PGN - Documento 201607102050590

Bogotá, 31 de marzo de 2006.

CONCEPTO No. 017 1ª IJP

Doctor

MARIO GERMÁN IGUARÁN ARANA

Fiscal General de la Nación Ciudad

REF: Diligencias de Investigación Previa No. 9228

Contra: JESÚS EMILIO GÓMEZ JARAMILLO Ex procurador Judicial Administrativo En mi condición de Procuradora Primera Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal, atentamente solicito, proferir decisión inhibitoria en favor del implicado en el presente caso, atendiendo para ello lo dispuesto en el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, dado que se encuentra establecido que las conductas imputadas al doctor JESUS EMILIO GÓMEZ JARAMILLO, como Procurador 2º Judicial Administrativo, no constituyen infracción de carácter penal.

Los argumentos que sustentan mi petición, pueden sintetizarse de la siguiente manera: ANTECEDENTES: El aspecto medular que aquí nos convoca se contrae a establecer si el doctor JESUS EMILIO GÓMEZ JARAMILLO en su condición de Procurador Judicial Administrativo y con ocasión de su intervención en el Tribunal de arbitramento -de Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. (FENECO S.A.) contra Instituto Nacional de Concesiones (INCO-), incurrió en conductas susceptibles de investigación penal, concretamente en los delitos de injuria, calumnia, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, violencia contra servidor público, fraude procesal e impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas, injustos a los que aludió el Tribunal de Arbitramento en la compulsación de copias, a consecuencia de

los términos utilizados por el mencionado Procurador, en sus escritos, de fechas 3 y 17 de noviembre de 2004. Consideró en efecto el organismo arbitral, que la postura del representante de la sociedad, con la que pretendía provocar la incompetencia del tribunal, no tenía respaldo probatorio, ni jurídico y ante ello, estimó que lo que movía al doctor GÓMEZ, era una actitud maliciosa, temeraria, fraudulenta y dilatoria, formulando dentro de sus escritos veladas amenazas de eventuales denuncias penales.

CONSIDERACIONES: Los aspectos que resultan de interés en orden a determinar el ejercicio de la acción penal, respecto de la gestión adelantada por el doctor JESUS EMILIO GÓMEZ JARAMILLO, en su condición de Procurador 2º Judicial Administrativo, quedaron consignados en el acta No. 10 del 24 de noviembre de 2004, documento en el que el Tribunal de Arbitramento constituido a instancia de Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A., FENOCO S.A., y el Instituto Nacional de Concesiones, INCO (empresa que para el año 2003, asumió las competencias, facultades y obligaciones de la que para la época se denominaba Empresa Colombiana de Vías Férreas FERROVIAS), analizó la viabilidad del trámite arbitral y su competencia en el mismo, como quiera que las empresas en conflicto, aducían que estaban dando cumplimiento a las cláusulas Nos. 139 y 141 del contrato de CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DE OBRAS DE CONSERVACIÓN –RED ATLÁNTICA-, celebrado entre las mismas.

Como quiera que para el citado organismo las razones ofrecidas por las

empresas en disputa, aparecían perfectamente respaldadas por los documentos que tuvieron a su disposición los árbitros, las solicitudes del doctor GÓMEZ JARAMILLO de fechas 3 y 17 de noviembre de 2004, se mostraban desprovistas del análisis normativo de rigor, contenían afirmaciones inexactas e irrespetuosas con las cuales se pretendió inducir en error al Tribunal y reñían con la labor de agente del Ministerio Público, circunstancia que de igual manera impone necesariamente al Ministerio Público como marco de referencia en orden a definir el rumbo de la presente investigación previa, el análisis detenido de los documentos suscritos por el Procurador denunciado. Del planteamiento de los miembros del Tribunal de Arbitramento, puede extractarse lo siguiente: 1) Que las partes en conflicto habían pactado la vía de la conciliación, como una eventualidad, para buscar un acuerdo amigable y no como un paso obligatorio, de acuerdo al contenido de las cláusulas 139 y 140, modificadas por el otro sí suscrito el 28 de febrero de 2000, fijándose en consecuencia por fuera de toda duda, el carácter discrecional para acudir a la vía de la conciliación para “lograr un acuerdo amigable”,y “eventualmente si así lo deciden”. 2) Por ello, la capacidad que tenían los actores de la contratación para acordar el pacto arbitral, conforme a los artículos 116 de la Carta Política, 8º y 13 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, 270 de 1996, 30, y 111 de la ley 446 de 1998, como mecanismo judicial de solución de controversias contractuales y para acordar la

cláusula compromisoria, era perfectamente válida, como quiera que a las entidades estatales les está permitido buscar mecanismos de solución de conflictos, a través de la conciliación, amigable composición o arbitramento –artículos 68 a 70 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la Ley 446 de 1998 y su Decreto 1818 de 1998. 2 3) Bajo ésta perspectiva, el tribunal consideró que las afirmaciones del Procurador Judicial, en el memorial del 4 de noviembre de 2004 no se contraían a la sustentación estricta de sus planteamientos, sino que aludían a la práctica de “MANIOBRAS ENGAÑOSAS”, utilizando términos distintos a la persuasión para intentar influir en el ánimo de quienes intervenían en el proceso y habrían de tomar las decisiones respectivas. 4) Recabó también el organismo establecido para la resolución de las controversias contractuales, que cuando el doctor GÓMEZ aludió a maniobras en el trámite, omitió a su capricho, el análisis reflexivo, serio, estricto y exacto de la realidad procesal, la documentación reseñada en esta providencia y las normas jurídicas aplicables, para tratar de impedir a toda costa el trámite de la actuación procesal y obtener una decisión manifiestamente errónea e ilegal, acudiendo por lo demás a frases o conceptos inadmisibles, para influir en el ánimo de los jueces, las partes y sus apoderados. En ese sentido, estimó que las razones invocadas por el doctor GÓMEZ JARAMILLO, fueron equivocas, en cuanto inducían en error,

al estar en contravía de la realidad procesal y solo perseguían, la declaratoria de incompetencia de los árbitros. 5) Finalmente, el Tribunal expresó que en su último escrito el funcionario implicado “con manifiesta temeridad, atribuye al tribunal conductas “para camuflar su incontrastable incompetencia” y con referencia a la actuación “advierte que el procedimiento por Ustedes imprimido (sic) no puede legitimar lo que no sería más que un simple espectáculo con aire de sainete”. La cita anterior pretende ilustrar la temeridad del Procurador Judicial, cuando a juicio de los denunciantes, la realidad procesal acreditaba que desde la instalación del Tribunal de Arbitramento, se contó con la presencia del Ministerio Público –doctor LUIS G. URIBE ACOSTA-, quien no formuló objeciones sobre el trámite llevado a cabo y de allí que la competencia constitucional y legal del tribunal, incluida la conciliación prearbitral, fuera indiscutible, circunstancia que descartaría de plano las llamadas maniobras en el trámite. 6) De esta manera, concluyó el tribunal que la conducta del ex procurador judicial fue entorpecedora, dilatoria y amenazante, pues sus peticiones indecorosas fueron enfiladas a impedir la realización de las audiencias en el trámite arbitral y a influir de mala fe, en el ánimo del tribunal, comportamiento que a juicio de la corporación constituye delito de calumnia, injuria, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, violencia contra servidor público, fraude procesal e impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas.

De cara al anterior concepto de violación y en punto a dilucidar si las hipótesis delictivas enlistadas por el tribunal de arbitramento, se concretan en 3 la conducta objeto de examen, imperioso resulta examinar cada una de estos injustos en su estructura típica Veamos: A) De la injuria y la calumnia.- Según voces del artículo 220 del Código penal, comete delito de injuria quien “haga a otra persona imputaciones deshonrosas…”. A si mismo, el que impute falsamente a otro conducta típica, adecua su conducta al injusto de calumnia –artículo 221 C.P.- Con relación al bien jurídico tutelado por estos modelos de desvalor de acción, es sabido que los mismos se contraen a la preservación de la honra, concepto que por no ser uniforme y permanente – en consideración a las esferas social e individual de cada persona -, resulta complejo determinar su preciso alcance, en procura de verificar la efectiva concurrencia de los elementos normativos frente a cada caso concreto. Sobre el concepto de la “honra” la Corte Constitucional ha expuesto: “Como derecho fundamental que es, la honra de la persona, tiene una esfera social amplia, trasciende a un círculo grande de personas y su radio de acción y conocimiento es proporcional a la ascendencia que la persona tiene en la sociedad. Pero se considera importante calcular que este derecho personalísimo es el resultado de la valoración individual que se han formado de ella, respecto de los actos y ejecuciones que por ser acordes con la Ley y los buenos modales, le brindan la certeza a quien así se comporta de contar con la aceptación general de los demás y le prodigan en su nombre

serios y ponderados conceptos de valoración individual que la hacen merecedora de la fe, la confianza y la credibilidad que se ha sabido ganar en su manera de ser y con su gestión personal”1. La honra y el buen nombre como derecho fundamental integran valores esenciales de la persona, los cuales válidamente pueden resultar afectados con la conducta de un tercero, quien de manera injusta o maliciosa formula o atribuye a otro hechos o situaciones que de manera objetiva menoscaban el prestigio o el reconocimiento conseguido por la víctima dentro de un medio social determinado. De igual manera, es sabido que para que se estructure el delito de injuria, es indispensable el animus injuriandi que no es otra cosa que la conciencia del carácter injurioso o injusto de la imputación. Sobre este particular ha tenido ocasión de expresarse la jurisprudencia, explicando que en esencia para que se tipifique este delito, son necesarios los siguientes elementos2: -Que la persona impute a otra conocida un hecho deshonroso. 1 Corte Constitucional. Sentencia T-603/92 . M.P. Simón Rodríguez Rodríguez 2 Corte Constitucional C-392/02 M.P. Alvaro Tafur Galvis 4 -Que quien haga la imputación tenga conocimiento del carácter deshonroso de ese hecho. -Que el carácter deshonroso del hecho, dañe o menoscabe objetivamente la honra de aquella persona. -Que quien haga la imputación, tenga conciencia de que el hecho atribuido tenga capacidad de dañar la honra de la persona. La imputación deshonrosa como conducta punible en el escenario de la

injuria, depende esencialmente del contexto donde se produce, pues por virtud de la dificultad e indeterminación modal de la conducta, será necesario auscultar el ámbito social3 en el que se produce, pues la aplicación del derecho penal como ultima ratio, se encuentra limitada a los eventos en que la misma supera los límites de la tolerancia, esto es, cuando es considerada como socialmente inadecuada. Bajo esta perspectiva, se estima que las expresiones utilizadas por el doctor JESUS EMILIO GÓMEZ, en los dos escritos que originaron la inconformidad del Tribunal de Arbitramento, se apartan de los términos que caracterizan el lenguaje que los servidores públicos deben utilizar en desarrollo de la función pública a ellos asignada. Constituyen si se quiere frases inadecuados o desafortunadas, pero en manera alguna constitutivas de afrenta al honor de los integrantes del Tribunal de Arbitramento. En este orden de ideas se dirá que como constituye deber de la Procuraduría Delegada examinar la conducta del funcionario implicado dentro del preciso contexto en que la misma se produjo, preciso resulta manifestar que la lectura detenida de los diversos documentos que componen el expediente de la referencia, permite afirmar que el citado Procurador mantuvo a lo largo de su intervención la firme convicción o la creencia de que la competencia y el procedimiento impartido al asunto que ocupó la atención del citado Tribunal se encontraban afectados por irregularidades de tipo sustancial, las que denunció a través de los mecanismos regulares, en tono vehemente, el que fue endureciéndose progresivamente, hasta tornarse inadecuado si se quiere, pero se repite,

en todo caso carente de la virtualidad para tenerse como constitutivo de afrenta a la honra de los denunciantes. La expresión “maniobras dilatorias”, respondió a la convicción del funcionario respecto al trámite irregular de la actuación, la que a su juicio necesariamente debió pasar por una conciliación como requisito de procedibilidad, independientemente de la discusión jurídica en punto de la razón o sin razón de sus argumentos. 3 JAIME LOMBANA VILLALBA lo menciona en su obra INJURIA, CALUMNIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, al referirse a MUÑOZ CONDE Derecho Penal PE.,12ª, 1999,271. 5 En el mismo sentido si se repara detenidamente en el contenido de sus palabras cuando expresa que la competencia de los jueces de arbitramento resultaba incontrastable, podrá advertirse que el calificativo no obedece a una condición de incapacidad, o de minusvalía intelectual atribuida a los miembros del tribunal, sino que el término está en directa relación con la INCOMPETENCIA, para él irrebatible del citado organismo, por no haber agotado en primer término la mencionada conciliación. Por eso la carga valorativa que posee el vocablo MANIOBRA –utilizado por el ex procurador en el memorial del 3 de noviembre de 2004-, debe despojarse de cualquier subjetividad y referirse de manera estricta a la situación concreta que determinó su pronunciamiento, pues solamente la correspondencia de esta operación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se produjo, permite al operador judicial una justa comprensión de lo sucedido.

De esta manera, cuando en el citado memorial el doctor GÓMEZ, desarrolla el apartado que denomina “MANIOBRAS EN EL TRÁMITE”, lo hace no solamente para destacar, la deficiencia en las comunicaciones que libró la Cámara de Comercio, al no incluir la advertencia de que los árbitros serían designados “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se entienda agotada la conciliación”, sino además, para respaldar su tesis de incompetencia de los mismos, pues entendía que la cláusula compromisoria No. 141 del contrato de concesión, hacía obligatorio el agotamiento de una etapa de conciliación extrajudicial, antes de acudir al procedimiento judicial arbitral. Por ello, sin importar si la lectura que el doctor GÓMEZ hizo del contrato, era la mas correcta, lo cierto es que ese criterio que defendía y que lo motivó a presentar los memoriales que hoy se cuestionan, se contraía a la manera de entender la variación del otro-sí, del 28 de febrero de 2000, en el cual se modificaron las cláusulas 140 y 141, al entender que dicha mutación abarcaba única y exclusivamente el punto del “conciliador permanente” y con ello, no se eximía el agotamiento de la referida fase de la conciliación. En igual forma, cuando el doctor GÓMEZ concluye en el escrito aludido, que el procedimiento del tribunal arbitral, se constituye en un espectáculo con aire de sainete, dicha elaboración lingüística, que en estricto sentido hace referencia a una pieza dramática, jocosa de carácter popular, no puede ser tenida en cuenta como expresión de carácter

injurioso, tal como lo interpreta y deduce el tribunal. En efecto, ha de advertirse, a pesar de lo anotado en precedencia, que en torno al significado de las palabras no existe un esquema uniforme, sobre el cual pueda efectuarse una exacta calificación, dado su contexto valorativo y su función comunicacional, y que en todo caso se repite, en términos inadecuados, nuevamente reflejaba el desconcierto del funcionario frente al procedimiento que estimó equivocado. 6 Esa disparidad de criterios y la consecuente radicalización de las opiniones, llevaron al agente de la sociedad, a utilizar vocablos, o expresiones gramaticales inapropiadas, pero sin que las mismas revistan la entidad suficiente como para considerarlas lesivas del derecho fundamental a la honra de los integrantes del citado Tribunal, por cuanto como quedó visto fueron referidas dentro de un determinado contexto y directamente relacionadas con el aspecto de la competencia, con el trámite procesal impartido al asunto en cuestión, en forma tal que el reconocimiento o el buen nombre de los denunciantes, no puede verse afectado con los escritos del Procurador. De otra parte, resulta evidente la ausencia de los elementos subjetivos del tipo penal en mención, dado que el funcionario implicado a lo largo de sus escritos, puso en evidencia el convencimiento que tenía acerca del trámite del asunto sometido a conocimiento del tribunal de arbitramento, siendo en consecuencia desde este punto de vista igualmente atípico el comportamiento objeto de reproche. Desde esa óptica, como se ha visto, no se estructura objetivamente el delito de injuria y en tal sentido debe concluirse en el archivo de la presente

investigación. Igual situación acontece respecto del injusto de calumnia, pues del anterior examen, es claro que no existe por parte alguna, imputación delictiva en concreto, efectuada por el doctor GÓMEZ JARAMILLO en contra de persona determinada o determinable, circunstancia que nos releva de mayores comentarios en punto de ésta hipótesis delictiva. En efecto, a lo largo de los mencionados escritos no se advierte la atribución de hecho punible alguno a los denunciantes. Sus palabras se encuentran directamente encaminadas a denotar la inconformidad para con el trámite procesal impartido, el que se estimó profundamente irregular, y que a juicio del implicado determinó la incompetencia del organismo, debiendo concluirse que el expediente da cuenta de la posterior denuncia de estos hechos ante la fiscalía correspondiente, hecho perfectamente previsible si se tiene en cuenta la radicalización de las posturas y el convencimiento del Ex procurador acerca de las irregularidades a que se ha venido haciendo referencia. De otra parte, existe constancia en el expediente del adelantamiento de una investigación disciplinaria con ocasión de éstos hechos, la que culminó con el correspondiente auto de archivo. B) Abuso de autoridad y Fraude Procesal.- En relación con estos delitos, que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos tales como la administración pública y administración de justicia, vale la pena traer a colación su descripción normativa en orden a examinar la concurrencia de los elementos del tipo objetivo. 7 Es así como, sobre el delito de abuso de autoridad la Ley 599 de 2000, dispone: “Artículo 416.-Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.- El servidor

público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público” A su vez, la misma fuente normativa, preceptúa que el fraude procesal lo comete aquella persona que: “Artículo 453… por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley…” Delimitado así el marco de acción de los hechos punibles en referencia, diremos que no aparecen en el comportamiento del doctor GÓMEZ JARAMILLO, los elementos de naturaleza objetiva y subjetiva, necesarios para afirmar su incursión en este tipo de modalidad delictiva. Desde esta perspectiva, no puede sostenerse válidamente que el ex procurador judicial, se hubiera excedido en el ejercicio de sus funciones, cometiendo acto arbitrario e injusto, como quiera que en su condición de agente del Ministerio Público, estaba habilitado por la ley, para intervenir como sujeto procesal dentro del trámite arbitral, actividad que lo facultaba para presentar las solicitudes que considerara pertinentes e interponer los recursos que fueran del caso. De otra parte, en relación con el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, tuvo oportunidad la Corte de manifestar que: “…el artículo 416 del Código Penal actual, Ley 599 de 2000, mantuvo el carácter subsidiario de delito de abuso de autoridad, pero le eliminó el carácter alternativo expresado en la posibilidad de que se incurriera en dicho comportamiento bien mediante acto arbitrario,

esto es, no sujeto a la ley sino al capricho o a la voluntad autoritaria del servidor público, o de manera injusta, es decir, en abierta oposición a la justicia, entendida como orden justo, comprendida así (la justicia) como un contenido necesario del Derecho y éste, desde su concepción formal, como la codificación sistemática de las leyes positivas. “En cualquiera de estas dos eventualidades, alternativamente consideradas, se incurrirá en el injusto penal, denominado abuso de autoridad, pero ahora, el tipo penal exige que el acto tenga una doble connotación, esto es, no sólo que tenga el carácter de arbitrario sino que simultáneamente, deber ser considerado como injusto”4 4 Sala Casación Penal CSJ, 2ª instancia de fecha 4 de agosto de 2004, M.P. Herman Galán Castellanos 8 Es que la insistencia conque el doctor GÓMEZ JARAMILLO defendió la tesis de incompetencia -respecto del tribunal de arbitramento-, no puede traducirse en una extralimitación de su función, como que no se satisfacen los dos componentes normativos, contenidos en el tipo penal – arbitrariedad e injusticiay por lo demás, su actividad de sujeto procesal especial, la cumplió dentro del rol de representante de la sociedad, pudiendo cuestionarse el contenido de sus conceptos pero no por ser eventualmente constitutivos de delito de abuso de autoridad, sino de prevaricato activo, hecho punible al que no se alude por parte del citado tribunal, siendo por lo demás el abuso un delito de carácter subsidiario o residual. Pero tampoco la obstinación del funcionario, reflejada en sus diversos memoriales en los que pregona la mencionada incompetencia, aparece

como un mecanismo, dirigido a inducir en error al tribunal de arbitramento. Para una mejor comprensión de los elementos que configuran este delito considerado como de mera conducta, es importante recodar lo que ha manifestado la jurisprudencia al respecto: “El fraude procesal por ser un delito de simple conducta, se consuma con la inducción en error, previa la ejecución de los actos engañosos que desdibujan la realidad, sin que sea necesaria la materialización de un perjuicio o de un beneficio, más allá de lo que el acto funcional mismo tenga de perjudicial o beneficioso.”5 Con todo, la propia Corte ha relevado otros aspectos, que han de considerarse para la estructuración del injusto, destacando en relación con los medios fraudulentos, lo siguiente: “1. El acto de inducción desplegado por el agente y que se exige para la estructuración de la conducta punible objeto de análisis, ha de contar con la fuerza o idoneidad suficiente para encaminar hacia un raciocinio errado al servidor público. Si se comprueba que ese acto no reviste esa especial connotación, no será viable el juicio de adecuación típica, pues si bien el legislador prevé la utilización de “cualquier medio fraudulento” para el propósito indicado en la norma, éste debe contar con la aptitud o la fuerza necesaria para incidir en el razonar del sujeto pasivo de la conducta, hasta el punto de sustraerle a una verdad específica, para introyectarle, en su defecto, una convicción distante de la realidad”6. Sobre los medios engañosos, también tuvo oportunidad de acotar que los

mismos: 5 Sala de Casación Penal CSJ, providencia del 4 de octubre de 2004 M.P. Carlos Mejía Escobar 6 Sala de Casación Penal CSJ, casación del 17 de agosto de 2005, M.P. Marina Pulido de Barón 9 “…deben comportar la idoneidad para la obtención de los fines sucesivos a que hace referencia el tipo penal, esto es, provocar el error y, como consecuencia de éste, la emisión de una providencia contraria a derecho”7 Y en cuanto a lo que concierne, a la potencialidad del engaño, indicó: “Como reiteradamente la jurisprudencia de esta Sala lo ha señalado, para que se estructure este delito no es indispensable que el servidor público efectivamente haya sido engañado, sino que el medio utilizado tenga la potencialidad suficiente para engañar, lógicamente debe entenderse que cuando tales medios no son idóneos porque de la manera como se presentan la ley no les otorga ninguna validez, no puede en consecuencia predicarse la existencia de este delito”8 Por ello, al trasladar estos conceptos al caso que nos interesa, no se podría pensar que los instrumentos legales con los que cuentan los sujetos procesales –entre quienes se encuentra el Ministerio Público-, se puedan equiparar per se, a la categoría de medio fraudulento, lo que consideramos desquiciaría el criterio configurativo tomado en cuenta por el legislador –al incluir el tipo penal de fraude procesal-, para garantizar la preservación del bien jurídico de la administración de justicia, pues reservó esta proposición normativa, sólo para prevenir aquellos artificios de los que se valen con astucia algunos individuos, quienes

mañosamente inducen en error al funcionario judicial. Por eso, la insistencia del organismo arbitral, -según consta en acta No. 10 de fecha 24 de noviembre de 2004-, relativa a la idoneidad de la inducción, subyacente en el criterio del doctor GÓMEZ, que califica de maliciosa y temeraria, no puede perturbar el juicio del operador jurídico, sobre todo si se tiene en cuenta que dicha problemática, no pasa de ser más que, un simple asunto de hermenéutica, pues mientras el Tribunal analiza el contrato de concesión desde una óptica más amplia, al armonizar las normas que regulan el trámite arbitral, el funcionario del Ministerio Público, se coloca en una postura en extremo garantista y de allí, la razón por la cual, valora restrictivamente las cláusulas compromisorias, contenidas en el acuerdo de voluntad. En esas condiciones, no se aprecia que la conducta del ex procurador, hubiera estado encaminada a estructurar un ardid –que como se vio debe ser idóneo y tener potencialidad para inducir al error, lo que no sucede en el presente caso-, ni tampoco, que su actitud hubiese sido deliberada y conciente en pos de provocar un error en el raciocinio de los miembros del tribunal, -lo que demostraría la concurrencia del ingrediente subjetivo del tipo: DOLO-, pues en esencia lo que defendía el imputado, a través de los mecanismos legales a su disposición, era el interés público, como quiera que producto de la controversia contractual, generada entre dos entidades, una de ellas de naturaleza estatal, estaban en juego 7 Sala de Casación Penal CSJ, sentencia de mayo 19 de 2004, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés

8 Sala de Casación Penal CSJ, auto del 29 de abril de 1998, M.P. Carlos Gálvez Argote 10 dineros públicos, circunstancia que descarta que el doctor GÓMEZ hubiere perseguido un interés personal, diferente a la protección del patrimonio público y por ende que hubiere cometido el delito de fraude procesal. C) Otros delitos involucrados en la decisión del Tribunal de Arbitramento..- Respecto de los otros delitos endilgados por el tribunal, esto es, violencia contra servidor público y el impedimento o perturbación para la celebración de audiencias públicas, vale la pena destacar que dicha enunciación, obedece más a la finalidad de enlistar la conducta del doctor GÓMEZ, dentro las posibles figuras delictivas concurrentes, que a la formulación de un juicioso análisis de adecuación típica, lo cual corresponde al funcionario que ahora asume el papel de investigador, en representación del Estado. Pensar que las expresiones que utilizó en sus memoriales, el ex funcionario de la Procuraduría, fueron medios en donde se utilizó la violencia sicológica o física y, suponer que la misma estaba dirigida a doblegar la voluntad de los miembros del tribunal y a vencer su resistencia, bajo la promesa de causar un mal futuro para ellos -para que emitieran un acto contrario a sus deberes oficiales-, sería equivalente a desconocer la evidencia procesal. En efecto, como se dijo en antecedencia, los vocablos del doctor GÓMEZ podrán tildarse de inadecuados y testarudos, pero se itera que ellos, sólo reflejaban la visión crítica que tenía frente a la incompetencia del tribunal,

argumento que de manera reiterativa esbozó en amparo de su tesis, pero a partir de esa línea conceptual, no puede colegirse que ejerció violencia o amenaza contra los miembros del tribunal de arbitramento. En igual sentido, tampoco encuentra esta Delegada acreditados los parámetros a partir de los cuales pueda afirmarse válidamente, que el imputado al expresar su opinión, como sujeto procesal especial, respecto de la incompetencia del tribunal, destacando la configuración de un conflicto de intereses, hubiera obstaculizado o impedido la celebración de las audiencias de trámite dentro del procedimiento arbitral. Adicional a ello, téngase en cuenta, que el presente trámite no fue continuo, ni fluido, en tanto que el mismo fue suspendido en dos oportunidades, a petición de las partes, circunstancia que postergó la celebración de la audiencia, para dirimir el conflicto existente. Y es que cuando la corporación arbitral, como sustento de su denuncia, afirma que de ninguna manera los trámites procesales pueden estar sujetos a la decisión del Ministerio Público de asistir o no asistir a una diligencia judicial y que su inasistencia –por demás, en este caso, deliberada por anunciada, para impedir su realización-, puede paralizar la actuación del proceso judicial, está enunciando un postulado procesal, que explica la razón por la cual, los trámites judiciales no depend