PGN - Documento 201607100745435

DEPENDENCIA: Procuraduría Delegada para la Economía y la

Hacienda Pública RADICACIÓN: 052-8496-2005

DISCIPLINADO: Glinys Edith Díaz Llerena y Samuel Chávez

Fonseca

CARGO Y ENTIDAD: Gerente y Gerente Delegatario, Hospital de Orito,

Putumayo QUEJOSO: Funcionario Público FECHA DE LA QUEJA: 1º de agosto de 2005

FECHA DE LOS HECHOS: Vigencias 2003 y 2004

ASUNTO: Nulidad

Bogota, D.C. 17 de julio de 2008 La Procuradora Delegada para la Economía y la Hacienda Pública procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los disciplinados contra el fallo condenatorio de 1ª. Instancia del 23 de noviembre de 2007, dictada por el señor Procurador Regional del Putumayo, teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1. El Director del Departamento Administrativo de Salud del Putumayo, mediante oficio del 1º de agosto de 2005 (fl.1. cdno.1), remitió a la Procuraduría Regional de ese mismo departamento el informe de inspección, vigilancia y control de las condiciones de habilitación de la ESE Hospital de Orito – mayo 2005, en el cual da cuenta de algunos hechos con presunto alcance disciplinario que hacen relación a los procesos de contratación durante las vigencias 2003-2004.

2. El Procurador Regional del Putumayo, mediante auto del 13 de septiembre de 2005 (fls.179-193 cdno.1), ordenó la iniciación de Indagación Preliminar, en

averiguación de responsables, contra funcionarios de la ESE Hospital de Orito, con el propósito de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si estos constituían falta disciplinaria, identificar e individualizar a los servidores públicos implicados y establecer si estos actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.

3. Las pruebas allegadas al expediente en la etapa inicial aportaron suficientes elementos para ordenar la apertura de Investigación Disciplinaria en contra de Glinys Edith Díaz Llerena y Samuel Chávez Fonseca, aquí disciplinados, lo cual se realizó mediante providencia del 26 de julio de 2006. (fls.742-751 cdno.3 )

4. Mediante providencia del 7 de marzo de 2007 (fl.785-797 cdno.3) el señor Procurador Regional del Putumayo abrió pliego de cargos contra Glinys Edith Díaz Llerena y Samuel Chávez Fonseca en su condición de Gerente y Gerente Delegatario del Hospital de Orito por encontrar, de acuerdo con la valoración y análisis de las pruebas recaudadas, que posiblemente estaban incursos en causal disciplinaria por haber celebrado contratos sin la existencia de estudios de conveniencia mínimos del objeto a contratar, ni haber establecido los precios de mercado, ni haber obtenido certificados de disponibilidad presupuestal previos respecto de los contratos en cuestión. En efecto, en el pliego de cargos se establece:

“6.1. Para Glinys Edith Díaz Llerena Se le imputa a la investigada, en la referida condición, el haber suscrito durante los años 2003 y 2004, Contratos y Órdenes de Compra, sin la

existencia de estudios mínimos de la conveniencia del objeto a contratar, ni haber establecido los precios de mercado, de conformidad con lo señalado en las consideraciones de este proveído. 6.1.1 Así mismo, se le imputa a la investigada, en la referida condición, el haber suscrito las Órdenes de Prestación de Servicio, No 216 el 15 de julio de 2003, por valor de $710.000, con la firma D’Clase soluciones, y No. 227 el 10. de agosto de 2003, por valor de $320.000, con la señora Gilma Arturo R., sin que existiera previamente los correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal, como lo exige el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, de conformidad con lo señalado en las consideraciones de este proveído. 6.2 Para Samuel Chávez Fonseca Se le imputa al investigado, en la referida condición, el haber suscrito en el mes de diciembre de 2004, Órdenes de Compra, sin la existencia de estudios mínimos de la conveniencia del objeto a contratar, ni haber establecido los precios de mercado, de conformidad con lo señalado en las consideraciones de este proveído. 6.2.1 De la misma manera, se le imputa al investigado, en la referida condición, el haber suscrito las órdenes de Compra, sin número, el 30 de diciembre del año 2004, por los valores de $3.988.050, con la firma Vicafarma Ltda., de $3.498.708 y $1.625.890, con la Distribuidora Carvil, sin que existiera previamente los correspondientes certificados de disponibilidad

presupuestal, como lo exige el artículo 71 del decreto No. 111 de 1996, de conformidad con lo señalado en las consideraciones de este proveído.” a. En dicho pliego de cargos se establece como normas presuntamente violadas las siguientes: Artículo 6º de la Constitución Política, Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 del Decreto 2170 de 2002, artículo 71 del decreto 111 de 1996 y el artículo 34 de la Ley 734 de 2002. b. En la calificación de las faltas el operador disciplinario establece en el pliego de cargos: “La falta objeto de reproche, respecto a las faltas de los numerales 6.1, 6.1.1; 6.2, y 6.2.1, la doctora Glinys Edith Díaz Llerena, Gerente ESE hospital de Orito – Putumayo y el doctor Samuel Chávez Fonseca, Gerente (delegatario) de la ESE Hospital de Orito – Putumayo, se califican como GRAVES, por el incumplimiento de sus deberes legales, la jerarquía del cargo que ostentaban dentro de la institución, y la trascendencia de las mismas.”. c. Posteriormente en dicha providencia se hace referencia a la “FORMA DE CULPABILIDAD” de la siguiente manera: “Para el despacho, existen los suficientes elementos de juicio que permiten determinar que los investigados, doctora Glinys Edith Díaz Llerena Gerente ESE hospital de Orito – Putumayo y el doctor Samuel Chávez Fonseca, Gerente (delegatario) de la ESE Hospital de Orito – Putumayo, actuaron con

culpa grave, pues, sus actuaciones son manifiestamente negligentes y se nota una despreocupación total en el cumplimiento de sus deberes, por la evidente negligencia, al contraer la obligación sin los estudios mínimos de la conveniencia del objeto a contratar, ni haber establecido los precios de mercado, y por adquirir obligaciones, sin la existencia previa de los certificados de disponibilidad presupuestal como lo ordena la ley.”.

5. En atención a los pliegos formulados por el Procurador Regional del Putumayo mediante providencia del 7 de marzo de 2007, el apoderado de los disciplinados presentó el 31 de mayo de 2007 el correspondiente escrito de descargos (fls.806811) en el cual solicitó además la práctica de algunas pruebas, las cuales fueron ordenadas mediante providencia del 21 de agosto de 2007.

Las pruebas solicitadas fueron las siguientes (fl.829-830 cdno.3): “1. Oficiar a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación del Putumayo, solicitándole se sirva informar a la Procuraduría Regional Putumayo, si dicha oficina ha proferido una decisión de fondo sobre la falta de los estudios de conveniencia y precios del mercado de las siguientes órdenes de compra estos hechos y de ser así remitir copia de la providencia.”. (sigue cuadro) “2. Oficiar a la ESE Hospital de Orito, para que certifique en que períodos de las vigencias 2003 y 2004, se decretó la urgencia manifiesta para efectos de la contratación, y remitan los actos Administrativos correspondientes.”. “3. Oficiar al departamento Administrativo de Salud del Putumayo –

DASALUD, para que certifique en que períodos de las vigencias 2003 y 2004, se decretó la urgencia manifiesta para efectos de la contratación, y remitan los actos administrativos correspondientes.”.

6. El argumento esbozado por el apoderado de los vinculados al proceso en el escrito de descargos, se puede resumir en el hecho de que el régimen jurídico aplicable en la contratación de las Empresas Sociales del Estado es el de derecho privado según lo previsto por el numeral 6º del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, artículo 14 del Decreto 1750 de 2003, y artículo 16 del Decreto 1876 de 1994.

Igualmente en desarrollo del artículo 98 del Decreto 1298 de 1994 las Empresas Sociales del Estado, aún cuando se les aplica el régimen privado de contratación, pueden discrecionalmente utilizar cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación pública. En apoyo a lo anterior el apoderado cita jurisprudencia del H. Consejo de Estado y un concepto de la Contraloría General de la República. A manera de conclusión el apoderado defensor manifiesta: “Señor procurador, la defensa considera que mis representados GLINYS EDITH DÍAZ LLERENA y SAMUEL CHÁVEZ FONSECA, no pueden ser responsables de falta disciplinaria alguna al no aplicar los Art.25 de la ley 80 de 1993; Art. 11 Dec. 2170 de 2002 y Art.71 Dec. 111 de 1996, en su condición de gerentes de la ESE. Hospital de Orito, puesto que tanto la ley,

los Decretos reglamentarios, los concepto (sic) de las entidades de control, así como la Jurisprudencia del Consejo de Estado son concurrentes en ratificar, que se debe aplicar el derecho privado en los contratos que celebren las empresas sociales del estado, por lo anterior es claro que no se configura la falta contemplada en el Art. 34 de la ley 734 de 2002, a título de culpa grave, pues para que ella exista, es necesario que se den varios elementos,…”.

7. El 25 de octubre de 2007el señor Procurador Regional del Putumayo corrió traslado a los vinculados para que presentaran los correspondientes alegatos de conclusión (fls.851-852 cdno.3), lo cual efectuaron mediante escrito del 13 de noviembre del mismo año (fls.856-861 cdno.3) y en suma versan sobre lo siguiente:

a. El apoderado de los vinculados al proceso estima que se debe absolver a sus defendidos, respecto a la presunta violación del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 del Decreto 2170 de 2002 y artículo 71 del Decreto 111 de 1996, por cuanto a las Empresas Sociales del Estado-ESE, se les aplica el régimen privado de contratación, resultando facultativo suyo, pero no obligatorio, aplicar cláusulas exorbitantes propias del régimen de contratación pública consagrado en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios que son las normas en las que se exige la contratación de estudios de conveniencia, precios de mercado y la preexistencia de disponibilidad presupuestal. b. Igualmente se expresa en el escrito de alegatos de conclusión que tampoco

es predicable la tacha disciplinaria a los defendidos por transgresión de las normas mencionadas en el literal anterior, a título de “culpa grave”, ya que ellos acataron, al momento de celebrar los contratos, los conceptos de sus asesores y demás profesionales de la ESE, Hospital de Orito, confiando en la pertinencia y legalidad de las contrataciones que los funcionarios les prepararon en atención a las normas de derecho privado, con lo cual procuraban agilizar las contrataciones en asuntos en los cuales “se encuentra en juego la vida de las personas que se encuentran sometidos a tratamientos asistenciales”. c. Por otra parte, y comoquiera que para la vigencia 2003 la ESE Hospital Orito no contaba con Estatuto de Contratación, el único régimen aplicable era el de derecho privado. d. En el escrito de alegatos se afirma igualmente que se estaría violando la el principio de cosa juzgada en caso de que el expediente no se archive por cuanto, según lo expresado por el apoderado de los disciplinados, los hechos fueron “judicializados” por la Oficina de Control Interno de la Gobernación de Putumayo quien mediante providencia debidamente ejecutoriada del 23 de noviembre de 2005 decidió: “Estableciendo así que las actuaciones en materia contractual hechas por la Sra. GLINYS EDITH DÍAZ LLERENA en ningún momento fueron en detrimento del patrimonio económico, ni violó ni desconoció los principios de contratación por lo tanto no se encuentra probado que haya vulnerado el Num 31 Art 48 del Código Disciplinario Único”. (fl.876

cdno.3) e. En el escrito se incluye un análisis de la responsabilidad a título de culpa grave endilgada a los defendidos y para ello cita un texto del tratadista JAIRO ENRIQUE BULLA ROMERO. En efecto, destaca a este respecto los elementos de la culpa y la imposibilidad de sancionar a los funcionarios públicos vinculados al proceso por carencia de algunos de ellos como serían el “animus” o intención o negligencia al cometer la conducta. En este sentido, según se afirma “La mera adecuación de un resultado o conducta a un servidor con base en la simple y elemental relación de causalidad material constituye prédica de responsabilidad objetiva. Y ello está prohibiendo el legislador. Este quiere que entre el resultado o la conducta cierta exista un nexo o causal con el servidor y no solamente se diga, sino que se pruebe, que ella obedeció a título de dolo o culpa.”. Se expresa en el escrito igualmente que está prohibido textual y taxativamente por el legislador proferir fallo sancionatorio sin que obre en el expediente pruebas que lleven al convencimiento sobre la existencia de la falta disciplinaria y certeza de que la persona vinculada al proceso es responsable de la comisión de la falta. f. Para exculpar la actividad de los disciplinados, el apoderado sostiene en su escrito de alegatos, siguiendo el análisis sobre convencimiento material de la existencia de la falta y de la responsabilidad que, aunque “los Gerentes llevan la representación legal de la empresa, pero ello no significa que deban ser especialistas en temas tan controvertidos como la aplicación de la legislación contractual que requiere mucho estudio para un abogado y mucho más para

un médico que no conoce las instituciones jurídicas que rigen en un Estado de Derecho como es el nuestro, por ello este apoderado considera que el actuar de mis representados no puede ser catalogado al grado de culpa grave puesto que ellos actuaron de buena fe y con el convencimiento errado e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria (Num. 6 del Art. 28 Ley 734/2000). g. En el sentir del abogado defensor, a pesar de que reconoce la existencia de falencias administrativas como ocurre en todas las entidades públicas, no existe prueba en el expediente mediante la cual se pueda demostrar que el obrar de los vinculados fue negligente, descuidado o malicioso. En subsidio de las peticiones de su escrito solicita que se tengan en cuenta, para efectos de dosimetría de la sanción, que los investigados no se apropiaron de ningún medicamento o bien alguno bajo su cuidado; que dentro del manual de funciones no se establecía la de expedir certificados de disponibilidad presupuestal o las de consultar precios del mercado; que el proceso precontractual lo realizan el asesor jurídico, el administrador y las otras dependencias según el manual de funciones, por delegación; que no hubo perturbación del servicio; que carecen de todo tipo de antecedentes; y que buscaron en todo momento evitar la interrupción del servicio hospitalario y la atención de los enfermos. h. Se llama la atención en el memorial especialmente sobre la situación del disciplinado SAMUEL CHÁVEZ FONSECA quien fue contratado como médico general en los años 2003 y 2004 y que mediante resolución número 141 de 2004 le fueron delegadas las funciones de Gerente por el período del 28 de

diciembre de 2004 al 11 de enero de 2005, durante el cual se vio en la obligación de contratar el suministro de medicamentos para atender a los pacientes. Complementa este argumento afirmando que al no tener los médicos asignadas funciones administrativas en el manual de funciones no se le puede imputar responsabilidad disciplinaria alguna puesto que actuó en ejercicio de la delegación y los documentos que suscribió los firmó de buena fe y con el propósito de garantizar la continuación del servicio, lo cual constituye una justificación de responsabilidad disciplinaria en los términos del numeral 4 del artículo 28 de la Ley 734 de 2000.

1. Finalmente se solicita la aplicación de la figura jurídica del “in dubbio pro disciplinado” prevista en el inciso 2 del artículo 9 del C.D.U.

8. Mediante providencia del 23 de noviembre de 2007 (fls.880-897 cdno.3) se dictó fallo de primera instancia y en este se declaró disciplinariamente responsables a Glinys Edith Díaz Llerena y Samuel Chávez Fonseca por los cargos imputados a ellos en auto del 7 de marzo de 2007.

En el fallo de instancia dictado por el señor Procurador Regional del Putumayo se encuentran importantes consideraciones que determinan el marco de la sanción impuesta a los disciplinados. En efecto entre los argumentos del fallo, en resumen, se encuentran los siguientes: a. En primer lugar hace una serie de consideraciones jurídico-filosóficas sobre la necesidad de obtener certeza probatoria respecto de los hechos y conductas que se pretende endilgar a los disciplinados.

b. Posteriormente el fallo dedica una parte de sus consideraciones a enumerar los compromisos adquiridos por los señores Glinys Edith Díaz Llerena y Samuel Chávez Fonseca sin que se hubiere contado con estudios de conveniencia ni estudios de precios de mercado previos, cuya transcripción se omite por encontrarse en la providencia atacada y no fue materia específica del recurso. c. Igual análisis hace respecto de la falta de certificados de disponibilidad presupuestal en la adquisición de algunos compromisos. Tampoco se transcribe por las mismas razones esbozadas en el acápite anterior. d. En el fallo se reconoce que asiste razón al apoderado de los disciplinados sobre el régimen de contratación aplicable a las Empresas Sociales del Estado a quienes se les aplica el régimen de contratación privado según lo previsto por el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 que al respecto establece: “(…) 6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública.”. A este respecto se cita igualmente en el fallo la mención de la defensa del artículo 16 del Decreto 1876 de 1994 que establece: “A partir de la fecha de creación de una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de contratación las normas de derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia.”. e. Expresamente se refiere a la inexistencia de normas remisorias a la Ley 80 de 1993 para las Empresas Sociales del Estado que no hayan previsto aún un

estatuto contractual propio, como lo pretendía el quejoso en su oportunidad. f. Por cuanto no se aplica la ley 80 de 1993 para las Empresas Sociales del Estado se desestimó el cargo de carencia de estudios de conveniencia y estudios de precios de mercado previos en contra de Glinys Edith Díaz Llerena y Samuel Chávez Fonseca, otorgándose en este aspecto la razón al apoderado defensor. g. En cambio, en los considerandos del fallo se confirmó el cargo en contra de ambos disciplinados por la carencia de certificados de disponibilidad presupuestal previos, respecto de algunas obligaciones contraídas por la E.S.E. Hospital Orito-Putumayo, por cuanto es obligación de quien ostenta la calidad de ordenador del gasto contar con éstos de manera previa a la adquisición de obligaciones y ello no se encuentra cobijado por excepción alguna como ocurre con el régimen contractual aplicable a las Empresas Sociales del Estado. De esta manera contradice lo manifestado por la defensa quien sostiene que en las empresas del Estado existe la figura de la delegación de funciones y que el hecho de que los gerentes ostenten la representación legal de la empresa no significa que sean especialistas en temas “tan controvertidos” como el de contratación “y sus especialidades no les permite no conocer (sic) las instituciones jurídicas que rigen el Estado, pues actuaron de buena fe y con el convencimiento errado e invencible que su conducta no constituía falta disciplinaria.”. A este respecto en la providencia se recuerda la necesidad de obtener el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal previo en los procesos de adquisición de obligaciones en los términos del artículo 71 del

Decreto 111 de 1996, que reza: “Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.”. Sobre la delegación de funciones esgrimida por el apoderado de los vinculados al proceso para descartar la autoría culposa de las conductas se expresa en el fallo que este argumento carece de validez, toda vez que el numeral 10º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 prevé que, aún en el evento de delegación de funciones, el delegante queda vinculado con responsabilidad por los actos del delegado. Como apoyo a su argumento se cita la Sentencia C-740 de 1999 de la H. Corte Constitucional en la cual se incluye una definición del principio de legalidad con base en el cual no se acepta la tesis de la falta de conocimiento normativo alegada por la defensa para excusar el incumplimiento de leyes de naturaleza presupuestal como la transgredida por los disciplinados sujetos de este proceso. h. Sobre el argumento de la defensa de que los implicados actuaron de buena fe y que se encontraban cobijados bajo el error grave e invencible de actuar conforme a derecho, dado que confiaban en el concepto de sus asesores en la celebración de los compromisos contractuales irregulares, en el fallo se niega la validez de lo esgrimido toda vez que no obra prueba en el expediente mediante la cual se acredite que los vinculados intentaron al menos informarse sobre los requisitos legales para adquirir obligaciones y se limitaron a suscribir los actos administrativos cuestionados.

1. En atención al argumento del apoderado de la defensa sobre la aplicación del principio “indubbio pro disciplinado”, en el fallo de instancia se expresa que no aparece duda respecto de las actuaciones de los disciplinados pues resulta probado en el proceso que éstos suscribieron los actos administrativos sin la existencia previa de los correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal y no actuaron bajo causal de exclusión de responsabilidad.

j. El a-quo considera igualmente inaceptable el argumento de la defensa de discutir el “non bis in ídem” por cuanto la Oficina de Control Interno de la Gobernación de Putumayo ya habría judicializado los mismo hechos y los habría archivado. En efecto, según el funcionario de instancia analiza es cierto que las investigaciones versaron sobre presuntas irregularidades contractuales y de inversión presupuestal, pero en ninguna de ellas se discutió la carencia de certificados de disponibilidad presupuestal, razón por la cual no se estaría frente a la violación del principio discutido ni frente a cosa juzgada. k. Respecto de la calificación de la falta y el análisis de culpabilidad de los implicados confirma lo establecido en el pliego de cargos de calificar la conducta como “grave” y considerar que la misma se cometió a título de “culpa grave”. l. El fallo de primera instancia en su parte resolutiva estableció: “PRIMERO: SANCIONAR a la doctora GLINYS EDITH DÍAZ LLERENA, identificada con cédula de ciudadanía número 51.693.955, expedida en Bogotá D.C. y al doctor SAMUEL CHÁVEZ FONSECA, identificado con

cédula de ciudadanía número 72.239.92 expedida en Barranquilla, Gerentes de la E.S.E. Hospital de Orito – Putumayo, para la época de los hechos, por las conductas examinadas en este proveído de acuerdo a las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: Imponer sanción a la doctora GLINYS EDITH DÍAZ LLERENA, de suspensión del cargo Gerente E.S.E. Hospital de Orito – Putumayo, de un (1) mes, la cual se convertirá en MULTA, equivalente a dos millones quinientos setenta y cuatro, sesenta y cinco pesos M/cte ($2.564.065), conforme al inciso 2º del artículo 46 CDU, suma que deberá consignar en la Tesorería del E.S.E. Hospital de Orito – Putumayo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del decreto 2170 de 1992, una vez quede en firme esta providencia.

TERCERO: Imponer sanción al doctor SAMUEL CHÁVEZ FONSECA, de suspensión del cargo gerente de la E.S.E. Hospital de Orito – Putumayo, de un (1) mes, la cual se convertirá en MULTA, equivalente a tres millones ciento veinte mil pesos M/cte (3.120.000), conforme al inciso 2º del artículo 46 CDU, suma que deberá consignar en la Tesorería de E.S.E. Hospital de Orito – Putumayo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del decreto 2170 de 1992, una vez quede en firme esta providencia.

9. Mediante escrito presentado, dentro del término legal, el 29 de noviembre de 2007,

el apoderado de los disciplinados presentó recurso de apelación en contra de la decisión adoptada en el fallo de primera instancia del día 23 del mismo mes y año, en el cual solicita revocar el fallo de primera instancia y absolver a los señores Glinys Edith Díaz Llerena y Samuel Chávez Fonseca, por las razones que, en resumen establecen: a. Uno de los motivos de inconformidad con el fallo de instancia se refiere al hecho de que la defensa estima que se debió absolver a los disciplinados por la violación del artículo 71 del Decreto 111 de 1996 por cuanto al encontrarse las E.S.E regidas en materia de contratación por el derecho privado, no estaban obligados a dar aplicación a la ley 80 de 1993 sobre estudios de conveniencia, precios de mercado y la “existencia de disponibilidad presupuestal”. b. Según el sentir de la defensa en el recurso de apelación contra el fallo de instancia debe revocarse la decisión adoptada ya que los disciplinados no pueden ser condenados como responsables de falta disciplinaria por no haber aplicado el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 por cuanto la elaboración del certificado de disponibilidad presupuestal no estaba en manos de ellos, quienes además no tenían dicha función según el manual de funciones, atribución que estaba delegada y por cuanto dada la carga laboral de los implicados, estos confiaron en los procedimientos realizados por los funcionarios encargados expresamente de estos temas. c. En el recurso se sostiene además que no se configura la falta a que se refiere el numeral 3º del artículo34 de la Ley 734 de 2002 a título de culpa grave ya

que los sindicados acataron en las contrataciones carentes de requisitos previos los conceptos de los asesores y profesionales del Hospital, quienes proyectaron los actos en los términos del derecho privado y que no actuaron con negligencia puesto que la contratación en materia hospitalaria requiere agilidad. d. Se afirma por otra parte que la Junta Directiva de la E.S.E Hospital OritoPutumayo adoptó el correspondiente estatuto contractual sólo hasta el 31 de diciembre de 2003 y por tanto las normas aplicables durante la vigencia en la cual se celebraron los contratos objeto de cuestionamiento eran las de derecho privado. e. En el recurso se reitera el cuestionamiento contenido en el escrito de descargos sobre el hecho de que la Oficina de Control Interno de la Gobernación de Putumayo judicializó los mismos hechos y al respecto expresó: “(…) Estableciendo así que las actuaciones en materia contractual hechas por la Sra GLINIS EDITH DIAZ LLERENA en ningún momento fueron en detrimento del patrimonio económico, ni violó ni desconoció los principios de contratación por lo tanto no se encuentra probado que haya vulnerado el Num 31 Art 48 del código Disciplinario único.”. f. El apoderado solicita en el recurso que es indispensable tener en cuenta el artículo 142 de la Ley 734 de 2002 en el cual se establece: “No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.”. g. Dentro de las argumentaciones del recurso se incluye una amplia cita sobre

culpabilidad del tratadista JAIRO ENRIQUE BULLA ROMERO, cuya transcripción se omite por obrar en el expediente (fl. 903). h. El apoderado recurrente destaca que está textual y taxativamente prohibido por la ley proferir fallo sancionatorio en materia disciplinaria sin que obren pruebas que conduzcan al convencimiento sobre la existencia de la falta y de que el investigado es la persona responsable de su comisión. La proscripción de la responsabilidad objetiva en nuestro ordenamiento jurídico conlleva la imposibilidad de sancionar una conducta por el sólo hecho de la ocurrencia del resultado y exige en cambio verificar la “finalidad dolosa o culposa” en la ejecución de la conducta. En el sentir del apoderado la actuación de sus defendidos no se puede catalogar como culpa grave por cuanto aunque los gerentes detentan la representación legal de la empresa, ello no quiere decir que deban ser especialistas en temas tan “controvertidos” como la legislación contractual y por cuanto actuaron de buena fe con el convencimiento errado e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria. En el sentir del abogado, es necesario probar en el expediente, para poder expedir fallo condenatorio en materia disciplinaria, que el obrar de los disciplinados fue negligente, descuidado o malicioso, lo cual no se encuentra materialmente determinado en el expediente, pues lo único que está probado es la falta de certificado de disponibilidad presupuestal, previo a la adquisición de obligaciones, lo cual “no implica que existiera el presupuesto y que no se hubiera (sic) realizado la apropiación presupuestal para atender dichas obligaciones, las cuales fueron satisfechas en su integridad por la E.S.E.

Hospital de Orito.

1. En el recurso se señala, en el mismo sentido que en el escrito de alegatos de conclusión, que el doctor SAMUEL CHÁVEZ FONSECA fue contratado como médico general mediante contrato de prestación de servicios y por ello se deduce que no se encontraba capacitado para conocer asuntos contractuales y que pese a la delegación de funciones debió contratar el suministro de medicamentos para atender los pacientes del centro asistencial en el cual laboraba.

II. CONSIDERACIONES

1. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN: Según se prevé en el artíc