PGN - Documento 201607171118505

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Sanción moratoria contra Universidad por no pago oportuno de cesantías CESANTÍAS-Concepto/CESANTÍAS-Regulación normativa CESANTÍAS-Tipo de regimenes CESANTÍAS-Derecho a la sanción moratoria CESANTÍAS-Derecho a negociar el pago de intereses e indemnizaciones por mora en su pago CESANTÍAS-Deber de probar la inclusión de obligaciones en el acuerdo de reestructuración de pasivos CESANTÍAS-Deber de informar sobre suscripción de acuerdo de reestructuración de pasivos Dentro de las antecedentes del Acuerdo, se dió aviso de iniciación de la Promoción de Reestructuración de Pasivos de la Universidad del Atlántico, publicando en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Universidad, por un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del 2 de marzo de 2005, además de convocar por los medios masivos de comunicación la convocatoria a los acreedores de la Universidad, sobre la reunión acerca de la existencia y cuantía de las acreencias ciertas y el número de votos admisibles, reuniones realizadas los días 30 de junio y 1 de julio de 2005 en la ciudad de Barranquilla, en la que se presentaron 838 observaciones por parte de los acreedores, resueltas durante el mismo evento, además de doscientas objeciones que se tramitaron ante la Superintendencia de Sociedades, lo que dio lugar a que dentro de los cuatro meses siguientes a partir de la fecha en que quedaron definidos los derechos de votos mediante decisión de la Superintendencia de Sociedades, se procediera a suscribir

el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS-Regulación normativa/ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS-Plazo Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°353/2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0301-2013 Evergito Rafael Narváez Wilchez vs. Universidad del Atlántico

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ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS-Deber de publicitar la promoción del proceso Lo anterior claramente indica que la obligación de la entidad respecto al principio de publicidad, contradicción y defensa, se centra en publicitar el inicio de la promoción del proceso de reestructuración y de la convocatoria para la determinación de votos y acreencias, luego no se le puede trasladar a la entidad una carga que no le imputa la ley, pues se aduce en la línea jurisprudencia en cita que se debe probar que el demandante en calidad de acreedor de la entidad demandada, participó en el acuerdo. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS-Deber de probar la participación por parte del acreedor Y si en gracia de discusión ello fuera válido, efectivamente el demandante figura como acreedor y derecho de voto, de donde se puede deducir que efectivamente participó (expresa o tácitamente) y si no lo hizo, renunció a su derecho de contradicción y defensa, como quiera que de acuerdo con el artículo 34 ibídem, son de obligatorio cumplimiento inclusive para quienes “no hayan participado en la negociación del acuerdo, o que, habiéndolo hecho no hayan consentido en él.”;

deduce esta Agencia que la participación no se debe entender como activa o de facto, pues puede ser tácita. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS-Las acreencias laborales son de carácter indemnizatorio Cuando se trata de acreencias de tipo laboral, el derecho a veto del acuerdo, de que trata el artículo 30 de la ley 550 de 1999, se relaciona con cualquier cláusula que viole derechos irrenunciables, sin embargo, la sanción moratoria (bien sea del artículo 99 de la ley 50 de 199 o la del artículo 2 de la ley 244 de 1995), no es de carácter prestacional, sino indemnizatorio, es decir, corresponde a un derecho de carácter incierto y discutible, que puede ser sujeto de transacción o conciliación entre las partes. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS-Pacto de reconocimiento de indexación sin reconocimiento de sanción moratoria Luego, es claro, que se pactó el reconocimiento de la indexación, mas no de la sanción moratoria, razón por la cual, a juicio del Ministerio Público el actor no estaba habilitado, para incoar la presente reclamación, porque la administración ya le resarció los perjuicios por la demora en el pago de sus acreencias laborales, actualizando su valor a través de la indexación. Y sino lo discutió o solicitó en la oportunidad legal que tenía, concepto que además no es causal de veto, como ya se vió, actúa de mala fe al desconocer las condiciones del acuerdo, cuando una vez recibe el pago de su acreencia, pide a la administración el reconocimiento de sanción moratoria, cuando ya acordó aceptar solamente la indexación, es decir

renunció válidamente a reclamar tal concepto, criterio que en tiempo pretérito fue aceptado por la Alta Corporación y que no encuentra válido este despacho su cambio. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°353/2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0301-2013 Evergito Rafael Narváez Wilchez vs. Universidad del Atlántico

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PROCURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 353/2013

IUS: 2013-336960

Bogotá, 10 de octubre de 2013

Señores Magistrados:

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA.- SUBSECCIÓN “A”

CONSEJERO PONENTE: Dr. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO

E.S.D.

REFERENCIA : No. 080012331003200800604 01 (0301-2013) ACTOR : EVERGITO NARVAEZ WILCHES IDENTIFICACION : C.C. 9.067.955 de Cartagena

DEMANDADO : UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

ASUNTO : APELACIÓN SENTENCIA

ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

CONTROVERSIA : SANCION MORATORIA PAGO CESANTIAS LEY 50/90

Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la

sentencia del 29 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

1. Problema Jurídico El asunto a dilucidar se contrae a determinar si es procedente condenar a la Universidad del Atlántico al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, por no haber liquidado y consignado en forma oportuna sus cesantías.

2. Lo que se demanda El señor EVERGITO RAFAEL NARVAEZ WILCHES, demandó la nulidad del acto presunto negativo proferido por la entidad accionada, respecto a las peticiones elevadas respecto al no reconocimiento y pago oportuno de las cesantías como docente al servicio de esa entidad hasta el 31 de diciembre Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°353/2013 Ministerio Público

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0301-2013 Evergito Rafael Narváez Wilchez vs. Universidad del Atlántico Página: 4 de 2001 conforme al régimen retroactivo, y la liquidación y consignación anual a partir del 31 de diciembre de 2002. Como restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de indexación de las cesantías causadas hasta el 31 de diciembre de 2001, pagadas hasta el 30 de abril de 2007; la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías de los años 2002 a 2006, consignadas igualmente hasta el 30 de abril de 2007 y, además perjuicios morales equivalentes a cien SMLMV; sumas debidamente indexadas, más los intereses moratorios correspondientes y en cumplimiento en los términos

dispuestos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. Como sustento de sus pretensiones, afirma que labora al servicio de la Universidad del Atlántico desde el 1 de febrero de 1979 y que a partir del 20 de diciembre de 2001 se acogió al régimen anualizado de cesantías de la ley 50 de 1990. Solo hasta el 30 de abril de 2007 le liquidaron y pagaron las cesantías comprendidas desde el 1 de febrero de 1979 hasta el 31 de diciembre de 2001 por valor de $93.298.091, suma consignadas en el Fondo de Cesantías, al igual que las cesantías de los años 2002 a 2006. Señala como normas vulneradas los artículos 2, 4, 13, 49, 58, 78, 79, 90, 124 y 365 de la Constitución Política; artículo 163 del C.C.; ley 30 de 1992 y artículo 88, parágrafo, inciso segundo ley 50 de 1999. Considera que tiene derecho a que se le reconozca la indexación sobre las cesantías causadas hasta diciembre de 2001 y la indemnización moratoria por el pago tardío de las cesantías de los años 2002 a 2006, conforme al artículo 99 de la ley 50 de 1990.

3. Contestación de la demanda Mediante apoderado la Universidad del Atlántico, se opuso a las pretensiones de la demanda y alega que el pago tardío de las cesantías se debió al déficit financiero, que conllevó a implementar proceso de reestructuración de la ley 50 de 1999, por lo que se suspendieron los pagos

por mandato legal, y en razón a ello llegó a un acuerdo con el actor dentro de la reestructuración de pasivos, con pleno consentimiento de acreedor, sin otros reconocimientos como intereses, indexación y la sanción moratoria que ahora pretende en esta demanda. Señala que la sanción moratoria no emerge de forma automática por el no pago oportuno de las cesantías, sino que debe ser evidente la mala fe del empleador y en este caso existió una fuerza mayor. Aduce que en su buena fe, la entidad pagó la totalidad de las cesantías y que el actor tuvo la oportunidad de interponer los recursos de ley, de tal suerte que la demanda carece de objeto. Manifiesta que en la liquidación de las cesantías se incluyeron primas extralegales de origen convencional, que no eran válidas computar. Propone las excepciones de “La demanda que procede es de reparación directa y no de nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta los hechos y las pretensiones formuladas”; “Prescripción” de conformidad con el artículo 151 del C.P.T. y el artículo 41 del decreto 3138 de 1968, de acuerdo a la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°353/2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0301-2013 Evergito Rafael Narváez Wilchez vs. Universidad del Atlántico Página: 5 exigibilidad de las obligaciones laborales; “Inexistencia de la obligación”; e “indebida acumulación de pretensiones”, respecto a la reparación del daño que invoca. (fls. 30-43)

El Ministerio Público en cabeza del Procurador 14 Judicial II en asuntos administrativos, rindió concepto, en el que solicitó negar las pretensiones porque el actor fue cobijado por los términos del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos de la Universidad del Atlántico y por ende no tiene derecho a los conceptos solicitados, porque debe asumir en todas sus partes lo decidido en aquel “en el sentido de que no era posible reconocer a través de sus servidores ningún tipo de obligación o acreencia diferente de las relacionadas en el listado de acreencias.” (fls. 88-110)

4. Sentencia de primera instancia: El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 29 de febrero de 2012, declaró no probadas las excepciones y denegó las pretensiones de la demanda.

Consideró el a-quo que las excepciones no prosperaron y luego fincó su decisión respecto a dos interrogantes jurídicos: i)Constituye la Sanción Moratoria consagrada en el artículo 99 de la ley 50 de 1990 un derecho laboral irrenunciable?, y ii) Está obligada la Universidad del Atlántico a cancelar la sanción por mora, cuando el pago de estas estuvo supeditado al Acuerdo de Reestructuración luego de acogerse a los preceptos d ela ley 550 de 1999? Luego de hacer referencia al régimen de cesantías del accionante, concluyó el Tribunal, lo siguiente: “… el derecho a las cesantías de los trabajadores tanto del sector público, como del privado, surge como consecuencia de una relación laboral, constituyéndose este derecho en irrenunciable, no corriendo igual suerte la sanción por mora, habida cuenta que su origen se

encuentra en la no consignación oportuna de una obligación prestacional, y no originada en la relación laboral en sí, por lo que la Sala de Decisión colige, que solo los derecho derivados de la relación laboral (cualquiera que sea su denominación), son los que tienen el carácter de ciertos e irrenunciables. Contrario sensu, la sanción por mora en la no consignación oportuna de las cesantías, no tiene el carácter de derecho laboral irrenunciable, por devenir de la omisión del empleador en consignar dentro del término estipulado por la ley un derecho prestacional, denominado cesantías, siendo entonces la respuesta al primer interrogante, un NO, no constituye la Sanción Moratoria consagrada en el artículo 99 de la ley 50 de 1990, un derecho laboral irrenunciable, por constituir una obligación en contra de la Administración empleadora.” Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°353/2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0301-2013 Evergito Rafael Narváez Wilchez vs. Universidad del Atlántico

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Luego de analizar los efectos de la ley 550 de 1999, es decir, el proceso de reestructuración de pasivos, iniciado por la Universidad y verificar que el demandante se encontraba incluido en el inventario de acreencias, concluyó que, no tiene derecho a la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, “por cuanto debe asumir en todas sus partes lo decidido en aquel”, porque al hacerse parte (acreedor) se entiende que transigió o

acordó límites ara el reconocimiento y pago de una obligación laboral, de conformidad con el artículo 22 de la ley 550 de 1999, que excluye intereses, multas y sanciones distintas al capital, lo que impide una posterior reclamación.

5. Recurso de apelación El apoderado del accionante, interpuso recurso de apelación, en el cual reitera frente a los argumentos de la sentencia, que el demandante se acogió al régimen de liquidación anual de cesantías el 20 de diciembre de 2001, surgiendo para la Universidad la obligación de liquidarle y consignarle en el fondo por él escogido el valor de sus cesantías acumuladas, adicionalmente a que a partir del año 2003, cada 14 de febrero, debía consignar las cesantías correspondientes al año inmediatamente anterior; sin embargo el pago solo se produjo hasta el 30 de abril de 2007, por lo que con base en el parágrafo del artículo 88 de la ley 30 de 1992 y el artículo 99 de la ley 50 de 1999, le asiste responsabilidad a la entidad y debe reparar el daño, indemnizándole los perjuicios causados. Hizo referencia a lo consignado en la sentencia de la Sección Segunda-Subsección “A”, de fecha 10 de febrero de 2011, con ponencia del doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, respecto a la procedencia del reconocimiento solicitado, y la sentencia del 21 de mayo de 2009 de la subsección “B” con ponencia del doctor Gerardo Arenas Monsalve, sobre la sanción moratoria de la ley 50 de 1999, frente a la naturaleza indemnizatoria de la ley 244 de 1995. (fsl.135142).

6. Alegatos de Conclusión La parte actora reiteró lo expuesto en el recurso de apelación (fls. 156-165.

La entidad demandada guardó silencio.

7. Normatividad aplicable y alcance de las mismas La Universidad del Atlántico es una institución de educación superior de carácter estatal y del orden territorial, regulada en la Ley 30ª de 19921, la Ley

1 Naturaleza Jurídica. Artículo 57. Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo. Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: Personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden. El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero y el régimen de contratación y control fiscal, de acuerdo con la presente Ley. Parágrafo. Las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que no tengan el carácter de universidad según lo previsto en la presente Ley, deberán organizarse como Establecimientos Públicos del orden Nacional, Departamental, Distrital o Municipal. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°353/2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0301-2013

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General de Educación 115 de 1994, Ley 749 de 2002 y Decretos Reglamentarios tales como el 2566 del año 2003. Respecto al personal docente y administrativo de estos entes, dispone la ley 30 de 1992, lo siguiente: “Del personal docente y administrativo. Artículo 70. Para ser nombrado profesor de universidad estatal u oficial se requiere como mínimo poseer título profesional universitario. Su incorporación se efectuará previo concurso público de méritos cuya reglamentación corresponde al Consejo Superior Universitario. El Consejo Superior Universitario reglamentará los casos en que se pueda eximir del título a las personas que demuestren haber realizado aportes significativos en el campo de la técnica, el arte o las humanidades. Artículo 71. Los profesores podrán ser de dedicación exclusiva, de tiempo completo, de medio tiempo y de cátedra. La dedicación del profesor de tiempo completo a la universidad será de cuarenta horas laborales semanales. … Artículo 77. El régimen salarial y prestacional de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4a de 1992, los Decretos Reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan. Artículo 78. Lo dispuesto en este capítulo se aplicará sin perjuicio de las situaciones jurídicas individuales consolidadas conforme a derecho.” De otra parte, las cesantías son una prestación social2 a que tienen derecho los empleados públicos, entre ellos los del orden territorial. Las cesantías definitivas, como su nombre lo indica, son las que se reconocen y pagan

cuando se rompe el vínculo entre la administración y el funcionario, es decir cuando éste se retira del servicio. Las cesantías El auxilio de cesantía en general tiene el siguiente marco normativo: a) La Ley 6ª de 19 de febrero 1945 que en su artículo 17 estableció el auxilio de 2 Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección “B”, Consejero ponente: JESUS MARIA LEMOS BUSTAMANTE, sentencia del veinticinco (25) de agosto de dos mil cinco (2005). Radicación número: 73001-23-31-000-2000-0191001(4656-03), Actor: JOSE ROLANDO ALVAREZ, Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°353/2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0301-2013 Evergito Rafael Narváez Wilchez vs. Universidad del Atlántico Página: 8 cesantía a razón de un mes de sueldo por cada año de servicios; b) El artículo 1° de la ley 65 de 1946, que dispuso que todos los asalariados de carácter permanente al servicio de la Nación o en cualquiera de las ramas del poder público tiene derecho a partir del 1 de enero de 1942 al auxilio de la cesantía por todo el tiempo trabajado, sin importar la causa del retiro; c) El artículo 6o. del Decreto 1160 de 28 de marzo de 1947, por el cual se modificaron disposiciones sobre la base para liquidar el monto de las cesantías de los asalariados nacionales, departamentales, intendencaisles,

municipales y particulares; d) El Decreto 3118 de 1968, que creó el Fondo Nacional del Ahorro, en su artículo 27 estableció las liquidaciones anuales y con carácter definitivo a partir del 1 de enero de 1969 para los trabajadores de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado; e) En el artículo 33 de la referida norma se establecieron intereses a favor de los trabajadores en el 9% anual sobre las cantidades que al 31 de diciembre figuraban a favor de cada empleado público, porcentaje que ascendió a la suma del 12% en virtud del artículo 3° de la Ley 41 de 1975; f) Con la expedición del Decreto 3118 de 1968 empieza en el sector público, el desmonte de la retroactividad de la cesantía, para dar paso a su liquidación anual, y previo el pago de intereses de la misma con cargo al Fondo Nacional del Ahorro; g) La Ley 41 de 1975 dispuso el abono anual de los intereses a las cesantías en las cuentas del FNA, sobre las cantidades que le figuren al empleado al 31 de diciembre de cada año inclusive sobre la parte de cesantías que se encuentren en poder de establecimientos públicos o empresas industriales o comerciales del Estado que gocen del plazo previsto en el artículo 47 del Decreto 3118 de 1968; h) El Decreto 1045 de 1978, fijó reglas generales para la administración pública del orden nacional sobre prestaciones sociales y señaló los factores sobre los cuales debe liquidarse el auxilio de cesantía; i) La ley 91 de 28 de diciembre de

1989 creó el Fondo Nacional del Magisterio, y en su artículo 5° dispuso que las prestaciones sociales de personal nacional causadas hasta la fecha deben pagarse según los Decreto 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978; j) Con la Ley 344 de 1996 se dispuso un nuevo régimen de liquidación anual de las cesantías, aplicable a partir de 1997, con corte a 31 de diciembre de cada año para los servidores públicos vinculados o que se vinculen a los órganos y entidades del Estado, cualquiera que sea su nivel; ) Finalmente, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, creó un nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, con las siguientes características: “1.- El 31 de diciembre de cada año se hará liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 2.- El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°353/2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0301-2013 Evergito Rafael Narváez Wilchez vs. Universidad del Atlántico Página: 9 tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. 3.- El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en

cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo. 4.- Si al término de la relación laboral existen saldos de cesantías a favor del trabajador que no hayan sido entregados al fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos. 5.- Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma naturaleza. El gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto…” En consecuencia, existen actualmente dos regímenes de cesantías, a) Pago de cesantías con liquidación anual, que se caracteriza por la liquidación de las cesantías de manera anual, cancelando los intereses sobre el valor anual, y b) Régimen de cesantías con liquidación retroactiva, que se realiza al final de la relación laboral con el último sueldo devengado y no contempla el pago sobre intereses a las cesantías. Para el caso de los empleados públicos docentes de las universidades públicas del orden nacional, a través del Decreto 1444 de 1992, se dictaron disposiciones en materia salarial y prestacional en cuyo artículo 37, en relación con las cesantías, dispuso: “Los empleados públicos docentes de las universidades públicas del orden nacional, continuarán disfrutando del mismo régimen general de cesantías de los empleados públicos, señalado en el Decreto extraordinario 3118 de 1968.” Posteriormente, el parágrafo del artículo 88 de la Ley 30 de 1992, facultó a

las universidades estatales u oficiales para adoptar el régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990. Dispuso igualmente que este régimen se podía acoger como obligatorio para quienes se vincularan laboralmente a la universidad a partir de su vigencia. La sanción moratoria Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°353/2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0301-2013 Evergito Rafael Narváez Wilchez vs. Universidad del Atlántico

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El Consejo de Estado3, resumió en forma práctica las normas correspondientes a la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, aplicable también a los entes territoriales, que se considera oportuno citar por ser aplicable al caso en estudio: “En el año de 1990 se expide la ley 50, que modificó el sistema de liquidación, reconocimiento y pago de cesantías en el sector privado, a través de los llamados fondos de cesantías. Las características de este régimen anualizado, se concretaron en el artículo 99 de la misma ley. El artículo 13 de la Ley 344 de 1996, hizo extensiva la liquidación anual de las cesantías a todas las personas que se vincularan a los órganos y entidades del Estado a partir del 31 de diciembre de 1996, de la siguiente manera: "ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y

Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral; b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo" Posterior a la Ley 344 de 1996, y en el marco de la Ley 4a de 1992, se expidió el Decreto 1582 de 1998, para reglamentar el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, en el cual se dispuso, entre otras cosas, dispuso: "El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 22, 102, 104 Y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 50. y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998". (...) El artículo 99 de la Ley 50 de 1990 estableció lo siguiente: 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "A", Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ

ARANGUREN sentencia del 25 de noviembre de 2010, expediente N° 25000232500020040175401 (0814 - 2009) ACTOR: ERNESTO MANZANERA JIMENEZ DDO: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUNDINAMARCA - TELECUNDINAMARCA EN LIQUIDACIÓN Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°353/2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0301-2013 Evergito Rafael Narváez Wilchez vs. Universidad del Atlántico

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ARTICULO 99. El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: 1a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 213.) El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

313. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.” (Negrillas de la Sala) Así las cosas, mientras la Ley 344 de 1996 previó el nuevo régimen

anualizado de cesantías y el sistema a aplicar para las personas vinculadas con el Estado a partir de diciembre de 1996, el Decreto 1582 de 1998, fue el que trajo consigo la sanción moratoria contenida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, aplicable a partir de la entrada en vigencia de dicho decreto (10 de agosto de 1998). El nuevo régimen entonces, además de contemplar que a 31 de diciembre de cada año el empleador debe hacer una liquidación definitiva de las cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, ordenó que dicho valor se consignara antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo eligiera. La sanción moratoria, se concreta en un día de salario por cada día de retardo, cuando el empleador no consigna la cesantía definitiva por la anualidad o fracción correspondiente, antes del 15 de febrero como ya se señaló. En este punto, resulta importante diferenciar las sanciones contempladas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, aplicable a los empleados territoriales por expreso mandato del artículo del Decreto 1582 de 1998 y la prevista en la Ley 244 de 1996, dado que cada una tiene un origen y finalidad distinta. La primera, hace referencia a la indemnización derivada de la falta de consignación por parte del patrono antes del 15 de febrero de cada año, del auxilio de cesantía que le corresponde al trabajador por el año anterior o la fracción correspondiente a dicha anualidad liquidada a 31 de diciembre, en un

fondo privado. Y la segunda, p