PGN - Documento 201607100720436

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Operó la caducidad de la acción Para ejercer la acción de reparación directa, el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo, cuya norma es clara respecto de los términos de caducidad para incoar la acción. En el caso de marras tenía el actor como plazo para presentar la demanda hasta el día 28 de agosto de 2004 y según se evidencia de la certificación expedida por el Procurador Judicial 105 Administrativo la solicitud de conciliación fue presentada el 7 de septiembre de 2010 y radicó la demanda el 29 de junio de 2011, superando ampliamente el término para ejercer la acción, esto es, cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-No hubo ningún suceso especial que impidiera el fenómeno de la caducidad Es de anotar, que ni en la demanda, ni en documentos, se encuentra información que permita deducir que el término de dos años señalado en el Código Contencioso Administrativo para iniciar la acción de reparación directa se haya interrumpido en virtud de algún suceso especial, como la vacancia judicial, los días inhábiles por circunstancia extrema, o porque se estuviere tramitando conciliación prejudicial ante las autoridades correspondientes para así impedir que ocurriera el fenómeno de la caducidad de la acción, además entre la fecha de los hechos y la presentación de la demanda mediaron años, no días o semanas. La caducidad es una excepción que puede ser declarada a petición de parte, cuando es

presentada en la contestación de la demanda, o de oficio, cuando el funcionario judicial la declara porque se encuentra probada en el proceso, en la medida en que ha sido establecida por el legislador para garantizar la seguridad jurídica con el fin de que los ciudadanos acudan a las instancias judiciales dentro de los plazos señalados so pena de que las decisiones judiciales o administrativas sean irrevocables, así mismo hay lugar a aplicar la garantía de la seguridad jurídica para los sujetos procesales como sanción para quien dejó vencer el plazo preclusivo. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Aplicación de los principios pro actioni y pro damato El Código Contencioso Administrativo en concordancia con el Código de Procedimiento Civil consagra el principio de congruencia de la sentencia, que obliga al juez a pronunciarse en consonancia con los hechos, las pretensiones y las excepciones, siempre y cuando se encuentren probados en el proceso. Para el caso que nos ocupa, es conducente atender lo dicho por la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia al referirse al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, numeral 8, ha señalado que dicha norma debe incluir la aplicación de los principios pro actioni y pro damato según los cuales, en algunos casos el término de caducidad debe empezar a contarse a partir de la fecha en la cual el interesado tuvo conocimiento del hecho que produjo el daño, que puede coincidir con la ocurrencia del mismo en algunos eventos, pero en otros casos no. En este caso, el daño era conocido por el actor desde años atrás, de tal suerte que la caducidad ya había

aplicado. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.44812 (730012331000201100452-01) Rzo De lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público reitera que el actor y abogado en calidad de víctima, conoció los hechos que le causaron el presunto perjuicio que pretende reclamar a partir de día 28 de agosto de 2002 día que sucedió el atentado con arma de fuego. Se concluye que la acción de reparación directa no se ejercitó dentro de la oportunidad legal, razón por la cual en opinión de esta Delegada, ha de declarase la caducidad de la acción, lo cual impide pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.44812 (730012331000201100452-01) Rzo CONCEPTO No. 333 / 2012 Bogotá, D.C 19 de noviembre de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: DOCTOR HERNÁN ANDRADE RINCÓN

E. S. D.

EXPEDIENTE: 730012331000201100452-01 (44812)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

ACTOR: LUIS FERNANDO TAMAYO NIÑO Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓNMINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA Sentido del Concepto: solicitud de CONFIRMACIÓN de la sentencia recurrida del Tribunal Administrativo del Tolima / Se probó que la demanda fue presentada después de dos (2) años que concede el Artículo 1368 del C.C.A. / Operó la Caducidad de la Acción de Reparación Directa incoada.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.44812 (730012331000201100452-01) Rzo 1.1. La demanda – Hechos De acuerdo a lo señalado en el escrito introductorio, se extractan los siguientes (fls. 2 al 9 c-4): En demanda del 29 de junio de 2011 el señor LUIS FERNANDO TAMAYO NIÑO,

actuando en nombre propio y en calidad de abogado y apoderado de sus hijos MARÍA ALEJANDRA, LUIS ESTEBAN y LUIS SEBASTIÁN TAMAYO CAICEDO; a su vez como apoderado de su hijo, LUIS FERNANDO TAMAYO VALENCIA y de su compañera permanente SANDRA LILIANA CAICEDO ORTEGÓN, y como agente oficioso de su hija ADRIANA GISELLA TAMAÑO VALENCIA, solicitó la declaratoria de responsabilidad administrativa del MINISTERIO DEL INTERIOR Y

DE JUSTICIA.

El 28 de agosto de 2002, el señor Luis Fernando Tamayo Niño fue objeto de un atentado con arma de fuego por un desconocido en su oficina de abogado, ubicada en el Espinal (Tolima) En diciembre 21 de 2008, el señor Tamayo Niño junto con su familia fueron víctimas de desplazamiento forzado, por lo cual fueron trasladaos desde el Espinal a Bogotá como medida de reubicación temporal por parte del Ministerio del Interior y de Justicia y por parte de la Fiscalía General de la Nación en reubicación definitiva en Bogotá, para garantizar sus vidas. Mediante estudios técnicos realizados por Acción Social sobre la acreditación de Luis Fernando Tamayo Niño, se determinó que es víctima de violación de los 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.44812 (730012331000201100452-01) Rzo derechos humanos dentro de los parámetros del Decreto 1290 de 2008. Por lo anterior mediante Acta No. 006 de octubre 4 de 2010 del Comité de Reparaciones Administrativas aprobó el estudio técnico y la reparación administrativa al señor Tamayo Niño. 1.2. Contestación de la demanda 1.2.1. El Ministerio del Interior y de Justicia El 20 de septiembre de 2011 el Ministerio del Interior y de Justicia (fls 114 a 118) contestó la demanda y alegó que al señor Luis Fernando Tamayo Niño por decisión del Comité de Reparación Administrativa va a ser reparado y la entrega de ésta se hará de acuerdo con el principio de gradualidad del Programa de Reparación Individual por vía Administrativa, creada por el Decreto 1290 de 2008, pago que se realizará en estricto orden de radicación. De lo expuesto, se infiere que el Ministerio del Interior y de Justicia, a la luz de la legislación de Justicia y Paz, dicha autoridad no es la entidad que tiene la responsabilidad de conciliar, efectuar la reparación y pago residual a las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley y por lo tanto no representa legalmente a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación InternacionalAcción Social. De allí que no se puede responsabilizar a éste Ministerio por los hechos que dieron origen a la presente acción. Propuso la excepción de falta o indebida legitimidad en la causa por pasiva. 1.3. Sentencia de primera instancia 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No.44812 (730012331000201100452-01) Rzo El Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima en sentencia de 22 de junio de 2012 declaró oficiosamente probada la excepción de caducidad de la acción. 1.3.1. El Tribunal manifestó que revisado el expediente, observó que se configuró la caducidad de la acción de reparación directa lo que imposibilita para proferir decisión de fondo en el asunto sometido a estudio. El artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo, que habla de la caducidad dice que ésta se da “al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguientes del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal….” 1.3.2. De acurdo con los hechos y pretensiones de la demanda, la parte actora pretende derivar responsabilidad al Estado-Ministerio del Interior y de Justicia, por la tentativa de homicidio en la que fue víctima Tamayo Niño, el 28 de agosto de 2002, de tal suerte que para instaurar la acción de reparación directa, ésta venció el 28 de agosto de 2004. No puede alegar la parte demandante que no ha operado la caducidad, por el hecho de haberse proferido sentencia anticipada por parte del Juzgado 8º Penal del Circuito de Bogotá, el 23 de agosto de 2010, en la que se condenó al coautor

responsable del punible de homicidio agravado en grado de tentativa contra la vida de Luis Fernando Tamayo Niño, y que por ello, la oportunidad para demandar al Estado en vía de reparación directa, quedará supeditada al resultado del proceso penal, en tanto pretender contabilizar el término de caducidad desde la fecha de la aludida providencia, contraría el mandato expreso de la ley, la cual es enfática en señalar dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, los cuales, se reitera, tuvieron ocurrencia el 28 der 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.44812 (730012331000201100452-01) Rzo agosto de 2002. 1.4. Argumentos de la apelación. 1.4.1. Parte demandante El actor, incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus intereses, en donde en términos resumidos argumenta lo siguiente (fls. 157 a 162 del cuaderno del Consejo de Estado): 1.4.2. La jurisprudencia del Consejo de Estado Sección Tercera, es contundente, nutrida y unificada, en cuanto a que es un hecho cierto el término de caducidad que contenía el Artículo 136-8 del anterior C.C.A., pero que existe excepción en el cómputo de éste en aplicación al principio “PRO ACTIONE” que permite al fallador

apartarse de la rigidez de la norma, para iniciar el cómputo desde cuando el demandante adquirió el interés actual para acudir a la jurisdicción, conforme a la sentencia de julio 26 de 2011, Sección Tercera, Subsección “C”, Consejo de Estado con radicación número: 08001-23-31-000-2010-00762-01 (41037) 1.4.3. En el sub judice, los demandantes adquirieron el interés actual el 23 de agosto de 2010, con la sentencia del juzgado 8º Penal del Circuito al condenar a John Fredy Rubio Sierra, como integrante del Bloque Tolima de las AUC, como uno de los autores materiales de la tentativa de homicidio que sufrí el 28 de agosto de 2002.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.44812 (730012331000201100452-01) Rzo Puede ser expresado en los siguientes términos: ¿El problema jurídico del presente caso, consiste en determinar si se configuró la caducidad de la acción de reparación directa, pues la demanda fue presentada después de dos años de la ocurrencia de los hechos? 2.2. Marco teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran

el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Cuando se invoca la figura de la falla del servicio como título de imputación responsabilidad al Estado, tal y como ocurre en la presente demanda, para que surja el deber de resarcimiento patrimonial a cargo del primero, se deben dar los siguientes elementos: a) Una actuación irregular del Estado b) El daño antijurídico c) El nexo de causalidad entre el daño y el actuar activo u omisivo de la administración "De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.44812 (730012331000201100452-01) Rzo patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo que consagra la acción de reparación directa, cuyo ejercicio dio origen al presente proceso y que establece la posibilidad que tiene el interesado de demandar la reparación del daño cuando su causa sea un hecho, una omisión, una operación

administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia, entre ellos el de la tradicional falla del servicio, dentro del cual la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales: el daño antijurídico sufrido por el interesado, el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada, y finalmente, una relación de causalidad entre este último y el primero, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio."1 2.2.2. El Consejo de Estado sobre la caducidad de la acción de reparación directa en Sentencia 09-04-2008 Consejero Ponente: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA dijo: 1 Consejo de Estado, sentencia del 24 de febrero de 2005 con ponencia del Dr. Ramiro Saavedra Becerra Rad 8500123-31-000-1993-00074-01(14170),

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Expediente No.44812 (730012331000201100452-01) Rzo “El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala el término de caducidad de las acciones ordinarias, entre ellas, la de reparación directa que caduca al vencimiento del plazo de 2 años, los cuales se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o cualquiera otra causa (num. 8). La jurisprudencia de la Sección Tercera ha interpretado esa norma en aplicación de los principios pro actioni y pro damato, según los cuales en algunos casos el término de caducidad debe empezar a contarse a partir de la fecha en que el interesado tuvo conocimiento del hecho que produjo el daño, que puede coincidir con la ocurrencia del mismo en algunos eventos, pero en otros casos no. Así en auto del 30 de enero de 2003 se dijo: “Si bien es cierto que el inciso 4º del artículo 136 del C. C. A. establece que el término de caducidad para instaurar la acción de reparación directa se cuenta a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajeno por causa de trabajos

públicos, dicha norma entendida DE MANERA RACIONAL DEBE

INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO BASTA CON LA

REALIZACIÓN PURA Y SIMPLE DEL HECHO CAUSANTE DEL DAÑO SINO QUE ES NECESARIO QUE HAYA SIDO CONOCIDO POR EL AFECTADO, LO CUAL EN LA MAYORÍA DE LAS VECES OCURRE AL MISMO TIEMPO. Sin embargo, cuando la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el principio pro actione debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante conoció la existencia del hecho dañoso por la sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción”. 2.3. Pruebas obrantes Del material probatorio allegado al expediente, encontramos las siguientes: 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.44812 (730012331000201100452-01) Rzo  Fotocopia autenticada de la sentencia anticipada emitida por el Jugado 8º Penal del Circuito de Bogotá.  Fotocopia de la Resolución emanada de Acción Social, en la cual que inscribió el actor junto con su núcleo familiar.  Fotocopia del Estudio Técnico sobre la acreditación de víctima de violación de derechos humanos.  Fotocopia de la carta de información de pago de acción social donde le

comunican la indemnización.  Fotocopia del cheque de gerencia del Banco Agrario de Colombia. 2.4. Caso concreto En este orden de ideas, cabe advertir las siguientes situaciones, que llevaron a la decisión en consideración de esta Agencia del Ministerio Público acertada por cuenta del Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima. En su orden son:  Para ejercer la acción de reparación directa, el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo, cuya norma es clara respecto de los términos de caducidad para incoar la acción. En el caso de marras tenía el actor como plazo para presentar la demanda hasta el día 28 de agosto de 2004 y según se evidencia de la certificación expedida por el Procurador Judicial 105 Administrativo (fl. 70 c.ppal) la solicitud de conciliación fue presentada el 7 de septiembre de 2010 y radicó la demanda el 29 de junio de 2011 (fl. 2 c.ppal), superando ampliamente el término para ejercer la acción, esto es, cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.44812 (730012331000201100452-01) Rzo  Es de anotar, que ni en la demanda, ni en documentos, se encuentra información que permita deducir que el término de dos años señalado en el

Código Contencioso Administrativo para iniciar la acción de reparación directa se haya interrumpido en virtud de algún suceso especial, como la vacancia judicial, los días inhábiles por circunstancia extrema, o porque se estuviere tramitando conciliación prejudicial ante las autoridades correspondientes para así impedir que ocurriera el fenómeno de la caducidad de la acción, además entre la fecha de los hechos y la presentación de la demanda mediaron años, no días o semanas.  La caducidad es una excepción que puede ser declarada a petición de parte, cuando es presentada en la contestación de la demanda, o de oficio, cuando el funcionario judicial la declara porque se encuentra probada en el proceso, en la medida en que ha sido establecida por el legislador para garantizar la seguridad jurídica con el fin de que los ciudadanos acudan a las instancias judiciales dentro de los plazos señalados so pena de que las decisiones judiciales o administrativas sean irrevocables, así mismo hay lugar a aplicar la garantía de la seguridad jurídica para los sujetos procesales como sanción para quien dejó vencer el plazo precusivo.  El Código Contencioso Administrativo en concordancia con el Código de Procedimiento Civil consagra el principio de congruencia de la sentencia, que obliga al juez a pronunciarse en consonancia con los hechos, las pretensiones y las excepciones, siempre y cuando se encuentren probados en el proceso.  Para el caso que nos ocupa, es conducente atender lo dicho por la Sección 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.44812 (730012331000201100452-01) Rzo Tercera del Honorable Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia al referirse al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, numeral 8, ha señalado que dicha norma debe incluir la aplicación de los principios pro actioni y pro damato según los cuales, en algunos casos el término de caducidad debe empezar a contarse a partir de la fecha en la cual el interesado tuvo conocimiento del hecho que produjo el daño, que puede coincidir con la ocurrencia del mismo en algunos eventos, pero en otros casos no. En este caso, el daño era conocido por el actor desde años atrás, de tal suerte que la caducidad ya había aplicado.  De lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público reitera que el actor y abogado en calidad de víctima, conoció los hechos que le causaron el presunto perjuicio que pretende reclamar a partir de día 28 de agosto de 2002 día que sucedió el atentado con arma de fuego. Se concluye que la acción de reparación directa no se ejercitó dentro de la oportunidad legal, razón por la cual en opinión de esta Delegada, ha de declarase la caducidad de la acción, lo cual impide pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda.

III. CONCLUSIÓN En concepto de esta Agencia del Ministerio Público la sentencia recurrida por la parte actora del veintidós (22) de junio de dos mil doce (2012) proferida por el

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA debe ser CONFIRMADA y en consecuencia deben negarse las pretensiones de la demanda 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.44812 (730012331000201100452-01) Rzo Del H. Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co