PGN - Documento 201607102050502

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. SIGIFREDO DE JESÚS ESPINOSA PÉREZ

Bogotá, D. C.

REF.: Concepto sobre demanda de casación (Radicado No. 23.682) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia confirmó la condena que profirió el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Santa Bárbara contra Jair de Jesús Castillo por el delito de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos

Legales. Su defensor interpuso el recurso extraordinario de casación y admitida como fue la demanda por el Magistrado Sustanciador de la Corte Suprema de Justicia, el Agente del Ministerio Público Delegado del señor Procurador General de la Nación procede a rendir concepto, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal.

1. HIPÓTESIS DELICTIVA El 19 de julio de 1999, Jair de Jesús Castillo en su condición de alcalde de La Pintada (Antioquia), celebró directamente un “contrato de asesoría“ con Carlos Augusto Cañaveral Escobar por valor de US$25.000 o su equivalente en pesos ($45.000.000), cuyo objeto consistió en adelantar “contactos con empresas canadienses para la realización de obras de infraestructura y bienestar social en el municipio”, en particular para construir su acueducto y la planta de desechos sólidos, el cual en efecto se pagó por la tesorera Duver Mary Velásquez Pulgarín.

En visita rutinaria la Contraloría General de Antioquia evidenció algunas

irregularidades, de las cuales luego se comprobó que por la cuantía del contrato se requería licitación o concurso, su objeto era sumamente vago, no fue acreditada la idoneidad del contratista ni constituyó la póliza sobre el anticipo y el pago no se hizo de la forma pactada.

2. SINOPSIS PROCESAL Denunciado lo anterior, la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y la Eficaz y Recta Impartición de Justicia de Antioquia con sede en Medellín, decretó la apertura formal de la instrucción y escuchó en indagatoria al Alcalde y la

Tesorera del Municipio. Seguidamente se abstuvo de afectar con medida de aseguramiento respecto de Duver Mary Velásquez Pulgarín y solamente profirió detención preventiva, sustituida por la domiciliaria, contra Jair de Jesús Castillo, por el presunto delito de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales. 2 Agotado el ciclo instructivo dispuso su cierre y al calificar el mérito probatorio del sumario, mediante providencia del 29 de noviembre de 2001, al tiempo que dispuso la ruptura de la unidad procesal para que se continuara la investigación en relación con Carlos Augusto Cañaveral Escobar, la precluyó a favor de Duver Mary Velásquez Pulgarín y únicamente dictó Resolución de Acusación contra Jair de Jesús Castillo, así que en el capítulo denominado “LA CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL DE LA CONDUCTA” expresó: “A JAIR DE JESUS CASTILLO se le imputa en calidad de Autor la comisión de la conducta punible de «Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales», que define y sanciona el Código Penal en su Libro

Segundo, Título III (Delitos contra la Administración Pública), Capítulo Cuarto (De la Celebración Indebida de Contratos), artículo 1451 (sic), modificado por el artículo 57 de la Ley 80 de 1993 y por los artículos 1872 (sic) y 32 de la Ley 190 de 1995” (subraya fuera de texto). A su vez, en la parte resolutiva de la misma decisión señaló: “1º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 397 del C. de Procedimiento Penal, proferir resolución de acusación en contra de JAIR DE JESUS CATSILLO (sic) , al figurar como presunto sindicado de un delito de interés ilícito en la celebración de contratos que define y sanciona el C. Penal en su libro Segundo, Título XV, Capítulo Cuarto3, cometido en calidad de autor en circunstancias de tiempo, modo y lugar que se dejaron expuestas en la parte motiva de este interlocutorio” (subraya fuera de texto). El recurso que se interpuso por el defensor, se sustentó extemporáneamente y por decisión del 14 de enero de 2002 la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Antioquia declaró “inadmisible” la alzada, determinación contra la cual se interpuso sin éxito el recurso de reposición, que resolvió la misma autoridad por proveído del “treinta y uno de dos mil dos” (sic). Vistas las comunicaciones de esta última decisión dirigidas al procesado y su defensor, informándoseles lo decidido y su fecha4, conforme a lo consagrado en el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 23 del

Estatuto Penal Adjetivo, la Resolución de Acusación adquirió firmeza el 31 de enero de 2002. La etapa procesal de la causa la adelantó el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Santa Bárbara y la Fiscalía en su intervención en el debate público oral precisó en relación con la imputación jurídica que el Llamamiento a Juicio había sido por el delito de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales conforme a la parte motiva de la Resolución Acusatoria. 1 Debió mencionarse el artículo 146 del Decreto Ley 100 de 1980, por cuanto allí se prevé el delito de “Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales”. 2 Ha debido señalarse el artículo 18 de la Ley 190 de 1995, que en su parágrafo único consagra: “La expresión «empleado oficial» se sustituye por la expresión «servidor público», siempre que aquélla sea utilizada en el Código Penal o en el código de Procedimiento Penal”. 3 Se observa que aquí se indicó la ubicación de esa infracción en el actual Código Penal, es decir, en la Ley 599 de 2000. 4 Cfr. f. 629 y 630. 3 La sentencia que se profirió el 28 de noviembre de 2003, por su parte condenó al procesado Jair de Jesús Castillo como coautor responsable del delito de Interés Ilícito en la Celebración de Contratos y al respecto se consideró: “ Imputó cargos la Fiscalía por el delito de Interés Ilícito en la Celebración de Contratos, artículo 145 del anterior C ódigo Penal (Ley 100 de 1980). Así lo denominó en la parte resolutiva de la providencia que calificó el mérito de l

sumario, congruente con lo argumentado en la parte motiva , en la cual describe las circunstancias de las que se deduce el interés ilícito en la celebración del contrato objeto de reproche, el que éste se haya realizado sin el cumplimiento de los requisitos legales, tipo penal al que se hizo referencia,… [en este caso] no se aborda como tal en aras de la congruencia del fallo con la resolución de acusación y su parte motiva. El ente acusador al calificar provisionalmente, hizo mención de imputación de cargos por el punible de «contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales», señalando el artículo 145 del Código Penal, modificado por el artículo 57 de la Ley 80 de 1993, y por los artículos 187 (sic) y 32 de la Ley 190 de 1995, consagrado en el Código Penal (Ley 100 de 1980), Libro Segundo, Título Tercero (Delitos Contra la Administración Pública), Capítulo IV (de la celebración indebida de contratos), número de artículo que corresponde al tipo penal «Interés Ilícito en la Celebración de Contratos». Lo anterior nos indica que aunque no se hizo una organizada redacción de la providencia que calificó el mérito del sumario, incurriendo en lapsus en la denominación del tipo penal en la parte motiva, pero no en el discernimiento de la conducta desplegada por el procesado en relación con el delito imputado ni en la identificación del número del artículo (el 145 de la Ley 100 de 1980), que corresponde al delito que enunció en la parte resolutiva de la referida providencia acusatoria: Interés Ilícito en la Celebración de Contratos,

esto no comporta nulidad alguna” (subraya fuera de texto). Y en el capítulo de la “CALIFICACIÓN JURÍDICA DEFINITIVA” de ese fallo se expuso: “… el Despacho considera que el delito por el que se acusó y se juzga a l señor JAIR DE JESÚS CASTILLO, es el de INTERÉS ILÍCITO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, consagrado en el Libro Segundo del anterior Código Penal (Ley 100 de 1980), Titulo III, Delitos contra la Administración, Capitulo IV, De la Celebración Indebida de Contratos, Artículo 145, Modificado Ley 80 de 1993 y Ley 190 de 1995…” (subraya fuera de texto). Apelada como fue dicha determinación judicial por el defensor, y también por el Agente del Ministerio Público, este último en procura de que se conservara la congruencia de la calificación del delito, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia por auto del 8 de marzo de 2004 declaró nula la sentencia de primer grado y así argumentó sobre la imputación jurídica: “En la sentencia de primera instancia el a quo estimó que el cargo formulado por la fiscalía es el interés ilícito en la celebración de contratos y con base en él declaró penalmente responsable a Jair de Jesús Castillo. 4 Para la Sala es innegable que en la parte resolutiva la fiscalía aludió al delito de interés ilícito en la celebración de contratos de que trata el artículo 145 del C. P. anterior. Por eso en apariencia no hay incongruencia entre la resolución de acusación y el fallo, porque se condenó por el hecho punible

contemplado en la parte resolutiva del pliego de cargos. Pero bien mirada la situación, hay que convenir en que no hay congruencia entre la resolución de acusación y la sentencia, porque el juez no reparó en e l hecho de que en el pliego de cargos toda la motivación giró en torno al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por lo que mal podía sostener que la acusación versaba sobre el hecho punible de interés ilícito en la celebración de contratos. La acusación es clara y no se presenta a malos entendidos, sólo que en la parte resolutiva la fiscalía incurrió en un craso error, al mencionar una conducta punible distinta a la que había delimitado con profusos argumentos en la motiva. En punto a la congruencia que debe existir entre la resolución de acusación y la sentencia, es preciso señalar que la misma no se establece en relación con lo que se diga en la parte resolutiva de la acusación, sino que también es menester tener en cuenta los argumentos fácticos y jurídicos plasmados en la motiva, que en el caso objeto de examen, como ya se vio, apuntaban a un delito muy distinto al que a la postre se consignó en la resolutiva” (subrayas fuera de texto). De regreso el expediente al Juzgado de origen y en obedecimiento de lo anterior, de nuevo dictó la sentencia el 24 de agosto de 2004, por medio de la cual condenó a Jair de Jesús Castillo, en relación con el delito de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales, a la pena principal de 60 meses de prisión, que sustituyó por domiciliaria, y multa de 12 salarios mínimos legales mensuales

vigentes, así como a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término. No le impuso la obligación del pago de perjuicios. El defensor nuevamente apeló de la determinación y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, mediante la suya del 13 de diciembre de 2004, la confirmó con la sola aclaración de indicar la entidad beneficiaria del pago de la pena de multa.

3. LA DEMANDA En nombre y representación del procesado Jair de Jesús Castillo se proponen dos cargos, uno principal y el otro subsidiario, ambos con fundamento en la causal tercera de casación, esto es, por haber sido dictada la sentencia dentro de un proceso viciado de nulidad, por los siguientes motivos:

3.1. Primer Cargo 5 Se alega la violación del debido proceso, en concreto, por ilegalidad de la Resolución de Acusación, por la vulneración de los artículos 29 de la Constitución Política, 6° y 398 del Código de Procedimiento Penal, debido a la ambigüedad y ambivalencia respecto del cargo, porque la calificación jurídica provisional de la parte expositiva, fue la del delito de “Celebración de Contratos sin Requisitos Legales”, mientras la resolutiva llamó a juicio al procesado por la conducta punible de “Interés Ilícito en la Celebración de Contratos”. Precisa que la sentencia del Juez Segundo Promiscuo del Circuito de Santa Bárbara y la del Tribunal Superior de Antioquia que la confirma, condenan finalmente al acusado por el delito de “Celebración de Contratos sin Cumplimiento de Requisitos Legales” en consonancia con la parte motiva y no la resolutiva de la

Resolución de Acusación, y en esas condiciones afirma que el error en la denominación jurídica de la infracción en la que se incurrió en la etapa de instrucción, se proyectó a los juzgadores de instancia que incurrieron también, según palabras del censor “en la violación directa por aplicación indebida del artículo 145 del Código Penal anterior (D. L. 100/80) y en la correlativa infracción directa, por falta de aplicación del artículo 409 de la Ley 599/00… por la equivoca ubicación en un nomen iuris de los hechos declarados y probados en la investigación penal”. Insiste que el Tribunal reconoció el error del a quo, reprochándole la forma como éste consideró que se trató de un delito de Interés Ilícito en la Celebración de Contratos siendo otro muy distinto el que se desprende de la Resolución de Acusación, y lo censura porque la primera vez que conoció del proceso, por esa falta de congruencia declaró la nulidad únicamente de la sentencia objeto de apelación, cuando a su juicio debió declararla desde el Pliego de Cargos, inclusive, y dejar sin vigencia, además, las audiencias preparatoria y del juicio oral, porque una y otra no sólo se adelantaron bajo la imputación del delito de Interés Ilícito en la Celebración de Contratos sino además la primera sin la concurrencia del Fiscal, el procesado ni su defensor, y en la segunda la totalidad de los sujetos procesales no estuvieron presentes en todas las sesiones. En su sentir, ese proceder no posibilitó el derecho de contradicción y de defensa respecto de la nueva imputación jurídica que no se había dado en la acusación en

términos legales y jurídicos, tal y como se había evidenciado por el Juez de primer grado. Sostiene que se condenó en esa forma sin que previamente se hubiera readecuado la conducta al tipo penal de este delito que se invocó simplemente en la parte motiva de la acusación, porque el Fiscal y tampoco el Juez se sujetaron al procedimiento de variación de la calificación, sino que se conservó o mantuvo el tipo delictual de la parte resolutiva por la cual se llamó a juicio. Para mayor comprensión añade que sus decisiones no se ubicaron a la definición típica del primero de los preceptos de acuerdo con la calificación jurídica que se definió en la parte resolutiva de la acusación Según aclara, el error en la denominación jurídica de la infracción tradicionalmente constituye vicio in iudicando conforme lo tiene señalado la Corte Suprema de Justicia, y daría lugar a la solicitud de un fallo de reemplazo de acuerdo a lo consagrado en el artículo 217 de la Ley 600 de 2000, pero en el caso sub judice 6 pone de presente que ello no sería posible por cuanto la sentencia continuaría siendo incongruente con los cargos de la acusación. De acuerdo con los criterios que desarrolla la jurisprudencia, elige el desarrollo del cargo por los senderos de la violación directa de una norma de derecho sustancial y denuncia la aplicación indebida del artículo 409 del actual Código Penal el cual describe el delito de Interés Ilícito en la Celebración de Contratos1 y correlativamente alega la exclusión evidente del 1462 del Decreto Ley 100 de 1980 (modificado por los artículos 57 y 32 de las Leyes 80 de 1993 y 190 de 1995,

respectivamente) donde se describe la infracción de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales. Señala que la irregularidad surge de la “no correspondencia de la parte motiva con la resolutiva en la resolución de acusación”, pieza procesal de la cual alega que es “confusa” y además su legalidad está comprometida porque la imputación no es “concreta y específica” como lo prevé el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, donde se dispone “«debe contener» tanto «la narración de la conducta investigada», esto es, «lo fáctico que se atribuye», con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que la especifiquen, como la «calificación jurídica provisional», o «sea lo jurídico que se imputa» que, desde luego y no obstante no haber expresa mención, deberá enmarcarse con referencia a un Capítulo o Título del Código Penal”. Con respaldo en la doctrina del Órgano Jurisdiccional de la Casación, afirma que el yerro de denominación aludido conlleva a la afectación del debido proceso por cuanto se falta a la plenitud de las formas propias de cada juicio establecidas previamente por el legislador. Admite entonces que si bien la calificación jurídica contenida en la Convocatoria a Juicio es provisional, su variación está sometida al principio de preclusión, pues en la Ley 600 de 2000 esa posibilidad se extiende hasta la audiencia pública y aquí a pesar de solicitarse oportunamente por las partes no se tramitó. Aduce que la nulidad por violación del debido proceso por haberse errado en la denominación jurídica se patentiza en la Resolución Acusatoria cuanto en su parte

considerativa se menciona que de acuerdo con los hechos probados se está ante el delito de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales, mientras la resolutiva refiere al de Interés Ilícito en la Celebración de Contratos. Al respecto señala que el Tribunal al confirmar la última Sentencia del a quo, por medio de la cual condenó al procesado por la primera de esas infracciones, estimó que ésta era congruente con la parte motiva del pliego de cargos, pero ignoró que no lo era en relación con los extremos de tal pieza procesal. Anota que la imputación jurídica en el fallo lo fue por el delito de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales, en el entendido de haber sido modificada y 1 En realidad debe entenderse que el artículo 409 del actual Código Penal (Ley 599 de 2000) prevé el delito denominado “Interés Indebido en la Celebración de Contratos” y el artículo 145 del anterior (Decreto Ley 100 de 1980) consagraba el llamado “Interés Ilícito en la Celebración de Contratos”, imprecisión que en la demanda se repite constantemente, por lo que en adelante deberá entenderse su mención bajo esta aclaración. 2 En la demanda se incurre en lapsus calami al citar el artículo 145, pero del contexto de la misma es absolutamente claro que se refiere al 146 del Decreto Ley 100 de 1980, cita equivocada que por demás se repite a lo largo de la censura. 7 precisada con la declaratoria de nulidad de la primera Sentencia dictada, sin embargo, aduce que la confusión se mantuvo por no ser “readecuada al tipo penal que fuera, al parecer, desarrollado e invocado en su parte resolutiva, en razón de

no haberse dado por parte de los señores Fiscal y Juez, aplicación estricta al procedimiento de variación o modificación del contenido ambivalente y confuso” de la calificación de la conducta en la Resolución Acusatoria. Advierte que en razón de la causal elegida y para evidenciar el vicio in iudicando alegado no discute los hechos, así que en demostración del yerro en la denominación jurídica sostiene que el desvalor de acción endilgado al procesado se originó en las irregularidades presentadas al contratar a Carlos Augusto Cañaveral Escobar en la modalidad de prestación de servicios profesionales y personales con el propósito de conseguir inversionistas extranjeros a fin de suministrar agua potable al municipio de La Pintada (Antioquia). Afirma entonces que ese desvalor necesariamente debió ubicarse en el nomen iuris de Celebración Indebida de Contratos y a su vez realizarse la correspondiente imputación fáctica y jurídica conforme al delito Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales. Asegura que todo lo fáctico y valorativo señalado en la Sentencia se relacionó con el desconocimiento de los principios que gobiernan los contratos estatales, por lo cual se incurrió en vicio in iudicando al haber enmarcado en el Pliego de Cargos esos hechos en su parte resolutiva en el punible de Interés Ilicito en la Celebración de Contratos consagrado en el artículo 409 del actual Código Penal y no readecuarlos oportunamente al de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales previsto en el artículo 1461 del Decreto Ley 100 de 1980. Consciente de las limitaciones propias de la causal invocada, señala que en los

Fallos de instancia es manifiesto el sentido de la imputación jurídica, esto es, se deciden por la infracción de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales, la cual “se dedujo de la falta de licitación pública para la escogencia del contratista, la vaguedad del objeto del contrato, la ausencia de póliza de anticipo, etc., es decir, los juzgadores de instancia pretendían denotar la realización de ese contrato sin el cumplimiento de algunos requisitos legales esenciales”, pero fue tal la confusión que en la Sentencia del a quo originalmente proferida y anulada, se imputó el punible de Interés Ilícito en la Celebración de Contratos. Sostiene que como en la parte declarativa de la Resolución Acusatoria se dedujo éste delito a pesar de que el desvalor de acción correspondía adecuarse al de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales sin darse oportunamente la variación, sin duda se está ante un error in iudicando con incidencia en el debido proceso. Expresa incluso que por favorabilidad el artículo 409 del actual Código Penal no era el llamado a aplicarse y que de la estructura de la infracción allí prevista no se extrae que la celebración de un contrato sin el cumplimiento de requisitos legales esenciales sea su referente de adecuación típica, por lo que concluye que se presentó un “error en la denominación jurídica”, misma que no fue “readecuada debidamente” a fin de hacerlo respecto de la infracción consagrada en el artículo 1 Se aclara que en el original de la demanda se repite el lapsus calami referido en el pie de página anterior. 8 1462 del Decreto Ley 100 de 1980, de donde se sigue la necesidad de declarar la

nulidad de lo actuado para corregir tanto el yerro anotado como la ambigüedad de la imputación jurídica. En demostración de la irregularidad agrega que encuentra una contradicción en el contenido de esa pieza procesal en su parte considerativa, por cuanto allí se afirmó sobre el aspecto subjetivo que el propósito del procesado era “obtener un provecho ilícito para sí y para el contratista, pues el sindicado… en su calidad de servidor público en ejercicio de funciones, celebró el contrato de marras objeto de reproche, con el propósito de obtener un provecho ilícito”, predicados que asegura se enmarcan en el delito de Interés Ilícito en la Celebración de Contratos. Recuerda a su vez que cuando se declaró la apertura formal de la instrucción, se lo hizo con fundamento en la conducta de “ilícita celebración de contratos”, mientras que la situación jurídica provisional se resolvió con fundamento en el delito de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales, aspecto que dice no se trata de un simple descuido como lo expresó el Fiscal en la diligencia de audiencia pública oral, pues incluso la Sentencia inicial de primer grado calificó la conducta como un Interés Ilícito en la Celebración de Contratos. Sostiene que esta adecuación es mencionada en la resolución en la cual se negó el trámite del recurso de apelación contra el Pliego de Cargos e igual la refirió la defensa en varias oportunidades en razón de la confusión reinante, infracción que también se indicó en la etapa del juzgamiento por los distintos titulares del Despacho encargados de surtirla, quienes así lo señalaron por ejemplo al conceder la libertad provisional, en el intento fallido de llevar a cabo las audiencias

preparatoria y pública oral, y en la decisión que dispuso fijar nueva fecha para continuar con ésta última diligencia. Así mismo, precisa que el Fiscal en ese debate oral, en contra del criterio del Juez, concluyó que se estaba ante el delito consagrado en el artículo 146 del Decreto Ley 100 de 1980, sin embargo, contradictoriamente sostuvo que el procesado actuó “con la clara evidencia de intención para obtener un provecho ilícito para sí mismo o para un tercero”, elemento propio del delito de Interés Ilícito en la Celebración de Contratos. Añade que la calificación contenida en la Resolución Acusatoria aun cuando provisional se convierte en ley del proceso, en la cual debe determinarse con precisión la imputación jurídica, pero si ésta claridad falta se entiende afectado el debido proceso y el derecho de defensa. Señala que el “contenido normativo” del Pliego de Cargos se encuentra en su parte resolutiva por cuanto allí está la decisión judicial, la cual en el curso de la actuación debe considerarse como la “imputación jurídica”, misma que ha de guardar correspondencia lógica con sus fundamentos, pues de no darse ella se presentaría una motivación deficiente que provoca nulidad. Así las cosas, estima que al no corresponderse la parte resolutiva con la considerativa se afectó el debido proceso por faltarse a la plenitud de las formas propias de cada juicio, pero además, como la Resolución Acusatoria es ambigua, la única solución es la nulidad de lo actuado desde esta pieza procesal, pues sin 2 Nuevamente se incurre en el lapsus calami atrás advertido.

9 claridad sobre los cargos allí formulados se mantiene insubsanable la irregularidad. En su concepto, a pesar de haberse declarado la nulidad de la primera Sentencia del Juez a quo, con ello no se corrigió el vicio de actividad, por cuanto no abarcó el acto generador de la irregularidad procesal, es decir, la Convocatoria a Juicio y sí por el contrario contribuyó a empeorar la situación del inculpado, quien vio incrementada la pena de prisión en diez meses posteriormente, a pesar de estarse frente a la misma imputación fáctica. Alega como consecuencia de la falta de correspondencia entre la parte considerativa y la resolutiva del Pliego de Cargos, que durante la etapa del juzgamiento, en las audiencias preparatoria y pública oral, se debatiera en relación con el delito de Interés Ilícito en la Celebración de Contratos, lo que dio lugar a enfocar la defensa equivocadamente. Finalmente, pone de presente que en la Convocatoria a Juicio no se formuló una imputación jurídica inequívoca a pesar de contarse con la oportunidad para que así hubiera ocurrido cuando se resolvió la impugnación de la Sentencia inicial del Juez a quo, pues en esta se hacía expresa referencia a la ambigüedad de la calificación y no obstante ello se optó por anular exclusivamente el fallo y no la actuación desde el Pliego de Cargos inclusive, para proceder a la variación de la calificación jurídica provisional. Por tanto, evidenciado el error en la denominación jurídica de la conducta deducida al procesado por la vía de la causal tercera de casación y demostrado el

vicio in iudicando conforme los postulados de la primera, solicita se declare la nulidad de lo actuado desde la Resolución Acusatoria para que se haga una imputación fáctica y jurídica clara y precisa. 3.2. Segundo Cargo (violación del derecho de defensa) Denuncia la Sentencia por haber sido dictada en un juicio viciado de nulidad al desconocer el derecho de defensa del incriminado, pues en el Pliego de Cargos se le dedujo un delito y luego fue condenado por otro, circunstancia que le impidió ejercer esa garantía ante la ambigüedad de la imputación jurídica recogida en esa pieza procesal, por tanto estima infringidos los artículos 29 de la Constitución Política y 2º , 6º , 8º , 9º , 10º y 13 del Código de Procedimiento Penal. Sostiene que al vicio de garantía alegado se arribó cuando el Tribunal confirmó la condena emitida por el Juez Unipersonal por el punible de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales consagrado en el artículo 146 del Decreto Ley 100 de 1980, a pesar de que la Resolución Acusatoria lo era por el de Interés Ilícito en la Celebración de Contratos señalado en el artículo 145 ibídem. Predica que esa situación de ambigüedad, que también se evidenció en las partes motiva y resolutiva de la Convocatoria a Juicio, condujo a la defensa a decidirse por desvirtuar la infracción de Interés Ilícito en la Celebración de Contratos, tal como se puede apreciar en sus distintas actuaciones, en particular al criticar la

postura de la Fiscalía en relación con la intención de su asistido de obtener 10 provecho ilícito, así como al solicitar su libertad provisional y cuando apeló de la

Sentencia.

Afirma que la confusión sobre el delito también se extendió al Instructor, quien al proferir la Resolución de Acusación afirmó sobre el dolo que este estaba orientado a obtener provecho ilícito para sí o para un tercero, lo cual en su sentir alude a la infracción de Interés Ilícito en la Celebración de Contratos. A su vez recuerda que la Fiscalía Delegada ante el Tribunal, al “inadmitir” la impugnación contra esa decisión, se refirió al modelo comportamental en cuestión y lo propio hizo la primera instancia al recibir noticia de dicha determinación. Sostiene que igual le sucedió a los distintos funcionarios que dirigieron la etapa del juzgamiento, tal como se puede apreciar cuando comunicaron el permiso concedido al procesado, al conceder su libertad provisional, al quedar frustradas la celebración de las audiencias preparatoria y pública, última donde se puso de presente la necesidad de variar la calificación jurídica o declarar la nulidad de lo actuado, y al fijar nueva fecha para el debate oral. Reseña que la Fiscalía en esta última diligencia, en contra de la opinión del Juez, afirmó que si bien se presentó un error en la Resolución de Acusación porque en su parte motiva se hizo referencia a un delito y en la considerativa a otro, era palmar que se estaba ante el delito de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales consagrado en el artículo 146 del Decreto Ley 100 de 1980, pero sin

embargo en su intervención sostuvo que había “clara evidencia de intención para obtener provecho ilícito para sí o para un tercero”, y más adelante recordó las “intenciones subterráneas respecto del contrato”, elementos propios de