PGN - Documento 201607102050560

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Bogotá, D. C.

REF.: Concepto Demanda de casación (Rad. 20.637) Mediante Sentencia del 7 de octubre de 2002 el Tribunal Superior de Medellín confirmó la determinación de condena del Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagui adversa a Antonio Marino Palacio Murillo en relación con los delitos de doble Homicidio Agravado, cuádruple tentativa de Homicidio Agravado y Porte Ilegal de

Armas de Defensa Personal. Contra la expresada sentencia de segunda instancia se interpuso el recurso extraordinario de casación y admitida la demanda por el Magistrado sustanciador de la Corte Suprema de Justicia, procede el Agente del Ministerio Público Delegado del Procurador General de la Nación a rendir concepto, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal.

1.- SITUACIÓN DE HECHO.

En el Estadero y Cafetería “Los Balsos” ubicado en la Carrera 59 No. 77 S-03 del parque principal del municipio de la Estrella (Antioquia), el agente de la Policía Nacional Antonio Marino Palacios Murillo mientras ingería bebidas espirituosas y observaba la transmisión por televisión de un partido de fútbol pasadas las ocho de la noche del 29 de mayo de 2001, al final del primer tiempo, le causó la muerte a su compañero también policial Armando José Henríquez, a una mujer que se dedicaba a la venta de apuestas permanentes e hirió a otras cuatro personas que

se hallaban en el establecimiento.

2.- SINOPSIS PROCESAL.

El Capitán Luís Eduardo Soler Roldan, adscrito a la Estación de Girardota y Oficial de Guarnición del día de los hechos, realizó su aprehensión al día siguiente en una residencia de la Carrera 44 A No. 10-11 Barrio Auces de Oriente y dio cuenta en el respectivo informe que “Según lo manifestado por el sindicado los hechos se originaron por la diferencia de opinión por el partido de fútbol entre América de Cali y Rosario Central”. 2 En la indagatoria que rindió apenas transcurridos dos días, repitió que el problema se originó por la discusión del partido nada más, y a lo anterior añadió que no se acordaba haber disparado el arma contra alguna persona, sin embargo su situación jurídica provisional se resolvió con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, sin derecho a excarcelación, como presunto autor de los delitos de doble Homicidio Agravado, cuádruple tentativa de Homicidio Agravado y Porte Ilegal de Armas de Defensa Personal. En el curso de la instrucción se desvirtuó su estado de inimputabilidad con base en la evaluación siquiátrica forense que practicó el Instituto de Medicina Legal y perfeccionada en lo posible la investigación, tras la clausura de la misma el mérito probatorio del sumario se calificó con Resolución de Acusación del 11 de septiembre de 2001, llamándolo a responder en juicio criminal por los delitos previstos en los artículos 323 y 324, numerales 2 y 7 del Código Penal de 1980 y

en el artículo 1° del Decreto 3664 de 1986, adoptado como legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991, no obstante lo cual respecto de los delitos de homicidio se hizo mención, por favorabilidad, al artículo 104, numerales 2 y 7 de la Ley 599 de 2000. En firme la acusación en la fecha del 18 de septiembre siguiente, en la misma primera instancia por no haber sido objeto de impugnación, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Itaguí asumió el conocimiento de la fase procesal del juicio y tras ordenar en la Audiencia Preparatoria la práctica de las pruebas solicitadas, celebró el acto público del debate oral; finalmente, profirió la sentencia del 31 de julio de 2002, por medio de la cual condenó al acusado por el concurso del doble Homicidio Agravado, cuádruple tentativa de Homicidio Agravado y Porte Ilegal de Armas de Defensa Personal, a la sanción principal de treinta y nueve (39) años cinco (5) meses de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso de veinte (20) años, como también a la de carácter civil de pagar por concepto de los perjuicios morales causados con la infracción penal, el equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales por cada uno de los interfectos, a favor de las personas que demuestren ser herederos de los mismos, y cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de cada uno de los lesionados. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante la suya del 7 de

octubre de 2002 confirmó el fallo de primera instancia con la sola modificación del término de duración de la pena accesoria, que fijó en diez (10) años.

3.- LA DEMANDA.

El Letrado comienza por cumplir con los requisitos formales del libelo, esto es, además de la identificación de los sujetos procesales y de la sentencia 3 impugnada, hace una síntesis de los hechos materia de juzgamiento y de la actuación procesal la cual extiende hasta comprender la reseña de que en los fallos de instancia existe una carencia total y absoluta de un ponderado estudio; en cambio, destaca y solicita de la Corte Suprema de Justicia tener en cuenta, en todo, el contenido del salvamento de voto de uno de los integrantes de la Sala de Decisión del Tribunal, del cual dice que conduce a la conclusión inequívoca sobre el estado de embriaguez patológica que se presentó en el caso del procesado, no tenida en cuenta por los peritos del Instituto de Medicina Legal, ni los sentenciadores. En concreto especifica que su representado desde el momento mismo de la indagatoria, la audiencia pública y demás actuaciones manifestó con sinceridad que no recordaba nada sobre la forma como sucedieron los hechos y que nunca tuvo la intención de ocasionar la muerte o lesiones a alguien. Expresa que por errores en la valoración de la prueba no se hizo ese reconocimiento que ubicaría al acriminado en calidad de sujeto inimputable, por cuanto encuentra fundados los reproches del salvamento de voto a los conceptos periciales del Instituto de Medicina Legal, como quiera que le resulta oprobioso, aberrante, carente de ética y falta de profesionalismo, el hecho de que los médicos

admitan la imposibilidad de rendir el dictamen con el lleno de los requisitos legales por el alto número de procesos y no contar con los instrumentos adecuados. Por contra, añade que en el proceso existen diferentes aspectos y elementos de juicio que demuestran el estado de embriaguez patológica, por lo cual el acusado nunca debió declararse imputable, ya que mediante reconocimiento siquiátrico se demostró que una hermana suya sufre de ataques de epilepsia y estos aspectos genéticos no fueron investigados a pesar de que pudieron tener incidencia en su comportamiento. También manifiesta que los expertos no tuvieron en cuenta otros factores de predisposición de la embriaguez patológica, como la falta de sueño, los turnos, el stress, la ingesta alcohólica y el temor extremo del que fue víctima por las amenazas y comentarios del hoy occiso. Pone de presente, en síntesis, que se observaron confusiones y amnesias o llámese un estado de enlagunamiento en el acusado, que bien pudo ser total o parcial y de lo cual dan fe su indagatoria y quienes testimoniaron al respecto. En esa forma, expone que el dolo y el elemento intención no se encuentran debidamente probados en el plenario, porque sólo se hacen afirmaciones sin ningún análisis, tampoco obran los elementos de juicio para llegar a esa conclusión, y que, por el contrario, debían analizarse frente a las manifestaciones 4 no desvirtuadas del inculpado y las otras pruebas allegadas al expediente. Por esa razón alega que se incurre en un falso juicio de existencia, no sólo por la

omisión del dictamen medico-legal, el cual revestía especial trascendencia en el resultado del proceso, sino también por suponer la sentencia e inventar la prueba cuando afirma el dolo, el cual debía probarse como lo señala el artículo 1516 del Código Civil en armonía con el artículo 769 de la misma obra que habla de la buena fe. A mayor abundamiento explica que no existe certeza respecto de la responsabilidad del sentenciado en el grado de imputable y agrega que cuando esta no existe se genera la duda la cual debe resolverse en favor del acusado. En general las críticas que dirige contra los fallos de primera y segunda instancia, son del siguiente orden: Sostiene que el Juzgado se ubica dentro de un falso juicio de existencia, por suposición, porque no es verdad que esté probado en los autos la intención o el dolo del procesado, todo lo cual son sólo afirmaciones eminentemente subjetivas, sin asidero legal ni respaldo probatorio, e igualmente cuando se asevera que el procesado hubiera actuado en forma consciente con toda su capacidad de comprensión. Sostiene que el fallo es deleznable en cuanto sostiene que los experticios siquiátricos y sicológicos están bien sustentados, y en ese sentido crítica que por el perito se hable que las capacidades menguadas del acusado no le impedían comprender la ilicitud de su actuar, ya que en su opinión eso no fue lo que aconteció y no era fácil adentrarse en la intimidad de las personas para hacer ese tipo de valoraciones. Por el contrario, piensa que sus capacidades menguadas debieron ser de gran magnitud o de grado sumo que lo llevaron a obrar sin conciencia plena, lo cual no

fue valorado ni analizado por el forense. De otro extremo, reprocha que del testimonio de Luz Dary Romaña Palacios se diga que comporta notas evidentes de preparación y se lo califique de mendaz cuando no se compadece que el sentenciador utilice esos calificativos sin ningún fundamento probatorio que lo respalde; particularmente, porque no se podía permitir ese tipo de valoración errada, distorsionada, absurda y equivocada de la prueba, menos cuando se trata de una apreciación eminentemente subjetiva, tan sólo existente en la mente de juzgador, repugna que se la cuestione simplemente porque los términos que pone en boca de su cuñado (“mátame, mátame”) no coinciden con lo que a su turno puso de presente la esposa (“me van a matar”), ya 5 que, a su juicio, por el transcurso del tiempo no se podían exigir las mismas palabras y lo único que interesaba era su esencia que era la misma. Así mismo, reprueba por tratarse, en su sentir, de una valoración errada, distorsionada, con adiciones de la prueba, que de ella se dijera cómo tendenciosamente asumió una posición de favorecimiento, tan sólo porque inicialmente se negó a declarar cuando esto nada tenía de irregular ya que nada le impedía renunciar a su derecho constitucional y legal de no declarar contra sus parientes y ningún fundamento tenía el juzgador para afirmar que su renuencia no obedeció a un estado de nervios. Manifiesta que no se hace una valoración integral de la prueba sino parcializada para tomar tan sólo lo que desfavorece, porque se hace caso omiso de la declaración de su esposa cuando afirma que vio herido y desesperado a Antonio

Marino Palacios Murillo. Destaca como una valoración errada que al juzgador le parezca absurdo aceptar que los disparos fueron indiscriminados y alejado de la dinámica fáctica que se hable de “disparar a la loca”, porque la verdad procesal mediante prueba testimonial así lo afirma. También asegura que se incurre en una valoración equivocada de la prueba que va en contravía de la realidad procesal al pretender el fallador hacer aparecer que el disparo mortal que alcanzó a María Maryoli Chavarriaga Baena se realizó en forma directa contra su humanidad, por cuanto la investigación no fue lo suficientemente profunda para esclarecer el punto, ya que lo que cuentan los autos es que salió corriendo y fue alcanzada por uno de los disparos indiscriminados. En su concepto, hace adiciones en la valoración de la prueba porque le hace decir algo que no ha dicho cuando califica de profesional el actuar del acusado sin que en verdad merezca ese calificativo Crítica, por curiosa, la forma como el sentenciador singular admite que no se dilucidó lo relacionado con los antecedentes siquiátricos del procesado, porque esa era una obligación del ente investigador y su ausencia no se podía cargar al investigado, sino resolverse en su favor. Arguye que ninguna prueba se practicó tendiente a demostrar la circunstancia de provocación, que de haber sido esclarecida, los resultados de la investigación hubieran sido distintos y esa omisión acredita que no hubo investigación integral. Sostiene que los aportes del Tribunal al fallo de primera instancia son muy 6 escasos, porque no existe realmente un verdadero análisis de lo acontecido y de

la prueba. Asevera del juzgador colegiado que además de su inexcusable omisión por no analizar o profundizar en el motivo o razón que justificara su deducción cuando califica de sospechoso el testimonio de la esposa del incriminado, coloca algo que la declarante no expuso, porque al revés de lo que se dice, ella si expresó que vio herido a su cónyuge. De suma gravedad califica que en una providencia se haga constar un hecho que no tuvo ocurrencia y deja librada a la discrecionalidad y sabiduría de la Corte la adopción de decisiones respecto a la posible conducta punible de los Magistrados al haber falseado la verdad. Según añade, por la falta de lectura con el detenimiento y cuidado que se requiere se incurrió en una valoración errada de este testimonio, consistente en falso juicio de existencia y también falso juicio de identidad porque se supone o inventa afirmaciones que no obran en los autos y de otro lado se adiciona la prueba colocando lo que no dijo. En síntesis, sostiene que la prueba fue cercenada, distorsionada, se la desconoció o desestimó de una manera injustificada y por eso se incurre además en un falso raciocinio por violación a las reglas de la sana crítica como son la ciencia, la lógica y la experiencia. Explica que lejos de no saberse en que momento se presentó, como sostuvo el juzgador, la lesión que recibió el procesado si tuvo ocurrencia en el preciso momento de los hechos y en su concepto si presentaba heridas y sangrado, su versión con pleno respaldo de su cuñada Luz Dary Romaña Palacio tiene y

merece toda credibilidad en cuanto afirmó que al verse lesionado se produjo súbitamente su perturbación mental como consecuencia de la embriaguez patológica, como quiera que todo apunta a establecer que si existió la provocación por parte de la víctima Encuentra así, que en atención a los conceptos del tratadista Cesar Augusto Giraldo, el comportamiento anterior, concomitante y posterior a los hechos que asumió su prohijado configura el clásico caso de la embriaguez patológica. De otro extremo y en oposición a lo consideraron los sentenciadores, estima que mal podía pregonarse el estado de indefensión ya que el agente que resultó muerto portaba un revolver y fue el que provocó al procesado, tampoco conocía si las otras personas se encontraban o no armadas y los disparos contra ellas fueron indiscriminados. 7 Según alega, es desacertado asegurar que el acusado actuó con conocimiento de la indefensión, y en general afirma que resulta impropio hablar de agravantes frente al trastorno mental que padecía ya que fue el estado de embriaguez patológica el origen de las muertes y nunca su voluntad o animo de cegar la vida de las víctimas. Se sirve de toda la argumentación anterior, a la cual se remite en uno y otro, para la postulación de dos cargos contra la sentencia objeto de impugnación, con fundamento en las causales tercera y primera de casación, respectivamente. 3.1.- Primer Cargo. Sostiene que la sentencia se dictó dentro de un proceso viciado de nulidad, porque se incurre en las causales contempladas en los numerales 2 y 3° del artículo 306 del último ordenamiento, esto es, “la comprobada existencia de

irregularidades sustanciales, lo cual constituye violación al derecho de defensa y afecta, por ende, el debido proceso”. En opinión del Letrado se incurrió en violación del debido proceso regulado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, con desarrollo legal de los artículos 6° de los Códigos Penal y Procesal Penal, o en vicio de estructura, principalmente por los siguientes motivos: 1.- No se decretó ni practicó reconocimiento siquiátrico al procesado Palacios Murillo, el cual era indispensable para determinar el estado de embriaguez patológica en la que encontraba con motivo de la provocación de la que fue víctima. Según se expresa la omisión del dictamen medico legal impidió que se demostraran fehacientemente sus afirmaciones cuando manifestó que desde el momento de la provocación de su compañero Agente no supo lo que ocurrió en adelante. 2.- Debido a la omisión del examen siquiátrico, le fue desconocido el derecho que le asistía como inimputable de conformidad con los artículos 33 del Código Penal, 374 y 375 del Estatuto Procesal, ya que se profirió en su contra medida de aseguramiento y posteriormente Resolución de Acusación en condición de imputable. También alega que se violó en forma flagrante el derecho de defensa, incurriéndose en un vicio de garantía, porque se desconoció el principio de investigación integral como lo dispone el artículo 20 del Código de Procedimiento 8 Penal, la favorabilidad y la imparcialidad, ya que sólo se tuvieron en cuenta las pruebas desfavorables y nunca analizados los aspectos que le eran favorables.

En ese sentido, expresa que se realizaron valoraciones erradas, tergiversadas, distorsionadas, adicionadas y cercenadas con omisiones del recaudo probatorio, como fueron los testimonios de la esposa y cuñada del procesado. En resumen, alega que las omisiones anteriormente señaladas determinaron una condena injusta, porque no se permitió al sentenciado demostrar la inocencia e invoca y pide la nulidad a partir de la medida de aseguramiento, “por cuanto NO debió expedirse tal decisión sino MEDIDA DE SEGURIDAD por tratarse de un INIMPUTABLE, según el inciso 1° del art. 33 del C:P. y debió ser medida de internación, según el art. 71 ibídem”. 3.2.- Segundo Cargo. Denuncia la violación indirecta de la ley de carácter sustancial, por falso juicio de identidad, debido a que la prueba existente fue: (a) distorsionada; (b) tergiversada; (c) cercenada y; (d) adicionada.

4.- CONCEPTO.

El tema que trata la demanda es uno sólo y de fácil comprensión: El estado mental del procesado en el momento de los hechos. Particularmente sostiene que su comportamiento se encuadra o ajusta a un caso de embriaguez patológica que le impidió comprender la ilicitud de los actos que realizó o determinarse de acuerdo con esa comprensión. Desde el punto de vista de la estructura psicosomática de la persona se suele considerar normal la embriaguez que experimenta un sujeto biológico y sicológicamente sano como resultado de la más o menos prolongada ingestión de bebidas alcohólicas. Cuando bajo el influjo de bebidas embriagantes se comete un hecho punible como

el Homicidio y las Lesiones Culposas, la responsabilidad se agrava de acuerdo con lo previsto en los artículos 110 y 121 del Código Penal. Únicamente la embriaguez o intoxicación patológica tiene efectos jurídicos en el campo de la imputabilidad y se define como un cuadro agudo de pocas horas de duración que ocurre en individuos con una labilidad especial al alcohol; sus causas no están bien establecidas por la ciencia, y sólo se cree posible que en la persona que la sufre exista una baja resistencia o tolerancia al alcohol por diversas 9 circunstancias, como son: traumas, fatiga, debilitamiento, rasgos histeriodes de personalidad, etc., o incluso en algunos se encuentran electroencefalográficas anormales especialmente en los lóbulos temporales, y los síntomas más característicos son la obnubilación de la consciencia, agitación, agresividad y destructividad, desorientación y a veces alucinaciones visuales con amnesia posterior completa al episodio. En esa forma, salvo la preordenada que da lugar a la «actio liberae in causa», cualquiera sea su origen (voluntaria, culposa, fortuita o accidental), se constituye en una causa generadora de inimputabilidad si la intoxicación patológica produce en el sujeto un trastorno mental así sea transitorio, con o sin secuelas, que le impida comprender lo que hace y la ilicitud de su comportamiento. Desde el momento mismo de su indagatoria, la cual rindió dos días después que causó la muerte en horas de la noche de su compañero Agente y también de la occisión como la lesión de otros presentes en el sitio escenario de los hechos, el

procesado narra que a partir de las tres y media o cuatro de la tarde ingirió con otros varias medias de brandy marca “domecq” mezclado con gaseosa, más tarde cervezas y se rehúsa a aceptar que fue consciente del daño que causó porque dice que sobre ello no recuerda absolutamente nada. Frente a sus manifestaciones, la Fiscalía no escatimó ningún esfuerzo en establecer el posible estado de perturbación mental por la ingesta alcohólica que pudo padecer, y así se constata que solicitó a las autoridades policivas, administrativas y hospitalarias del Municipio de la Estrella (Antioquia) informe sobre personas intoxicadas por licor adulterado durante el mes de mayo, ordenó la toma de muestras de licor del expendio “Club Social Sedelabues” para establecer por el laboratorio de Criminalística la adulteración o no del brandy “domecq”, y por ultimo envió por solicitud del propio defensor el duplicado del expediente levantado en torno a la investigación a los médicos legistas del Instituto Nacional de Medicina Legal para la correspondiente evaluación sicológica y siquiátrica a fin de determinar si Antonio Marino Palacios Murillo en el momento que eliminó e hirió a las victimas bajo los efectos del alcohol, padeció de trastorno mental transitorio o permanente. El correspondiente dictamen, después que se refirió a los antecedentes familiares y personales generales como específicos del paciente, a la versión del mismo acerca de los hechos y los datos del sumario, concluyó: “Para el momento de los hechos que se investigan, el procesado ANTONIO MARINO PALACIOS MURILLO, tenía conservada la capacidad de comprensión y autodeterminación, y

no actuó bajo Trastorno Mental ni Inmadurez Psicológica. No presenta signos ni síntomas psicopatológicos y su estructura de personalidad está dentro de límites normales” (folio 275). 10 El opugnante estima que los expertos siquiátricos se equivocaron y también los magistrados, porque a su juicio siendo la verdad diferente afirman que no encuentran ninguna irregularidad en el experticio siquiátrico. Consecuente con su punto de vista, ataca las sentencias de instancia porque no reconocieron el estado de inimputabilidad, a través de dos cargos, en forma deshilvanada y confusa sin guardar la independencia argumental y conceptual, uno por nulidad y otro por la valoración distorsionada, absurda y errada o equivocada de la prueba. Por contra, el opugnante sostiene que obran en el proceso diferentes aspectos y elementos de juicio que demuestran el estado de embriaguez patológica padecido por el acusado, porque mediante reconocimiento siquiátrico se estableció el cuadro clínico epiléptico de una hermana suya que pudo tener incidencia en el comportamiento y tampoco se tuvo en cuenta por el galeno de medicina legal que la falta de sueño, la fatiga por los turnos y el temor extremo por las amenazas de su compañero armado pudo ser un factor de predisposición de la embriaguez patológica sobre todo porque se observaron en el acusado estados de confusión y amnesia o enlagunamiento en relación con los hechos trágicos. Se preguntó al autor del trágico insuceso sobre el consumo de alcohol y respondió “pues, muy poco tomo pero de vez en cuando me los tomo, a veces tomo brandy y

cuando no, cerveza, y no hago revolturas” “cuando me pagaban iba ahí a la esquina y me compraba tres o cuatro cervezas de botella y me las tomaba en la casa eso era cada mes que me pagaban el sueldo; como yo nunca tomo hasta embriagarme, mas que todo tomo en mi casa nunca afuera, yo tomo cualquier tres cervezas y me voy para la casa, es que la mujer mía no toma entonces por eso me voy a casa, y cuando tomo y me siento mareo me acuesto, cuando tomo no me da por pelear nada, no consumo estupefacientes, soy enemigo hasta del cigarrillo”. Así mismo, aclaró: “Yo tenía tiempo que no tomaba brandy porque una vez me tomé unos brandys en Medellín y eran como cuatro tragos apenas y eso me mareó y al parecer decían que el trago estaba adulterado, hacía creo que más de seis meses sin tomar brandy”. Enfáticamente se lo interrogó si después de la ingesta de licor no recordaba lo que hacía, y de manera categórica respondió: “…yo nunca tomo para emborracharme así, tampoco ha ocurrido que me enlagune”. También a la pregunta sí alguna vez había sentido alucinaciones o que sin fundamento se creyera perseguido, atacado o agredido, contestó: “No, doctor”. El concepto médico sigue la división propia de los informes sobre peritaciones siquiátricas de la Sección de Psiquiatría Forense del Instituto de Medicina Legal, 11 que obliga no sólo a la precisión de las técnicas empleadas en el diagnostico sino también a considerar los antecedentes personales generales y específicos del imputado, familiares, y el examen de los aspectos psíquico, delictivo, histórico y el

causalista. Para cumplir tal cometido, el sumario fue una de sus herramientas, como de modo expreso y específico, lo precisó: “De otra parte, después de estudiar cuidadosamente la totalidad del expediente conteniendo las versiones de los testigos y del propio procesado, y de practicar evaluación siquiátrico forense, se puede colegir que para el momento de los hechos que se investigan, reunía las condiciones síquicas necesarias para comprender, valorar y dirigir sus actos, y para discriminar lo licito de lo ilícito y obrar en consecuencia como finalmente lo hizo.” “El suyo fue un acto motivado, discriminad, dirigido a un fin especifico y ejecutado con precisión psicomotora, que al igual que la conducta posterior a los hechos, dan cuenta de la conservación de las capacidades de entender y querer, y está lejos de ser el acto súbito, inmotivado e indiscriminado de quien actúa bajo Trastorno Mental o Inmadurez Sicológica.” “El consumo de alcohol invocado por el sindicado no le anuló de forma definitiva las funciones intelectivas ni volitivas, por lo que no es homologable con Trastorno Mental ni Inmadurez Sicológica” “Es conocido que el alcohol es factor facilitador de conductas criminogénicas, porque produce desinhibición de los frenos inhibitorios de la corteza cerebral, con la consiguiente aparición de comportamientos impulsivos y agresivos, como el desplegado por el sindicado, que no constituyen Trastorno Mental ni Inmadurez Sicológica en los términos del artículo 31 del Código Penal”. No es simple, sino un examen complejo y prolijo el que requiere establecer los

estados de perturbación mental, y el perito debe abstenerse de dar un concepto cuando no tenga los elementos de juicio para exponer su diagnostico con razonable certeza y validez científica, empero absolutamente inaceptables resultan las criticas de falta de profesionalismo y carentes de ética que le atribuye a los expertos siquiátricos porque no es cierto que ellos justificaran el desinterés y la desidia de no tener en cuenta los factores colaterales que apuntaban a demostrar el estado de embriaguez patológica, como tampoco realizar todos los exámenes pertinentes por el número de procesos que debía atender el Instituto y la falta de instrumentos adecuados. Esa opinión es absolutamente distinta a la advertencia que se anotó con el único fin de explicar que el examen no se había practicado por sicólogos y siquiatras forenses sino sólo por los últimos, lo cual era usual en todos los casos por economía procesal y la cantidad de trabajo, debido a que unos y otros tenían el suficiente entrenamiento, así como también la 12 imposibilidad de un examen para establecer un desequilibrio neuro-glandular por tratarse de un aspecto médico. El operador jurídico no ha de adoptar una actitud pasiva y de aceptación automática de la pericia, porque ésta apenas le facilita los elementos de juicio de carácter científico sobre los cuales habrá de resolver en derecho, y además es sabido que la psiquiatría no ofrece la misma certidumbre que otras áreas de la medicina, pero inocultable también resulta que el Tribunal ensaya su propio examen del comportamiento que observó el justiciable para descartar la

inimputabilidad. Se apoya el recurrente en el contenido del salvamento de voto por parte de uno de los integrantes de la Sala a la decisión de la Magistratura, del cual dice abre el camino para un fallo en justicia y no se incurriera en un error judicial porque demuestra el estado de embriaguez patológica que envolvió el proceder del acusado, pero sin dificultad se advierte que una razón de peso para pregonarlo fue la falta de explicación o justificación del proceder del procesado porque no hubo motivo alguno para agredir a su compañero de institución, lo cual niega rotundamente la demanda porque de manifiesto pone e insiste de modo enfático el recurrente que se alteró el contenido objetivo del testimonio de la esposa cuando se dijo de ella que no había visto herido a su cónyuge, de tal manera que también se lo adiciona porque sin duda la mujer afirmó lo contrario, como también que se desestimó la agresión de que da cuenta la cuñada, desconociéndose que todo apuntaba a establecer que si hubo realmente provocación por parte del agente que resultó muerto. La infracción a las reglas de la sana crítica debido a un falso raciocinio, porque se tilda de sospechosos sin ningún fundamento probatorio a los testigos que confirman la esencia de la versión del procesado, tiene por objeto demostrar que sin lugar a dudas éste entró en estado de perturbación mental precisamente frente a la agresión, ya que a partir de ese momento es cuando nada sabe ni recuerda sobre lo sucedido. El i