PGN - Documento 201607171118165

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto que niega reconocimiento de sanción moratoria por no pago oportuno de cesantías CESANTÍAS-Concepto CESANTÍAS-Marco normativo CESANTÍAS-Plazo para su pago/CESANTÍAS-Reconocimiento de sanción moratoria En Corolario, el término de partida se cuenta a partir de la fecha de radicación de la solicitud, a partir de la cual como máximo deben transcurrir 45 días hábiles para el pago, so pena de causar la sanción moratoria. De lo anterior, se concluye que efectivamente la administración excedió el tiempo legal para realizar el reconocimiento y pago de la prestación reclamada, sin embargo, habrá de establecerse si obró justificación para ello o por el contrario se le debe condenar al reconocimiento de la sanción solicitada por la mora en su actuación. CESANTÍAS-Justificación de la administración respecto al no cumplimiento del plazo para su pago Visto lo anterior, considera esta Agencia del Ministerio Público que la administración tuvo una justificación legal para mantener en suspenso la reclamación de prestaciones y cesantías definitivas de la decuyus, como quiera que existió una orden judicial que dispuso una medida cautelar sobre el pago correspondiente. Y si bien es cierto, la parte accionante alega que debió adelantarse el trámite de reconocimiento correspondiente, teniendo en cuenta que la medida cautelar afectaba únicamente el pago, a juicio de esta Agencia del Ministerio público, ello de forma alguna modificó o afectó la situación del accionante frente a la administración, porque así hubiera existido el citado acto de reconocimiento, el pago derivado de la reclamación de cesantías y prestaciones estaba totalmente suspendido, luego

era ineficaz, por la falta de su carácter ejecutorio y por obvias razones no corría aún el término contemplado en la ley para aseverar que la administración incurría en mora y por ello hacerse acreedora a la sanción reclamada. CESANTÍAS-Resolución inmediata de fondo una vez conocido el levantamiento de la medida cautelar de suspensión de pago Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº087/2015 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°.1521-2014 Hipólito Espitia Fetecua vs Mineducación-Fonpremag Meta Página No.

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 2015-087

Bogotá, marzo 20 de 2015

Señores Magistrados:

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “B”

CONSEJERO PONENTE: Dra. SANDRA LISETH IBARRA VELEZ

E.S.D.

EXPEDIENTE : 500012333000-2013-00024-01 (1521-2014)

ACTOR : HIPOLITO ESPITIA FETECUA

IDENTIFICACION: C.C. 3.283.971 de Guamal

DEMENADADO: FONPREMAG-META

ASU ASUNTO: APELACIÓN SENTENCIA

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LEY 1437

ACCIÓN: Sanción Moratoria Cesantías-ley 244 DE 1995

Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida en audiencia del 4 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

1. Primera instancia El día 30 de octubre de 2013, se celebró la audiencia inicial prevista en el artículo 180

del CPACA y se fijó el litigio así: “4. FIJACION DEL LITIGIO … el Magistrado concreta la fijación de litigio así: Se está ante una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la que se predica la ilegalidad de los Actos Administrativos contenidos en las Resoluciones Nos.6542 del 26 de noviembre de 2010, que dice, por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantías definitiva a los beneficiarios de la docente nacional Alcira Andrea de Garzón y la 2572 del 25 de mayo de 2012, que dispone, resolver el recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución; por lo que solicita se declare la nulidad parcial de la Resolución Nos.6542 del 26 de noviembre de 2010 en razón a que no se decidió respecto de la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantías (sic) y la nulidad total de la Resolución 2575 del 25 de mayo de 2012 por haber confirmado en todo el acto recurrido y que como restablecimiento del derecho se reconozca y ordene el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantías (sic) por el periodo

comprendido entre el 1 de septiembre de 2006 al 26 de noviembre de 2012, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 1 y 2 (sic) de la ley 244 de 1995. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº087/2015 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°.1521-2014 Hipólito Espitia Fetecua vs Mineducación-Fonpremag Meta Página No. Las partes presentes y el Ministerio Público manifiestan estar de acuerdo en la fijación del litigio concertado. Se notifica en estrados.” Las partes presentaron por escritos sus alegatos de conclusión. El demandante solicitó acceder a las pretensiones, porque si bien el Juzgado Civil de Acacías dispuso suspender el pago de las cesantías e indemnizaciones, no ordenó congelar los trámites administrativos previos al pago, como lo mal interpretó la Secretaría del Meta. Por su parte el Departamento del Meta reiteró que el procedimiento administrativo para el reconocimiento y pago de las prestaciones se vió alterado por el procedimiento judicial paralelo y luego cuestionado en vía administrativa. A su turno el Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales hizo lo propio, pero exponiendo argumentos relacionados con una reclamación pensional y sin suscribirse el documento por parte de quien lo presenta. El 4 de febrero de 2014, se profirió sentencia en la que se negaron las pretensiones y se condenó en costas a la parte actora. Planteó como problema jurídico que la Secretaría de Educación del Meta se pronunció después de 4 años. Siete meses y

veintiséis días de radicada la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas (31 de marzo de 2006) que hizo el actor en calidad de compañero permanente de la educadora ALCITA ANDREA GARZON DIAZ, sin reconocer suma alguna por la mora. Luego de hacer referencia a la normatividad que regula la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, concluyó que debido al debate que se adelantó ante la jurisdicción de familia, relacionado con la patria potestad del menor hijo de la docente y el aquí demandante, incoado por la abuela materna del menor, la administración tomó la iniciativa de esperar las resultas del litigio para proferir el acto administrativo correspondiente, razón por la cual es a partir del 7 de octubre de 2010 que debe empezar a contarse el término legal para proceder al pago, por lo que no calificó como injustificada o temeraria la tardanza en pronunciarse, razón por la cual no procede la penalización de la administración.

2. Recurso de apelación El apoderado de la parte accionante apeló la decisión, argumentando que no se entendió el problema jurídico planteado, porque no estaba en discusión el pago de las prestaciones y derechos correspondientes al menor PEDRO LUIS ALEJANDRO ESPITIA, como quiera que existía la orden suspensiva ordenada por el Juzgado que conocía del litigio de privación de la patria potestad del menor en cabeza de su padre, sino la suspensión del reconocimiento y pago del 50% de los derechos que le correspondían al demandante como compañero permanente de la docente-causante, por lo que se reclama la sanción moratoria, por retardo injustificado, por lo que los

actos demandados carecen de fundamento legal. Solicita se revoque la decisión.

3. Alegatos de conclusión La parte actora, se ratificó íntegramente en el contenido de la sustentación del recurso de alzada (fl. 352); las demás partes guardaron silencio.

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4. Análisis jurídico La presente controversia se centra en establecer si el actor, en calidad de compañero permanente sobreviviente de la Docente ALCIRA ANDREA DIAZ GARZON, tiene o no derecho a la sanción moratoria de que trata la ley 244 de 1995, reconocimiento y pago tardío de las cesantías de la causante, según el derecho que le asistía.

Previamente a conceptuar sobre el caso, es necesario precisar la normatividad y aplicación de la misma frente a la sanción moratoria de que trata la ley 244 de 1995, que se genera frente a la falta de pago de dicha prestación a la terminación de la relación legal o reglamentaria, teniendo en cuenta que la entidad tiene la obligación de reconocerla y pagarla dentro de los términos señalados en la ley, so pena de incurrir en la sanción prevista en el artículo 2 parágrafo, que dipone: “Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores

públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley. Parágrafo.- En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al penitenciario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta anexar. Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo. Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social. Parágrafo.- En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.” Cabe señalar que la norma fue adicionada y modificada por la ley 1071 de 20061, así: “Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores 1 por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº087/2015 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°.1521-2014 Hipólito Espitia Fetecua vs Mineducación-Fonpremag Meta Página No. del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. Artículo 3°. Retiro parcial de cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos:

1. Para la compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente.

2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus hijos.

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la

presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo. Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

Artículo 6°. Inspección, vigilancia y control. Los Organismos de Control del Estado garantizarán que los funcionarios encargados del pago de las prestaciones sociales de los Servidores Públicos, cumplan con los términos señalados en la presente ley. Igualmente, vigilarán que las cesantías sean canceladas en estricto orden como se hayan radicado las solicitudes, so pena de incurrir los funcionarios en falta gravísima sancionable con destitución.” De la norma citada claramente se deduce que la sanción por mora en el pago, comúnmente conocida como sanción moratoria por pago tardío o no oportuno de las cesantías, cuando estas son definitivas, opera si dentro de los 45 días siguientes a la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº087/2015 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°.1521-2014 Hipólito Espitia Fetecua vs Mineducación-Fonpremag Meta Página No. fecha en que quede en firme el acto administrativo que ordena su liquidación, estas no se pagan al servidor público. No obstante, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, profirió el 27 de marzo de 2007, sentencia de unificación dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor JOSE BOLIVAR CAICEDO contra el Municipio de Santiago de Cali, radicado No.276001-23-31-0002000-02513-01 (2777-2004) IJ, en la que decidió el recurso de apelación interpuesto el actor contra la sentencia proferida el 20 de febrero de 2004 por el Tribunal

Administrativo del Valle, que negó las pretensiones de la demanda. En dicha oportunidad, el accionante solicitó la nulidad de los actos administrativos que le negaron el reconocimiento y pago la mora en el pago de sus prestaciones y cesantías, de conformidad con la ley 244 de 1995. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, negó las pretensiones de la demanda, porque el término para cumplir la obligación por la entidad pagadora no se contabiliza, como lo alega el demandante, desde cuando se presentó la petición de ajuste de la liquidación de las cesantías definitivas sino desde cuando los actos que reconocieron la prestación quedaron en firme. Una vez en firme el acto proferido por la entidad para reconocer el derecho empiezan a contarse los 45 días para efectos de la sanción de que trata la ley 244 de 1995. El Consejo de Estado, por su parte al examinar el tema, entre otros, se pronunció sobre la formulación de distintas hipótesis para el reconocimiento de la indemnización moratoria por la falta de pago oportuno de las cesantías, frente a lo cual concluyó: “En conclusión: (i) El acto de reconocimiento de las cesantías definitivas puede ser controvertido, cuando el administrado no está de acuerdo con la liquidación, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. (ii) Ese mismo acto constituye título ejecutivo y puede ser reclamado por la vía judicial correspondiente, que es la acción ejecutiva, pero en lo que respecta a la sanción moratoria deberá demostrarse, además, que no se ha pagado o que se pagó en forma tardía. (iii) El acto de reconocimiento de la sanción moratoria puede ser

cuestionado a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho si el administrado se encuentra inconforme con él, pero si hay acuerdo sobre su contenido y no se produce el pago de la sanción la vía indicada es la acción ejecutiva. (iv) Cuando se suscite discusión sobre algunos de los elementos que conforman el título ejecutivo, como que no sean claros, expresos y exigibles, debe acudirse ante esta jurisdicción para que defina el tema. De lo contrario la obligación puede ser ejecutada ante la jurisdicción ordinaria por la acción pertinente. Conviene precisar que en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho siempre existirá un acto atacable. Los expresos de reconocimiento de las cesantías Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº087/2015 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°.1521-2014 Hipólito Espitia Fetecua vs Mineducación-Fonpremag Meta Página No. definitivas y de reconocimiento de la sanción moratoria, o los fictos frente a la petición de reconocimiento de las cesantías definitivas o frente a la petición de reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, por lo que la acción que debe impetrarse es la de nulidad y restablecimiento del derecho.” Y al descender al caso concreto realizó las siguientes consideraciones: “El recurrente argumenta que la entidad tomó como fecha para iniciar el cómputo de la mora el 30 de agosto de 1999 porque en esa fecha se presentó la solicitud de reliquidación, y no el 9 de junio de 1998 que, en su opinión, debió ser el punto de partida para contabilizar la indemnización moratoria, toda vez que en tal fecha presentó

la solicitud de reliquidación. La Sala desestimará el argumento del apelante porque el artículo 2, inciso 1, de la Ley 244 de 1995 dice que la entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha en la cual quede en firme el acto administrativo que ordenó la liquidación de las cesantías definitivas del servidor público, para pagar esa prestación social. En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria.” Consideró el Consejo de Estado que se debía confirmar la decisión denegatoria de las pretensiones del actor, porque la administración computó adecuadamente la indemnización por la falta de pago oportuno de las cesantías y además recalcó: “Sobre este aspecto conviene recalcar que la Ley 244 de 1995, artículo 1, al establecer un término perentorio para la liquidación de las cesantías definitivas buscó que la administración expidiera la resolución en forma oportuna y expedita para evitar su falta de respuesta o sus respuestas evasivas que acarrean perjuicio al peticionario. Carecería de sentido que el legislador mediante norma expresa estableciera un término especial para la liquidación y pago de cesantías si el inicio del mismo

quedara al arbitrio de la administración. Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº087/2015 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°.1521-2014 Hipólito Espitia Fetecua vs Mineducación-Fonpremag Meta Página No. Para la Sala resulta claro que ante la ausencia de pronunciamiento sobre la liquidación de las cesantías definitivas deben contarse los términos en la forma indicada para que la norma tenga efecto útil y hacer efectiva la capacidad conminatoria de la sanción prevista por la Ley 244 de 1995, pues, de no acudirse a este medio, el cometido proteccionista de los derechos del servidor público que

animó a la ley, se vería, paradójicamente, burlado por la propia ley dado que la administración simplemente se abstendría de proferir la resolución de reconocimiento de las cesantías definitivas para no poner en marcha el término para contabilizar la sanción, produciéndose un efecto perverso con una medida instituida para proteger al ex servidor público cesante.” Ante dichas consideraciones, esta Agencia del Ministerio Público comparte en su integridad las razones que el Consejo de Estado tuvo para señalar que el término para satisfacer el pago de las obligaciones derivadas del vínculo legal y reglamentario de sus servidores, se cuenta a partir de la fecha de solicitud y le suma 65 días más, tiempo más que prudencial y suficiente para que la administración realice los ajustes presupuestales a que haya lugar y no prolongarlo en el tiempo en forma indefinida, porque ello atenta sin lugar a dudas con los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política. En Corolario, el término de partida se cuenta a partir de la fecha de radicación de la solicitud, a partir de la cual como máximo deben transcurrir 65 días hábiles para el pago, so pena de causar la sanción moratoria. Descendiendo al caso concreto, examinadas las pruebas allegadas al expediente, se tiene que el demandante en calidad de compañero permanente sobreviviente de la señora ALCIRA ANDREA DIAZ GUZMAN, y de su menor hijo en común PEDRO LUIS ALEJANDRO ESPITIA DIAZ, radicó el 31 de marzo de 2006 el reconocimiento y pago de cesantías y prestaciones definitivas por el deceso de la docente, ocurrido el 9 de

agosto de 2005. Dicha petición finalmente se resolvió mediante la resolución No.2572 del 29 de mayo de 2012, disponiendo por concepto de cesantías el pago de la suma de $9.732.734, de las cuales 50% corresponden al demandante y el otro 50% a su menor hijo, sumas que fueron efectivamente pagadas el 11 de julio de 2011 como consta a folio 245 del expediente, según lo certificó Fiduprevisora. De lo anterior, se concluye que efectivamente la administración excedió el tiempo legal para realizar el reconocimiento y pago de la prestación reclamada, sin embargo, habrá de establecerse si obró justificación para ello o por el contrario se le debe condenar al reconocimiento de la sanción solicitada por la mora en su actuación. De los documentos que obran en el expediente, se verifica que el 12 de junio de 2006, la abuela materna del menor radicó ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio-Meta, comunicación en la que pone en conocimiento de dicha entidad que el Juzgado Civil del Circuito de Acacías, le otorgó la patria potestad provisional del menor PEDRO ALEJANDRO ESPITIA DIAZ, hijo de la fallecida docente ALCIRA ANDREA DIAZ GARZÓN, y que se encuentra suspendido el pago de las cesantías correspondientes, para lo cual adjunta copia del oficio No.2046 del 2 de diciembre de 2005 y del auto del 23 de noviembre de la misma anualidad. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº087/2015 Ministerio Público

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°.1521-2014 Hipólito Espitia Fetecua vs Mineducación-Fonpremag Meta Página No. El oficio No.2046 del 2 de diciembre de 2005, suscrito por el Secretario del Juzgado Civil del Circuito de Acacías, señala:

“OFICIO No.2046

DICIEMBRE 2 DE 2005

Señores

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL META Villavicencio, meta

REF: PROCESO No. 500063103001-2005-00429-00 PRIVACION DE LA PATRIA POTESTAD de ELOISA GARZON DE DIAZ contra HIPOLITO ESPITIA PETECUA Comedidamente me permito solicitarle, conforme a lo dispuesto en auto del 23 de noviembre del presente año, dictado dentro del proceso en referencia, suspender el pago de las cesantías e indemnizaciones por muerte de la hoy occisa ALCIRA ANDREA DIAZ GARZON (q.e.p.d.) CON c.c. 35.265.020 realizado por el demandado HIPOLITO ESPITIA FETECUA con C.C..3.283.971” Como consecuencia de ello, el Secretario del Educación del Departamento del Meta, expidió la resolución No. 3524 del 1 de agosto de 2006, por la cual se suspende el trámite del reconocimiento y orden de pago de una cesantía definitiva a los beneficiarios de una docente con vinculación NACIONAL fallecida, en acatamiento de

una orden judicial, así: “RESUELVE: ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER las actuaciones administrativas de reconocimiento y pago de las Cesantías definitivas por fallecimiento de ALCIRA

ANDREA DIAZ GARZON (q.e.p.d.) con cédula de ciudadanía 40.377.580, por sus servicios prestados como docente NACIONAL.” Con fecha septiembre 6 de 2006 por medio de apoderado el señor HIPOLITO ESPITIA FETECUA, solicitó al secretario de Educación del Departamento del Meta, el “trámite del reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, en la parte que corresponda y a favor de HIPOLITO ESPITIA FETECUA, no se suspenda. Así debe ser aclarado y/o rectificado en la pertinente resolución complementaria que dicte su despacho” Luego la Jefe de la Oficina de Personal Docente de la Secretaría de Educación del Departamento del Meta, mediante oficio No.598 del 2 de octubre de 2006, solicitó al Juzgado Civil del Circuito de Acacías, se informara si la mediad de suspensión debe afectar el trámite de reconocimiento y pago de las prestaciones que se derivan del fallecimiento de ALCIRA ANDREA DIAZ GARZON (QEPD), teniendo en cuenta que “hace curso en esta entidad una solicitud de cesantías Definitivas y una solicitud de seguro por muerte por fallecimiento” El Secretario del Juzgado Civil del Circuito de Acacías, mediante oficio No.0217 del 19 de febrero de 2007, radicado en la Gobernación del Meta el 27 de febrero de Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº087/2015 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°.1521-2014 Hipólito Espitia Fetecua vs Mineducación-Fonpremag Meta

Página No. 2007, le informó a la jefe de la Oficina de Personal Docente de la Secretaría de Educación del Departamento del Meta, lo siguiente (fl. 53): “En atención su oficio de la referencia, comedidamente me permito informarle lo siguiente: 1) Que revisado el proceso de PRIVACION DE PATRIA POTESTAD No…. Adelantado por ELOISA GARZON DE DIAZ contra HIPOLITO ESPITIA FETECUA, comedidamente me permito informarle que mediante auto del 16 de noviembre de 2006, se tuvo por contestada y en tiempo la demanda principal por parte del demandado; y reconocida al doctor .. como apoderado de la parte demandada en la forma y términos del mandato conferido. 2) De igual forma le informo que continúa actuando como curadora provisional en calidad de abuela del menor PEDRO LUIS ALEJANDRO ESPITIA DIAZ. 3) Por último le informo que la medida de suspensión provisional afecta el pago mas no el reconocimiento de las prestaciones que se deriven del fallecimiento de ALCIRA ANDREA DIAZ GARZON (q.e.p.d.) hasta tanto se decida de fondo.” Y de la lectura de la resolución No.2572 del 26 de noviembre de 2010, se deduce que mediante oficio No.274 de septiembre de 2010, recibido en la Secretaría Departamental del Meta el 7 de octubre de 2010, le fue comunicado por parte del Juzgado promiscuo de Familia del Circuito de Acacías el levantamiento de la medida cautelar. Visto lo anterior, considera esta Agencia del Ministerio Público que la administración tuvo una justificación legal para mantener en suspenso la reclamación de prestaciones y cesantías definitivas de la decuyus ALCIRA ANDREA DIAZ GARZON,

como quiera que existió una orden judicial que dispuso una medida cautelar sobre el pago correspondiente. Y si bien es cierto, la parte accionante alega que debió adelantarse el trámite de reconocimiento correspondiente, teniendo en cuenta que la medida cautelar afectaba únicamente el pago, a juicio de esta Agencia del Ministerio público, ello de forma alguna modificó o afectó la situación del accionante frente a la administración, porque así hubiera existido el citado acto de reconocimiento, el pago derivado de la reclamación de cesantías y prestaciones estaba totalmente suspendido, luego era ineficaz, por la falta de su carácter ejecutorio y por obvias razones no corría aún el término contemplado en la ley para a