PGN - Documento 201607171119020

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Al vencimiento del plazo de los dos años La jurisprudencia, en forma pacífica, ha dicho que el término de caducidad de la acción se empieza a contar a partir de la ejecutoria de la decisión de la autoridad penal que libera de responsabilidad. En este caso el 2 de abril de 2009 se dispuso la preclusión de la investigación a favor del demandante, aunque no hay constancia de notificación, como la demanda se presentó el 1° de junio de 2010 no había operado el fenómeno de caducidad de la acción pues no había transcurrido el término de 2 años. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD-Falla probada Tratándose de orden de captura, en concepto del Ministerio Público, el régimen de responsabilidad no es el objetivo sino el de la falla probada, lo que le impone al actor acreditar tanto la afectación de la libertad así como que respecto de aquélla no se cumplieron los requisitos y/o términos para detenerlo y/o mantenerlo privado de la libertad. INFORME DE POLICÍA-Se estableció en segunda instancia que el informe no era coherente con la información de archivo El informe de policía judicial por sí mismo no tiene la virtualidad de acreditar conducta contra derecho. En la actuación penal había un informe de policía judicial, que tal como fue analizado por el fiscal de segunda instancia al resolver la alzada de la acusación, no es coherente con la información que obraba en los archivos de la Policía nivel central No hay certeza ni siquiera de la fecha en que se produjo el referido informe que la fiscalía

calificó de dudoso, esto es si fue anterior o posterior a la retención del sindicado. CAPTURA ILEGAL-Sin orden judicial En concepto del Ministerio Público en el sub judice se evidencia que la captura fue ilegal, en tanto que no se daban los presupuestos para hacerla sin orden judicial. Por un lado no se trató de una situación de flagrancia y, por el otra, tampoco se reunían los requisitos de la detención preventiva administrativa que prevé el art. 28 constitucional toda vez que no se fundamentó en razones objetivas y motivos fundados, pues como quedó visto las imputaciones que la Policía hiciera contra el sindicado no tenían ni siquiera respaldo en los archivos de la institución. Además, no se trataba de una urgencia, esto es la imposibilidad de acudir ante la autoridad judicial para que ordenara la captura (de haber sido procedente), pues según se lee en el oficio con el cual la SIJIN dejó al retenido a disposición de la Fiscalía, se hace referencia a diferentes declaraciones entendiendo que fueron recepcionadas en diferentes momentos, también a datos de archivo y a investigaciones realizadas. PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 43.918 (200012331000 2010 00205 01) Del análisis en conjunto de los medios de prueba concluye el Ministerio Público que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es responsable del daño antijurídico que sufrieron los actores, en tanto que capturó al sindicado sin orden judicial y sin que

mediaran los requisitos de ley. PERJUICIOS MORALES-Se presumen sufridos también por los parientes cercanos a la víctima En ese orden de ideas no todos los demandantes están legitimados para accionar. No obstante, respecto de los hijos menores, como quiera que nacieron en enero y diciembre de 2007, esto es, que para la época en que el sindicado estuvo privado de la libertad no habían nacido, no habría lugar a reconocer indemnización de perjuicios a su favor. Así las cosas, en concepto del Ministerio Público habría lugar a modificar el fallo de primera instancia en este aspecto. PERJUICIOS MATERIALES-Lucro cesante Como señaló el a-quo, la indemnización deberá liquidarse con base en el salario mínimo legal mensual por cuanto no existe certeza de los ingresos que obtenía por su trabajo. Como quiera que la Fiscalía General de la Nación concilió por la mitad de la condena impuesta en primera instancia, la Policía Nacional debe asumir la indemnización restante, conforme a lo expuesto.

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 43.918 (200012331000 2010 00205 01) CONCEPTO No. 235 / 2012 Bogotá, D.C., 27 de agosto de 2012.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Doctora OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 43.918 (200012331000 2010 00205 01)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Álvaro Devis Soraca Guzmán y otros

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El 1° de junio de 2010 (fl. 51 C. 1), en ejercicio de la acción de reparación directa, los señores Álvaro Devis Soraca Guzmán, en su nombre y en el de sus hijos Yoan Andrés y Álvaro Andrés Soraca Villaba y Shaira Soraca Muñoz; Kelly Viviana Guzmán Álvarez, Olga Esther Guzmán Villalba, Hernando Rafael Soraca López, en su nombre y en el de su hijo menor Hernando de Jesús Soraca Delgado, así como Jhony de Jesús, Lina Esther y Hernando Soraca Guzmán, demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, para que se les declarara responsables de los perjuicios morales y materiales que les causó la falla en la administración de justicia que condujo a la sindicación y posterior captura de Álvaro Soraca Guzmán por el presunto delito de rebelión.

Se adujo que el 15 de marzo de 2005 Álvaro Devis Soraca fue capturado en el

3 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 43.918 (200012331000 2010 00205 01) municipio de El Copey (Cesar), en el lugar de trabajo, sindicado del delito de concierto para delinquir, sin que se le encontrara arma o prenda privativa de las fuerzas armadas; en el proceso adelantado por la Fiscalía no se probó que hiciera parte de las llamadas autodefensas del Copey, ni tampoco que hubiere participado en delitos como secuestro, terrorismo, narcotráfico o extorsión; el 16 de marzo de 2005 el Fiscal Quinto Delegado ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar profirió boleta de reclusión; el 28 de marzo la Fiscalía Cuarta profirió medida de aseguramiento y el 18 de noviembre de 2005 se le concedió la libertad condicional. Agregó que el 2 de abril de 2009 la Fiscalía decretó preclusión a favor del actor, argumentando duda probatoria. 1.2. Contestación de la demanda  Fiscalía General de la Nación (fls. 66 a 79 C. 1). Sostuvo que el art. 414 del Decreto 2700 de 1991 es inaplicable por la fecha de los hechos; que el lapso en que una persona esté privada de la libertad mientras se sustancia el proceso y finalmente es absuelta no puede dar lugar a indemnización; que tampoco se presentó error judicial o defectuoso funcionamiento de la

administración, porque el Fiscal actuó conforme a la Constitución y la ley; que existía informe policial del Jefe de Grupos Armados Ilegales en el que deja a disposición al señor Soroca Guzmán, indicando que la aprehensión se suscitó por información que lo señalaban como miembro del grupo armado de autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, específicamente miembro del Frente Héroes de Chimila que delinque en el municipio de El Copey y por tanto la Fiscalía debía ordenar la apertura de instrucción para establecer los presupuestos del art. 331 del cpp. Además que la medida de aseguramiento estuvo fundamentada en serios elementos probatorios art. 356 del cpp.

Propuso como excepciones: ineptitud formal de la demanda por inexistencia del hecho dañoso y por falta de los elementos que estructuran la pretensión de falla en el servicio o defectuoso funcionamiento de la función jurisdiccional; causal exonerativa de hecho de un tercero y culpa exclusiva 4 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 43.918 (200012331000 2010 00205 01) de la víctima.  Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fls. 94 a 105 c. 1). Afirma que la Policía actuó en cumplimiento de un deber constitucional y legal; que con base en el oficio 041 la Fiscalía abrió instrucción y después le impuso medida de aseguramiento, que por la naturaleza del delito la

captura es legal; que no puede existir daño antijurídico sobre la obligación que tienen todas las personas de soportar la acción de la justicia cuando medien indicios serios; pretender que toda detención o medida de aseguramiento debe estar forzosamente precedida un proceso íntegro lleva a desvirtuar su carácter preventivo. 1.3. La sentencia de primera instancia. (fls. 299 a 328 c. 3) El Tribunal Administrativo del Cesar1 declaró imprósperas las excepciones propuestas por la Fiscalía General de la Nación; declaró responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios morales infligidos al señor Álvaro Devis Soraca con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto y como consecuencia los condenó a pagar solidariamente 60 smlm a favor de Álvaro Devis Socara, 30 smlm a favor de los padres, la compañera permanente y cada uno de los hijos y 15 smlm a favor de los 4 hermanos y, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $4’356.213 a favor de Devis Soraca Guzmán. Negó las demás pretensiones. Encontró el a-quo que si bien no aparece certificación alguna del lugar en el que estuvo detenido y el lapso de la detención, las otras pruebas llevan a la certeza que estuvo recluido en la cárcel judicial de Valledupar, que la captura se produjo el 15 de marzo y la privación de la libertad cesó el 18 de noviembre de 2005. Que en el proceso penal terminó con preclusión de la investigación pues no logró

desvirtuarse la presunción de inocencia, la detención resulta injusta y desproporcionada. 1 Sentencia de 27 de octubre de 2011 5 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 43.918 (200012331000 2010 00205 01) Señaló que el Informe de Policía judicial 041/SIJIN AINDE fue la causa originaria de la apertura de investigación y por tanto la Policía Nacional con su actuación configuró un daño antijurídico reprochable. En relación con la Fiscalía sostuvo que fue la que adelantó todo el proceso penal y solicitó mantener en calidad de retenido al demandante, cuando no contaba con los medios probatorios suficientes para iniciarlo, siendo por ello sus actuaciones generadoras del hecho dañoso. 1.4. Conciliación judicial. El 1° de febrero de 2012 se llevó a cabo audiencia de conciliación en la que la Fiscalía General de la Nación propuso el pago del 70% del 50% de la condena, fórmula que aceptó la parte actora. La Policía Nacional solicitó aplazamiento de la diligencia por falta de parámetros de la oficina Jurídica de la entidad (fl. 359 c. 3). El 2 de febrero de 2012, teniendo en cuenta la solicitud de aplazamiento de la Policía Nacional, el Magistrado Ponente fijó el 7 de marzo de 2012 como fecha para continuarla (fl. 361 c. 3). Por auto también de 2 de febrero de 2012 el Tribunal aprobó la conciliación parcial

consignada en acta de 1° de ese mes y año, suscrita entre la parte actora y la Fiscalía General de la Nación (fls. 362 a 368 c. 3). Se dejó constancia de haber entregado el 7 de marzo de 2012, entre otros documentos, copia del proveído con nota de ejecutoria y de ser primera copia y prestar mérito ejecutivo (fl. 268 vto. c. 3). El 7 de marzo de 2012 se llevó cabo la audiencia de conciliación con la Policía Nacional, entidad que no concilió (fl. 373 c. 3). 1.5. Apelación. (fls. 337 a 343; 373, 385 y 387 c. 3). Sostuvo la Policía Nacional que solamente cumplió con un deber constitucional y legal; que el informe Policial no es medio legal de prueba y mal podría la Fiscalía dar por veraz la información suministrada por los agentes de policía; dicho informe no fue la causa de la apertura de investigación, es la Fiscalía la que tiene que hacer uso de las reglas de la sana crítica y tener en cuenta la lógica, la experiencia y las pautas que señala el derecho, luego si la orden de captura fue expedida ante la presunta 6 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 43.918 (200012331000 2010 00205 01) información suministrada por la Policía es la autoridad penal la que debe valorar la

prueba.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico. En primera instancia se declaró la responsabilidad solidaria de las demandadas y se les impuso condena solidaria. Después del fallo la Fiscalía General de la Nación y la parte actora conciliaron parcialmente (aprobada por auto de 2 de febrero de 2012) y no se llegó a un acuerdo con la Policía Nacional. En concepto del Ministerio Público la conciliación parcial implica que el demandante renunció a la solidaridad2 y el proceso debe continuar solamente respecto de la Policía Nacional, para lo cual no hay obstáculo de tipo procesal puesto que no se trata de un Litis consorcio necesario que imponga una decisión única, sino de un Litis consorcio facultativo. La SECCIÓN TERCERA, en sentencia de 19 de julio de 2010. Radicación número: 66001-23-31-000-2009-00073-01(38341), precisó: “1. La intervención litis consorcial y sus modalidades (…) 2 CC ARTICULO 2344. <RESPONSABILIDAD SOLIDARIA>. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso. ARTICULO 1572. <DEMANDA CONTRA DEUDOR SOLIDARIO>. La demanda intentada por el acreedor contra algunos de los deudores solidarios, no extingue la obligación solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte que hubiere sido

satisfecha por el demandado. ARTICULO 1573. <RENUNCIA DE LA SOLIDARIDAD POR EL ACREEDOR>. El acreedor puede renunciar expresa o tácitamente la solidaridad respecto de unos de los deudores solidarios o respecto de todos. La renuncia tácitamente en favor de uno de ellos, cuando la ha exigido o reconocido el pago de su parte o cuota de la deuda, expresándolo así en la demanda o en la carta de pago, sin la reserva especial de la solidaridad, o sin la reserva general de sus derechos. Pero esta renuncia expresa o tácita no extingue la acción solidaria del acreedor contra los otros deudores, por toda la parte del crédito que no haya sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio se renunció la solidaridad. Se renuncia la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios, cuando el acreedor consciente en la división de la deuda. ARTICULO 1582. <SOLIDARIDAD E INDIVISIBILIDAD>. El ser solidaria una obligación no le da el carácter de indivisible 7 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 43.918 (200012331000 2010 00205 01) En cambio, el litisconsorcio será facultativo o voluntario cuando concurran libremente al litigio varias personas, en calidad de demandantes o demandados, ya no en virtud de una única relación jurídica, sino de tantas cuantas partes dentro del proceso deciden unirse para

promoverlo conjuntamente (legitimación por activa), aunque válidamente pudieran iniciarlo por separado, o de padecer la acción si sólo uno o varios de ellos debe soportar la pretensión del actor (legitimación por pasiva). Bajo esta modalidad, los actos de cada uno de los litisconsortes no redundarán en provecho o en perjuicio de los otros, sin que ello afecte la unidad del proceso o implique que la sentencia sea igual para todos (art. 50 del C. de P. Civil). En este caso, el proceso puede adelantarse con o sin su presencia porque el contenido de la sentencia en últimas no lo perjudica ni lo beneficia. Sólo contándose con su presencia en el proceso, la decisión que se adopte en la sentencia lo vinculará, dado que en ella se decidirá sobre sus propias pretensiones o sobre las razones que esgrime en su defensa. (…) (…) En definitiva, conforme las normas procesales antes citadas para que opere la citación forzosa o la integración oficiosa del contradictorio es preciso que no sea posible fallar de mérito sin la comparecencia al proceso de los sujetos activos o pasivos de una relación jurídica material y única objeto de la decisión judicial.3 Y, al contrario, resulta claro entonces, que si el juez puede dictar sentencia respecto de un sujeto procesal, sin necesidad de la comparecencia de otro sujeto que hubiera podido ser demandante en el mismo proceso, no se está en presencia de un litisconsorcio necesario.

2. Las obligaciones solidarias y su exigibilidad en juicio (…) La noción legal anterior abarca tanto la solidaridad activa (entre acreedores), como la

solidaridad pasiva (entre deudores), siendo esta última la que adquiere relevancia en relación con la responsabilidad civil extracontractual, en tanto en virtud de la misma el acreedor puede cobrar a cualquiera de los deudores la totalidad de la prestación debida. Como bien se explica por la doctrina a propósito de este tipo de solidaridad: “En razón de la solidaridad pasiva todos los deudores están obligados a (…) una misma prestación. Con la solidaridad pasiva el acreedor puede recibir la totalidad de la prestación y exigirla de uno cualquiera de los deudores, de varios de ellos o de todos, en la proporción que a bien tenga, según su mayor conveniencia. Íntegros los deudores deben el total, el mismo y uno solo, así sea distinto el monto como lo deben, independientemente de si la prestación es indivisible o divisible y, en este último caso, sin que quepa el beneficio de división (arts. 1568, 1569 y 1571 c.c.)4” (Negrilla por fuera del texto original). Son varias las características que singularizan la obligación solidaria pasiva: a) pluralidad de sujetos, dada la naturaleza de esta clase de obligaciones; b) unidad de objeto, esto es, una prestación única y común (art. 1569 c.c.5), sin que resulte determinante que sea ella divisible o indivisible, pues en últimas la inejecución de la obligación transforma su objeto en el subrogado pecuniario, que por naturaleza es divisible; c) la pluralidad de vínculos entre el acreedor y los deudores6; d) texto expreso de la ley o expresa voluntad de las partes que la

3 (pie de página de la cita) Cfr. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sentencia de 14 de junio de 1971, t. CXXXVIII. 4 (pie de página de la cita) HINESTROSA, Fernando, Tratado de las Obligaciones, primera edición, 2002, Edt. Universidad Externado de Colombia, Págs. 329 y 330. 5 (pie de página de la cita) “ARTICULO 1569. <IDENTIDAD DE LA COSA DEBIDA>. La cosa que se debe solidariamente por muchos o a muchos, ha de ser una misma, aunque se deba de diversos modos; por ejemplo, pura y simplemente respecto de unos, bajo condición o a plazo respecto de otros.” 6 (pie de página de la cita) La doctrina menciona que son tres las características que sobresalen en la definición de las obligaciones solidarias en general: “…a) la pluralidad de los sujetos activos o pasivos...b) la pluralidad de vínculos entre el acreedor o acreedores y el deudor o deudores; y c) la unidad de objeto, o sea, de la prestación…” Cfr. OSPINA 8 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 43.918 (200012331000 2010 00205 01) establezca en el respectivo negocio jurídico (contrato o testamento), pues en el derecho civil la solidaridad no se presume; y e) exigencia del pago total de la obligación por parte de cada acreedor a cualquiera de los deudores, a varios de ellos o a todos (“tota in toto et

tota in qualibet parte”). Se aprecia, sin duda, que la solidaridad pasiva es uno de los más eficaces medios para asegurar la satisfacción de una deuda, en tanto confiere al acreedor la facultad de perseguir la totalidad de su crédito de varios patrimonios de los deudores solidarios y por ende dentro de los efectos que rigen esa relación externa con el acreedor, se encuentran, entre otros, los siguientes: i.)- El acreedor puede dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, para exigir la totalidad de la deuda, sin que ninguno de éstos le pueda oponer el beneficio de división o el fraccionamiento de la responsabilidad en el pago de la prestación, de conformidad con lo previsto en el artículo 1571 del Código Civil. Ello implica que la solidaridad por pasiva no determina la conformación de un litisconsorcio necesario por pasiva dentro del proceso judicial; ii.)- El acreedor, en consecuencia, es libre de demandar a todos los obligados de manera simultánea o sucesiva, hasta la satisfacción íntegra de la deuda, pues cuando demanda a uno o a varios no pierde el derecho para perseguir a los demás por el saldo insoluto (art. 1572 c.c.); iii.)- El acreedor puede renunciar a la solidaridad respecto de uno o de todos los deudores solidarios, de manera expresa o tácita, en este último caso como cuando, por ejemplo, demanda el acreedor a alguno de los codeudores por su cuota solamente y no se reserva la solidaridad de la obligación, aunque no extingue la acción contra los otros deudores, por toda la parte del crédito que no haya sido cubierta por el deudor a cuyo

beneficio se renunció la solidaridad; si el acreedor consiente la división de la deuda se entiende extinguida la solidaridad (art. 1573 c.c.), aunque respecto de los ya devengados y no los futuros cuando lo debido es una pensión periódica (art.1574 c.c.); iv.)- El pago total realizado por uno de los deudores extingue la obligación y favorece a los demás, dado que no podría el acreedor seguir demandado en tantas oportunidades como deudores existan al encontrarse satisfecha su prestación; así como el pago parcial les beneficia, pues podrá perseguir a los deudores pero con descuento del valor recibido. El deudor solidario que no hizo parte en el proceso en el que se libera de responsabilidad a uno de ellos puede invocar a su favor la cosa juzgada, excepto que la sentencia que exoneró al codeudor solidario haya sido fundamentada en razones personales; también podrá oponer las excepciones generales (pago, prescripción, etc.). (…) En conclusión, cuando existen obligaciones solidarias pasivas, es facultad del acreedor demandar a todos los deudores solidarios conjuntamente, o a uno de ellos a su arbitrio para exigir la totalidad de la deuda, lo cual implica que la solidaridad por pasiva no determina la conformación de un litisconsorcio necesario por pasiva dentro del proceso judicial, y que ni el juez tenga la competencia de conformar la relación procesal litis consorcial, así como tampoco el demandado la posibilidad jurídica de solicitarla. FERNÁNDEZ, Guillermo, Régimen General de las Obligaciones; Edt. Temis, 2002; octava edición, Pág. 240.

9 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 43.918 (200012331000 2010 00205 01) Teniendo en cuenta que la conciliación parcial de 1° de febrero de 20127 - pago del 70% del 50% de la condena-, fue aprobada por auto de 2 de febrero, condujo a la terminación del proceso respecto de la Fiscalía General de la Nación, de lo que sigue que habrá de resolverse la apelación que contra la sentencia interpuso la Policía Nacional. El problema jurídico consiste en determinar si la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es patrimonialmente responsable por la privación de la libertad a la que se vio sometido el señor Álvaro Devis Soraca Guzmán y si por tanto se debe mantener la condena a indemnizar perjuicios que le impuso el a-quo. Como la Policía es apelante única el estudio en la segunda instancia se limita a sus argumentos. 2.2. Caducidad. La jurisprudencia, en forma pacífica, ha dicho que el término de caducidad de la acción se empieza a contar a partir de la ejecutoria de la decisión de la autoridad penal que libera de responsabilidad. En este caso el 2 de abril de 2009 se dispuso la preclusión de la investigación a favor del demandante8, aunque no hay constancia de notificación, como la 7 La LEY 640 DE 2001 (enero 5) Diario Oficial No. 44.303 de 24 de enero de 2001 Por la cual se modifican normas

relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones, dispone: ARTICULO 43. OPORTUNIDAD PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN JUDICIAL. Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar que se realice audiencia de conciliación en cualquier etapa de los procesos. Con todo, el juez, de oficio, podrá citar a audiencia. En la audiencia el juez instará a las partes para que concilien sus diferencias; si no lo hicieren, deberá proponer la fórmula que estime justa sin que ello signifique prejuzgamiento. El incumplimiento de este deber constituirá falta sancionable de conformidad con el régimen disciplinario. Si las partes llegan a un acuerdo el juez lo aprobará, si lo encuentra conforme a la ley, mediante su suscripción en el acta de conciliación. Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, el juez dictará un auto declarando terminado el proceso, en caso contrario, el proceso continuará respecto de lo no conciliado. <Inciso adicionado por el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010.> En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria. PARÁGRAFO. Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso. 8 Ley 600 de 2000 ARTICULO 187. EJECUTORIA DE LAS PROVIDENCIAS. Las providencias quedan ejecutoriadas

tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente. Las providencias interlocutorias proferidas en audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar ésta, salvo que se hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al 10 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 43.918 (200012331000 2010 00205 01) demanda se presentó el 1° de junio de 2010 no había operado el fenómeno de caducidad de la acción pues no había transcurrido el término de 2 años. (se surtió conciliación prejudicial. La solicitud se presentó el 12 de febrero de 2010 y la audiencia se llevó a cabo el 12 de mayo de ese año, fecha en que se expidió la constancia respectiva fls. 36 a 38 c. 1). 2.3. Lo probado De las pruebas allegadas con la demanda y de las remitidas por la Fiscalía y la Policía Nacional (fls. 136 y 253 c. 1 y c. anexo), se infiere que el actor Álvaro Devis

Soraca Guzmán fue retenido de manera ilegal por miembros de la policía el 15 de marzo de 2005, puesto a disposición de la Fiscalía al día siguiente, fecha en que se abrió instrucción con base en el Oficio 041 de la Policía, mediante el cual dejaba a disposición al retenido. Posteriormente se dictó medida de aseguramiento y después resolución de acusación, medida ésta que fue objeto de apelación declarándose en esa instancia la nulidad de la actuación; por vencimiento de términos se concedió la libertad provisional el 28 de marzo de ese año. Finalmente el 2 de agosto de 2007 se precluyó la investigación. - Acta de derechos del capturado de Álvaro Devisa Soraca Guzmán, de 15 de marzo de 2005, a las 14 horas. No se escriben los motivos de la captura y el capturado no firma (fl. 4 anexo). - Informe de Inteligencia, sin fecha ni firma (fls. 5 y 6 anexo). Se lee: “Revisados los archivos que se llevan en la Seccional sobre los integrantes de los grupos de autodefensas que delinquen en la jurisdicción del Departamento del Cesar y sus áreas adyacentes aparece registrado en los mismos el particular ÁLVARO DEVIS SORACA GUZMÁN alias MÁQUINA identificado (…) aparece como integrante de un grupo de autodefensas que delinquen por las poblaciones del Copey, Bosconia y los corregimientos de Caracolicito, Chimila (cesar) y parte del Municipio de Algarrobo (Magdalena), perteneciente al Frente Héroes de Chimila del Cesar de las ACCU, orgánico del Bloque Norte de las ACCU..

El particular en mención es el encargado de estar atento al desplazamiento de la Fuerza Pública por la vía que se encuentra dentro de su área de injerencia con el fin de alertar al resto de sus compañeros de su presencia para que se pongan fuera del alcance, además es el encargado de ubicar a las víctimas