PGN - Documento 201607102050565

Bogotá, D. C., 02 de marzo de 2007 Concepto No. 5 1IJP Doctor

RAMIRO ALONSO MARÍN VÁSQUEZ

Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia

Ciudad REF: Sumario número 10128

Jorge Cañedo de la Hoz

Prevaricato Respetado doctor: Encontrándose el Ministerio Público dentro del término de traslado fijado en el asunto de la referencia, en virtud a la declaratoria de cierre de la investigación producido el 13 de diciembre de 2006, se procede a ofrecer nuestro concepto de fondo acerca del mérito sumarial.

ACONTECER FACTICO Ha tenido su origen la presente investigación en la compulsa de copias ordenada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de justicia, como consecuencia de un fallo de tutela producido el 13 de diciembre de 2005, donde se amparó el derecho fundamental al debido proceso, que se consideró vulnerado por el Fiscal Quinto Delegado ante el Tribunal Superior de Medellín, doctor JORGE CAÑEDO DE LA HOZ, con la emisión de una resolución de segunda instancia fechada el 7 de septiembre de 2005, mediante la cual revocó la acusación proferida el 15 de junio de 2005 por la fiscalía 54 Seccional de esa misma ciudad, que imputó el punible de fraude

procesal a LÁZARO ALFREDO MORENO PAREJA, MARÍA OFELIA

MORALES DE MORENO, MARÍA CLAUDIA VILLA MORENO, OSCAR ALBERTO VILLA MORENO, MÓNICA VILLA MORENO, LUZ STELLA MORENO PAREJA y ÁNGELA INÉS PELÁEZ ARANGO, para, en su lugar,

favorecer a estas personas con preclusión de investigación. La crítica central formulada por la Corte Suprema de Justicia respecto de la actuación del fiscal CAÑEDO DE LA HOZ radicó en la circunstancia de que al revocar la providencia de primer grado no expuso fundamentos de contenido jurídico; que éstos sólo se dieron en apariencia, puesto que sin realizar valoración de las pruebas, ni indicar las razones por las cuales no compartía las conclusiones del instructor de primera instancia, respecto de 2 quien lanzó frases descomedidas, terminó adoptando la medida de preclusión. La sentencia de tutela fue objeto de impugnación, produciéndose su confirmación en decisión de febrero 14 de 2006, emanada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, el actor en materia de tutela presentaría una nueva “demanda”, pues en su sentir, cuando el Fiscal 5º Delegado ante el Tribunal de Medellín supuestamente dio cumplimiento al fallo de diciembre 13 de 2005, lo cual tuvo lugar con la resolución del siguiente 20 de diciembre, volvió a incurrir en una vía de hecho, pues mantuvo su inicial decisión. La Corte Suprema, entendió el reclamo como la proposición de un incidente de desacato, imprimiéndole el trámite respectivo, decidiéndolo el 7 de marzo de 2006, donde se concluyó que en efecto había sido desacatada la orden de tutela; por ende, dejó también sin efectos la segunda providencia del instructor ad quem, le impuso 3 días de arresto y multa de 3 salarios mínimos legales mensuales, a más que impetró de la Dirección Seccional de Fiscalías

de Medellín se designara el asunto a un nuevo fiscal para que se surtiera la segunda instancia del interlocutorio de junio 15 de 2005. En esta oportunidad indicó el juez de tutela que la preclusión de investigación de diciembre 20 de 2006, en lugar de realizar aquella labor valorativa de los medios de prueba, como se había determinado al conceder el amparo constitucional, lo que hacía era cambiar su orden formal, agregar algunas frases genéricas, pero, en el fondo, insistir en una preclusión de investigación sin explicar de manera adecuada las razones por las que no podía mantenerse la resolución acusatoria dictada en primera instancia. Surtido el necesario grado jurisdiccional de consulta que opera en estos asuntos, la Sala de Casación Civil confirmó la medida, mediante providencia de abril 3 de 2006.

RESEÑA DE LA ACTUACION PENAL

1. En un comienzo, y de conformidad con el criterio que para ese momento existía en la Fiscalía General de la Nación, se imprimió a la investigación la tramitación determinada por la Ley 906 de 2004; sin embargo, a raíz del pronunciamiento de abril 6 de 2006, emanado de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal, se ajustó el trámite a los preceptos de la Ley 600 de 2000.

2. Acreditada la calidad formal del funcionario imputado (f. 24-28, c. 1), aportadas las providencias de junio 15 de 2005 de la Fiscalía 54 Seccional de Medellín, al igual que la de septiembre 7 siguiente de la Fiscalía 5ª Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín (f. 31 ss.), a más de obtener

copia integral de la actuación surtida bajo la radicación número 745.561 (Cdos. Anexos 1 a 15), la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte 3 Suprema de justicia encontró mérito para abrir formal investigación, como así se dispuso en decisión de julio 10 de 2006 (f. 67-70).

3. Fue practicada diligencia de inspección judicial en la Corte Constitucional, sobre el expediente T-1397771, que contiene el trámite de tutela propuesta en contra del doctor JORGE CAÑEDO DE LA HOZ, tomándose fotocopias de las piezas procesales que se consideraron pertinentes (Cdo. Anexo 16).

4. Sometido el doctor CAÑEDO DE LA HOZ a diligencia de indagatoria, ofreció de manera extensa explicaciones acerca de su actuación (f. 82-112, 119-132, c. 1), a más que rindió ampliación de injurada (f. 167-202, ib.).

5. La fiscalía advirtió en providencia septiembre 6 de 2006, que siendo investigado el acusado de un punible de prevaricato por acción no se requería resolver su situación jurídica (f. 1-6, c. 2).

6. En la instrucción también fue recibida declaración jurada al demandante en tutela, abogado JORGE ALBERTO MEJÍA ESCOBAR (f. 27-39, c. 2), así como a su mandante ÁNGELA INÉS PELÁEZ ARANGOA (f. 40-47); de la misma manera se escuchó en declaración a ÓSCAR DE JESÚS LAINEZ

RUÍZ y JORGE IVÁN CARVAJAL SEPÚLVEDA (f. 48-63), quienes dan cuenta de las calidades intelectuales del aquí sindicado.

7. Finalmente, es de anotar que el doctor CAÑEDO DE LA HOZ impetró en su nombre la aplicación del principio de oportunidad, aduciendo que resultaba viable aplicar esta figura del sistema acusatorio al procedimiento regulado en la Ley 600 de 2000, con fundamento en el principio de favorabilidad (f. 57-63, c. 2), pretensión despachada desfavorablemente, al no considerarse que ese instituto del nuevo estatuto procesal tuviera paralelo con alguno de los mecanismos de terminación anticipada de la Ley 600, aparte de que siendo de la esencia del principio de oportunidad la existencia de una conducta punible y de su responsable, en el presente asunto el peticionario aducía que no se había presentado ilicitud alguna (f. 78-87).

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La conducta que se imputa al doctor FRANCISCO CAÑEDO DE LA HOZ es la de prevaricato por acción, que tiene regulación en el artículo 413 del Código Penal, en los siguientes términos: “ART. 413.- Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”. Ahora bien, en forma reiterada hace énfasis la jurisprudencia nacional en la

abierta disconformidad entre lo decidido por el servidor público y aquello que 4 le correspondía actuar conforme la norma aplicable al caso. Es así como en alguna oportunidad se indicó: “/…/ No configura el tipo penal, entonces, cualquier error en el cual incurra el funcionario sino que se requiere que entre lo que decidió, dictaminó o conceptuó, y la ley o el derecho aplicable, se presente una contradicción ostensible. El de culpabilidad, para que pueda atribuirse el delito y cuando ya se ha determinado que no puede justificarse la conducta, requiere que el acto del servidor público evidentemente contrario a la ley ha sido determinado por su ánimo consciente y voluntario de violarla, con independencia del motivo que lo impulsó” (CSJ, Sent. 3/sept./2002; M. P. Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar y Fernando E. Arboleda Ripoll, rad. 15513). Así mismo, y cuando se trata de examinar la posible ocurrencia de conductas prevaricadoras en el ejercicio de la función de administración de justicia, ha precisado la jurisprudencia: “Es cierto que es función del juez interpretar la ley y que si en el cumplimiento honesto de esa actividad consustancial a su cargo se equivoca o decide en detrimento del derecho ajeno, no incurre en prevaricato ni comete otro delito, especialmente cuando la complejidad del texto examinado o su confusa redacción admiten interpretaciones discordantes. Pero cuando el sentido literal de la norma y su concreta finalidad son suficientemente claros y pese a ello se distorsionan dándoles un alcance que no pueden tener, cuando esa torcida interpretación no se explica por ignorancia o por errónea asimilación

de su contenido y cuando, además, ella se concreta en decisión que conculca indebidamente derechos legítimos, entonces tendrá que reconocerse que una tal providencia sería manifiestamente ilegal y, por ende, demostrativa de prevaricato” (CSJ, auto de 16 de agosto de 1983). Aplicando al caso concreto estos genéricos conceptos, considera pertinente la Delegada comenzar por resaltar las críticas que formuló la Corte Suprema de Justicia al proveído de septiembre 7 de 2005 y que consistieron en que el doctor JORGE CAÑEDO DE LA HOZ, en su calidad de fiscal ad quem, (i) no analizó los testimonios de ANTONIO MORENO PAREJA y DOLLY ANGULO, (ii) ni las circunstancias que tornan inadmisibles los millonarios préstamos cuando la Caja Nacional de Previsión cubría los gastos médicos de JOAQUÍN MORENO PAREJA, (iii) así como el hecho de que el precitado ex funcionario tenía ingresos suficientes para hacer tales erogaciones sin acudir a préstamos, y, (iv) finalmente, que no aparecieron los adecuados soportes de las deudas supuestamente asumidas y que, en cambio de esa tesis inicial, se habló entonces de una entrega de dólares. En fin, que mientras en primera instancia se valoraron las pruebas, en la segunda instancia no se quisieron ver ni estimar las mismas, limitándose el doctor CAÑEDO DE LA HOZ a “llenar varias páginas con oraciones etéreas para cumplir con la finalidad de precluir la investigación”. Y se agregó que existiendo orden de compulsa de copias dentro del proveído acusatorio, el ad quem se abrogó

facultades en la materia y dio por sentado que ninguna conducta punible se 5 había llevado a cabo, de manera que también revocó la orden correspondiente (f. 2-6, c. 1). Ahora, cuando se decidió el incidente de desacato, señaló la Corte Suprema de Justicia que, (i) el fiscal de segundo grado insistió en descalificar la resolución acusatoria de primera instancia al reiterar que era “de poca entidad” y “bastante canija”, agregando ahora que contenía “elucubraciones” y “abstracciones” desconocedoras de normas comerciales y civiles acerca del tema de los títulos valores y de la buena fe de sus tenedores, omitiendo entonces analizar el tema de las mentiras que contenían los títulos valores usados en los procesos ejecutivos, (ii) motivo por el cual se ocupó de un tema que no era objeto de discusión y referido a una presunta falsedad de los pagarés, cuando aquello que debía examinarse era la actividad de la apoderada general al hacer suscribir más de 100 pagarés para crear deudas inexistentes, (iii) de donde se concluyó que “bajo la premisa de cumplir el fallo de tutela, realmente lo que hizo fue copiar, pero trastocando los párrafos, la decisión que el juez constitucional demostró vulneraba el debido proceso”, surgiendo así solo un “cumplir en apariencia” lo ordenado por vía de la tutela, máxime cuando los argumentos agregados seguían evidenciando desconocimiento de la realidad procesal (f. 82-108, Cdo. Anexo 16). Conocida así la postura de la Corte, como juzgador de tutela, y tomando en

consideración que el cuestionamiento radica sobre una providencia calificatoria, ha de indicarse que el Código de Procedimiento Penal de 2000, que fue el aplicado en el proceso penal que en primera instancia se surtió ante la Fiscalía 54 Seccional de Medellín indicaba que eran viables dos formas de calificación sumarial: la resolución de acusación o la resolución de preclusión de la instrucción (art. 395), precisando la ley adjetiva que para efectos de una acusación se requería la demostración, por una parte, de la ocurrencia del hecho y, de otra, que existiera confesión, testimonio que ofreciera serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio de donde pudiera inferirse la responsabilidad del sindicado (art. 397). Así mismo, y como parámetro general a la hora de adoptar cualquier decisión, enseñaba el mismo estatuto procedimental que “toda providencia debe fundarse en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación (art. 232, inc. 1), a más de advertirse que “las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica” (art. 238, inc. 1) y que es obligación del funcionario exponer “siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba” (inc. 2, ib). En materia probatoria igualmente es oportuno recordar que si se trata de la valoración de la prueba indiciaria, establecía el código procesal que “el funcionario apreciará los indicios en conjunto teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con los medios de prueba que obren en la actuación procesal”.

Para esta Representación de la Sociedad resulta claro, en consecuencia, que si un funcionario instructor, en la fase de la calificación sumarial, no toma 6 en cuenta estos parámetros legales a la hora de elaborar las motivaciones del respectivo interlocutorio, se estará apartando ostensiblemente del ordenamiento jurídico, y que la decisión que entonces adopte no será consecuencia de un ejercicio válido de su función de administrador de justicia, con plena autonomía, a términos de los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, sino que se tornará en una actuación caprichosa e ilegal de su parte que, necesariamente, será constitutiva de una conducta típica de prevaricato por acción. Ahora, frente a esas imposiciones normativas, muestra el expediente que la decisión de junio 15 de 2005, producida por la Fiscalía 54 Seccional de Medellín (f. 1096-11005, Cdo. Anexo 4), si bien no resulta extensa si es precisa en su valoración de los medios de convicción. Es así como el funcionario instructor de primer grado parte por resaltar cómo es la propia apoderada de LUZ STELLA MORENO PAREJA, doctora ÁNGELA INÉS PELÁEZ ARANGO, quien reconoce las diferencias irreconciliables de su mandante y demás miembros de su familia frente a LUCÍA CEBALLOS, esposa legítima de JOAQUÍN MORENO PAREJA; que aunque se habla de unas cuentas muy claras en materia de gastos que tuvieron que asumir los hermanos y otros allegados del enfermo, no reclamaron finalmente sus acreencias en la sucesión sino que prefirieron

actuar separadamente en varios procesos ejecutivos; que no existen soportes serios ni claros para explicar el origen y el destino que se habría dado a los préstamos por $ 285’600.000. Así mismo, se pone de presente que los acusados no han querido mencionar la capacidad del difunto JOAQUIN MORENO, quien recibía pensión de jubilación, arriendos y ejercía su profesión de abogado, o el hecho de que al hacer testamento no hubiera reconocido deudas, ni la circunstancia de que recibía servicios de CAJANAL, amén de que la apoderada y sindicada LUZ STELLA quien supuestamente guardaba comprobantes de todos los gastos sí rompió unas letras de cambio que habría cancelado. De todo esto, infiere el a quo que los pagares elaborados son ficticios, que se usaron para adelantar varios procesos ejecutivos y así despojar a la hija del doctor JOAQUIN de su herencia y a la esposa supérstite de sus gananciales, lo cual implica que las hermanas, familiares y allegados del causante engañaron a los jueces ante quienes se presentaron los títulos, provocada por la animadversión que les generaban la esposa e hija del jubilado fallecido. Así las cosas, se formuló la respectiva resolución de acusación por fraude procesal, indicándose que en esa conducta incurrieron por una vez LÁZARO ALFREDO MORENO PAREJA, MARIA OFELIA MORALES DE MORENO, MARÍA CLAUDIA VILLA MORENO, OSCAR ALBERTO VILLA MORENO y MÓNICA VILLA MORENO, en tanto que la señora LUZ STELLA MORENO

PAREJA y la abogada ÁNGELA INÉS PELÁEZ ARANGO, incurrieron en esa conducta en concurso material en cinco oportunidades. En cambio, se favoreció con preclusión de investigación a ANTONIO JOSÉ MORENO PAREJA, quien de manera enfática negó en su injurada haber prestado a su hermano JOAQUÍN dinero alguno y mucho menos haberlo demandado 7 ejecutivamente. Por otra parte, se ordenó compulsar copias contra la abogada PELÁEZ ARANGO para que se le investigara disciplinariamente, a más que se dispusieron copias adicionales para investigar los posibles ilícitos de falsedad en documento privado y estafa. Frente a este calificación sumarial, la decisión emitida por el doctor JORGE CAÑEDO DE LA HOZ el siguiente 7 de septiembre de 2005, merced a la interposición de un subsidiario recurso de apelación, en verdad que carece de sustentación jurídica y fáctica. Comienza el aquí implicando predicando que el a quo emitió una resolución “de poca entidad y bastante canija”, que “obedece a una abstracción de los hechos y se dedicó a hacer elucubraciones sin tener en cuenta el contenido del expediente” (f. 1206, Cdo. Anexo 4), sin embargo, cuando se adentra en el acápite de “CONSIDERACIONES Y DECISION” es él quien no toma en cuenta el expediente. Véase, por ejemplo, que siendo la imputación por un delito de fraude procesal, dice que no hay elementos de prueba indicativos de que en los procesos ejecutivos se hubieran “tachado de falsos” los pagarés que servían

de sustento a las demandas, a más de criticar al Fiscal Seccional por no “desentrañar la naturaleza de los documentos crediticios” (f. 1210, ib.), cuando la falsedad de documentos no es elemento esencial para la constitución de tal conducta punible, si se examina el contenido del artículo 453 del Código Penal de 2000 que lo regula. Así mismo, sin indicar la importancia del argumento, o que logra refutarse con su utilización frente a lo expuesto en la primera instancia, hace énfasis en que LUZ STELLA MORENO PAREJA no sólo era la apoderada general de JOAQUIN MORENO PAREJA, sino que además le fue deferida la curaduría de su hermano cuando fue declaro interdicto en el Juzgado 9º de Familia (f. 1211, ib.), a más de que en los cuadernos anexos del proceso penal están demostrados los gastos efectuados por razón de la enfermedad de su hermano. De otra parte, dice que no hay coherencia entre el hecho de que habiéndose proferido inicialmente resolución inhibitoria a favor de la abogada ÁNGELA INÉS PELÁEZ ARANGO, ahora se la afecte con resolución de acusación sin que las pruebas hubieran variado, acusación que se extiende a los acreedores en los juicios ejecutivos (f. 1211-1212, ib.). Por lo demás, ninguna otra referencia a los medios de prueba, o a las conclusiones de la primera instancia, contiene la calificación de segundo grado, salvo la genérica reiteración de que nunca se ha probado que los pagarés son falsos. Pero ello le resulta suficiente al doctor CAÑEDO DE LA

HOZ para revocar el pliego acusatorio y favorecer con preclusión a los implicados, a más que afirma no hay lugar a compulsar copias “para investigar delito alguno, simplemente, aquí queda precluida la investigación por Fraude Procesal y ninguno de los implicados por estos hechos ha incurrido en delitos afectantes de la Fe Pública y el Patrimonio Económico” (f. 1214, ib.). 8 Ahora, y por lo que hace con la nueva providencia calificatoria de segunda instancia, proferida el 20 de diciembre de 2005, como consecuencia de la acción de tutela fallada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en verdad que, como lo planteara el auto que decidió el incidente de desacato, en términos generales es una repetición de los planteamientos plasmados en la decisión de septiembre 7 del mismo año y que había perdido todo valor jurídico. En efecto, una vez más se insiste en que LUZ STELLA MORENO PAREJA era apoderada general de su hermano JOAQUIN, motivo por el cual en ejercicio de esas facultades suscribió 101 pagarés que sirvieron de sustento a varios procesos ejecutivos, sin que la calidad de esa persona, o sus actuaciones hubieran merecido tacha de falsa. Se razona nuevamente en el sentido de que esos títulos valores gozan de presunción de autenticidad conforme las respectivas normas civiles y comerciales y el principio de la buena fe. De otro lado, una vez más, se pone de presente que en los cuadernos anexos del trámite penal están relacionados los pagos, erogaciones, gastos y desembolsos que hubo de realizar LUZ STELLA para atender la larga

enfermedad de su hermano. Así mismo, se resalta por segunda ocasión que no hubo tacha de falsedad de los títulos valores y que no sólo como consecuencia del poder general se ocupaba LUZ STELLA MORENO de su hermano JOAQUIN, sino que además fue declarada guardadora de éste como consecuencia de la declaratoria de interdicción. Sólo al final de su providencia (f. 1244-1247 ib.), hace referencias el fiscal ad quem al material probatorio. De una parte, para indicar que dar credibilidad al abogado JOAQUÍN GUILLERMO GOMEZ GIRALDO, así como a las señoras CONSUELO RAMÍREZ MESA. DOLLY ANGULO DE MORENO y LUCÍA CEBALLOS RIVERA, no consiste en un adecuado análisis testimonial a la luz de la sana crítica, pues sus dichos de que “no debía ni un tinto”, o que no contrajo deudas con persona alguna, es algo alejado de la realidad, acotando que riñen con lo sostenido por PEDRO JUAN MORENO VILLA, al señalar que prestó una gruesa suma de dinero en dólares para que los familiares de JOAQUIN MORENO pudieran atender los gastos que este último requería. Y de otra, para señalar que no resultan creíbles las explicaciones de ANTONIO JOSÉ MORENO PAREJA en indagatoria o el dicho de su esposa DOLLY ANGULO DE MORENO, pues el primero era de edad avanzada y con salud mental deteriorada, en tanto que la segunda fue inconsistente en su narración. Y como corolario de esas motivaciones, aduciendo acatar el fallo de tutela, volvió no sólo a precluir la investigación a favor de los afectados con

resolución acusatoria, sino que extendió su decisión una vez más a revocar las órdenes de compulsar copias. 9 Visto el contenido de las dos providencias calificatorias de segundo grado cuestionadas por la jurisdicción de tutela, y naturalmente sin pretenderse por parte de esta Procuraduría Delegada que el presente proceso contra el doctor JORGE CAÑEDO DE LA HOZ pueda considerarse como una tercera instancia frente al devenir de la actuación que primeramente correspondió a la Fiscalía 54 Seccional de Medellín, es nuestro criterio que en esas dos decisiones judiciales en verdad se omitió el debido análisis probatorio y jurídico del asunto sometido al funcionario aquí sindicado; que, como lo concluyó la Corte Suprema de Justicia, se contentó el servidor judicial con llenar de frases genéricas sus providencias para, de manera caprichosa, terminar revocando la resolución acusatoria objeto de subsidiaria apelación. Incluso, existiendo dentro de esa decisión interlocutoria determinaciones de mero trámite, de sustentación, que no eran por tanto objeto de un recurso de alzada, decidió dejar sin efecto las órdenes de compulsar copias para trámites de carácter disciplinario y penal. Que faltó la adecuada valoración probatoria lo evidencia, además, una revisión de la actuación penal en donde actuaba como instructor de segundo grado el implicado y que ha sido allegada a esta actuación, conformando 16 cuadernos anexos. Ahora, insistiéndose en que no corresponde al Ministerio Público actuar como parte en esa otra investigación, ni ofrecer posturas con el propósito de que sean ellas necesariamente acogidas por quien finalmente

haya debido evacuar la segunda instancia, bien pueden resaltarse varios aspectos puntuales, en orden a acreditar que el doctor CAÑEDO DE LA HOZ no plasmó en sus dos providencias -7 de septiembre y 20 de septiembre de 2005argumentaciones que tuvieran fundamento en la realidad procesal, sino que basó su orden de preclusión y de revocatoria de compulsa de copias en su mero capricho, pese a contar con numerosos elementos de convicción para tales efectos. Primeramente, sorprende a cualquier lector desprevenido que un ex funcionario de la rama judicial como JOAQUIN MORENO PAREJA, favorecido con pensión de jubilación, y con derecho incuestionable a ser atendido en su salud por la Caja Nacional de Previsión, o por la entidad que en Medellín la hubiere reemplazado –si es que ello llegó a suceder, pues se predica que CAJANAL no prestaba servicios adecuados a su afiliado-, se hubiera endeudado en un muy corto tiempo –noviembre de 1998 a marzo de 2002en cifra astronómica, pues los pagarés presentados en su momento al proceso de sucesión (f. 163-177, c. anexo 1) ascendían a $ 285’600.000. Así mismo, llama la atención que si esas deudas las contrajo la hermana del enfermo, LUZ STELLA MORENO PAREJA, en condición de apoderada general de su consanguíneo –cargo que ejercía desde octubre 9 de 1998, coincidiendo curiosamente con la fecha en que fue internado en una clínica el poderdante para ser atendido por razón de un tumor cerebral-, se hubiera

opuesto a un trámite de interdicción por demencia en donde la esposa de JOAQUIN, la señora LUCÌA CEBALLOS DE MORENO, reclamaba la guarda de su cónyuge. En especial porque LUZ STELLA sostuvo que era una eficaz mandataria y que JOAQUIN era persona de pocos gastos que podían ser atendidos con su pensión y otros ingresos adicionales. Este aspecto cobra gran importancia, porque esto ocurrió en noviembre de 2001 (f.199-206, c. 10 anexo 1), de manera que no había razón para ocultar la gravedad de la enfermedad de quien se pedía la interdicción y mucho menos negar que cada día eran mayores los gastos del paciente; el total silencio al respecto, para en su lugar presentar una situación aceptable, ya genera desconfianza de que en agosto de 2003 aparezcan múltiples acreedores. También es relevante que tanto en versión libre (f. 536-543, c. anexo 3), como en indagatoria (f. 704-708, ib.), la explicación principal que se ofrecía por parte de LUZ STELLA MORENO PAREJA para las elevadas deudas que adquirió a nombre de su mandante, fuera la colaboración de sus familiares y allegados a través de numerosos préstamos que se reflejaron luego en los 101 pagarés. Pero, visto, fundamentalmente, que ANTONIO JOSE MORENO PAREJA (f. 930-932, ib.), negó enfáticamente haber prestado dineros a su hermano JOAQUIN, pues sus ingresos apenas le permitían mantenerse (y figuraba prestando $ 59’100.000), se trajo entonces como refuerzo de la

grave situación económica del pensionado, que en el primer semestre de 1998 había obtenido un préstamo en dólares de PEDRO JUAN MORENO VILLA (f. 835-838, ib.), que en su momento representaban $ 79’000.000, y que merced a intereses esa deuda llegó a un total de $ 134’000.000, de manera que los dineros prestados por los familiares y allegados ya no estarían destinados a cubrir los gastos hospitalarios de JOAQUIN, sino a responderle al acreedor PEDRO MORENO. Pero, no sobra resaltar que éste último no allegó documentación alguna demostrativa de tan elevado egreso (máxime cuando no es usual el empleo de moneda extranjera para préstamos dentro del país) y tampoco pudo allegarlos la apoderada general quien, extrañamente, destruyó toda evidencia material al respecto, según su dicho. Qué decir, además, de la capacidad económica de otros de los supuestos acreedores. OSCAR ALBERTO VILLA MORENO, por ejemplo, recibía ingresos mensuales del orden de los $ 2’500.000 (f. 556, ib.); y MARIA CLAUDIA VILLA MORENO percibía como sicóloga un sueldo de $ 1’485.000 (f. 563, ib.), lo cual de por sí desdice que estuvieran en condiciones de facilitar sumas importantes de dinero a su pariente, pues pondrían en riesgo su propia manutención. Finalmente, aunque LUZ STELLA MORENO PAREJA aportó documentación sobre los gastos que realizó para atender a su hermano JOAQUIN (Cdos. Anexos 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14), que arrojan un total de egresos del orden de

los $ 225’000.000 entre 1999 y la fecha de la muerte de su mandante en agosto de 2002, inmediatamente llama la atención que LUZ STELLA sólo asumió sus funciones en octubre de 1999, de manera que no se explican los anteriores a esa fecha. Fuera de esto, obran pruebas indicativas de que durante febrero a julio de 2001 fue una amiga o compañera de JOAQUIN MORENO quien cobró su pensión y se encargó en forma prioritaria de sus gastos, de manera que los estaría cobrando en forma doble la mandataria general. Incluso, no puede pasarse por alto que la apoderada adquirió un vehículo por $ 14’500.000 cuyo pago resulta asumiéndolo su mandante, según las cuentas que aquella ofrece. 11 Así las cosas, y aún sin contarse con pericia contable dentro del proceso penal que se examina, surgen graves inconsistencias sobre su veracidad. En concreto, frente a los $ 134’000.000 que se dice fueron pagados a MORENO VILLA; así mismo, en cuanto a la compra y forma de pago del automotor adquirido por la apoderada; también respecto a las cuentas anteriores a octubre de 1998 y el período comprendido entre febrero y julio de 2001; a más de esto, no puede desconocerse la existencia de la pensión de JOAQUIN MORENO y los valores que pudiera percibir por arriendos, así como sus ahorros fruto de su ejercicio profesional, pues se dice que litigó hasta muy avanzada edad y en tanto que su enfermedad no lo postró definitivamente. En tal virtud, en lugar de resultar atendibles los documentos así presentados,

tendrían más veracidad para