PGN - Documento 201607100745436

Dependencia: PROCURADURIA DELEGADA PARA LA ECONOMIA Y LA HACIENDA PÚBLICA Radicación 041 - 01248 - 05

Disciplinado José Vicente Patiño y Carlos Sarmiento Cargo y Entidad Alcalde y Tesorero municipal de Apulo Cundinamarca Quejoso De oficio

Fecha Queja: 26-03-04

Fecha hechos: Vigencia 2002 y 2003

Asunto: Declaratoria de Nulidad

Bogotá, DC. 18 de julio de 2008 Agotado el respectivo trámite procesal, la Procuraduría Provincial de Girardot mediante Fallo de Primera Instancia calendado 22 de mayo de 2008, sancionó a los señores JOSE VICENTE PATIÑO y CARLOS SARMIENTO DELGADO, en sus condiciones de Alcalde y Tesorero Municipal de Apulo Cundinamarca, identificados con la cédulas de ciudadanía No. 3.043.957 y 19.291.052, respectivamente con DESTITUCION DEL CARGO E INHABILDIAD GENERAL PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES Y CARGOS PUBLICOS POR EL TERMINO DE DIEZ AÑOS, por encontrarlos responsables disciplinariamente del cargo único formulado. ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL PROCESO: Las diligencias radicadas bajo el número 041-01248-05, se originaron del oficio No. VIC 897-04 de fecha 10 de marzo de 2004 remitido a esta entidad por el Secretario de Salud de Cundinamarca, doctor JAIME GUERRERO GUERRERO y CLAUDIA CASTRO RODRIGUEZ, Directora de Vigilancia y Control., por medio del cual allegan

el informe de Auditoria Financiera y Contable Flujo de Recursos Sector Salud Municipio de Apulo – Cundinamarca, realizado en el mes de noviembre de 2003 en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 43 numeral 1.5 de la Ley 715 y el Decreto Ordenanza 0270 del 2003. En dicho informe relacionan hallazgos de tipo disciplinario a 30 de septiembre de 2003, relacionados con Recursos del Régimen Subsidiado vigencia 2003, recursos de salud pública para la vigencia de 2003 a 30 de septiembre, recursos de ETESA y presupuesto de Ingresos y gastos salud 2003. Mediante oficio No. 04899-2004 del 30 de marzo de 2004, obrante al folio 1 la abogada del Grupo de Quejas de la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, remite por competencia las diligencias a la Procuraduría Provincial de Girardot, quien a su vez las remite con oficio del 10 de junio de 2004 visible a folio 15 a la Personería Municipal de Apulo, quien por Auto del 12 de julio de 2004 resuelve iniciar Indagación Preliminar (folio 18 c. 1), con el fin de verificar la posible conducta irregular en que pudo haber incurrido el señor CARLOS SARMIENTO DELGADO – Ex - tesorero Municipal de ese municipio. Practicadas las pruebas ordenadas en la etapa de Indagación Preliminar, la Personería Municipal de Apulo ordena por Auto del 7 de septiembre de 2004 remitir las diligencias por competencia a la Procuraduría Provincial de Girardot, al

determinarse presunta responsabilidad del señor JOSE VICENTE PATIÑO, Alcalde del municipio de Apulo para la época de los hechos. (fl. 76). Por auto del 12 de julio de 2004, La Procuraduría Provincial de Girardot profiere Auto de Investigación Disciplinaria en contra de los señores JOSE VICENTE PATIÑO y CARLOS SARMIENTO DELGADO en sus condiciones de Alcalde y Tesorero del municipio de Apulo – Cundinamarca (fls. 97 A 102), a quienes se les notificó debidamente del precitado auto. (fls. 111 y 113). Mediante auto del 19 de enero de 2006, se prorroga el término de la investigación disciplinaria, el contenido de dicho auto fue comunicado a los implicados. (fls. 114 a 117). Por auto del 27 de julio de 2007, obrante de folios 356 a 378 la Procuraduría Provincial de Girardot profiere Auto de Cargos en contra de los señores JOSE VICENTE PATIÑO y CARLOS SARMIENTO DELGADO en sus condiciones de Alcalde y Tesorero del municipio de Apulo – Cundinamarca. El Auto de Cargos fue notificado personalmente al implicado JOSE VICENTE PATIÑO (fl. 381), quien presentó memorial de descargos (fls. 383 a 385), así mismo fue notificado el doctor EDUARDO BARRERA AGUIRRE, Defensor del disciplinado

CARLOS SARMIENTO DELGADO. (fl. 389).

Mediante Auto No. 000542 del 18 de abril de 2008, se corrió traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión (fl.445). Con el fin de notificarlos la Secretaría

de la Provincial Girardot, libró el 22 de abril de 2008 los oficios No. 1640, 1641 y 1642 a los implicados y al abogado de uno de los investigados, (fls. 446 a 448) quienes no comparecieron a notificarse. A folio 456, obra Constancia Secretarial de fecha 30 de abril de 2008, por medio de la cual se observa que notifican por Estado No. 024 el anterior Auto. Así mismo a folio 458, obra constancia secretarial de fecha 2 de mayo de 2008 por medio de la cual corren términos de ejecutoria del auto No. 000542 de de fecha 18 de abril de 2008, advirtiéndose que el mismo vence el 7 de mayo de 2008, vencidos los cuales correrán los cinco días hábiles para que los investigados presenten alegatos. A folio 459, obra constancia mediante la cual se observa que los sujetos procesales no presentaron alegatos de conclusión. De folios 460 a 482, obra Auto No. 00800 del 22 de mayo de 2008 por medio del cual la Procuraduría Provincial de Girardot, profirió Fallo de Primera Instancia mediante el cual sancionó a los señores JOSE VICENTE PATIÑO y CARLOS SARMIENTO DELGADO, con: “DESTITUCION DEL CARGO E INHABILIDAD GENERAL PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES Y CARGOS PUBLICOS POR EL TERMINO DE DIEZ AÑOS, por encontrarlos responsables disciplinariamente del cargo único formulado. Mediante Auto del 10 de junio de 2008, el doctor EDGARDO JOSE MAYA

VILLAZON, Procurador General de la Nación designó como funcionario especial a la Procuradora Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, con el fin de que conozca para todos los efectos de la segunda instancia dentro del presente proceso disciplinario radicado con el No. 041-01248-2005 que se viene adelantando en contra del os señores JOSE VICENTE PATIÑO y CARLOS SARMIENTO DELGAD, Alcalde y Tesorero Municipal de Apulo par la época del os hechos investigados, (fol. 501). Desde el Pliego de Cargos se responsabilizó a los señores JOSE VICENTE PATIÑO y CARLOS SARMIENTO DELGADO, en su condición de Alcalde y Tesorero, respectivamente de: “… ejecutar los siguientes traslados de fondos entre las siguientes cuentas de ahorros del Banco de Bogotá de Tocaima, cuyo titular era el municipio de Apulo, los cuales se califican como presuntamente ilegales, tal como a continuación se detalla, toda vez que los mismos habrían implicado el desvío de los recursos del sistema general de participaciones. Fecha valor Cuenta Debitada Cuenta Acreditada 22 diciembre - 2002 $13.000.000 608029906 608028387 22 diciembre - 2002 $ 1.700.000 608029906 608028387 5 de mayo de 2003 $14.700.000 608029864 608029906 27 agosto de 2003 $15.000.000 608029864 608028387 El propósito de efectuar estos traslados era alimentar las cuentas de fondos comunes, para que estos a su vez fuesen utilizados en el pago de gastos propios del

funcionamiento del municipio de Apulo, tal como se evidencia con los pagos que se relacionan a continuación, con lo cual presuntamente se haya configurada la desviación de recursos del sistema general de participaciones a propósitos no previstos ni por el constituyente ni por legislador, los casos concretos de desvío de recursos que se investigan son estos”. (ver folios 365 y 366). Sostiene el ad-quo que con la conducta descrita, los señores JOSE VICENTE PATIÑO y CARLOS SARMIENTO DELGADO, (debidamente identificados) en calidad de coautores, en efecto violaron las siguientes normas de carácter legal contenidas en la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único: Art. 35 Numeral 1º. A todo servidor público le está prohibido: 1-. Incumplir los deberes o incumplir sus funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo (subraya la provincial). Y continúa argumentando el fallo, así: “Los deberes que se enrostran como incumplidos son los contenidos en los artículos 91 y 96, correspondientes a la Ley 715 de 2001, los cuales establecen lo siguiente: Art. 91 de la Ley 715 de 2001: Prohibición de la Unidad de Caja: Los recursos del sistema general de participaciones no harán unidad de caja con los demás recursos

del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por sectores. Igualmente por su destinación social constitucional, estos recursos no pueden ser sujetos de embargo, titularización u otra clase de disposición financiera. Los rendimientos financieros de los recursos del sistema general del sistema general de participaciones que se generen una vez entregados a la entidad territorial, se invertirán en el mismo sector para el cual fueron transferidos. En el caso de la participación para educación se invertirán en mejoramiento de la calidad. Art. 96 de la Ley 715 de 2001: Incurren en falta disciplinaria gravísima los servidores públicos que desvíen, retarden u obstaculicen el uso de los recursos del sistema general de participaciones para los fines establecidos en la presente ley o el pago de los servicios financiados con estos. Dichos servidores serán objeto de las sanciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones previstas por la Ley Penal”. El fallador de primera instancia cita también como normas violadas los artículos 356 y 357 de la Constitución Política que faculta a las entidades territoriales para la financiación de los servicios cuya competencia les asigna la Ley 715 de 2001 y que no pueden ser distraídos como se probo en el presente caso. Finalmente argumenta el ad-quo, que la falta atribuida a los señores JOSE VICENTE PATIÑO y CARLOS SARMIENTO DELGADO se califica como GRAVISIMA, tomando en consideración que así está calificada por el Art. 96 de la Ley 715 de 2001 y que esta conducta es atribuida a sus autores a titulo Doloso, toda vez que los implicados efectuaron los traslados financieros desviando los recursos del

sistema general de participaciones a otros propósitos de los previstos constitucional y legalmente a sabiendas y con el propósito claro de desviar los recursos que tenían destinación específica y los utilizaron en el pago de un anticipo de cesantías, el último día del ejercicio de su mandato cuando era inminente la posesión de un nuevo mandatario. De folios 483 a 487, obran las comunicaciones enviadas a los sujetos procesales a efectos de que comparezcan a notificarse del fallo de primera instancia. A folio 488, consta la diligencia de notificación efectuada al señor EDUARDO BARRERA AGUIRRE, apoderado del implicado CARLOS SARMIENTO DELGADO, la cual se aprecia fue realizada el 28 de mayo de 2008, quien dentro de los términos de Ley, esto es el 3 de junio de 2008 interpone Recurso de apelación al fallo de primera instancia (fls. 490 a 492). A folio 489, obra diligencia de notificación efectuada el 30 de mayo de 2008 al señor JOSE VICENTE PATIÑO, quien interpone Recurso de Apelación dentro de los términos de Ley, esto es el 5 de junio de 2008, (fls. 493 a 495). El doctor EDUARDO BARRERA AGUIRRE, apoderado del implicado CARLOS SARMIENTO DELGADO, argumenta en su memorial entre otras, que la Procuraduría provincial de Girardot no estipula en el investigativo las funciones generales y específicas de cada uno de los implicados, que originaron un vacío y violación del derecho de defensa de cada uno de los disciplinados, funciones que son

bien diferentes, puesto que el Alcalde es el ordenador del gasto público, ya que el municipio es uno solo, y solo puede existir un autor de ese cargo único. Refiere que como defensor del implicado CARLOS DELGADO SARMIENTO, considera que su defendido no violó ninguna norma, por cuanto no existe claridad en los poscargos, ni reglamentación específica sobre en quien deben recaer las tres acciones de desviar, retardar u obstaculizar el uso de esos recursos, la tipicidad debe ser clara, quien ordena los gastos y quien es el beneficiado. De otra parte, manifiesta que se debe diferenciar entre desviar y trasladar unos dineros públicos de una cuenta bancaria oficial establecida en el mismo banco de Bogotá, sucursal Tocaima, y desviar unos recursos dentro del llamado gasto público, situación táctica que no se valoró en la investigación, que de igual manera no se insertaron las funciones de cada uno de los implicados y mucho menos se analizó para cada uno de ellos en el capitulo de cargos, violándose de esta manera el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, que ordena el decreto de pruebas para establecer los fines pertinentes en las presuntas irregularidades, que así mismo, se efectúo una visita especial en la Tesorería del municipio de Apulo el día 15 de marzo de 2007, levantándose un acta, sin la presencia de los implicados, circunstancia que indica que no se contradijo esa prueba y tampoco se le puso de presente a los implicados, violándoles de contera el debido proceso, por lo que no se ha debido tener en cuenta esa prueba. También argumenta el defensor que las versiones rendidas por los implicados se

deben tener como pruebas a favor de los disciplinados y no en su contra, pues toda duda razonable se resuelve en su favor dado el principio de inocencia. A su vez, el señor JOSE VICENTE PATIÑO alega en su memorial de defensa, que obró con la convicción errada de que la falta por la que hoy se le investiga no constituía falta disciplinaria, contemplada en el numeral 6º del art. 28 de la Ley 734 de 2002 y que confió en el señor Tesorero ya que su ilustración en cuestiones contables es nula y que él confiaba plenamente en la persona que creía idónea para el manejo presupuestal del municipio. Las pruebas en que la primera instancia fundamenta el fallo fueron relacionadas de folios 465 a 468. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Sería el momento procesal de proceder a proferir decisión de 2º instancia, de no ser porque revisada la investigación el Despacho encuentra configurados los requisitos para decretar de oficio su nulidad, a partir inclusive del auto de cargos formulado el 27 de julio 2007, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley 734 de 2002. El artículo 6 del Código Único Disciplinario estableció que todo sujeto disciplinable deberá ser investigado con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos establecidos por la misma ley y el artículo 7 ibídem, ordena que la ley que fije la ritualidad del proceso se aplicará desde el mismo momento en que comienza a regir, salvo lo que la misma ley determine. Esta instancia estima necesario estudiar el auto de cargos y el fallo de primera

instancia, en atención a que los funcionarios de la Procuraduría son los supremos guardianes de la legalidad, y, en tal virtud, aun sin petición de parte tienen la facultad de declarar oficiosamente las nulidades que puedan viciar de manera insalvable la estructura del debido proceso y en casos como el sometido a estudio, al advertir esta Instancia que concurren en el cargo endilgado y en el fallo causales de invalidez cuya existencia es forzoso declarar, se impone abordar su examen, así: Los artículos 143 y siguientes de la ley 734 de 2002, señalan: “Artículo 143. Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes: (…) 2.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

Parágrafo. Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación, consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a este procedimiento. Artículo 145. Efectos de la declaratoria de nulidad. La declaratoria de nulidad afectará la actuación disciplinaria desde el momento en que se presente la causal. Así lo señalará el funcionario competente y ordenará que se reponga la actuación que dependa de la decisión declarada nula. La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria no invalida las pruebas allegadas y practicadas legalmente.” El auto de cargos es una pieza trascendental en el proceso disciplinario y solo con base en un acto que reúna las exigencias y presupuestos legales, es posible que la investigación cumpla con la finalidad y tenga éxito, ya que todo fallo está

fundamentado en ésta providencia, por lo que no es un acto ritual sino uno de los actos decisivos en el plenario, debiéndose hacer en él una síntesis completa de los hechos, de las normas supuestamente violadas y del concepto de violación, fundados en el análisis de las pruebas recaudadas que identifiquen plenamente el origen y los hechos objeto de cuestionamiento; deben señalar al encartado o encartados en forma clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó su acción u omisión que originó la averiguación. El Art. 163 del Código Único Disciplinario – Ley 734 de 2002, consagra el Contenido de la decisión de cargos. Y señala que esa decisión de formulación de cargos al investigado debe contener entre otras;

1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó

2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación, concretando la modalidad especifica de la conducta.

3. ………...

4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de la comisión de la conducta.

5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados

6. …….

7. La forma de culpabilidad.

8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales.

En efecto, observa esta instancia que el Auto de Cargos obrante de folios 356 a 378 carece de una determinación concreta de la conducta que se le endilga como

irregular, pues el cargo único es identifico para los dos implicados señores JOSE VICENTE PATIÑO y CARLOS SARMIENTO en calidades de Alcalde y Tesorero del municipio de Apulo Cundinamarca para la época de los hechos, como si se tratara de un mismo rol en la función pública; esa instancia no tuvo en cuenta el cargo desempeñado por cada uno de ellos, cuando el juicio de reproche no puede ser el mismo porque el deber funcional es diferente, en razón de las funciones inherentes a los cargos desempañados por cada uno de los anteriores. Así mismo, no se hizo un análisis por separado de cada una de las conductas que se estaban cuestionando a cada uno de ellos, para lo cual debe tenerse en cuenta el Manual de Funciones vigente para la época en que se comete la conducta presuntamente irregular para establecer si son o no responsables del cargo o de los cargos que se le imputan, pues para el caso en estudio se tiene que el Manual de Funciones que se aportó y que se tuvo en cuenta para la formulación del cargo único, fue expedido mediante Decreto 022-3 del 11 de junio de 2003, visible de folios 263 a 268 cuando algunos de los hechos presuntamente irregulares fueron cometidos con antelación a esa fecha, lo cual resulta incoherente pues no es viable que se les esté investigando por una conducta que de pronto para esa época no se encontraba dentro de las funciones de uno de los implicados. Por lo anterior, para este Despacho el cargo único formulado a los implicados es ambiguo y confuso pues se ha debido tener en cuenta el Manual de Funciones vigente para la comisión del hecho cuestionado y analizarse cada situación por separado pues son dos personas diferentes con cargos y funciones diferentes y se

formuló un solo cargo como si se tratará de un solo funcionario, situación que impide a los investigados e incluso a esta instancia tener claridad en el concepto de violación y en las pruebas en que ella se soporta, pues la forma en que fue redactado no permite inferir quien es el responsable, situación ésta que no permite que los implicados puedan concretar su defensa, ni presentar una argumentación coherente con respecto a los hechos investigados y frente a los cuales se les endilga como responsables de haberlos cometido durante su actuar como Alcalde y Tesorero del municipio de Apulo, para la época de los hechos. Es evidente, como ya se dijo que el Cargo formulado no es concreto y por el contrario resulta confuso, además que existe falta de análisis probatorio adecuado, por tanto, se estima que la providencia de Cargos no cumple con todos los requisitos exigidos en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002. Así las cosas es claro para esta Delegada que se configura la causal de nulidad antes señalada, por que el pliego de cargos debe ceñirse en su contenido a lo previsto en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002, especialmente lo indicado en los numerales 1, 2, 4, 5, 7 y 8. Confrontados tales enunciados con la providencia de cargos se advierte que la misma carece de los aspectos exigidos por la norma precitada, lo cual conlleva a la violación de derecho de defensa, por cuanto la formulación irregular de la imputación, la indebida motivación y la ambigüedad en el cargo, impiden a los disciplinados y en esta etapa al Despacho señalar con certeza las conductas

irregulares objeto de reproche. Al respecto señala la Corte Suprema de Justicia: “…Dentro del análisis jurídico de la calificación que se de a los hechos motivo de investigación,-… se debe hacer el correspondiente análisis probatorio para la demostración no solo de los factores objetivos del hecho ilícito, sino también de la imputación subjetiva del mismo.” (Sala Penal, Casación del 25 de octubre de 1989, M.P. Edgar Saavedra Rojas). De otra parte, y revisando los mismos argumentos del apelante se llama la atención sobre las pruebas en que ha de fundarse todo fallo y los motivos que aduce el operador disciplinario para adoptar su decisión, los cuales deben tener respaldo en los elementos de prueba allegados al plenario, a los que debe hacerse alusión expresa, para que el disciplinado tenga la posibilidad de conocer el alcance que les concede y poder ejercer una defensa de sus actuaciones. En tal sentido la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que: “… la simple relación y trascripción del material probatorio recogido no es un pliego de cargos ni fija procesalmente los hechos por los cuales se llama a responder… el Juzgado debe tomarlos de allí, del material de convicción, y concretarlos en el auto motivado...” (Sala Penal, Casación del 1 de septiembre de 1981, M.P. Luis Enrique Romero Soto). De otra parte, la primera instancia no adecuó la conducta presuntamente irregular dentro el marco de la Ley 734 de 2002 - Código Unico Disciplinario para efectos de que se constituya como falta gravísima dado que se dijo que la presunta violación de lo dispuesto en los Arts. 91 y 96 de la Ley 715 de 2001, era falta gravísima porque

así la califica el art. 96 de la ley 715 de 2001 (fol. 479), olvidando que posteriormente y con ocasión de la expedición de Código Disciplinario Único sólo pueden ser consideradas como tales las referidas en el catalogo contenido en el Art. 48 de la Ley 734 de 2002. En consecuencia, el pliego de cargos imputado a los investigados se encuentra viciado de validez, por cuanto adolece de las irregularidades sustanciales mencionadas, vaguedad y ambigüedad de las conductas cuestionadas y flagrante vulneración del principio de legalidad. En cuanto a la prescripción de las conductas en investigación, este Despacho considera prudente su revisión para la primera instancia y por tanto se le recomienda que se efectúe un análisis acucioso a partir de la correcta y concreta adecuación típica de las conductas en los términos señalados en el párrafo anterior. Por lo anterior, este Despacho no comparte el pliego de cargos formulado en contra de los señores JOSE VICENTE PATIÑO y CARLOS SARMIENTO en su calidad de Alcalde y Tesorero del municipio de Apulo – Cundinamarca, para la época de los hechos, por las razones antes señaladas. Igualmente observa este Despacho que el Ad-quo previo a resolver la solicitud de pruebas de descargos no traslado a los investigados para alegar de conclusión (fol. 392), decisión que no fue objeto de revocatoria o anulación. Este Despacho, en aras de garantizar los derechos fundamentales consagrados en el artículo 29 de nuestro Ordenamiento Superior, en particular el de procurar una

adecuada defensa y en general para salvaguardar el debido proceso, procederá a decretar la nulidad del cuestionamiento formulado en contra de los investigados, en virtud a que frente a los mismos al parecer la acción disciplinaria en su contra, aún no ha prescrito En consecuencia, se dispondrá la nulidad de lo actuado a partir del auto de formulación de cargos de fecha 27 de julio de 2007 a los implicados señores JOSE VICENTE PATIÑO y CARLOS SARMIENTO, por las razones antes expuestas. En mérito de lo expuesto, la PROCURADORA DELEGADA PARA LA ECONOMIA Y LA HACIENDA PUBLICA, la Procuradora Delegada para la Economía y Hacienda Pública, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el literal a) del numeral 1° del artículo 25 del Decreto 262 del 2000, en concordancia con el artículo 19, inciso 5° numeral 2° de la Resolución N° 017 del 4 de marzo de 2000, proferida por el Señor Procurador General de la Nación.

RESUELVE PRIMERO: Decretar la NULIDAD de la actuación a partir inclusive de la providencia de fecha 27 DE JULIO DE 2007, por medio de la cual se formuló Pliego de Cargos a los señores JOSE VICENTE PATIÑO y CARLOS SARMIENTO, en condiciones de Alcalde y Tesorero del municipio de Apulo – Cundinamarca, para la época de los hechos, teniendo en cuenta que la actuación se encuentra viciada de conformidad con el numeral 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2.002, según lo analizado en la parte motiva del presente proveído. Las pruebas allegadas y

practicadas legalmente conservarán su validez y alcance. Rehágase la actuación atendiendo los señalamientos anotados.

SEGUNDO: Devolver el expediente a la Procuraduría Provincial de Girardot a fin de que proceda a reponer la actuación viciada de nulidad.

TERCERO: Notificar personalmente a los sujetos procesales la determinación tomada en esta providencia, advirtiéndoles que contra esta decisión procede el recurso de reposición (Art. 113 Ley 734 de 2002), el cual deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres días siguientes a la fecha de la última notificación.

CUARTO: Comisionar al señor Procurador Provincial de Girardot, con amplias facultades incluida la de subcomisionar, para que notifique en legal forma esta Providencia a los señores JOSE VICENTE PATIÑO y CARLOS SARMIENTO y al doctor EDUARDO BARRERA AGUIRRE, apoderado de uno de los implicados en Apulo Cundinamarca En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará estado en los términos previstos por el Art. 321 del CPC.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YOLANDA GOMEZ RESTREPO

Procuradora Delegada Exp. 041-01248-05

YGR/PU15