PGN - Documento 201607100719474

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por acción o por omisión El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. RESPONSABILIDAD GENERAL DEL ESTADO-Elementos/DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa como elemento tradicional de la responsabilidad/IMPUTACIÓN-Definición Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Aplicación de los elementos estructuradores en que descansa la culpa A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado

ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. DERECHOS FUNDAMENTALES-Libertad personal y presunción de inocencia Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal y la presunción de inocencia, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos…

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 250002326000200610137 01 (45671) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-133105 PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto si es un derecho fundamental que

debe ser respetado y garantizado. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Aplicabilidad jurisprudencial de la Corte Constitucional La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” referido a dicha … PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos De esta manera, el hecho que las actuaciones de las entidades demandadas se haya realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y cumpliendo las ritualidades que señala la ley penal, no exime de la responsabilidad acarrean sus actuaciones, si éstas ocasionan daños antijurídicos a los ciudadanos. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Objetiva por daños antijurídicos según regulación constitucional/RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Regulación legal La Constitución Política artículo 90, ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales y adicionalmente, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, convirtiéndose estas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a actos u omisiones de las autoridades públicas relacionados con el actuar de la administración de justicia.

También se expuso que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, que si bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también es cierto que las medidas restrictivas no pueden ser arbitrarias o desproporcionadas al punto de desconocer la importancia de dicho derecho, y que en consecuencia se tornen en una privación injusta de la libertad. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Elemento objetivo según jurisprudencia del Consejo de Estado 2 250002326000200610137 01 (45671) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-133105 CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho Conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, correspondiéndole al demandante demostrar los hechos que sustentan sus pretensiones y al demandado los que soportan su defensa y excepciones. PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA-Regulación legal 3 250002326000200610137 01 (45671) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-133105

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 2 de mayo de 2013

Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 13–71

Acción: Reparación Directa Radicado: 250002326000200610137 01 (45671)

Actor: Rubén Darío Díaz Guzmán y Otros

Demandado: Nación – Rama JudicialFiscalía General de la Nación Honorable Señora Consejera: Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mediante el cual se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES Demanda 4 250002326000200610137 01 (45671)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-133105 En ejercicio de la acción de reparación directa por intermedio de apoderado judicial, los señores RUBEN DARIO GUZMÁN (víctima), LUCILA BARRIOS CELIS (cónyuge), actuando en nombre propio y en representación de sus hijos DIANA CAROLINA DÍAZ BARRIOS y ALEJANDRA DÍAZ BARRIOS; y SANDRA VIVIANA BARRIOS (hija mayor de edad), solicitaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se condenara a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por los perjuicios materiales y morales que se ocasionaron con la privación de la libertad de la que fue objeto el

señor RUBEN DARÍO DÍAZ GUZMAN.

Contestación Rama Judicial La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se opuso a la prosperidad de pretensiones y señaló que como estaba probado que no

tuvo nada que ver con la privación de la libertad de la que fue objeto el señor DARÍO DÍAZA GUZMAN, ella no era la llamada a responder por los daños y perjuicios cuyo resarcimiento se solicitaba en la demanda, ya que la detención fue decretada por la Fiscalía General de la Nación. Agregó que no existían elementos para considerar que la medida de aseguramiento impuesta al demandante hubiese sido ilegítima, que la misma se emitió conforme a derecho, y atendiendo a la prueba obrante en la actuación. En su defensa propuso la excepción “falta de legitimación en la causa por pasiva”, esto es, porque la medida de aseguramiento fue proferida por la Fiscalía General de la Nación. Fiscalía General de la Nación 5 250002326000200610137 01 (45671) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-133105 La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda, adujo haber actuado bajo el marco constitucional y legal que rige la investigación penal, y manifestó que pese a haber decretado la detención preventiva y proferido la resolución de acusación, ello no constituía una falla del servicio o privación injusta de la libertad, ya que dichas determinaciones fueron adoptadas conforme a los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento penal. Tras considerar la legalidad de su actuación, propuso la excepción “falta de legitimación por pasiva”, arguyendo que la misa se ajustó a la legalidad, al principio de progresividad y en cumplimiento de los principios constitucionales y legales. Sentencia Mediante sentencia del 17 de agosto de 2012 el Tribunal Administrativo

de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C – negó las pretensiones de la demanda, teniendo como presupuesto las siguientes

consideraciones:

“(…)

7. Daño antijurídico, imputabilidad, nexo causal En el presente caso se pretende la declaratoria de responsabilidad de LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, y la condena al pago de los perjuicios ocasionados con la privación de la libertad a que fue sometido el señor RUBÉN DARÍO DÍAZ GUZMÁN desde el 11 de diciembre de 2002…, hasta el 12 de septiembre de 2005, por el delito de

CONCIERTO PARA DELINQUIR.

Sobre el particular es de anotar que obra prueba dentro el expediente fotocopia auténtica del proceso penal adelantado en contra del aquí demandante, y en el acta de captura se indica la fecha de captura del señor RUBÉN DARÍO DÍAZ GUZMÁN, lo que evidencia que efectivamente estuvo privado de la libertad… En cuanto a los hechos que dieron lugar a la privación de la libertad del señor RUBÉN DARÍO DÍAZ GUZMÁN, la Sala advierte que el acto (sic) no aportó todo el trámite procesal, es así como en el expediente no obra la 6 250002326000200610137 01 (45671) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-133105 Resolución que resolvió la situación jurídica del actor y ordenó la medida de aseguramiento. Por lo tanto, esta Sala no puede analizar en qué argumentos apoyó el Fiscal su decisión, para verificar si la privación de la libertad fue

apropiada o injusta. (…) Con claridad se desprende de lo señalado en la citada providencia que la absolución con la cual se vio favorecido el señor RUBEN DARÍO DÍAZ GUZMAN se derivó de la aplicación del beneficio de la duda, y es que a pesar de existir elementos de prueba al inicio de la investigación, una vez aquellos fueron contrastados con otras probanzas, en la sentencia se mostraron insuficientes, en criterio del sentenciador penal, para arrojar la certeza sobre la autoría del hecho, indispensable para soportar un pronunciamiento condenatorio. (…) Tan es así que el Juzgador alude en su pronunciamiento, la suficiencia de medios probatorios en contra de la hoy demandante, pero que los mismos generan “inmensos vacíos y lagunas que estructuran la duda” no contando por tanto, con el grado necesario, sobre la responsabilidad en la comisión del punible, sino por las dudas emergentes en la valoración probatoria sobre tales conductas, la cual debe ser resuelta a favor del sindicado. En consecuencia, a juicio de la Sala mal podría aducirse que la vinculación de RUBÉN DARIO DÍAZ GUZMÁN carecía de justificación, pues sin pretender reelaborar en esta sede, la valoración efectuada en su momento por la jurisdicción penal, el solo recuento de los presupuestos fácticos llevados por el juez de conocimiento, dan cuenta que existían elementos suficientes para considerar razonables y ajustadas a derecho las decisiones tomada en cada etapa procesal, con el lleno de los requisitos legales exigidos por la norma procesal penal vigente.

En este orden de ideas es importante señalar, que para dictar cada una de las providencias en el proceso penal, es necesario que se llenen presupuestos sustanciales que el mismo ordenamiento jurídico ha establecido según el grado de avance que signifique la providencia con respecto de la responsabilidad del imputado o procesado, por ello es que al respecto son más exigentes los requisitos para emitir resolución de acusación que para imponer medida de aseguramiento, y son muchos más exigentes los requisitos para emitir sentencia condenatoria que aquellos de la resolución de acusación. En este orden de ideas, bajo el entendido de que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagra el efecto jurídico que ellas persiguen” de conformidad con los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil; la Sala no encuentra demostrada la privación “injusta” de la libertad de RUBÉN DARÍO DÍAZ GUZMÁN, por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial y procederá a negar las pretensiones de la demanda respecto de este hecho. (…)” La apelación 7 250002326000200610137 01 (45671) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-133105 La apoderada de la parte actora manifestó que la conclusión a la que arribó el A quo no podía ser jurídicamente atendible, ya que si al momento de evaluar el caso sometido a su consideración, encontró que faltaban pruebas para su evaluación, debió expedir un auto de mejor proveer, y no limitarse a negar las súplicas de la demanda arguyendo

dicha falencia. Agregó que la ausencia de las pruebas resaltada en el fallo de primera instancia no obedeció a culpa de los demandantes, ya que las mismas (copia del expediente del proceso penal), fueron radicadas en el Juzgado Penal del Circuito Especializado, desconociendo las razones por las cuales no obraban en el proceso administrativo.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problema Jurídico  ¿El cumplimiento de los presupuestos normativos que autorizan la privación de la libertad a las personas involucradas en la comisión de una conducta punible, exonera al Estado de la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la Constitución Política?  ¿Se encuentra acreditada la responsabilidad de las entidades demandadas?

2. Análisis jurídico El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños 8 250002326000200610137 01 (45671)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-133105 antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era

consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. 9 250002326000200610137 01 (45671) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-133105 La parte demandada indicó que su actuación se surtió de conformidad con las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos. Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal1 y la presunción de inocencia2, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3 que señala que "1.

Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos4 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”5 . 1 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 2 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. 3 Ratificado mediante la ley 74 de 1968 4 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972 5 Este tema fue ampliamente estudiado por la Sección Tercera en las sentencias de 27 de noviembre de

2003, expediente 76001233100019950106801-14698 Saulo Emilio Mosquera, Consejera Ponente Dra. Maria Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente 76001233100019950106401-16013 Nestor Aizneider Tovar Rivera con ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar. 10 250002326000200610137 01 (45671) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-133105 Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” referido a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, reiteró: “El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7). 11 250002326000200610137 01 (45671) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-133105 (…) En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la

Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia6; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional7, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales8, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención9”. De esta manera, el hecho que las actuaciones de las entidades demandadas se haya realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y cumpliendo las ritualidades que señala la ley penal, no exime de la responsabilidad acarrean sus actuaciones, si éstas ocasionan daños antijurídicos a los ciudadanos. La Constitución Política artículo 90, ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas,

entre ellas, las autoridades judiciales y adicionalmente, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la 6 Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 17, párr. 90, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111. 7 Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de

2005. Serie C No. 135, párr. 197, y Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 106. 8 Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228. 9 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 48, párr. 128. 12 250002326000200610137 01 (45671)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-133105 libertad, convirtiéndose estas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a actos u omisiones de las autoridades públicas relacionados con el actuar de la administración de justicia. También se expuso que el derecho a la libertad es un derecho

fundamental, que si bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también es cierto que las medidas restrictivas no pueden ser arbitrarias o desproporcionadas al punto de desconocer la importancia de dicho derecho, y que en consecuencia se tornen en una privación injusta de la libertad.

3. Caso concreto Los hechos de la demanda fueron sintetizados por el A quo en los

siguientes términos: “(…) Como fundamento de la demanda se expuso que el 6 de diciembre de 2002, la Unidad Nacional de Derechos Humanos profirió Resolución de apertura de instrucción contra el aquí demandante, habiendo sido capturado el 11 de diciembre de 2002, por la presunta comisión del delito de Homicidio y Concierto para delinquir, siendo suspendido en el ejercicio de sus atribuciones de la Policía Nacional desde el 16 de diciembre de 2002. Posteriormente el 12 de agosto de 2003 se profiere Resolución de acusación en su contra por el delito de homicidio. El 31 de mayo de 2005 fue condenado como coautor del delito de concierto para delinquir, fallo apelado y resuelto el 12 de septiembre de 2005, revocándose la sentencia impugnada y absolviendo al actor de esta demanda. (…)” Con los elementos de prueba allegados al plenario, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que no se encontraba demostrada la privación “injusta” de la libertad del señor RUBEN DARIO 13 250002326000200610137 01 (45671) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-133105

DÍAZ GUZMAN que fue atribuida a la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda. Por el contrario, la parte actora estimó que la falta de pruebas en las que se sustenta el fallo de primera instancia no le era atribuible, ya que como demandante cumplió con el deber de aportar y solicitar las pruebas que soportaban sus pretensiones, sin que entendiera las razones por las cuales no se allegó la copia íntegra del expediente penal que se solicitó por su iniciativa. Con la demanda se allegaron diferentes documentos para demostrar los presupuestos fácticos en los que se soportaban las pretensiones, no obstante, la mayoría de ellos fueron aportado en copia simple y en lo atinente a la privación de la libertad objeto de demanda, solo obra copia auténtica de la sentencia absolutoria de segunda instancia con la que se declaró ajeno de responsabilidad al señor RUEN DARIO DÍAZ GUZMÁN de las conductas punibles por las que fue procesado. De las consideraciones contenidas en el proveído con el que resultó favorecido el accionante, pueden resaltarse las siguientes: “(…) HECHOS Están referidos a la vinculación de los acusados a una agrupación clandestina que ha llevado a cabo en el municipio de Girardot actos denominados como “limpieza social”, mediante la eliminación de personas pertenecientes a la delincuencia de la localidad, entre quienes se cita a los hermanos Gustavo y Jimmy Gutiérrez Prieto, apodados los “Pollos Crudos”, quienes fueron ultimados aproximadamente a las 22:30 horas del 1º de

marzo de 2002 en la carrera 14 con calle 16 de dicha ciudad, y cuyo homicidio dio origen a la presente actuación, en la que la acusación se formuló únicamente por el punible de concierto para delinquir.

(…) CONSIDERACIONES 14 250002326000200610137 01 (45671)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-133105 La Sala, ciñéndose a los límites de su competencia, fijados por el artículo 204 de la Ley 600 de 2000, examinará, a continuación, si el acervo probatorio brinda la certeza de que los señores JOSÉ IGNACION BARRIO TRIANA y RUBEN DARÍO DÍAZ GUZMÁN son responsables del delito de concierto para delinquir, pues conforme al inciso 2º de artículo 232 ibídem “No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado”. (…) … En el presente caso la forma en que el a quo atribuye dicha conducta a los procesados BARRIOS TRIANA y DÍAZ GUZMÁN encuentra un primer escollo en la imputación de los homicidios de los hermanos GUTIÉRREZ PRIETO, a la misma organización a la cual vincula a tales procesados, pues lo cierto es que frente a ese cargo ellos fueron favorecidos con preclusión de la instrucción basada en que “… los sindicados no cometieron tal conducta”…, decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada…

(…) En síntesis, si la Fiscalía concluyó, en resolución que se encuentra en firme y que es ley de este proceso, que los procesados “no cometieron” los homicidios de GUSTAVO y JIMMY GUTIÉRREZ PRIETO, y esto equivales a decir que no fueron perpetradores de los mismos a ningún título, es decir, autores, coautores, determinadores o cómplices, mal podría el a quo inferir asociación para delinquir a partir de señalamientos efectuados en su contra como responsables de esas conductas contra la vida, bajo el supuesto de que esos crímenes fueron ordenados o perpetrados por miembros de una organización ilegal nacida con el fin de adelantar una “limpieza social” en Girardot, de la cual los aquí acusados hacían parte, porque ello equivaldría a desconocer tal decisión judicial. (…) Siendo este el material probatorio que pesa en contra de los acusados JOSE IGNACIO BARRIOS TRIANA y RUBÉN DARIO DÍAZ GUZMAN, se considera que no es suficiente, a la luz de las exigencias contenidas en el inciso segundo del artículo 232 de la Ley 600 de 2000, para proferir sentencia condenatoria en su contra y, por tanto, la emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca será revocada, para en su lugar absolverlos de los cargos formulados por el delito de concierto para delinquir y disponer