PGN - Documento 201607100745446

Dependencia: PROCURADURIA DELEGADA PARA LA ECONOMIA Y LA

HACIENDA PUBLICA Radicación Nº: . 58-3953-2005 : . ADALBERTO VARGAS SABOGAL Cargo y Entidad: Municipio de Paz de Ariporo – Casanare Quejoso: . De oficio Fecha de Queja: 10 de octubre de 2005

Fecha hechos: . Vigencia 2003

Asunto: DECLARATORIA DE NULIDAD

Bogotá D.C., 10 de marzo de 2008

1. ANTECEDENTES Agotado el respectivo trámite procesal, la Procuraduría Regional de Casanare, mediante Fallo de Primera Instancia del 18 de julio de 2007, sancionó al doctor ADALBERTO VARGAS SABOGAL, en su condición Alcalde Municipal de Paz de

Ariporo, Casanare, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.156.685 de Maní, Casanare, con SUSPENSION EN EL CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL DE TREINTA (30) DIAS, por encontrarlo responsable disciplinariamente del cargo único formulado.

2. HECHOS La doctora Rosa María Laborde Calderón, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Nacional de Planeación remitió la presunta irregularidad en que pudo haber incurrido el Alcalde de Paz de Ariporo, durante la vigencia 2003 al celebrar contratos por cuantía de $485.279.769, con cargo a recursos provenientes de regalías petroleras desconociendo lo previsto en el artículo 15 de la Ley 141 de 1994, modificado por los artículos 12 de la Ley 619 de 2000 y 14 de la Ley 756 de 2002,

pues debía aplicar por lo menos el 90% de esos recursos en su plan de desarrollo con prioridad en proyectos dirigidos al saneamiento básico ambiental, agua potable, alcantarillado, servicios de salud y educación, teniendo en cuenta que el municipio no había alcanzado las coberturas mínimas señaladas en el Decreto 1747 de 1995 (fls. 2 a 16 del c.1).

3. INDAGACION PRELIMINAR La Procuraduría Regional de Casanare por auto del 22 de noviembre de 2005, ordenó iniciar indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si era constitutiva de falta disciplinaria e identificar a los presuntos responsables (fls. 117 a 119 c.o).

4. INVESTIGACION DISCIPLINARIA La Procuraduría Regional de Casanare por auto del 27 de octubre de 2006, ordenó abrir investigación disciplinaria en contra del señor ADALBERTO VARGAS SABOGAL en su condición de Alcalde Municipal de Paz de Ariporo por la vigencia 2003, por presunta destinación irregular de los recursos de regalías, con ocasión de la suscripción de los contratos Nos. 85-250-009-2003-03, 85250-024-2003-03, 85250-042-2003-03, 85-250-043-2003-03, 85-250-102-2003-01, 85-250-147-2003-01, - - 1 85-250-175-2003-01 y 85-250-156-2003-01, pues al parecer se incumplió lo dispuesto en la Ley 756 de 2002, art. 14 (fls. 170 a 174 c.1).

5. CARGO UNICO Mediante auto del 28 de febrero de 2007, se le formuló auto de cargos al señor

Adalberto Vargas Sabogal, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.156.685 de Maní (Casanare), en su condición de Alcalde del Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), “celebró una serie de contratos que presuntamente no contribuyeron a alcanzar las coberturas mínimas establecidas en el artículo 20 del Decreto 1747 de 1995 utilizando para ello recursos de regalías directas, conducta con la que presuntamente habría inobservado lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 756 de 2002, incurriendo presuntamente en violación al deber contenido en el numeral 3º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que dispone:

3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio público”.

Al señor Vargas Sabogal se le endilgaron como normas violadas los artículos 123 y 209 de la Carta Política de 1991, artículo 34 numeral 3º de la Ley 734 de 2002, artículo 20 del Decreto 1747 de 1995, artículo 14 de la Ley 141 de 1994, modificado por el artículo 15 de la Ley 756 de 2002. El implicado mediante escrito elevado el 16 de abril de 2007, solicitó nulidad del pliego de cargos (fls. 323 a 338 c.2), petición que fue negada por la Procuraduría

Regional del Casanare por auto del 27 de abril de 2007 (fls. 339 a 351c.2), contra el cual el implicado interpuso recurso de reposición el día 15 de mayo de 2007 (fls. 369 a 372 c.2) y fue decidido el 24 de los corrientes, negando la reposición (fls. 375 a 383 c.2).

6. ALEGATOS DE CONCLUSION La Procuraduría Regional de Casanare, por auto del 8 de junio de 2007 dio traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión, pero el implicado guardó silencio

(fl. 397 c.2).

7. FUNDAMENTOS DE LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional de Casanare por auto de fecha 18 de julio de 2007, profirió Fallo de Primera Instancia, mediante el cual, “… SANCIONO al señor ADALBERTO VARGAS SABOGAL, CON SUSPENSION EN EL EJERCICIO DEL CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL POR TREINTA (30) DIAS, por encontrarlo responsable de haber celebrado una serie de contratos que presuntamente no contribuyeron a alcanzar las coberturas mínimas establecidas en el artículo 20 del Decreto 1747 de 1995, obligaciones que fueron financiadas con recursos de regalías directas, violando con su conducta el artículo 14 de la Ley 756 de 2002 y numeral 3 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

2 Aparece que al señor ADALBERTO VARGAS SABOGAL, desde el Pliego de Cargos se le responsabilizó de haber celebrado contratos de prestación de servicios

y de obras, distinguidos así: No. 85-250-009-2003-03 para la reparación a todo costo de la motoniveladora John Deere 670B por valor de $8.269.118 (fls. 7 y 8 c.1); 85250-042-2003-03 cuyo objeto fue el transporte de material granular para mantenimiento de la vía “La Esperanza, por valor de $8.256.622 (fls. 19 y 20 – 39 y 40c.1); 85-250-024-2003-03, cuyo objeto fue el cargue y descargue de material de río (arena lavada para mejoramiento de viviendas de las veredas Las Guamas y Los Camorucos), por valor de $24.890.674 (fls. 24 a 26 c.1) y contrato de obra Nos: 85250-043-2003-03 del 20 de junio de 2003, cuyo objeto fue el transporte de material granular para mantenimiento de la vía “Ten Llano”, por valor de $8.299.136 (fls. 51 y 52 c.1); 85-250-102-2003-01, cuyo objeto fue la construcción de 10 viviendas de interés social en el área urbana de Paz de Ariporo por valor de $159.999.620; 85250-147-2003-01, cuyo objeto fue la construcción de 19 unidades sanitarias como mejoramiento de vivienda urbana, por valor de $65.590.126; 85-250-175-2003-01 cuyo objeto fue la construcción de unidades sanitarias como mejoramiento de vivienda en las veredas La Unión, Candelaria Alta y la Barranca, por valor de $80.208.682; 85-250-156-2003-01, para el mejoramiento de vivienda por valor de

$129.765.413, contratos que suman $435.563.841 (fls. 60 y 61 c.1); el A quo sostiene que tanto la prestación de servicios como las obras no contribuían a ampliar las coberturas en los sectores prioritarios, establecidos por el gobierno nacional. Sostiene el fallador que los anteriores contratos fueron financiados con recursos de regalías directas provenientes de la explotación de petróleo, sin que el municipio estuviera certificado, ya que según la certificación expedida por la Oficina de Planeación, para la vigencia 2003, las coberturas alcanzaron los siguientes porcentajes: Salud de la población pobre 87.1%, agua potable: urbana 90.55%, rural 44:18%, Total 60.79%; alcantarillado: urbano: 56.0%, rural: 1.64%, total:21.11% (fl. 182 c.1), y resalta que dichos servicios y obras no contribuyeron a alcanzar las coberturas establecidas en el artículo 20 del Decreto 1747 de 1995. Afirma que las anteriores condiciones condujeron a que posteriormente el Departamento Nacional de Planeación, adelantara procedimiento correctivo, radicado bajo el No. PAC-4-05 y expidiera la Resolución No. 1556 del 12 de septiembre de 2006, suspendiendo el giro de las regalías y compensaciones al municipio de Paz de Ariporo debido a las irregularidades presentadas con ocasión de la ejecución e inversión de los recursos provenientes de regalías directas por las vigencias de 2002 y 2003. La Procuraduría Regional de Casanare sostuvo que al no estar el municipio

certificado, éste debió invertir por lo menos el 75% de los recursos provenientes de regalías en proyectos que contribuyeran a alcanzar las coberturas en los sectores prioritarios establecidos en el Decreto 1747 de 1995, ya que para esta vigencia, se determinó que el municipio alcanzó con la inversión de recursos de regalías el 44.75%. - - 3 En cuanto a la dosificación de la sanción, el a quo, estimó que al no dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables a la inversión de recursos provenientes de regalías directas, el señor ADALBERTO VARGAS SABOGAL, en su condición de Alcalde Municipal de Paz de Ariporo, Casanare, incurrió en incumplimiento de los deberes señalados en la Constitución Política, artículos 123 y 209, numeral 3º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y en lo previsto en los artículos 20 del Decreto 1747 de 1995 y 15 de la Ley 141 de 1994, modificado por las Leyes 619 de 2000 y artículo 14 de la 756 de 2002, motivo por la cual su conducta le fue calificada como GRAVE DOLOSA y la sanción a imponer fue la de suspensión en concordancia con lo preceptuado en los artículos 44 y 45 de la Ley 734 de 2002.

8. APELACION Mediante escrito presentado el 30 de julio de 2007, el implicado impugna la decisión del a quo de fecha 18 de julio de 2007, solicitando su revocatoria con fundamento en

lo siguiente (fls. 431 a 439 c.2):

Argumenta que su conducta es atípica, no existe Antijuridicidad, dado que los contratos a que hace referencia el fallo de primera instancia, si contribuyeron a alcanzar las coberturas mínimas establecidas en el Decreto 1747 de 1995, así no haya alcanzado a obtener la certificación de Planeación Departamental dentro de su administración, y estima que el proceso adelantado en su contra viola la garantía al debido proceso, a la forma propia de cada juicio y los términos procesales establecidos en la Ley 734 de 2002 y a los pronunciamientos de la Corte Constitucional en sentencias C-181 de 2002 y C-036 de 2003. Sostiene que en su contra se abrió investigación el 10 de octubre de 2005 (sic) y se formuló pliego de cargos el 28 de febrero de 2007, es decir, más de doce meses después, violándose con ello, lo establecido en el artículo 156 de la Ley 734 de 2002, razón por la cual, la actuación no podía proseguirse por vencimiento de términos y se debía aplicar el artículo 73 de la citada ley, luego lo procedente es, ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE, para lo cual se apoya en las Sentencias citadas de la Corte Constitucional. Igualmente, considera que no existe prueba suficiente para sancionarlo de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, dado que el fallador de instancia se limitó a traer a colación normas y jurisprudencia relacionada con el asunto, sin que se hiciera un análisis de las pruebas allegadas al expediente,

pues sólo tuvo en cuenta para demostrar la culpabilidad del implicado, las consideraciones esgrimidas en la Resolución 1556 del 12 de septiembre de 2006, expedida por el Departamento Nacional de Planeación por medio de la cual se suspendió el giro de las regalías y compensaciones al municipio de Paz de Ariporo, por la supuesta irregularidad en la ejecución e inversión de estos recursos durante las vigencias 2002 y 2003.

9. PRUEBAS EN QUE SE FUNDAMENTAN ESTA DECISION - Versión libre de ADALBERTO VARGAS SABOGAL (fls. 264 a 266 c.2). 4 - Oficio OAJ-PCR-00525 del 26 de septiembre de 2005 (fls. 1 y 2), contentivo de la queja remitida por la Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento Nacional de Planeación. - Informe de la Unión Temporal Regalías del Casanare Oficio UTRC-PNUD-0292004 de fecha 24 de febrero de 2004, con sus soportes (fls. 4 a 69 c.1). - Formatos de presuntas irregularidades, remitidos por la Unión Temporal Regalías Casanare al Coordinador de Regalías Directas del PNUD, con oficio UTRC-PNUD046 – 2004 (fls. 70 a 116 c.1). - Certificación del Tesorero Municipal de Paz de Ariporo Casanare, señalando los recursos recibidos de ECOPETROL durante el 2003, por concepto de regalías petroleras, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2002 y enero a octubre de 2003, por la suma de $3.514.788.195, la cual fue expedida el

22 de mayo de 2006 (fl. 125 c.1). - Acuerdo No. 017 de Noviembre de 2002 “Por medio del cual se fija el Presupuesto Municipal de Ingresos, Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión de la vigencia comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2003” (fls. 139 a 169 c.1). - Certificación de coberturas mínimas para el año 2003 del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare, según oficio del 8 de noviembre de 2006, suscrito por HENRY RICARDO VELANDIA PARADA, Director Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación de Casanare (fl. 181 c.1). - Copia del Oficio 018176 del Departamento Administrativo de Planeación, del 12 de octubre de 2004, dirigido a la Secretaria de Planeación del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare, sobre coberturas mínimas alcanzadas en la vigencia 2003 (fl. 182 c.1). - Fotocopia del Plan de Desarrollo del municipio de Paz de Ariporo para el período 20012003, aprobado por Acuerdo No. 08 del 10 de junio de 2001 (fls. 183 a 250 c.1). - Resolución No. 1556 del 23 de septiembre de 2006, expedida por el Departamento Nacional de Planeación, por la cual se adopta una medida correctiva en relación con el manejo de regalías y compensaciones del Municipio de Paz de Ariporo,

Departamento de Casanare (fls. 256 a 261 c.2). - Copia de la Credencial de ADALBERTO VARGAS SABOGAL, Alcalde de Paz de Ariporo, expedida por la Organización Electoral el 1º de noviembre de 2001 (fl. 306 a 309 c.2). - Acta de Posesión de ADALBERTO VARGAS SABOGAL como Alcalde del municipio de Paz de Ariporo, Casanare (fl. 310 y 314 a 318 c.2). - Certificación expedida por la Secretaria General del municipio de Paz de Ariporo, en la que se observa que el señor ADALBERTO VARGAS SABOGAL tiene las - - 5 siguientes sanciones disciplinarias: Suspensión en el ejercicio del cargo durante 43 días, según Decretos No. 0176 y 195 del 29 de septiembre y del 11 de noviembre de 2003, por celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales (fls. 312 y 313 c.2). - Fotocopia del Manual de Funciones de los empleos de la administración del municipio de Paz de Ariporo, Casanare (fls. 319 a 322 c.2) - Ejecución Presupuestal de Gastos de inversión durante la vigencia 2003, correspondiente al municipio de Paz de Ariporo (fls. 455 a 471 c.2).

10. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Sería el momento procesal de proceder a proferir decisión de instancia, de no ser porque revisada la investigación el Despacho encuentra configurados los requisitos para decretar de oficio su nulidad, a partir inclusive del auto de cargos formulado el 28 de febrero de 2007, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley 734

de 2002. Lo anterior en tanto se advierte en el proveído en mención el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002, es especial de los siguientes: “La decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado deberá contener:

1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.

2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación, concretando la modalidad específica de la conducta.

….

5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados. …” En efecto observa este Despacho que el Auto de Cargos carece de una determinación concreta de la conducta que se le endilga como irregular al señor Alcalde de Paz de Ariporo y la forma como se elevó el cargo por el contrario hace que la imputación fáctica y jurídica resulte ambigua y confusa. Al revisar el cargo se tiene que de un lado el Ad quo sostiene que con la conducta fue inobservado el artículo 14 de la Ley 756 de 1994 y de otro que con la firma de una serie de contratos “… no se contribuyó a alcanzar las coberturas mínimas establecidas en el artículo 20 del Decreto 1747 de 1995, situación que impide al investigado e incluso a esta instancia tener claridad en el concepto de violación y en las pruebas en que ella se soporta, pues la forma en que fue redactado no permite inferir si el reproche se presenta por un presunto incumplimiento del porcentaje (75%) de forzosa

destinación para alcanzar las coberturas a que alude el decreto 1747 de 1995 o por una destinación irregular de los recursos de regalías a través de los contratos cuestionados por no responder sus objetos a los conceptos de inversión de que trata 6 el artículo 14 de la Ley 756 de 2002; pues ni siquiera se evalúa, con desconocimiento del artículo 129 del CDU, si dichos contratos se ejecutaron con cargo al 15% de libre destinación en proyectos y programas prioritarios del Plan de Desarrollo; esta situación no permite que el implicado pueda concretar su defensa, ni presentar una argumentación coherente con respecto a los hechos investigados y frente a los cuales se le endilgan como responsable de haberlos cometido durante su actuar como Alcalde de Paz de Ariporo, Casanare. Aunado a o anterior llama la atención que en cuanto a la imputación jurídica se le cita de manera integral el numeral 3º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 sin que se concrete la conducta, no obstante que el deber cuya infracción se invoca contiene varios verbos rectores y diversas modalidades de ejecución de la conducta. Finalmente y para ilustrar aún más la indeterminación del cargo, el Ad quo sustenta el cargo en la Resolución de suspensión de giro de regalías del Departamento Nacional de Planeación, acto administrativo que se profiere porque el Municipio no destinó el porcentaje (%) obligatorio de los recursos de regalías para atender las coberturas de los sectores básicos (Decreto 1747 de 1995) en los años 2002 y 2003, descripción que en principio no corresponde a la conducta transcrita del auto de

cargos. Es evidente, como ya se dijo que el Cargo formulado no es concreto y por el contrario resulta confuso, además que existe falta de análisis probatorio adecuado por tanto, se estima, que la providencia de Cargos no cumple con todos los requisitos exigidos en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002. Así las cosas es claro para esta Delegada que se configura la causal de nulidad antes señalada, por que el pliego de cargos debe ceñirse en su contenido a lo previsto en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002, especialmente lo indicado en los numerales 1, 2, 5 y 8. Confrontados tales enunciados con la providencia de cargos se advierte que la misma carece de los aspectos exigidos por la norma precitada, lo cual conlleva a la violación de derecho de defensa, por cuanto la formulación irregular de la imputación, la indebida motivación y la ambigüedad en el cargo, impiden al disciplinado y en esta etapa al Despacho señalar con certeza las conductas irregulares objeto de reproche. Al respecto señala la Corte Suprema de Justicia: “…Dentro del análisis jurídico de la calificación que se de a los hechos motivo de investigación,-… se debe hacer el correspondiente análisis probatorio para la demostración no solo de los factores objetivos del hecho ilícito, sino también de la imputación subjetiva del mismo.” (Sala Penal, Casación del 25 de octubre de 1989, M.P. Edgar Saavedra Rojas). De otra parte, y revisando los mismos argumentos del apelante se llama la atención sobre las pruebas en que ha de fundarse todo fallo y los motivos que aduce el

operador disciplinario para adoptar su decisión, los cuales deben tener respaldo en los elementos de prueba allegados al plenario, a los que debe hacerse alusión expresa, para que el disciplinado tenga la posibilidad de conocer el alcance que les concede y poder ejercer una defensa de sus actuaciones. - - 7 En tal sentido la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que: “… la simple relación y trascripción del material probatorio recogido no es un pliego de cargos ni fija procesalmente los hechos por los cuales se llama a responder… el Juzgado debe tomarlos de allí, del material de convicción, y concretarlos en el auto motivado...” (Sala Penal, Casación del 1 de septiembre de 1981, M.P. Luis Enrique Romero Soto). En merito de lo anteriormente expuesto la Procuradora Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, RESUELVE PRIMERO: Decretar la nulidad de lo actuado en el expediente a partir inclusive del Pliego de Cargos del 28 de febrero de 2007, formulado al señor ADALBERTO VARGAS SABOGAL, identificado con la cedula de ciudadanía No 4.156.685, en calidad de Alcalde Municipal de Paz de Ariporo, Casanare, para la época de los hechos, por lo expuesto en esta providencia. Las pruebas allegadas al proceso de manera legal y oportuna conservarán su valor probatorio.

SEGUNDO: Por el Centro de Notificaciones de la Procuraduría General de la Nación, efectúense las diligencias pertinentes para notificar en legal forma el contenido de la presente decisión a los sujetos procesales, a quienes se les advertirá

que contra esta decisión no procede recurso alguno.

TERCERO: Ejecutoriada la presente decisión por la Unidad Coordinadora, entréguese el expediente y se devolverá a la Procuraduría Regional de Casanare, por tratarse de la competente para que de cumplimiento a lo ordenado por el artículo 161 de la Ley 734 de 2002, es decir para proyectar lo pertinente, según fuere el caso.

CUARTO: Por la Unidad Coordinadora líbrense las comunicaciones a que haya lugar, y déjense las constancias del caso.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

YOLANDA GÓMEZ RESTREPO

Procuradora Delegada Exp. 0583953-05 PU. 67 8