PGN - Documento 201607171118526

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto que niega sanción moratoria por no consignación oportuna de cesantías CESANTÍAS-Sistema anual de liquidación Descendiendo al caso concreto, es claro que el artículo 13 de la ley 344 de 1996, hizo extensible la liquidación anual de las cesantías a todas la personas que se vincularan a los órganos del Estado y las Entidades del Estado a partir del 31 de diciembre de 1996, incluyendo a los del nivel territorial, de conformidad con el decreto 1582 de 1998, que entró en vigencia el 10 de agosto de 1998, para estos últimos. CESANTÍAS-Derecho a la sanción moratoria Estos beneficios cobijaban a todos los servidores públicos e incluyen el derecho a la sanción moratoria de que trata el numeral 3° del artículo 99 de la ley 90 de 1990, en armonía con el artículo 53 de 1990, para los empleadores que no consignen oportunamente las cesantías de sus trabajadores, a 15 de febrero de cada año. Pero si bien es cierto, lo anterior es una norma a la que se tiene derecho, hay que examinar cada caso en particular para ver si en realidad se dan los requisitos para acceder a ello. CESANTÍAS-Exclusión de la sanción moratoria por crisis financiera de la entidad En el caso en estudio, es evidente que las cesantías de la actora correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009, fueron consignadas tardíamente, hecho que finalmente no niega la entidad accionada, pero que considera, estaba amparada en

causal eximente de sanción moratoria por la crisis financiera que atravesaba la entidad. CESANTÍAS-Obligación de probar crisis financiera de la entidad Para esta Agencia del Ministerio Público, la exculpación por parte de la entidad demandada, no es de recibo, como quiera que revisados los actos administrativos que dispusieron el reconocimiento y orden de pago de las cesantías de sus funcionarios, en su contenido, no se incorpora ninguna causal que justifique la demora en el cumplimiento de sus obligaciones como empleador, razón por la cual, no puede pretender que se le tenga en cuenta ahora como amparo de buena fe. Tampoco obra en el expediente realmente prueba de la citada crisis, pues esta entidad no fue intervenida, ni declarada en ley 550, lo que no permite con meridiana claridad verificar el estado financiero real de la misma, salvo los balances que se allegan a folios 41 a 50. Téngase en cuenta que las obligaciones salariales y prestacionales, son de primer orden, razón por la cual debieron ser cubiertas en Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°192/2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0300-2012 Jenny Virginia Donado de Avendaño vs. DAMAB Página: 2 forma oportuna y no hacer más gravosa la entidad ante una posible reclamación y condena por sanción moratoria. CESANTÍAS-Liquidación de la sanción moratoria por no consignación oportuna Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°192/2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0300-2012

Jenny Virginia Donado de Avendaño vs. DAMAB

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PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 192/2013

IUS: 2013-185796

Bogotá, 17 de junio de 2013

Señores Magistrados:

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA.- SUBSECCIÓN “A”

CONSEJERO PONENTE: Dr. GUSTAVO EDUADO GOMEZ ARANGUREN

E.S.D.

REFERENCIA : No.080012331000201100410 01 (0300-2012) ACTOR : JENNY VIRGINIA DONADO DE AVENDAÑO IDENTIFICACION : C.C. 42.492.519 de Barranquilla

DEMANDADO : DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DE

BARRANQUILLA

ASUNTO : APELACIÓN SENTENCIA

ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONTROVERSIA : SANCION MORATORIA PAGO CESANTIAS (LEY 50/90) Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia del 15 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del

Atlántico.

1. Problema Jurídico El asunto a dilucidar se contrae a determinar si es procedente condenar al Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de BarranquillaDAMAR al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, por no haber consignado a la demandante en forma oportuna las cesantías de los años 2007, 2008 y 2009.

2. Lo que se demanda La señora JENNY VIRGINIA DONADO DE AVENDAÑO, demandó la nulidad del acto ficto que negó las peticiones que formuló el 2 de diciembre de 2010, radicado bajo el No. 12259.

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Como restablecimiento del derecho solicitó, que se condene al Departamento Técnico Administrativo del medio Ambiente de BarranquillaDAMAB, a reconocer y pagar las indemnizaciones moratorias por el no pago oportuno de las cesantías de 2007, 2008 y 2009, sumas debidamente indexadas; más la condena en costas y agencias en derecho, en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A. Como sustento de sus pretensiones, afirma que labora al servicio de al demandada desde el 22 de septiembre de 2004 y las cesantía del año 2007 solo le fueron canceladas en junio de 2008, las del año 2008 hasta el 19 de marzo de 2010 y las del 2009 hasta agosto 17 de 2010, violando la ley 344 de 1996 y el artículo 99 de la ley 50 de 1990. Señala que no ha recibido respuesta a la petición de reconocimiento y pago

de sus acreencias laborales radicada el 2 de diciembre de 2010, bajo el No.12259, vulnerando el artículo 53 de la C.P., por cuanto debieron consignarse sus cesantías oportunamente hasta el 15 de febrero del año siguiente a las causadas por los años 2007, 2008 y 2009.

3. Contestación de la demanda El Subdirector Jurídico de la entidad accionada, teniendo en cuenta que es un establecimiento público del orden distrital, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio, otorgó poder especial, para su defensa, quien se opuso a las pretensiones de la demanda por no establecer la demanda la causal de nulidad del acto ficto y porque considera existió justa causa para el no pago oportuno, debido a la crisis financiera que atravesaba la entidad, situación de público conocimiento; razones por las que considera que no debe ser condenada al pago de la indemnización moratoria reclamada. Propuso las excepciones de “buena fe frente al cobro de la indemnización por no consignación oportuna de cesantías en el fondo”; “inconstitucionalidad de la sanción”; y “falta de requisitos formales de la demanda”. (fls. 27-33)

4. Sentencia de primera instancia: El Tribunal Administrativo del Atlántico-Subsección de Descongestión, mediante sentencia del 15 de junio de 2012, declaró la nulidad del acto presunto o ficto mediante el cual la demandada no dio respuesta a la petición de fecha 2 de diciembre de 2010 y como consecuencia de ello ordenó reconocerle y pagarle la sanción de un día de salario por cada día de retardo

contabilizados para el año 2007, desde el 16 de febrero de 2008, hasta el día en que se verifique la consignación. Consideró el a-quo que las excepciones no prosperaron y luego de hacer referencia al régimen de cesantías que le aplica a la demandante de conformidad con la ley 344 de 1996, reglamentada por el decreto 1582 del 5 de agosto de 1998, en armonía con los artículos 99, 102 y 104, que obligan al empleador a consignar las cesantías antes del 15 de febrero de cada año Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°192/2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0300-2012 Jenny Virginia Donado de Avendaño vs. DAMAB Página: 5 siguiente en el Fondo al que se encuentre afiliado el empleado so pena de pagar un día de salario por cada día de retardo, consideró que la entidad se sustrajo del cumplimiento de la obligación de consignar oportunamente el valor de las cesantías correspondientes a las vigencias 2007, 2008 y 2009, porque solo las consignó el 4 de junio de 2008, 19 de marzo de 2010 y 13 de agosto de 2010 respectivamente, según la certificación que obra en el expediente. Respecto a la condena aclaró por tratarse de una conducta continuada esta sería la correspondiente a un día de salario “que correrá al año incumplido hasta el día en que se hayan pagado las cesantías adeudadas, es decir, que la sanción no es acumulable por cada año incumplido hasta el día del pago o

consignación respectiva a que entonces la sanción no sería de un año a partir del segundo año de incumplimiento sino de dos o mas días según los años que resultaren incumplidos, es decir desde el 16 de febrero de 2008, hasta el día que se verifique la consignación. Apoyó su decisión en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Gustavo Gnecco Mendoza, del 6 de diciembre de 2006, dentro del expediente 25713. (fls. 120-130)

5. Recurso de apelación La apoderada de la entidad accionada interpuso recurso de apelación, el cual fundó en la buena fe con que actuó la entidad, aspecto que no fue estudiado por el juez de primera instancia. Señala que la buena fe se presume y la mala fe hay que probarla y en el presente caso no ocurrió lo segundo, por lo que se le debe exonerar de la indemnización moratoria.

Reitera que la razón pro la cual no se le consignaron las cesantías a la actora obedecieron a la cirílica situación económica que atravesaba la entidad.; razón suficiente para que se revoque la decisión. La parte actora solicitó la aclaración de la sentencia teniendo en cuenta que en el parágrafo del numeral segundo de la sentencia solo condena a la sanción de 2007, la que se mantuvo incólume, bajo las siguientes consideraciones (fls.149-154): “Observa la Sala que, la supuesta incongruencia aludida de los que se dijo en la parte considerativa de la sentencia respecto a los años 2007 a 2009, y lo mencionado en la parte resolutiva en el sentido de que la

entidad demandada deberá reconocer y pagar la sanción moratoria a la actora a partir del 16 de febrero de 2008, hasta el día en que se verifique la consignación, correspondiente a un día de salario por cada día de retardo, no tiene visos de prosperidad, dado que no existe error, ni amerita aclaración, por cuanto tal como se le señaló en la parte considerativa, como se trata de una conducta continuada y conforme a la jurisprudencia citada, la sanción no es acumulable por cada año incumplido, sino a partir de la insatisfacción de la primera consignación incumplida hasta cuando se haga la consignación. Amén de lo anterior, advierte la Sala que más que una aclaración, lo expuesto por el Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°192/2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0300-2012 Jenny Virginia Donado de Avendaño vs. DAMAB Página: 6 demandante constituye un argumento de apelación, para lo cual tienen la potestad, así lo desea de interponer los recursos del caso.”

6. Audiencia de Conciliación De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 1395 del 12 de julio de 2010 que adicionó el artículo 43 de la ley 640 de 2001, el 16 de octubre de 2012 se celebró la audiencia de conciliación judicial, la cual se declaró fallida, por ausencia de ánimo conciliatorio entre las partes (fls.153157).

7. Alegatos de Conclusión La parte demandada en sus alegatos de conclusión reiteró en su integridad

lo expuesto en el recurso de apelación, respecto a la buena fe que le asistió en su actuación. (fls. 168-171)

8. Normatividad aplicable y alcance El Consejo de Estado1, resumió en forma práctica como se emplean las normas correspondientes a la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, aplicable también a los entes territoriales, que se considera oportuno citar por ser aplicable al caso en estudio: “En el año de 1990 se expide la ley 50, que modificó el sistema de liquidación, reconocimiento y pago de cesantías en el sector privado, a través de los llamados fondos de cesantías. Las características de este régimen anualizado, se concretaron en el artículo 99 de la misma ley.

El artículo 13 de la Ley 344 de 1996, hizo extensiva la liquidación anual de las cesantías a todas las personas que se vincularan a los órganos y entidades del Estado a partir del 31 de diciembre de 1996, de la siguiente manera: "ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral; 1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "A", Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ

ARANGUREN sentencia del 25 de noviembre de 2010, expediente N° 25000232500020040175401 (0814 - 2009) ACTOR: ERNESTO MANZANERA JIMENEZ DDO: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUNDINAMARCA - TELECUNDINAMARCA EN LIQUIDACIÓN Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°192/2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0300-2012 Jenny Virginia Donado de Avendaño vs. DAMAB Página: 7 b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo" Posterior a la Ley 344 de 1996, y en el marco de la Ley 4a de 1992, se expidió el Decreto 1582 de 1998, para reglamentar el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, en el cual se dispuso, entre otras cosas, dispuso: "El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 22, 102, 104 Y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 50. y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998".

(...) El artículo 99 de la Ley 50 de 1990 estableció lo siguiente: ARTICULO 99. El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: 1a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 213.) El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

313. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.” (Negrillas de la Sala) Así las cosas, mientras la Ley 344 de 1996 previó el nuevo régimen anualizado de cesantías y el sistema a aplicar para las personas vinculadas con el Estado a partir de diciembre de 1996, el Decreto 1582 de 1998, fue el que trajo consigo la sanción moratoria contenida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, aplicable a partir de la entrada en vigencia de dicho decreto (10 de agosto de 1998).

El nuevo régimen entonces, además de contemplar que a 31 de diciembre de cada año el empleador debe hacer una liquidación Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°192/2013 Ministerio Público

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0300-2012 Jenny Virginia Donado de Avendaño vs. DAMAB Página: 8 definitiva de las cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, ordenó que dicho valor se consignara antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo eligiera. La sanción moratoria, se concreta en un día de salario por cada día de retardo, cuando el empleador no consigna la cesantía definitiva por la anualidad o fracción correspondiente, antes del 15 de febrero como ya se señaló. En este punto, resulta importante diferenciar las sanciones contempladas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, aplicable a los empleados territoriales por expreso mandato del artículo del Decreto 1582 de 1998 y la prevista en la Ley 244 de 1996, dado que cada una tiene un origen y finalidad distinta. La primera, hace referencia a la indemnización derivada de la falta de consignación por parte del patrono antes del 15 de febrero de cada año, del auxilio de cesantía que le corresponde al trabajador por el año anterior o la fracción correspondiente a dicha anualidad liquidada a 31 de diciembre, en un fondo privado. Y la segunda, por su parte, se genera frente a la falta de pago de dicha prestación a la terminación de la relación legal o reglamentaria, habida cuenta, que la entidad tiene la obligación de reconocerla y pagarla dentro de los términos señalados en la ley, so pena de incurrir en la sanción prevista en el artículo 2 parágrafo, de esa

norma. Lo anterior indica, que la sanción de la Ley 50 de 1999, se aplica hasta que esté vigente la relación laboral y será pagadera hasta el momento en que el trabajador se retira del servicio, pues a partir de este instante la obligación que se origina no es la de consignar la cesantía en un fondo, sino la de entregarla al trabajador junto con las demás prestaciones y salarios a que tenga derecho. A diferencia de esta, la sanción de la Ley 244 de 1996, para el pago de la cesantía definitiva, se activa cuando el funcionario solicita ante la administración su cancelación. En conclusión, el alcance de tales sanciones es diverso, su reconocimiento no es concurrente, sino por el contrario, es excluyente. Finalmente y frente a la indexación, debe señalarse que esta procede únicamente sobre el valor de la sanción por no consignación oportuna de la cesantías en los términos ordenados por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 extensivo a las entidades territoriales en virtud del artículo 13 de la Ley 344 de 1996 reglamentado por el Decreto 1582 de 1998, y no frente a la indemnización moratoria de la Ley 244 de 1995 dado que está última constituye la actualización del valor de la cesantía no pagada oportunamente.

9. Análisis Fáctico – Probatorio Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°192/2013 Ministerio Público

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Examinadas las pretensiones del asunto sub exámine, la demandante pretende la nulidad del acto ficto por el silencio que guardó la administración, a su petición radicada el 10 de diciembre de 2010, en la que reclama el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria por el no pago oportuno de las cesantías de los años 2007, 2008 y 2009, violado lo estipulado en la ley 344 de 1996. Revisado el expediente, se encuentran probado que la señora JENNY VIRGINIA DONADO DE AVENDAÑO, labora en el Departamento Técnico Administrativo del medio Ambiente de Barranquilla-DAMA desde el 22 de septiembre de 2004, en el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADA código 219 grado 02 y se le consignaron cesantías por los siguientes montos y fechas (fls.52-55). AÑO MONTO FECHA DE CONSIGNACION FONDO 2007 $1.983.720 Junio 4 de 2008 Porvenir 2008 $2.096.594 Marzo 19 de 2010 Porvenir 2009 $2.257.402 Agosto 13 de 2010 Porvenir Consta igualmente que la entidad accionada, mediante: Resolución No.0100 del 13 de febrero de 2008, dispuso la liquidación y consignación de las cesantías al 31 de diciembre de 2006 de 85 funcionarios del DAMAB, entre los que se encuentra la demandante (fls.56-58). Resolución No.0127 del 9 de febrero de 2009, dispuso la liquidación y consignación de las cesantías al 31 de diciembre de 2008 de 63 funcionarios

del DAMAB, entre los que se encuentra la demandante (fl.59-61). Resolución No.0160 del 17 de febrero de 2010, dispuso la liquidación y consignación de las cesantías al 31 de diciembre de 2008 de 63 funcionarios del DAMAB, entre los que se encuentra la demandante. Corregida por resolución No.1265 del 5 de agosto de 2010. (fls.62-67) Descendiendo al caso concreto, es claro que el artículo 13 de la ley 344 de 1996, hizo extensible la liquidación anual de las cesantías a todas la personas que se vincularan a los órganos del Estado y las Entidades del Estado a partir del 31 de diciembre de 1996, incluyendo a los del nivel territorial, de conformidad con el decreto 1582 de 1998, que entró en vigencia el 10 de agosto de 1998, para estos últimos. Estos beneficios cobijaban a todos los servidores públicos e incluyen el derecho a la sanción moratoria de que trata el numeral 3° del artículo 99 de la ley 90 de 1990, en armonía con el artículo 53 de 1990, para los empleadores que no consignen oportunamente las cesantías de sus trabajadores, a 15 de febrero de cada año. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°192/2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0300-2012 Jenny Virginia Donado de Avendaño vs. DAMAB

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Pero si bien es cierto, lo anterior es una norma a la que se tiene derecho, hay que examinar cada caso en particular para ver si en realidad se dan los requisitos para acceder a ello.

En el caso en estudio, es evidente que las cesantías de la actora correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009, fueron consignadas tardíamente, hecho que finalmente no niega la entidad accionada, pero que considera, estaba amparada en causal eximente de sanción moratoria por la crisis financiera que atravesaba la entidad. Para esta Agencia del Ministerio Público, la exculpación por parte de la entidad demandada, no es de recibo, como quiera que revisados los actos administrativos que dispusieron el reconocimiento y orden de pago de las cesantías de sus funcionarios, en su contenido, no se incorpora ninguna causal que justifique la demora en el cumplimiento de sus obligaciones como empleador, razón por la cual, no puede pretender que se le tenga en cuenta ahora como amparo de buena fe. Tampoco obra en el expediente realmente prueba de la citada crisis, pues esta entidad no fue intervenida, ni declarada en ley 550, lo que no permite con meridiana claridad verificar el estado financiero real de la misma, salvo los balances que se allegan a folios 41 a

50. Téngase en cuenta que las obligaciones salariales y prestacionales, son de primer orden, razón por la cual debieron ser cubiertas en forma oportuna y no hacer más gravosa la entidad ante una posible reclamación y condena por sanción moratoria.

Ahora bien, aquí se debate el pago de la sanción moratoria de las cesantías correspondientes a los años 2007, 2008, y 2009, que fueron consignadas en Porvenir el Fondo seleccionado por la demandante hasta el 4 de junio de 2008, marzo 10 de 2010 y agosto 13 de 2010, lo cual trae como

consecuencia la siguiente moratoria. AÑO MORATORIA 2007 16 de febrero de 2008 hasta el 4 de junio de 2008 2008 16 de febrero de 2009 hasta el 19 de marzo de 2010 2009 16 de febrero de 2010 hasta el 13 de agosto de 2010 Visto lo anterior, la demandante tendría derecho al reconocimiento de la sanción moratoria, equivalente a un día de salario del 16 de febrero de 2008 hasta el 4 de junio de 2008 y del 16 de febrero de 2009 hasta el 13 de agosto de 2010, de tal forma que no se dupliquen los días y no sea más gravosa la situación para la entidad demandada. Luego, no está de acuerdo esta Agencia Fiscal, en la forma como se fijó la condena en el fallo de primera instancia, cuando señala que “la sanción de un día de salario por cada día de retardo contabilizados para el año 2007 desde el 16 de febrero del 2008, hasta el día en que se verifique la consignación”, porque es confuso e inexacto, lo que se presta a futuras malinterpretaciones, razón por lo cual se considera que se debe modificar como quedó anteriormente señalado. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°192/2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0300-2012 Jenny Virginia Donado de Avendaño vs. DAMAB

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III. CONCEPTO A juicio de esta Delegada, con base en las consideraciones expuestas en este concepto, se solicita muy respetuosamente al H. Consejo de Estado –

Sección segunda – Subsección “A, que CONFIRME la sentencia apelada, en el sentido de acceder a las pretensiones, pero aclarando que los periodos moratorios son del 16 de febrero de 2008 hasta el 4 de junio de 2008 y del 16 de febrero de 2009 hasta el 13 de agosto de 2010, de tal forma que no se dupliquen los días y no sea más gravosa la situación para la entidad demandada, tal como se expuso en la parte considerativa del presente concepto. De los Señores Consejeros,

CRISTINA GRUESO SANCHEZ

Procuradora Tercera Delegada ante el Consejo de Estado

CGS.-NLLC