó el fenómeno de la caducidad de la acción?  ¿Es responsable pecuniaria y administrativamente la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional, como consecuencia de los perjuicios ocasionados a la parte actora, por la ocupación del predio de su propiedad, ubicado en la vereda Boca de Pulbuza, Rio Tapaje, del municipio del Charco (Nariño)?  ¿Cumplió la parte actora con la carga de prueba para demostrar los perjuicios morales y materiales ocasionados en razón a la ocupación temporal del predio ubicado en la vereda Boca de Pulbuza, Rio Tapaje, del municipio del Charco (Nariño)?

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Expediente No. 53396 520012331000201000597 01 2.2. Marco teórico. Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento del concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política y en lo establecido por el Consejo de Estado, que ha puntualizado los siguientes presupuestos: a). Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del

servicio. b) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable. c) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización. 2.2.2. Ocupación temporal o permanente de inmuebles. Al respecto ha puntualizado la jurisprudencia del consejo de Estado que: “]a ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos, la jurisprudencia de esta Corporación ha sentado el criterio según el cual el régimen de responsabilidad aplicable es objetivo, lo que conlleva la declaratoria de responsabilidad cuando se acredite en el proceso que una parte o la totalidad de un inmueble fue ocupada temporal o permanentemente por la Administración o por particulares que actúan autorizados por ella, pues tal situación denota un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas, que no tienen por qué asumir los administrados. (…) el juez de lo contencioso administrativo ha considerado que hay lugar al surgimiento de la responsabilidad de la Administración en aquellos eventos en los cuales han quedado evidenciadas

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Expediente No. 53396 520012331000201000597 01 situaciones relacionadas con la ocupación parcial o permanente de bienes inmuebles por causa de trabajos públicos, en cuanto concurran los siguientes elementos: “i) el daño antijurídico, que consiste en la lesión al derecho subjetivo, real o personal, de que es titular el demandante. Están comprendidos, por tanto, no sólo los perjuicios derivados de la afectación del derecho de propiedad, sino también los perjuicios provenientes de la ocupación jurídica del inmueble, por la limitación al ejercicio de las facultades propias de los derechos reales y del menoscabo del derecho de posesión que se ejerce respecto del predio ocupado. “Y ii) la imputación jurídica del daño al ente demandado, que se configura con la prueba de que la ocupación permanente, total o parcial, del bien inmueble de propiedad del demandante, provino de la acción del Estado. “El Estado podrá exonerarse de responsabilidad, si desvirtúa la relación causal mediante la prueba de una causa extraña tal como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de tercero o el hecho exclusivo de la víctima”. 2.2.3. Caducidad por ocupación de bienes inmuebles. En lo relacionado con la ocupación temporal o permanente de inmuebles, la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha establecido que el inicio del término para iniciar la acción de reparación directa debe coincidir con “(…)el de la cesación de la ocupación temporal o desde cuando se terminó la obra en relación con la ocupación permanente; sólo en eventos muy especiales, como aquellos en los cuales la producción o manifestación del

daño no coincide con el acaecimiento de la actuación que les da origen, la Sala ha considerado que el término para accionar no debe empezar a contarse desde cuando se produjo la actuación causante del daño sino desde que el afectado tuvo conocimiento del mismo. (…)”1 2.2.4. Carga de la prueba Sobre el tema de la carga probatoria, se encuentra estipulado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y frente a lo cual el Consejo de Estado ha explicado que cuando se imputa responsabilidad del Estado en virtud de una falla del servicio “ se debe probar la existencia de la falla propiamente dicha, el daño antijurídico sufrido por la víctima, es decir aquel que jurídicamente no está obligada a soportar y el nexo de 1 CE, de fecha 25 de marzo de 2015. Rad. 47001233100019950444901 (31604). CP. Hernán Andrade Rincón (E).

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Expediente No. 53396 520012331000201000597 01 causalidad entre estos dos, es decir que fue ese erróneo e ilegal comportamiento estatal, el que produjo el daño. Esto significa que recae en el demandante la carga de la prueba, en virtud de la cual le corresponde acreditar dichos extremos de la falla.”2 (subrayado fuera de texto). 2.3. Pruebas.

Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, los documentos que se relacionaran en el acápite del caso concreto específicamente, para el desarrollo del mismo. 2.4. Caso concreto. Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede esta Delegada del Ministerio Público a emitir su concepto:  Inicialmente, se pronunciará en relación con la caducidad de la acción alegada por el apelante, al respecto esta Delegada observó que para la fecha de la presentación de la demanda de acción de reparación directa, 28 de mayo de 2009, la misma se encontraba en el término oportuno para la respectiva presentación de la acción, toda vez que la ocupación del inmueble se presentó desde el día 27 de marzo de 2007 hasta aproximadamente 4 meses después, según consta de los testimonios de los señores Marcos Javier Alzamora, Guillermo Armando Yezquen y 2 Sentencia del 8 de junio de 2011, expediente 20228, del Consejo de Estado, Magistrado Ponente Dr. Danilo Rojas Betancourth.

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Expediente No. 53396 520012331000201000597 01 Vicente Chirimía Garabato, obrantes a folios 243-247 del cuaderno del

Tribunal.  Ahora en relación con los fundamentos jurídicos para declarar la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional, esta Delegada evidenció de los argumentos expuestos por el a quo, que efectivamente se configuró el daño antijurídico consistente para el caso bajo estudio en la lesión al derecho subjetivo, real o personal, que sufrió la señora Elizabeth Manyisela Ortiz, como poseedora del lote de terreno ubicado en la vereda Bocas de Pulvuza, Rio Tapaje, municipio el Charco (Nariño), que mide una área de 15 metros de metro por 30 metros de fondo, según lo descrito en el documento de compraventa, visible a folios 20 del cuaderno del Tribunal, además de lo manifestado por los testigos de los hechos, así como también de lo certificado por parte de la Cámara de Comercio de Tumaco, en virtud de la actividad comercial que ejercía en el predio objeto de la Litis. Llama la atención, que el apelante afirme que no se encuentra acreditado la legitimación en la causa por activa de la señora Elizabeth Manyisela Ortiz, pues si bien es cierto dentro de las certificaciones expedidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, así como de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, no existe propiedad inmueble registrada a nombre de la demandante, no es menos cierto que dentro de los requisitos establecidos para que prospere la acción de reparación directa por la ocupación de inmuebles, se encuentra lo siguiente: “para declarar la responsabilidad patrimonial por ocupación temporal o permanente se debe alegar un daño antijurídico consistente en la lesión al derecho subjetivo, real o personal, de que es titular el

demandante, que comprende, no sólo los perjuicios derivados de la afectación del derecho de propiedad, sino también los perjuicios provenientes de la ocupación jurídica del inmueble, por la limitación al ejercicio de las facultades propias de los derechos reales y

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Expediente No. 53396 520012331000201000597 01 del menoscabo del derecho de posesión que se ejerce respecto del predio ocupado”3, (subrayado fuera de texto). De ahí que se pueda colegir que se encuentra acreditado que la actora es poseedora del predio ubicado en la vereda Bocas de Pulvuza, Rio Tapaje, municipio el Charco (Nariño), pues ello se demuestra cómo se mencionó anteriormente, del contrato de compraventa, las certificaciones expedidas por el Consejo Comunitario Pro defensa Rio Tapaje, los documentos con los cuales se demuestra la existencia del establecimiento de comercio “Disco Bar y Billares El Escoces”, los cuales gozan de pleno valor probatorio por su autenticidad y al no haber sido tachados de falsos. Desconocer los derechos de poseedores, significa ir en contravía del ordenamiento jurídico en la materia.  En efecto, se encuentra demostrado el daño antijurídico alegado por la demandante, a través de la recepción de testimonios, de los señores

Marcos Javier Alzamora, Guillermo Armando Yezquen y Vicente Chirimía Garabato, obrantes a folios 243-247 del cuaderno del Tribunal, quienes coinciden en afirmar que a todas las personas residente de la vereda Bocas de Pulbuza, les tocó desplazarse a otras veredas y al caso urbano como consecuencia de la situación de orden público que se estaba presentando, dentro de las cuales se encontraba la parte actora. Así mismo señalaron que después de haberse calmado la situación, es decir a los 4 meses, varios residentes de la vereda habían vuelto a sus hogares, pero una de las personas que no había logrado ello, era la señora Elizabeth Manyisela, por cuanto se encontraba ocupado por miembros de la Fuerza Pública. Es decir que su situación como víctima del desplazamiento se agravó al volar al lugar de su asentamiento humano, por la actividad de la Armada Nacional en cumplimiento de sus deberes constitucionales. 3 CE de fecha 1 de octubre de 2014. Rad. 25000232600020020034301 (33767). C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

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Expediente No. 53396 520012331000201000597 01 Visto anterior, es dable concluir que la ocupación del predio ubicado en la vereda Bocas de Pulvuza, Rio Tapaje, municipio el Charco (Nariño), se

encuentra debidamente demostrado de conformidad con lo relatado por los testimonios recepcionados, los cuales valga resaltar, gozan de credibilidad, coherencia, claridad y seguridad, por lo tanto contrarían lo aducido por el apelante, además que no se entiende para esta Delegada, como pretende en esta instancia que los testimonios no sean valorados, cuando precisamente hay un momento procesal para objetar lo que a su juicio crea que no se está realizando según las disposiciones normativas o a las reglas de la sana critica, frente al tema de la práctica de los testimonios y como ella se desarrolla, ejerciendo allí su derecho de contradicción, y en consecuencia contra preguntando las diferentes respuestas dadas por el testigo. Ahora bien, es imposible no otorgarle credibilidad a los testimonios recepcionados, cuando son testigos presenciales de lo que vivieron para la época de los hechos, de ahí que sus respuestas coincidan frente a lo ocurrido y a los daños que se ocasionaron en el predio ubicado en la vereda Bocas de Pulvuza, Rio Tapaje, municipio el Charco (Nariño), del cual la señora Elizabeth Manyisela, ostentaba la calidad de poseedora, puesto que la inferencia lógica demuestra que aquellos eventos ocurridos en veredas son visibles frente a todos los residentes por la misma extensión del lugar, entendiendo por ello que la gran mayoría se conocen o al menos se distinguen entre sí.

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Expediente No. 53396 520012331000201000597 01  Lo anterior indica para ésta Delegada, que en el presente caso bajo estudio, se presentó una ocupación al predio ubicado en la vereda Bocas de Pulvuza, Rio Tapaje, municipio el Charco (Nariño), por parte de los uniformados del Batallón de Infantería de Marina, de conformidad con los testimonios recepcionados y los documentos allegados al sub lite. Por consiguiente se evidenció un daño antijurídico, que los demandantes no estaban en la obligación de soportar y en consecuencia surge el derecho a obtener indemnización.  Ahora, dentro de los perjuicios derivados de la afectación del derecho que ostentaba la señora Elizabeth Manyisela en calidad de poseedora, se encuentran también los perjuicios provenientes de la ocupación jurídica del inmueble, por la limitación al ejercicio de las facultades propias de los derechos reales y del menoscabo del derecho de posesión que se ejerce respecto del predio ocupado,4puesto que en el caso bajo análisis, la parte actora ejercía en el predio mencionado actividad comercial de venta de licores, gaseosas y juegos de billares, según el certificado de la Cámara de Comercio de Tumaco, (Folio 28 del cuaderno del Tribunal). Por consiguiente esta Delegada, obrará conforme a los planteamientos expuesto por el a quo, en el sentido de solicitar al Consejo de Estado, condenar a la entidad demandada en abstracto, para que con posterioridad mediante un incidente de regulación de perjuicios se logre establecer con

certeza el valor de estos y sufridos por la parte actora, toda vez que dentro del acervo probatorio no existe documento que permita inferir el valor de los perjuicios solicitados en la modalidad de daño emergente y lucro cesante. Lo contrario sería vulnerar los valores fundamentales de la Constitución Política, de justicia y equidad. 4 CE de fecha 10 de agosto de 2005. Exp. 15001-23-31-000-1990-10957-01(15338). C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

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Expediente No. 53396 520012331000201000597 01  Como resultado de los anteriores aspectos, es evidente para esta Delegada, que en el caso bajo estudio se configuró a título de falla en el servicio en cabeza de la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional, la ocupación del predio ubicado en la vereda Bocas de Pulvuza, Rio Tapaje, municipio el Charco (Nariño), por parte de los uniformados del Batallón de Infantería de Marina, que conculcaron de manera flagrante el derecho de poseedora sobre el predio en mención que ostentaba la señora Elizabeth Manyisela , restringiendo con ello el uso y goce pacífico. En tal sentido es claro que le asiste responsabilidad a la entidad demandada y en consecuencia es procedente acceder a las súplicas de la demanda a título

de reparación por los daños ocasionados. El título de imputación es el de riesgo excepcional, es decir, responsabilidad administrativa objetiva, razón por la cual no hay lugar a incoar acción de repetición.  Importante, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, en el presente caso, se configuró responsabilidad administrativa por la ocupación temporal del predio ubicado en la vereda Bocas de Pulvuza, Rio Tapaje, municipio el Charco (Nariño), por tales motivos ésta Delegada concluye que la Nación-Ministerio de DefensaArmada Nacional, es administrativamente responsable de los perjuicios irrogados a la actora, y proferirá concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del caso objeto de estudio, por los argumentos expuestos.

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III. CONCLUSIÓN Esta Delegada del Ministerio Público sol