PGN - Documento 201607171119062

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Preclusión de investigación La jurisprudencia en forma pacífica ha dicho que el término de caducidad de la acción se empieza a contar a partir de la ejecutoria de la decisión de la autoridad penal que libera de responsabilidad. En este caso el 31 de octubre de 2004 se dispuso la preclusión de la investigación a favor del sindicado. Como la demanda se presentó el 31 de octubre de 2006, no había operado el fenómeno de caducidad de la acción pues no había transcurrido el término de 2 años. PRINCIPIO DE INDUBIO PRO REO-Jurisprudencia del Consejo de Estado/PRINCIPIO DE INDUBIO PRO REO-Falta de pruebas Respecto a los eventos en que se absuelve dando aplicación al principio in dubio pro reo ha precisado la jurisprudencia que es diferente el título de imputación en los casos en que hay elementos probatorios, pero estos no arrojan certeza, de aquellos en los cuales no hay incertidumbre propiamente dicha porque en realidad lo que se evidencia es la falta de pruebas por falla en la actividad de instrucción. IMPUTACIÓN DEL DAÑO-Falla del servicio Tratándose de simple captura, en concepto del Ministerio Público, el régimen de responsabilidad no es el objetivo sino el de la falla probada, lo que le impone al actor acreditar tanto la afectación de la libertad así como que respecto de aquélla no se cumplieron los requisitos y/o términos para detenerlo y/o mantenerlo privado de la libertad. Como quiera que se trata de establecer la responsabilidad por la presunta privación

injusta de la libertad, procede analizar conforme a los medios de prueba si se cumplió con lo establecido en la ley desde la captura hasta cuando se definió la situación jurídica sin decretar medida de aseguramiento, puesto que en estos casos aplica el régimen de imputación de falla del servicio y no el objetivo pues el actor no estuvo sujeto a detención preventiva ni condena. CAPTURA ILEGAL-No se profirió medida de aseguramiento Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 2 Expediente 42461 Del análisis del acervo probatorio encuentra el Ministerio Público que la captura no fue ilegal, pues la orden fue expedida por la Fiscal, a más que tampoco se prolongó de manera arbitraria porque los términos de ley no fueron superados, ni se profirió medida de aseguramiento. INFORME DE POLICÍA-Base para producir la prueba Si bien el informe de policía judicial por sí mismo no tiene la virtualidad de acreditar conducta contra derecho, con base en él puede el funcionario Judicial producir la prueba en el proceso. INDAGATORIA-Vencimiento del término El término se cuenta a partir del día siguiente a aquél en que fue puesto a órdenes de la Fiscalía. De acuerdo a las copias del proceso penal fue capturado el 1° de septiembre de 2004 junto con otra persona. Es decir el término empieza a contar a partir del día siguiente en que se deja a disposición del fiscal, lo que tuvo ocurrencia el día 2 de septiembre de 2004 día en que fueron puestos a disposición de la Fiscalía-, a

partir del 3 de septiembre se contabilizan los 3 días esto es, hasta el 6 se contaba legamente el termino para oírlos en indagatoria, no obstante se cumplió el mismo día 2 de septiembre.

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 0291-2012

Bogotá D. C., 22 de octubre de 2012 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Doctor: ENRIQUE GIL BOTERO

E. S. D.

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 3 Expediente 42461

Ref: Proceso 42461 (2000-1233 1000-2009-00058-01)

Acción Reparación Directa

Actor: Duver Vásquez Pérez y Otros Demandada: Nación – Policía Nacional – Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial El Ministerio Público, para efectos de la audiencia de conciliación, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. Duver Vásquez Pérez (afectado directo) quien obra en nombre propio y en representación de sus hijos menores Exomar Vanesa, Duver Alberto, y Alexander David Vásquez Bastidas; y Eliana Margarita González (compañera permanente), en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron

demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía NacionalRama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Fiscalía General de la Nación para que se les declare administrativamente responsables por la privación injusta de la libertad del primero quien estuvo detenido por el término de 10 días (Cfr. fls. 1 a 7 C.1). 1.2. La Fiscalía se opuso a las pretensiones. Manifestó que la Fiscalía se encontraba en el deber legal y constitucional de adelantar la correspondiente investigación, que no existió el daño antijurídico alegado pues la investigación es una carga que los ciudadanos deben soportar. Indicó que la privación de la libertad no fue ilegal. Propuso como excepción la genérica (Cfr. fls. 342 a 351 C.2). La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – se opuso a las pretensiones, manifestó que conforme a oficio 0226 de 2004 se le informó a la Fiscalía la identificación de los presuntos responsables del delito de homicidio, acatando luego la orden judicial de la Fiscalía, que actuó en cumplimiento del Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 4 Expediente 42461 deber constitucional y legal sin que haya causado el daño antijurídico, solicita se le exonere de responsabilidad (Cfr. fls. 362 a 372 C.2) 1.3. El a-quo accedió parcialmente a las pretensiones. Indicó que “la detención

preventiva a nada condujo, pues el Estado no pudo desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al individuo y en manera alguna se justificó la notable afectación a dichos derechos fundamentales, la medida no satisfizo las exigencias de la referida “ley de la ponderación” y resultó manifiestamente desproporcionada, de manera que supuso un sacrificio especial para el particular, que supera –con mucha diferencialas molestias o cargas que cualquier individuo ha de asumir por el hecho de vivir en comunidad.” (Cfr. fl. 435 C.3). Declaró administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del demandante y la condenó al pago de los perjuicios morales en salarios mínimos mensuales vigentes de 30 para el afectado directo y de 15 para cada uno de los demás demandantes, y de $674.295 por concepto de perjuicio material por daño emergente dado el pago de honorarios profesionales (Cfr. fls. 425 a 439 C.3). 1.4. Apeló la Fiscalía. Alega que del fallo atacado se desprende que la condena en contra de la Fiscalía se dio por responsabilidad objetiva en aplicación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, norma que se encontraba derogada. Señala que la Fiscalía se abstuvo de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva al no reunirse los presupuestos previstos en el artículo 356 del C.P.P.. Indicó que quien efectuó las incriminaciones en contra del hoy demandante fue determinante para que se adelantara la investigación. Que la actividad

desplegada por la Fiscalía se sustentó en la presencia de indicios graves en su contra. Precisó que la decisión detentiva (sic.) no resultó violatoria del debido proceso, que la actuación se ajustó a las normas legales y no incurrió en falla en el servicio. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 5 Expediente 42461 Manifestó que cuando el señor Duver Vásquez Pérez fue detenido preventivamente (sic.) existía mérito para ello, que se precluyó la investigación al considerar que la única prueba que militaba era el testimonio del señor Oñate Terán quien según dictamen médico posee personalidad psicopática, y no se contaba con la certeza sobre la participación del actor en el hecho investigado. Indica que la Fiscalía profirió medida de aseguramiento al existir indicios graves de responsabilidad y a renglón seguido señala que la Fiscalía se abstuvo de proferir tal medida (Cfr. fls. 444 y 445 C.3). Alega que la detención preventiva impuesta no fue injusta ni abiertamente contraria a derecho. Que la actuación de la Fiscalía no constituye falla en el servicio, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o error jurisdiccional. Indicó que la declaración del profesional del derecho que asumió la defensa técnica no es prueba idónea para acreditar el pago de los honorarios pues se debió probar con el contrato de prestación de servicios (Cfr. fls. 441 a

446 C.3) 1.5. Por auto del 11 de agosto de 2011 el Tribunal Administrativo del Cesar citó a audiencia de conciliación, conforme al artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 (Cfr. fl. 448 C.3), la que fracasó por falta de animo conciliatorio de la entidad pública demandada. 1.6. El 8 de agosto de 2012 la parte actora manifestó su animo conciliatorio (Cfr. fl. 500 C.3), el Consejo de Estado mediante auto del 16 de agosto de 2012 dispuso citar a las partes para el próximo 25 de octubre de 2012, a fin de llevar a cabo audiencia de conciliación (Cfr. fl. 504 C.3).

2. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico. Consiste en determinar si la Nación - Fiscalía General es patrimonialmente responsable por la privación de la libertad a la que se vio sometido el señor Duver Vásquez Pérez y si, por tanto, hay lugar a

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 6 Expediente 42461 reconocer los perjuicios que se reclaman por ellos y su familia en la cuantía que se reconoció en primera instancia. Como la Fiscalía es apelante única la condena impuesta no se podría hacer más gravosa (art. 357 CPC). 2.2. Caducidad. La jurisprudencia en forma pacífica ha dicho que el término

de caducidad de la acción se empieza a contar a partir de la ejecutoria de la decisión de la autoridad penal que libera de responsabilidad. En este caso el 31 de octubre de 2004 se dispuso la preclusión de la investigación a favor del señor Duver Vásquez Pérez. Como la demanda se presentó el 31 de octubre de 2006 (Cfr. fl. 7 C.1), no había operado el fenómeno de caducidad de la acción pues no había transcurrido el término de 2 años. 2.3. La privación de la libertad. Precedentes. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha delimitado el marco de la responsabilidad objetiva de la administración por casos de privación injusta de la libertad a los eventos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y a los casos en que se aplique el in dubio pro reo strictu sensu (cuando no es posible hacer la imputación objetiva de la conducta). En sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 15980, se expresó: “En estos eventos, la Sección Tercera ha explicado en varias ocasiones1, al interpretar el artículo 414 del Decreto 2700 de 19912 (C. de P. P.), que la responsabilidad del Estado es de carácter objetivo y que, por lo tanto, no hay lugar a valorar la conducta de la autoridad que ordenó la detención. En otras providencias3, se concluyó además, que la 1 [Pie de página de la cita] Sentencias que dictó la Sección Tercera: 30 de junio de 1994. Exp: 9734. Actor: Nerio

José Martínez Ditta. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández; 12 de diciembre de 1996. Exp: 10.299. Actor: José Ángel Zabala Méndez.; 27 de septiembre de 2001. Exp: 11.601. Actor: Ana Ethel Moncayo. Consejero Ponente: Dr. Alier Hernández Enríquez; 4 de abril de 2002. Exp: 13.606. Actor: Jorge Elkin Mejía Figueroa. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez; 27 de noviembre de 2003. Exp: 14.530; Actor: José María Gerardo Chaves López y otros. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. 2 [Pie de página de la cita] Publicado en el Diario Oficial 40.190 el 30 de noviembre de 1991 3 [Pie de página de la cita] Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández, reiterada en sentencia del 4 de Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 7 Expediente 42461 responsabilidad del Estado se configura cuando se demuestra que la absolución del sindicado se debió a que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible.

La posición actual de la Sala, plasmada en providencia del 18 de septiembre de 19974 y reiterada recientemente5, amplió la responsabilidad objetiva en los casos de privación injusta de la libertad, por cuanto ahora el daño se configura no solo ante la ocurrencia de los 3 supuestos previstos en el artículo 414 del C. de P. P., sino también cuando la absolución del sindicado se produce por la aplicación del principio del “in dubio pro reo” , pues en los casos de duda sobre la responsabilidad penal de un sindicado, que conlleven a su absolución, debe entenderse que la privación de la libertad fue injusta, en aplicación de los principios de buena fe y de presunción de inocencia6 y que, esa situación - que la privación sea injusta - constituye uno de los elementos de la responsabilidad como es el daño, que resulta, por tanto, imputable al Estado.” (resalto y subrayo) No operaría el título de imputación objetivo cuando la absolución es consecuencia de haber operado una de las causales de exoneración de responsabilidad que desvirtúan la antijuridicidad o la culpabilidad del comportamiento imputado7. Respecto a los eventos en que se absuelve dando aplicación al principio in dubio pro reo ha precisado la jurisprudencia que es diferente el título de imputación en los casos en que hay elementos probatorios, pero estos no diciembre de 2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencias que dictó la Sección Tercera el 5 de diciembre de 2007: Exp: 15.431. Actor: Ismael Enrique Peña

Galvis. Demandado: Nación, Ministerio de Justicia. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.195.

Actor: Henry Marín Garzón y otros. Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación. Consejero Ponente: Dr.

Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.591. Actor: Alberto Mesías Chávez y otros. Demandado: Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. 4 [Pie de página de la cita] Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández. 5 [Pie de página de la cita] Sentencias que dictó la Sección Tercera: 4 de diciembre de 2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; 5 de diciembre de 2007. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. 6 [Pie de página de la cita] “ARTICULO 445. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Toda persona se presume inocente

mientras no se le haya declarado judicialmente responsable. En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del sindicado”. 7 Sección Tercera, sentencia de 5 de noviembre de 2009. Exp 17.117. Aclaración de voto del Consejero Enrique Gil Botero Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 8 Expediente 42461 arrojan certeza, de aquellos en los cuales no hay incertidumbre propiamente dicha porque en realidad lo que se evidencia es la falta de pruebas por falla en la actividad de instrucción8, ii) Cuando se absuelva a la persona sindicada, en aplicación del in dubio pro reo9 -strictu sensu-, de conformidad con los planteamientos contenidos en las sentencias proferidas en los procesos números 13.168 (2006)10 y 15.463 (2007)11, el juez de lo contencioso administrativo deberá constatar siempre, que el aparato jurisdiccional ordinario penal, sí haya aplicado efectivamente esa figura procesal penal que integra el derecho al debido proceso. En otros términos, la responsabilidad de la administración pública derivada de la absolución o su equivalente, con apoyo en la máxima de que la “duda se resuelve a favor del procesado”, se analiza y aplica a través de un régimen objetivo, pero siempre y cuando se logre verificar, fehacientemente, que el juez penal al momento de evaluar el material probatorio –que por cierto necesariamente debe existir con pruebas tanto en contra como a favor del

sindicado o acusado-12, manejó una duda razonable que le impidió llegar a la plena certeza sobre la materialización y autoría de la conducta punible. iii) La absolución o preclusión de la investigación que emana de falencias probatorias en la instrucción o juicio penal, traduciría en verdad una falla del servicio que no puede considerarse como una conclusión establecida a partir de la aplicación del mencionado principio del in dubio pro reo . Por consiguiente, en estos eventos, es necesario que la parte demandante en el proceso contencioso administrativo de reparación, demuestre, de manera clara, 8 sentencia del 9 de junio de 2010. Expediente 19.283 9 (pie de página de la cita) “La certeza perseguida por el derecho penal máximo está en que ningún culpable resulte impune, a costa de la incertidumbre de que también algún inocente pueda ser castigado. La certeza perseguida por el derecho penal mínimo está, al contrario, en que ningún inocente sea castigado, a costa de la incertidumbre de que también algún culpable pueda resultar impune. Los dos tipos de certeza y los costes ligados a las incertidumbres correlativas reflejan intereses y opciones políticas contrapuestas: por un lado, la máxima tutela de la certeza pública respecto de las ofensas ocasionadas por los delitos; por otro lado, la máxima tutela de las libertades individuales respecto de las ofensas ocasionadas por las penas arbitrarias… La certeza del derecho penal mínimo de que ningún inocente sea castigado viene garantizada por el principio del in dubio pro reo. Este es el fin al que atienden los procesos regulares y sus garantías. Y expresa el sentido de la presunción de no culpabilidad del imputado hasta

prueba en contrario: es necesaria la prueba –es decir, la certidumbre, aunque sea subjetiva– no de la inocencia sino de su culpabilidad, sin tolerarse la condena sino exigiéndose la absolución en caso de incertidumbre. La incertidumbre es en realidad resuelta por una presunción legal de inocencia en favor del imputado precisamente porque la única certidumbre que se pretende del proceso afecta a los presupuestos de las condenas y de las penas.” FERRAJOLI, Luigi “Derecho y Razón”, Ed. Trotta, Pág. 106. 10 [Pie de página de la cita]Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, M.P. Mauricio Fajardo Gómez 11 [Pie de página de la cita] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 12 [Pie de página de la cita] “Cuando no resultan refutadas ni la hipótesis acusatoria ni las hipótesis en competencia con ella, la duda se resuelve, conforme al principio del in dubio pro reo, contra la primera.” Ibíd. Pág. 151152. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 9 Expediente 42461 que la privación de la libertad se produjo a partir del error del funcionario, o del sistema, derivado éste de una ausencia probatoria que sustentara la

detención preventiva. No es que se sitúe, por capricho, a la persona en un grado mayor de exigencia probatoria, sino que en estos eventos en los cuales la decisión no se refiere a la aplicación del principio de la duda razonable –porque materialmente no hay incertidumbre, en tanto no hay medios probatorios en ninguno de los extremos de la relación procesal– o en los cuales la libertad se produce por la absolución o su equivalente en alguno de los supuestos del artículo 414 del C.P.P., es necesario demostrar que la medida de aseguramiento fue arbitraria13. (Subrayas y negrillas fuera del texto) Tratándose de simple captura, en concepto del Ministerio Público, el régimen de responsabilidad no es el objetivo sino el de la falla probada, lo que le impone al actor acreditar tanto la afectación de la libertad así como que respecto de aquélla no se cumplieron los requisitos y/o términos para detenerlo y/o mantenerlo privado de la libertad. 2.4. Caso concreto 2.4.1. Lo probado La Fiscalía 28 Seccional de Valledupar remitió copia autenticada del expediente 164995, adelantado de oficio por el homicidio de Julio Cesar Ponce (Cfr. fl. 94 C.1). Se destaca: 13 [Pie de página de la cita] “Los historiadores de las ideas atribuyen fácilmente a los filósofos y juristas del siglo XVIII el sueño de una sociedad perfecta; pero ha habido también un sueño militar de la sociedad; su referencia fundamental se hallaba no en el estado de naturaleza, sino en los engranajes cuidadosamente subordinados de una máquina, no en el contrato primitivo, sino en las coerciones permanentes, no en los derechos fundamentales, sino en

la educación y formación indefinidamente progresivos, no en la voluntad general, sino en la docilidad automática.” FOUCAULT, Michel “Vigilar y Castigar”, Ed. Siglo Veintiuno, 27ª ed., pág. 173. “Como lo muestran los objetos anteriores, la prioridad de la libertad significa que la libertad solamente puede ser restringida en favor de la libertad en sí misma.” RAWLS, John “Teoría de la Justicia”, Ed. Fondo de Cultura Económica, Pág. 273. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 10 Expediente 42461 - Informe de Policía Judicial, de 24 de agosto de 2004, rendido con base en el artículo 319 del C.P.P. Ley 600 de 2000 (Cfr. fl. 124 y 125 C.1). Refiere a informe rendido por Grimaldo José Cañate Teherán, quien señaló al señor Duver Vásquez como responsable de la muerte del señor Ponce. - Por auto del 27 de agosto de 2004, la Fiscalía 28 Seccional inició formal instrucción, ordenó oír en declaración jurada al señor Cañate Teherán, dispuso la captura del señor Vásquez Pérez y libró orden de captura en su contra (Cfr. fl. 127 C.1) - El 1° de septiembre de 2004 fue capturado el señor Duver Vásquez

Pérez, al que se indagó, absteniéndose de imponer medida de aseguramiento en su contra y en consecuencia dispuso librar orden de libertad inmediata e incondicional para ante el señor Director de la cárcel de Valledupar (Cfr. fl. 172 C.1) - El 31 de octubre de 2004 la Fiscalía decretó la preclusión de la investigación (Cfr. fls. 202 a 205 C.1). Decisión de preclusión, que se fundamenta en los siguientes argumentos: “(…) podemos concluir que en este caso procede dictar preclusión de la investigación a favor de los procesados DUVER VASQUEZ PEREZ (…) en virtud de que la única prueba de cargo que milita en contra de ellos es el testimonio de GRISMALDO JOSE CAÑATE TERAN, quien como lo dictaminó el médico legista posee una personalidad Psicopática, por lo tanto no le merece a esta Delegada ningún valor probatorio su declaración en el sentido de que el (sic.) observó cuando los sindicados mataron a la víctima. […] Los sindicados en sus injuradas fueron enfáticos en negar su participación que se investigan y manifestaron o indicaron el sitio donde se encontraban el día, hora y lugar en que se cometió la conducta criminosa y al decir de VASQUEZ PEREZ, al practicar una inspección judicial en su habitación se encontró la tarjeta de invitación al BABY SHOWER, al que concurrieron, confirmándose así la razón por la cual recordaban el sitio donde se encontraba ese día; por lo tanto no pudo haber estado en el sitio donde ocurrieron los hechos.” (Cfr. fl. 12

C.1) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 11 Expediente 42461 2.4.2. El daño y la imputación del mismoAnálisis de responsabilidad (i) El daño. La privación de la libertad. Conforme a las copias allegadas al proceso de la actuación penal se tiene que la Fiscalía 28 Seccional de Valledupar el 27 de agosto de 2004 libró orden de captura en contra del demandante (Cfr. fl. 127 C.1) quien fue capturado el 1° de septiembre de esa misma anualidad (Cfr. fl. 139 C.1) al que indagó y dejó en libertad el 8 de septiembre de 2004 (Cfr. fl. 172 C.1). Presupuestos que aunados a la certificación del Departamento de Policía del Cesar (Cfr. fl. 301 C.2) y de la Dirección del centro carcelario de Valledupar – INPEC, dan por cierto que el señor Duver Vásquez Pérez ingresó a las instalaciones de la Permanente Central el 2 de septiembre de 2004 siendo trasladado a la Cárcel Judicial del Distrito Judicial de Valledupar el 8 de septiembre de 2004 fecha en la que igualmente se le dio salida, y que el 31 de octubre de 2004 se precluyó la investigación en favor del señor Duver Vásquez Pérez. Así las cosas, el actor estuvo privado de la libertad por un término de 8 días,

entre el 1° y el 8 de septiembre de 2004. (ii) La imputación Como quiera que se trata de establecer la responsabilidad por la presunta privación injusta de la libertad, procede analizar conforme a los medios de prueba si se cumplió con lo establecido en la ley desde la captura hasta cuando se definió la situación jurídica sin decretar medida de aseguramiento, puesto Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 12 Expediente 42461 que en estos casos aplica el régimen de imputación de falla del servicio y no el objetivo pues el actor no estuvo sujeto a detención preventiva ni condena. Del análisis del acervo probatorio encuentra el Ministerio Público que la captura no fue ilegal, pues la orden fue expedida por la Fiscal, a más que tampoco se prolongó de manera arbitraria porque los términos de ley no fueron superados, ni se profirió medida de aseguramiento. Si bien el informe de policía judicial por sí mismo no tiene la virtualidad de acreditar conducta contra derecho, con base en él puede el funcionario Judicial producir la prueba en el proceso14. 14 Sentencia C-1315/00, la Corte Constitucional decidió ratificar lo expuesto en la C-392 de 2000, cuando dijo sobre los informes de policía judicial: “La Corte al analizar el contenido de dicha norma encontró que desarrollaba el mandato del artículo 29 de la Constitución, en cuanto a la prevalencia de la presunción de inocencia, pues la misma sólo puede ser desvirtuada a través de pruebas allegadas legalmente al proceso, es decir que hayan sido objeto de

contradicción por parte de la persona contra la cual se oponen y, para el caso, los informes de la policía judicial y las versiones de informantes durante la investigación preliminar constituían actuaciones extraprocesales que no presentaban esos requerimientos. La importancia de los fundamentos que llevaron a la Corte a adoptar la decisión de exequibilidad de la disposición ahora acusada, hace necesario traer en cita algunos de sus principales apartes: “2.2.19. Negación de valor probatorio a los informes de la Policía Judicial. El art. 50 incorpora un inciso final al art. 313 del C.P.P., en el sentido de señalar que en ningún caso los informes de la Policía Judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio en el proceso. La mencionada disposición se ajusta plenamente a la Constitución, en la medida en que no le asigna valor probatorio a los mencionados informes y versiones, por tratarse de actuaciones extraprocesales no controvertidas por las personas a las cuales se podían oponer dentro del proceso. (...) Los informes de la Policía si bien muchas veces revelan situaciones objetivas que han verificado sus agentes, en otras, son producto de indagaciones con terceros, muchas veces indeterminados, que estructuran conjeturas o apreciaciones que materialmente no son idóneos para fundar una prueba; pero en todo caso en su producción no intervienen las personas sindicadas que pueden verse afectados por ellos. El legislador ha descartado el valor probatorio de dichos informes sobre la base de conveniencias políticas, que él libremente ha apreciado, como podrían ser la unilateralidad de éstos, y la de evitar que los funcionarios que deban juzgar se atengan exclusivamente a éstos y no produzcan otras pruebas en el proceso, en aras de la búsqueda de la

verdad real, con desconocimiento de los derechos de los sindicados. Por ello la Corte, en ejercicio del control constitucional, no se encuentra en condiciones de cuestionar dichas consideraciones políticas, pues ello corresponde a la competencia y libertad del legislador para diseñar la norma jurídica procesal. Sin embargo, lo anterior no obsta para que el funcionario judicial competente pueda, a partir de dichos informes, producir dentro del proceso la prueba que se requiera para establecer la realidad y veracidad de los hechos que son relevantes en éste, la cual naturalmente puede ser controv