PGN - Documento 201607171331090

CALCULO ACTUARIAL PARA PENSIONES-Régimen pensional FALSA MOTIVACION-Aplicación indebida del régimen pensional Respecto al cargo de la falsa motivación de los actos demandados, en el que insiste la recurrente por considerar que el a quo aplicó indebidamente el régimen pensional, el Ministerio Público considera importante destacar que ni la entidad demandada ni el Tribunal están aplicando el régimen pensional del sector público al sector privado. Esta agencia del Ministerio Público observa que en el Oficio 2001087172-1 de 31 de diciembre de 2001, obrante a folios 58 y 59 del cuaderno principal, la Superintendencia Bancaria expuso respecto de las exclusiones rechazadas, que las mismas se encuentran en litigio y hasta tanto no se resuelva el asunto, deben continuar en el cálculo; además, expone que los resultados numéricos de las reservas por los diferentes beneficios no son consistentes con las ecuaciones y parámetros contenidos en la nota técnica. VIOLACION DE NORMAS CONTABLES-Provisiones pasivos y contingencias Respecto de la violación de las normas contables, encuentra la Procuraduría Delegada que la Superintendencia obró conforme a derecho por cuanto son las normas contables las que disponen la contabilización de provisiones para cubrir pasivos estimados y contingencias probables. REGULACION DEL PROCESO DE CÁLCULO ACTUARIAL-Reconocimiento y pago de pensiones del régimen de transición/REGULACION DEL PROCESO DE CÁLCULO ACTUARIAL-Cubrimiento de contingencia probable Adicionalmente, el Consejo de Estado resaltó que el proceso de cálculo actuarial fue regulado por la Superintendencia Bancaria mediante la Circular Externa 063 de 14 de

diciembre de 1990, señalando que debía contemplar la totalidad de las pensiones actuales y eventuales. Por lo anterior, cabe concluir, como concluyó la Alta Corporación en la referida jurisprudencia, que la actuación de la Superintendencia está enmarcada en la regla contable de la prudencia, máxime cuando su posición está respaldada en un concepto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el cual consideró que el Banco Popular, después de su privatización, debe reconocer y pagar pensiones de los trabajadores que se encuentran en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como empleados oficiales de conformidad con la Ley 33 de 1985, sin que pueda argumentar que por haberse convertido en empresa privada ya no tiene esa obligación pensional. Es así como el Banco venía reconociendo estos pasivos antes de ser privatizado y al no existir una razón de peso que permita concluir que para el Banco Popular esas obligaciones han desaparecido, no será admisible la exclusión de los mismos del cálculo actuarial. DERECHO A LA IGUALDAD-Violación Respecto al cargo de violación del derecho a la igualdad, por parte de la actuación de la Superintendencia Bancaria, alega el Banco Popular que está en desigualdad frente a las Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado gbueno@procuraduria.gov.co Carrera 5 Nº 15-80 Piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11932/33 www.procuraduria.gov Expediente 18186 2 demás entidades bancarias de carácter privado a quienes no les corresponde realizar el cálculo actuarial de pensiones.

Sobre este cargo, es importante anotar que la Superintendencia al exigir la inclusión de las personas que puedan llegar a tener derecho a pensionarse en los términos de la Ley 33 de 1985, no está vulnerando el derecho a la igualdad, por cuanto esta obligación de la entidad bancaria tiene su origen en la expectativa que tienen los trabajadores que pertenecían a la entidad antes de la privatización (empleados oficiales), de completar en el sector oficial el tiempo requerido para la pensión. La anterior eventualidad no se presenta en relación con las entidades bancarias del sector privado, pues al no haber tenido jamás empleados oficiales no surge para ellas la obligación pensional compartida, en los términos de la Ley 33 de 1985. Por lo tanto, no se puede predicar desigualdad entre el Banco Popular y los demás bancos privados, cuando la entidad demandante tiene unas características propias de las cuales carecen los demás. Concepto 208 2010-339819 Bogotá D.C., 22 de octubre de 2010 Honorables

MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta

E. S. D.

Consejera Ponente: Doctora CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ Referencia: 25000232400020020077202

Radicado: 18186

Asunto: CALCULO ACTUARIAL

Actor: BANCO POPULAR S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numerales 1°, 3° y 7° de la Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo; 30, 37 y 44 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y en la Resolución 371 del 6 de

octubre de 2005, expedida por el Procurador General de la Nación, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir concepto, dentro del trámite del recurso de apelación, en el asunto de la referencia. 3 Expediente 18186 ANTECEDENTES 1.- El 28 de noviembre de 2001, el Banco Popular remitió a la Superintendencia Bancaria (hoy Financiera) el cálculo actuarial con corte a 31 de diciembre de 2001, con la exclusión de trabajadores y personas retiradas que considera el Banco no le generaran obligaciones pensionales. 2.- La Superintendencia Bancaria, a través del oficio 2001087172-1 del 31 de diciembre de 2001, solicitó al Banco incluir nuevamente a 249 mujeres retiradas voluntarias y a 759 retirados voluntarios. Por tal motivo, el 9 de enero de 2002 el Banco Popular atendió las observaciones e interpuso recurso de reposición, y en subsidio apelación, en contra del numeral 1° del Oficio 2001087172-1 por considerar que debían excluirse las personas referidas. 3.- Por Oficio 2001087172-4 de 29 de enero de 2002, la Superintendencia Bancaria encontró correcto el cálculo actuarial de la reserva a corte 31 de diciembre de 2001, por el valor de $89.914’578.002. Contra esta decisión el Banco Popular interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4.- Dicha decisión fue confirmada por la mencionada entidad a través de la Resolución 308 del 12 de marzo de 2002, al decidir el recurso de reposición

interpuesto contra la comunicación mencionada en el numeral anterior. Igualmente, mediante Resolución 0455 de 24 de abril de 2002, el Superintendente Delegado Técnico, resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación. 5.- El Banco Popular S.A., por intermedio de apoderado judicial, acudió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para demandar la nulidad de los Oficios 2001087172-1 de 31 de diciembre de 2001 y 2001087172-4 del 29 de enero de Expediente 18186 4 2002, y de las Resoluciones 0308 y 0455 de 12 de marzo y 24 de abril de 2002, respectivamente y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordenara a la entidad demandada impartir su aprobación al cálculo de pensiones a 31 de diciembre de 2001, presentado por el Banco el 28 de noviembre de 2001, mediante carta radicada bajo el N° 2001082726-0, a la cual se le dio alcance por medio de la carta radicada el 20 de diciembre de 2001 con el número 2001087172-0. 6.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 22 de octubre de 2009, negó las suplicas de la demanda, previas las consideraciones que a continuación sintetiza el Ministerio Público: 6.1.- Falta de competencia. Expone el actor que la Superintendencia Bancaria de Colombia actuó sin competencia, violando de esa forma el artículo 326 del Estatuto Financiero, por

cuanto para la aprobación del cálculo actuarial desplegó reglas de interpretación del régimen de pensiones, desconociendo el principio de legalidad de la función administrativa desarrollado por los artículos 6, 121 y 123 de la Carta Política. Para la Sala el cálculo actuarial no se reduce a la simple aplicación de una fórmula matemática, sino que también demanda la comprobación de que su implementación se ha efectuado conforme a la protección de las pensiones de jubilación, presentes y futuras, de los trabajadores, de manera que la aprobación no consistirá sólo en la verificación de la aplicación de las reglas de producción, sino además en el conocimiento profundo de las reglas que conforman el régimen pensional general y especial que gobiernan al país. Dicho de otro modo, la Superintendencia tiene competencia para determinar el alcance de las reglas que gobiernan el régimen de pensiones y ver si las mismas fueron debidamente aplicadas, como presupuesto sustancial para su aprobación1. Asimismo, de acuerdo con el literal e) del artículo 333 del Decreto 663 de 1993, a las Direcciones y Divisiones de las Áreas de Apoyo, les corresponde aprobar los estudios actuariales para pensiones de jubilación presentados por el Banco 1 Sentencia de 11 de mayo de 2001, C.P Dr. Germán Ayala Mantilla, Exp. 9183 5 Expediente 18186 Popular, como entidad vigilada por la Superintendencia. Por lo tanto, no prospera el cargo. 6.2.- Violación del derecho fundamental a la igualdad – artículo 13 de la Constitución Política. La Sala considera que en el presente caso no se ha probado la violación del

derecho fundamental a la igualdad por cuanto el Banco Popular no se encuentra en la misma condición de otros bancos del sector privado, debido a que desde el mismo momento de su privatización o compra se pactó la obligación de asumir el pasivo pensional vigente a la fecha de compra, lo que comporta entonces afirmar que no es cierto que por tratarse de una entidad privada no está en la obligación de presentar los estudios correspondientes al cálculo actuarial y, menos aún, que el grupo de trabajadores excluidos por el Banco sean ajenos a dichos derechos porque los unos deberán ser pensionados por el ISS y los otros se sustrajeron voluntariamente a sus derechos cuando pactaron un retiro voluntario. La medida adoptada por la Superbancaria, no afecta al Banco Popular frente a sus competidores y, por el contrario, garantiza que sus extrabajadores puedan, cuando cumplan los requisitos señalados por la ley, obtener su pensión de vejez de manera efectiva, más cuando las personas excluidas por el Banco conservan el derecho pensional, que no es más que “salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo”. 6.3.- Falsa Motivación o violación directa de la ley. Del cargo de falsa motivación a que alude la demanda, en cuyo contenido no se refiere a los elementos de prueba que han servido de fundamento a la expedición de los actos demandados, sino que se alega la interpretación indebida de la ley, la Sala asume el estudio de los cargos en uno solo. Corresponde a la Sala realizar la confrontación normativa de los actos administrativos demandados para conocer si la autoridad demandada incurrió en Expediente 18186 6

violación directa de la ley, en las modalidades de falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Conforme al principio de justicia rogada, la Sala sólo debe realizar la comparación frente a las disposiciones citadas y a la precisa causal de anulación estudiada. Tomando como base el concepto de la violación señalado por el actor, la Sala abordará los siguientes temas:

6.3.1.- EL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL.

El Consejo de Estado2 tuvo la oportunidad de analizar la legalidad de los actos proferidos por la Superbancaria que impusieron al Banco Popular la obligación de estimar el cálculo actuarial para pensionados, incluyendo el grupo de trabajadores y extrabajadores excluidos por la entidad. El fallo comentado guarda identidad fáctica con los hechos y tipos de actos demandados en el presente proceso, por lo que los mismos serán resueltos con fundamento en el precedente referido, pues el Banco Popular en el presente caso no ha dado mayores argumentos que permitan una decisión en contrario.

6.3.2. EL CÁLCULO ACTUARIAL.

El artículo 1° del Decreto 813 de 1994 reglamentó el campo de aplicación del régimen de transición previsto por la Ley 100 de 1993 e impone afirmar que el Banco Popular, como cualquier empleador de Colombia, está sometido al régimen de transición para el reconocimiento de las pensiones vigentes antes de la Ley 100 de 1993. De la revisión normativa del texto del Decreto 1160 de 1994, de manera específica la anulación del inciso 2° del artículo 3°, declarada mediante sentencia de 10 de

abril de 1997 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado (expediente 12031), en nada afecta la obligación del Banco de pagar las citadas pensiones, ni ha puesto en riesgo el régimen de transición que deviene de la Ley 100 de 1993, 2 Sentencia de 6 de marzo de 2003, C.P. Dra. Ligia López Díaz, Exp. 13084 7 Expediente 18186 por lo que resulta obvio que al Banco Popular le asiste la obligación de pagar las pensiones de los trabajadores protegidos por el régimen de transición. El Decreto 2527 de 2000 reglamentó los artículos 36 y 52 de la Ley 100 de 1993, y parcialmente el artículo 17 de la Ley 549 de 1999, de cuyo contenido normativo se desprende que lejos de desconocer una obligación de pago de las pensiones a cargo del empleador, refrendó dicha obligación, al punto de permitir que los servidores públicos que por cualquier razón dejaron su empleo, prosigan en el sistema con el propósito de lograr su pensión. Si ello es así, entonces, mal se puede alegar que los trabajadores desvinculados voluntariamente, por ejemplo, hayan renunciado a la posibilidad de obtener su pensión, pues la pensión es un derecho irrenunciable y, como tal, no es objeto de negociación alguna. Entonces, la privatización del Banco Popular no puede convertirse en óbice para el desconocimiento de los derechos de los trabajadores que estaban vinculados a la entidad y que tienen derecho a obtener una pensión a través del régimen de transición previsto por la mencionada norma. De allí que no resulte ajena la

citación de la obligación asumida por el comprador del Banco, quien se responsabilizó en el contrato de adición por la inclusión, dentro del concepto de pasivos ocultos, de aquellos que surjan de las reclamaciones pensionales o cuotas partes pensionales. De la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con aquellos trabajadores que a 1° de abril de 1994 habrían cumplido el supuesto objeto de la pensión como es el tiempo de servicios, se deduce que a la fecha en que se produzca el cumplimiento del requisito de la edad, les asiste el derecho a ser pensionados con fundamento en el régimen anterior, pues a ellos no se les aplica la Ley 100 de 1993, sin que no por ello quede habilitado el empleador para desconocer los derechos pensionales, tal como se infiere del fallo proferido por el Consejo de Estado en el expediente 16718, cuando analizó la validez del Decreto 2143 de 1995, al igual que sucede con el Concepto 1104 del 16 de julio de 1998, expedido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Expediente 18186 8 El cálculo actuarial es una operación matemática que permite calcular las contingencias presentes y futuras con el propósito de adoptar medidas administrativas y, como se trata de una operación contable, ha sido la Contaduría General de la Nación la que ha delimitado su alcance y forma de implementación, en el Manual de procedimientos de la Contaduría General de la Nación. El artículo 77 del Decreto 2469 de 1993 impone su elaboración y la Circular 063 de 14 de diciembre de 1990, señala que “el cálculo actuarial debe contemplar la

totalidad de las pensiones actuales y eventuales que la respectiva entidad reconoce a sus trabajadores en virtud de las disposiciones legales vigentes”. Como el Banco no está excluido de la obligación de presentar el cálculo actuarial para la provisión de fondos necesarios para el cubrimiento de pensiones presentes y futuras, a la Superintendencia Bancaria de Colombia le corresponde comprobar que las operaciones matemáticas efectuadas son correctas, para cuyo efecto debe necesariamente conocer el tipo de régimen pensional que se aplica en la entidad correspondiente, en este caso, el Banco Popular. La aprobación del cálculo actuarial deberá ser sometida al principio de prudencia contable consagrado en el artículo 17 y al artículo 52 del Decreto 2649 de 1993. 6.3.3.- Obligaciones impuestas al Banco Popular para realizar el estudio cálculo actuarial del pasivo pensional y la decisión del tercer cargo. La demandante no ha desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, toda vez que los fundamentos de derecho en que se han adoptado las decisiones demandadas son los que corresponden aplicar al caso concreto, por lo que el cargo formulado por el Banco Popular por violación directa de la ley, no está llamado a prosperar. Por lo anterior, como los cargos no están llamados a prosperar, se procede a negar las pretensiones de la demanda. 7.- El Banco Popular, por intermedio de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación contra la sentencia del a quo, sustentado en los siguientes términos: 9 Expediente 18186 7.1. En cuanto al precedente jurisprudencial, el fallador de primera instancia se

limita a transcribir apartes de la sentencia del Consejo de Estado del 6 de marzo de 2003 y concluye sin análisis de fondo alguno que se impone afirmar que el Banco Popular en el presente caso no ha dado mayores argumentos que permitan adoptar una decisión en contrario. 7.2.- El Tribunal no analizó ni rebatió los argumentos de la demanda, específicamente sobre los siguientes puntos, que brillan por su ausencia en el “análisis de fondo”: a). En cuanto a la falsa motivación, el Tribunal y la Superintendencia desconocen que el Banco Popular pasó a ser una entidad privada y por ello aplican indebidamente el régimen pensional del sector público en vez del privado. En virtud de su nueva naturaleza jurídica de entidad privatizada, el Banco procedió a excluir de su cálculo actuarial a los ex funcionarios beneficiarios del régimen de transición a que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. b). En cuanto a la violación de la ley por quebrantamiento de las normas contables, reitera los argumentos expuestos en la demanda para que el ad quem se pronuncie como quiera que el a quo se abstuvo de hacerlo. Finalmente debe recordarse que el pago de las pensiones constituye una contingencia, esto es, una circunstancia que no tiene certeza sobre su ocurrencia, lo que implica duda, alea o azar, aspecto que no fue valorado adecuadamente por el a quo en su fallo. Dicha contingencia disminuyó al pasar el Banco se ser entidad oficial a privada. Expediente 18186 10 Es evidente que la contingencia en comento pasó de ser probable a remota, circunstancia que modifica el cálculo actuarial y, como se expuso en la demanda,

hacia el futuro implicará una disminución en la correspondiente provisión, aspecto que tiene gran incidencia en el estado de resultados del Banco Popular. c).- En cuanto a la violación del derecho fundamental a la igualdad, no existe en el cuerpo de la sentencia apelada algún estudio o análisis que rebata los argumentos de la demanda. El Banco se encuentra en situación de desigualdad jurídica pues ha continuado cotizando al ISS, aumentando sus aportes, como cualquier entidad privada y sin embargo, debe efectuar el cálculo actuarial y las provisiones contables, como si fuera una entidad oficial. Los efectos de la privatización deben ser integrales, es decir que si se modifica su naturaleza jurídica para pasar de ser oficial a privatizada, estará sujeto al régimen legal de las entidades privadas y/o privatizadas, sin que se pueda hacer discriminaciones. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO En los términos de la apelación, se debe examinar la procedencia de la inclusión de los ex funcionarios del Banco Popular en el cálculo actuarial a 31 de diciembre de 2001, la vulneración del derecho a la igualdad y de las normas contables por parte de la decisión acusada y determinar si la Superintendencia Bancaria incurrió en falsa motivación al pronunciar su decisión. 1.- Respecto al cargo de la falsa motivación de los actos demandados, en el que insiste la recurrente por considerar que el a quo aplicó indebidamente el régimen pensional, el Ministerio Público considera importante destacar que ni la entidad demandada ni el Tribunal están aplicando el régimen pensional del sector público al sector privado. 11 Expediente 18186 Esta agencia del Ministerio Público observa que en el Oficio 2001087172-1 de 31

de diciembre de 2001, obrante a folios 58 y 59 del cuaderno principal, la Superintendencia Bancaria expuso respecto de las exclusiones rechazadas, que las mismas se encuentran en litigio y hasta tanto no se resuelva el asunto, deben continuar en el cálculo; además, expone que los resultados numéricos de las reservas por los diferentes beneficios no son consistentes con las ecuaciones y parámetros contenidos en la nota técnica. Frente a los anteriores fundamentos, no hay cargo concreto de falsa motivación. Por tal razón no próspera el reparo del recurrente. 2.- Respecto de la violación de las normas contables, encuentra la Procuraduría Delegada que la Superintendencia obró conforme a derecho por cuanto son las normas contables las que disponen la contabilización de provisiones para cubrir pasivos estimados y contingencias probables. Al respecto, el Consejo de Estado en jurisprudencia reiterada3 se pronunció sobre este punto, al decidir una controversia entre las mismas partes, precisando que para el caso de las obligaciones pensionales y la emisión de los respectivos bonos a cargo de las entidades públicas o privadas, éstas deben registrar en sus estados financieros los pasivos por tal concepto (arts. 52, 77, 81 Decreto 2649/1993), representados en las pensiones de jubilación a favor de personas que tengan o vayan a adquirir ese derecho, de conformidad con normas legales o contractuales. En la referida jurisprudencia, resalta la Corporación que: “En la fecha en que se conozca información que indique la probable ocurrencia de contingencias y estas puedan estimarse razonablemente,

deberán reconocerse contablemente con sujeción a la regla básica de la prudencia (art. 81 del D.R. 2649/93).- De acuerdo con lo anterior precisó que teniendo en cuenta los principios contables de realización, prudencia y causación, los pasivos estimados y las contingencias probables deben reconocerse contablemente a través de provisiones, con el fin de ser cubiertos cuando se presenten. En consecuencia, afectan los activos y los resultados del ente económico”. 3 Sentencia del 6 de marzo de 2003, C.P. Dra. Ligia López Díaz, Exp.13084 y Sentencia de 24 de julio de 2008, C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa, Exp. 16196 Expediente 18186 12 Asimismo, en relación con los principios de prudencia o conservadurismo, precisó la Sala que se deben prever todas las situaciones que puedan afectar los resultados financieros, reconociendo contablemente el máximo de condiciones que afecten los gastos. Adicionalmente, el Consejo de Estado resaltó que el proceso de cálculo actuarial fue regulado por la Superintendencia Bancaria mediante la Circular Externa 063 de 14 de diciembre de 1990, señalando que debía contemplar la totalidad de las pensiones actuales y eventuales. Por lo anterior, cabe concluir, como concluyó la Alta Corporación en la referida jurisprudencia, que la actuación de la Superintendencia está enmarcada en la regla contable de la prudencia, máxime cuando su posición está respaldada en un concepto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el cual consideró que el

Banco Popular, después de su privatización, debe reconocer y pagar pensiones de los trabajadores que se encuentran en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como empleados oficiales de conformidad con la Ley 33 de 1985, sin que pueda argumentar que por haberse convertido en empresa privada ya no tiene esa obligación pensional. Adicionalmente, el artículo 52 del Decreto 2649 de 1993, obliga al ente económico a contabilizar una provisión para cubrir la contingencia probable. Es así como el Banco venía reconociendo estos pasivos antes de ser privatizado y al no existir una razón de peso que permita concluir que para el Banco Popular esas obligaciones han desaparecido, no será admisible la exclusión de los mismos del cálculo actuarial. Por lo expuesto, no prospera el cargo toda vez que lejos de violar las normas contables, lo que hace la Superintendencia Bancaria a través de los actos demandados es exigir el cumplimiento de las mismas. 3.- Respecto al cargo de violación del derecho a la igualdad, por parte de la actuación de la Superintendencia Bancaria, alega el Banco Popular que está en desigualdad frente a las demás entidades bancarias de carácter privado a quienes no les corresponde realizar el cálculo actuarial de pensiones. 13 Expediente 18186 Sobre este cargo, es importante anotar que la Superintendencia al exigir la inclusión de las personas que puedan llegar a tener derecho a pensionarse en los términos de la Ley 33 de 1985, no está vulnerando el derecho a la igualdad, por cuanto esta obligación de la entidad bancaria tiene su origen en la expectativa que

tienen los trabajadores que pertenecían a la entidad antes de la privatización (empleados oficiales), de completar en el sector oficial el tiempo requerido para la pensión. La anterior eventualidad no se presenta en relación con las entidades bancarias del sector privado, pues al no haber tenido jamás empleados oficiales no surge para ellas la obligación pensional compartida, en los términos de la Ley 33 de

1985. Por lo tanto, no se puede predicar desigualdad entre el Banco Popular y los demás bancos privados, cuando la entidad demandante tiene unas características propias de las cuales carecen los demás.

Al respecto, el Consejo de Estado, en la jurisprudencia a la que el Ministerio Público ha venido haciendo alusión, expuso: “A juicio de la Sala no hay violación al derecho a la igualdad toda vez que la Superintendencia ha desarrollado su función en la forma como lo hace en relación con las demás entidades sometidas a su vigilancia y control. El hecho de que tenga en cuenta, para efectos de las órdenes dadas al demandante, su naturaleza jurídica y las circunstancias especiales en las que se encuentran sus trabajadores y extrabajadores en virtud de su historia laboral y del cambió de naturaleza jurídica del Banco, son precisamente, aspectos que diferencian al Banco con el resto de las entidades financieras que nacieron como privadas. En efecto, como lo precisó la Sala en la sentencia de 6 de marzo de 2003, la circunstancia de haber sido anteriormente una entidad estatal, es un elemento diferenciador, en razón del régimen pensional aplicable a sus funcionarios. Es decir, si las demás instituciones vigiladas nunca han tenido trabajadores que puedan ser cobijados con el régimen pensional que existía

para los empleados oficiales, no pueden ser tratadas en la misma forma que las entidades que cuentan con estos empleados.” De acuerdo con todo lo expuesto, esta Procuraduría Delegada solicita respetuosamente a la Honorable Sala, confirmar la sentencia apelada. Expediente 18186 14 De los Señores Consejeros,

GUILLERMO BUENO MIRANDA

Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado