PGN - Documento 201607171118491

45.183 (2006-02238) ACCIÓN CONTRACTUAL-Nulidad de actos administrativos y restitución de dineros por perjuicios causados a la Compañía de Seguros del Estado S.A. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Amparo de cumplimiento y amparo de manejo de anticipo El contratista CONSORCIO RECUPERACIONES, con el fin de dar cumplimiento a la cláusula octava, constituyó con Seguros del Estado S.A la Póliza de Seguro de Cumplimiento anta Entidades Estatales No 031904071 (para garantizar “el cumplimiento general de las obligaciones surgidas (…) del contrato de prestación de servicio No 094 del 22-10-03 (…)” Respecto del amparo de cumplimiento se fijo una vigencia desde 2210-2003 hasta el 11-02-2005 por un valor asegurado de $113.881.701.oo, e igual cobertura se estipuló para el amparo de manejo de anticipo. MULTA-Incumplimiento de obligaciones contractuales El Director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) mediante Resolución No 170 de 25 de junio de 2004 impuso una multa por valor de $66.620.795 al Consorcio Recuperaciones, por advertir incumplimiento de sus obligaciones contractuales y ordenó que dicho acto administrativo fuera notificado tanto al contratista como a la Compañía de Seguros del Estado S.A. El contratista interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución No 229 de 6 de septiembre de 2004, confirmado en todas sus partes la decisión recurrida. CADUCIDAD DEL CONTRATO-Se hizo efectivo el amparo de cumplimiento de la

garantía. El DADEP mediante Resolución No 257 de 22 de octubre de 2004, declaró “la caducidad del contrato No 094 de 2004 (…)”, hizo “efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única No 031904071 expedida por la Compañía de Seguros del Estado S.A., declarando el incumplimiento del contrato y consecuencialmente, haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en la cláusula Décima Primera” dió “por terminado el contrato y proceder a su liquidación (…). Contra dicho acto administrativo, el consorcio contratista interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución No 010 de 20 de enero de 2005, confirmado en todo el acto recurrido

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 45.183 (2006-02238) NULIDAD-Por falta de facultad legal de la entidad para imponer multas y clausula penal pecuniaria De conformidad con el referente jurisprudencial antes citado los actos administrativos referenciados con los No 170 de 25 de junio de 2004 y su confirmatoria No 229 de 6 de septiembre del mismo año; No 257 de 22 de octubre de 2004 y su confirmatoria No 010 de 20 de enero de 2005 se encuentran afectados de nulidad por falta de facultad legal de la entidad demandada para imponer multas y cláusula penal

pecuniaria, pues en vigencia de la Ley 80 de 1993 las partes contratantes podían pactar multas y cláusula penal pecuniaria pero la demandada no podía hacerlas efectivas de manera directa, sino que debía acudir al juez del contrato para solicitar su imposición. NULIDAD PARCIAL-Corresponde a la entidad demandada, devolver los dineros pagados por Seguros del Estado S.A., por concepto de la garantía En cuanto a las Resoluciones No 081 de 20 de abril de 2005 “por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato No 094 de 2003“ y su confirmatoria contenida en la Resolución No 164 de 25 de julio de 2005, a juicio del Ministerio Público, sólo procede la declaratoria de nulidad parcial respecto de aquellos aspectos que tocan de manera directa con la multa y cláusula penal que se tomaron como referente para liquidar el contrato y establecer lo adeudado por el Consorcio contratista. Consecuente con lo anterior, a título de restablecimiento del derecho sólo corresponde a la entidad demandada devolver los dineros pagados por Seguros del Estado S.A., por concepto de la garantía de cumplimiento hasta el máximo del valor asegurado, esto es la suma de $113.881.701.00, bajo en entendido que con cargo a dicho amparo se dispuso imputar el valor de las multas y cláusula penal, según lo pactado por las partes en el literal b de la cláusula octava del contrato 094 de 2003. El resto del pago efectuado corresponde al amparo por manejo del anticipo. Respecto a las demás pretensiones económicas de la parte actora, no procede

reconocimiento alguno, pues los perjuicios que reclama equivalentes a los gastos en que incurrió para iniciar y llevar hasta su culminación la acción contenciosa, los valores que ha tenido que pagar durante el curso del proceso y los gastos de peritos, corresponden al concepto de costas procesales que son todas aquellas erogaciones económicas que concierne efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial y se dividen en dos: expensas y agencias en derecho. COSTAS PROCESALES-Erogaciones económicas que concierne efectuar a la parte que resulte vencida Respecto a las demás pretensiones económicas de la parte actora, no procede reconocimiento alguno, pues los perjuicios que reclama equivalentes a los gastos en que incurrió para iniciar y llevar hasta su culminación la acción contenciosa, los valores que ha tenido que pagar durante el curso del proceso y los gastos de peritos, corresponden al concepto de costas procesales que son todas aquellas erogaciones económicas que concierne efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial y se dividen en dos: expensas y agencias en derecho. EXPENSAS NECESARIAS-Gastos para el trámite del juicio Las expensas son todos aquellos gastos necesarios para el trámite del juicio, distintos del pago de apoderados, como son el pago de honorarios de peritos, impuestos de timbre, copias, gastos de desplazamiento en diligencias realizadas fuera de la sede del despacho

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45.183 (2006-02238) judicial AGENCIAS EN DERECHO-Erogaciones que debe hacer la parte vencida, para compensar a la parte vencedora Las agencias en derecho son aquellas erogaciones que debe hacer la parte vencida para compensar a la parte que resulte triunfadora por los gastos en que incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses. CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-Procede respecto de la parte vencida y solo cuando haya actuado con temeridad La condena en costas procede respecto de la parte vencida en el proceso y sólo cuando se advierta que actúo con temeridad, lo que en el caso concreto no aconteció, pues no se observa actuación que demuestre tal proceder en cabeza de la entidad demandada.

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

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ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No 038 /2013

Bogotá, D.C., 20 de febrero de 2013 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Dra. OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

Ref: Proceso No 45.183 (2500232600020060223801)

Acción Contractual

Actor: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Demandado: Departamento Administrativo de la Defensoría

Del Espacio Público de Bogotá. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1 DEMANDA.- En ejercicio de la acción de controversias contractuales, SEGUROS DEL ESTADO S.A. instauró demanda1, contra el DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO2, a fin de obtener las siguientes declaraciones y

condenas: “PRINCIPALES: PRIMERA.- Que es nula la Resolución No 257 de 22 de octubre de 2004, mediante la cual se declaró la caducidad del contrato No 094-2003, suscrito entre Bogotá D.C., Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y el Consorcio Recuperaciones. 1 18 de diciembre de 2006 (fl 25 vlto c. ppal) 2 Entidad creada mediante Acuerdo No 18 de 1999, expedido por el Concejo de Santa Fe de Bogotá, D.C. En su artículo primero, precisa sobre su nombre y naturaleza jurídica “CREASE LA DEFENSORISA DEL ESPACIO PUBLICO, ENTIDAD QUE ESTARÁ ORGANIZADA COMO UN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SANTA FE DE BOGOTÁ” (fls 69 a 74 c. ppal)

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45.183 (2006-02238) SEGUNDA.- Que es nula la Resolución No 010 de 20 de enero de 2005 (…) (confirmatoria de la anterior) TERCERA.- Que es nula la Resolución No 081 de 28 de abril de 2005, mediante la cual se liquido unilateralmente el contrato No 094-2003 (…) CUARTA.- Que es nula la Resolución No 164 de 25 de julio de 2005 (…) (confirmatoria de la anterior) QUINTA.- Que como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos enunciados, se declare que la Compañía de Seguros del Estado S.A., no está vinculada y por ende no la obliga a lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución No 257 de 22 de octubre de 2004, por la cual se dispuso “hacer efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única No … expedida por la Compañía de Seguros del Estado S.A., declarando el incumplimiento del contrato y consecuencialmente, haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en la cláusula Décima Primera del Contrato 094 de 2003” y el artículo tercero de la Resolución No 081 de 28 de abril de 2005 (…) SEXTA.- Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos demandados y los demás declaraciones, se ordene restituir a título de restablecimiento del derecho, actualizados, los dineros que ha pagado la Compañía de Seguros (…) SEPTIMA.- Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos reseñados, se condene al Distrito Capital – Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, a pagar a la Compañía de

Seguros, el valor de los perjuicios causados, equivalentes a los gastos y valores pagados para iniciar y llevar hasta su terminación la acción contenciosa…, los gastos de perito etc. OCTAVA Que como consecuencia de la condena anterior, disponer que la demandada pague a la Compañía de Seguros el valor de los perjuicios actualizados (…) NOVENA.- Que se condene a la demandada a pagar actualizados los intereses legales (…) (…) SUBSIDIARIAS PRIMERA.- Que se declare que la Resolución No 081 de 28 de abril de 2005 y su confirmatoria son ilegales porque la administración las expidió sin competencia en el tiempo. SEGUNDA.- Que se declare igualmente la ilegalidad de la Resolución No 081 de 28 de abril de 2005 y la Resolución No 164 de 25 de julio de 2005, pues el siniestro acaeció por fuera de la cobertura del amparo de la garantía. TERCERA.- Que se declare así mismo, que la Resolución No 081 de 28 de abril de 2005 y su confirmatoria, se efectuó el cobro de mayores valores de la suma asegurada respecto del amparo cubierto. CUARTA.- Que se declare la ilegalidad de la Resolución No 257 de 22 de octubre de 2004 y su confirmatoria, e igualmente la Resolución No 081 y la Resolución No

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respectiva cláusula penal pecuniaria… QUINTA.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se declare que la Compañía de Seguros del Estado S.A no se encuentra obligada a hacer efectiva la garantía de cumplimiento instrumentada en al póliza No 031904071 y su modificatoria, por cuanto dichas determinaciones, no producen efectos legales frente a la citada compañía (…)” Afirma la actora que los actos administrativos se encuentran viciados de nulidad, pues la entidad demandada no tenía competencia en el tiempo para liquidar el contrato, el siniestro de anticipo acaeció por fuera del amparo de la cobertura de la póliza, se cobraron mayores valores de la suma asegurada, y se impuso multa y cláusula penal pecuniaria sin tener facultad para ello. 1.2 El Tribunal admitió la demanda y dispuso vincular como Litis consorcio necesario por activa a los integrantes del Consorcio Recuperaciones señores Drako Arturo Reyes González y Gustavo Hernando Jiménez Sandoval3 (representados por Curador Ad Litem)4 1.3 Contestación de la demanda:  Bogotá, Distrito Capital - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público5, se opuso a las pretensiones y propuso las siguientes excepciones: - Cumplimiento del contrato de Seguros – Pago de lo debido.- Pues advierte que la Compañía aseguradora realizó el pago de la suma de $221.921.137, en favor de la entidad demandante con cargo a la póliza No 031904071 en cumplimiento a lo ordenado mediante resolución No 081 de 2005 y su confirmatoria, es decir, que canceló el valor

asegurado previa verificación del siniestro amparado, sin que pudiese acreditar hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad 3 Según proveído de 25 de enero de 2007 (fls 28 a 29 c. ppal) 4Se les emplazó, sin que ninguno de los integrantes del Consorcio RECUPERACIONES comparecieran a notificarse. En atención a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 794 de 2003, que modifica el artículo 9 del CPC, se les designó Curador Ad Litem (fls 51 a 52 c. ppal) 5 (fls 101 a 119 c. ppal)

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se cobró por vía ejecutiva al Consorcio Recuperaciones. Que la inclusión de la multa y clausula penal en la resolución de liquidación del contrato no es ilegal, pues las primeras son un apremio para que el contratista cumpla con el objeto del contrato y la segunda cuando se hace evidente el incumplimiento contractual. Que la no inclusión de multas y clausula penal pecuniaria en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, no obsta para que éstas puedan ser estipuladas en los contratos estatales, máxime cuando su fuente es la ley.  Drako Arturo Reyes González (fls 62 a 63 c. ppal) se atiene a lo probado en el proceso y coadyuvó la solicitud de pruebas.  Gustavo Hernando Jiménez Sandoval (fls 64 a 67 c. ppal) se opuso a las pretensiones y propuso la excepción de falta de causa para llamamiento en garantía, pues el Consorcio Recuperaciones al asegurarse con dicha póliza delegó en su garante SEGUROS DEL ESTADO S.A. todas y cada una de sus obligaciones y responsabilidad derivadas del contrato de prestación de servicios y consecuencialmente quedan eximidos de toda responsabilidad patrimonial.

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 45.183 (2006-02238) 1.4 Sentencia de primera instancia.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca6, declaró la nulidad de las Resoluciones Nos 257 de 22 de

octubre de 2004, No 010 de 20 de enero de 2005, No 081 de 28 de abril de 2005, No 164 de 25 de julio de 2005. Como consecuencia de lo anterior ordenó al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público restituir a título de restablecimiento del derecho y agencias en derecho, a Seguros del Estado S.A., la suma de $434.443.472.43. El a-quo, de los cargos de ilegalidad invocados solo encontró probado el de “haberse incluido el cobro unilateral de una multa y la cláusula penal pecuniaria”, las cuales fueron pactadas dentro del contrato, pero no podían ser cobradas sino a través de un juez, pues en reiteradas sentencias del Consejo de Estado, se dice que, antes de la vigencia de la Ley 1150 de 2007, el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 impedía que la entidad estatal pudiera imponer unilateralmente las multas y la cláusula penal. 1.5 Apelación.- El apoderado de la entidad demandada (fls 188 a 196 c. Consejo de Estado) alega que la sentencia carece de fundamentación, pues no precisa las normas infringidas en las resoluciones, como tampoco sobre la incompetencia del funcionario que las expidió y mucho menos sobre las supuestas irregularidades que las afectan. Que las resoluciones que se cuestionan no entraron en el terreno de la ilegalidad en tanto fueron motivadas y se dieron como consecuencia de la relación contractual. Que la entidad demandada desarrolló en debida forma el procedimiento administrativo con la aquiescencia de la Aseguradora la cual

expidió la respectiva póliza, con la cual amparó el hecho generador de la multa y clausula penal pecuniaria, que no era otra que el incumplimiento del contratista. Que la decisión de imponer multa y cláusula penal pecuniaria corresponde a una decisión en derecho, en tanto el DADEP tiene la dirección, control y vigilancia de sus contratos, y la sanción fue pactada en el contrato en el marco de la autonomía y libre voluntad de las partes. 6 En sentencia de 11 de noviembre de 2011 (fls 177 a 185 C. Consejo de Estado)

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 45.183 (2006-02238) Que si bien la ley 80 de 1993 no reguló expresamente el tema de multas y clausula penal pecuniaria, lo cierto es que dicha temática quedó superada con la expedición de la Ley 1150 de 2007, la cual tiene efectos retroactivos y permite la imposición de multas sin necesidad de acudir al juez.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Como se trata de apelante único, el Ministerio Público concentrará el análisis de la controversia jurídica únicamente a los temas cuestionados por el recurrente, como lo dispone el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

Para resolver sobre el asunto, corresponde previamente determinar (i) Si la

entidad demandada en vigencia de la ley 80 de 1993 se encontraba legalmente facultada para imponer multas y clausula penal pecuniaria, en caso negativo (ii) Determinar si el efecto retrospectivo del parágrafo transitorio del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 resulta aplicable a todos los contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de esta normativa. (i), El Consejo de Estado7, en materia de multas y cláusula penal pecuniaria en vigencia de la ley 80 de 1993, precisó: "Según se observa, ni en ésta, ni en ninguna otra disposición de la misma Ley 80, se establece la facultad del Estado para incluir como cláusulas excepcionales la de multas o la penal pecuniaria, de donde se infiere que la derogatoria que se hizo del Decreto 222, incluyó así mismo la de estas dos figuras como potestades excepcionales del Estado. "No obstante lo anterior, no quiere ello decir que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad no las puedan pactar, tal y como se manifestó en precedencia y fue establecido por esta Sala mediante providencias de 4 de junio 7 Sección Tercera - Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de octubre 20 de 2005, Expediente 14579

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se recoge la tesis consignada -en éstas mismas providencias, es pactarlas como potestades excepcionales e imponerlas unilateralmente, pues según se vio, dicha facultad deviene directamente de la ley y no del pacto o convención contractual y, a partir de la ley 80, tal facultad fue derogada. Por tanto, cuando quiera que habiendo sido pactadas las multas o la cláusula penal conforme a la legislación civil y comercial vigente, la administración llegare a percibir un incumplimiento del contrato, deberá acudir al juez del contrato a efectos de solicitar la imposición, de la correspondiente multa o cláusula penal, en aplicación de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, pues, se insiste carece el Estado de competencia alguna para introducirlas en el contrato como cláusulas excepcionales al derecho común y, de contera, para imponerlas unilateralmente.” (Resalto y subrayo) (ii) El Consejo de Estado10, frente al sentido y alcance del parágrafo transitorio del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, señaló: “La Ley 1150 de 2007 -"Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos"- se promulgó el día 16 de julio del año 200711 y respecto de su vigencia dispuso lo siguiente: "ARTÍCULO 33. VIGENCIA. La presente ley empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación, con excepción del artículo 6o que entrará a regir a los dieciocho (18) meses de su

promulgación. "PARÁGRAFO 1o. En tanto no entre en vigor el artículo 6o de la presente ley las entidades podrán verificar la información de los proponentes a que se refiere el numeral 1 del artículo 5o de la presente ley. "PARÁGRAFO 2o. Los artículos 9o y 17 entrarán a regir una vez se promulgue la presente ley." (Negrillas por fuera del original) El siguiente es el texto del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007: 8 (pie de página de la cita) Original de la sentencia en cita: Exp. 13988. 9 (pie de página de la cita) Original de la sentencia en cita; Exp. 19488 10 Sección TerceraSubsección B, Sentencia de 21 de febrero de 2011 Exp 39643 11 (pie de página de la cita) Diario Oficial año CXLIll, número 46.691, del 16 de Julio de 2007, página 1.

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 45.183 (2006-02238) "ARTÍCULO 17. DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. "En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública tendrán la facultad de imponerlas multas que hayan sido pactadas

con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato. "PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así impuestas se harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago,, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. "PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las facultades previstas en este artículo se entienden atribuidas respecto de las cláusulas de multas o cláusula penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley y en los que por autonomía de la voluntad de las partes se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas." (Negrillas por fuera del original) En providencia de julio 30 de 2008 la Sala se pronunció respecto del alcance de este artículo 17 en los siguientes términos: "(...) a partir de la expedición de la Ley 1150 de 2007, no solamente se consagró la posibilidad de imponer las multas pactadas, de manera unilateral, por parte de la entidad estatal contratante, sino

que se le atribuyó a tal posibilidad, un efecto retrospectivo, permitiendo que su imposición pueda hacerse, aún en atención de contratos celebrados antes de la entrada en vigencia de esta ley, siempre que en ellos se hubiese consagrado "la competencia de las entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas". "El parágrafo transitorio trascrito, debe entenderse, en el sentido, de que si se celebró un contrato antes de la entrada en vigencia de

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 45.183 (2006-02238) la Ley 1150 de 2007, que contiene en su clausulado multas, y expresamente hace referencia a la posibilidad de que éstas puedan ser impuestas unilateralmente por parte de la entidad estatal contratante al contratista, éstas se podrán decretar de esta manera, por habilitación retrospectiva, siempre que su imposición se haga con posterioridad a la vigencia de esta ley. "Vale la pena advertir, que de la aplicación en el tiempo de la disposición transcrita, se deriva una situación bien curiosa, con base en lo sostenido en los numerales anteriores; se trataría de una disposición legal que habilita a las administraciones públicas, para el ejercicio de prerrogativas públicas, a partir del reconocimiento de un contenido contractual que se convino formalmente antes de la entrada en vigencia de ésta, con base en unos efectos retrospectivos contenidos en ella. "12

(resalto y subrayo) (iii) Caso concretohechos probados. (iii).1 El 22 de octubre de 2003 entre el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y el Consorcio RECUPERACIONES se celebró el contrato de prestación de servicios No 09413, en donde consta que este último se obligó a “prestar los servicios profesionales para impulsar hasta su finalización según los términos establecidos en los pliegos de condiciones y en el presente contrato, las actuaciones administrativas que por restitución de espacio público, cursan en las diecinueve (19) Alcaldías Locales y en el Consejo de Justicia de la ciudad de Bogotá .D.C.” por un valor de $569.408.503 y un plazo de ejecución de 12 meses o hasta agotar recursos, contados a partir del acta de iniciación. En la cláusula octava pactaron lo referente a garantías: “EL CONTRATISTA, se obliga a constituir a favor y a satisfacción de BOGOTA, D.C., DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO, una garantía única a favor de entidades estatales y el amparo autónomo de responsabilidad civil extracontractual, expedida por un Banco o Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, según lo establecido en los artículos 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993 y el 17 del Decreto Reglamentario 679 de 1994 que ampare los siguientes riesgos: A.- DEL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO (…) B. DE CUMPLIMIENTO de todas las estipulaciones pactadas sobre los términos,

condiciones y especificaciones del contrato, en cuantía equivalente al veinte 12 (Pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de julio 30 de 2008, Expediente 21574, C.P. Enrique Gil Botero. 13 Copia autentica que obra a folios 209 a 214 del cuaderno 3

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 45.183 (2006-02238) por ciento 20% de su valor, con vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro meses más. Al monto de esta garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula penal y se repondrá si por este motivo se disminuyera o agotare. El garante podrá subrogarse en las obligaciones del Contratista para con BOGOTA D.C. – DEPAETAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBÑLICO. La garantía deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato. C. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS (…) D. DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (…) E. DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (…) PARAGRAFO PRIMERO: La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización escrita de BOGOTA D.C. DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO. EL

CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la garantía a que se refiere el contrato. Estará a cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía (…” (resalto y subrayo) En materia de multas y cláusula penal pecuniaria, las partes pactaron: “CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Si el contratista no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del presente contrato pagara a Bogotá D.C – Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, el veinte por ciento (20%) del valor del mismo como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior no sea óbice para que se declare la caducidad del contrato y se impongan las multas a que haya lugar. BOGOTA D.CDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (…) podrá hacer efectivo el valor de la cláusula Penal descontándola de las sumas que adeude al Contratista en desarrollo del contrato o sobre la garantía única, o se cobrara por la Jurisdicción Contencioso Administrativa… CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-